El testimonio de un arrepentido generó un cimbronazo político e institucional inesperado en Córdoba. Su principal protagonista: un hombre del hampa de frondoso prontuario, Juan Francisco "el Francés" Viarnes, que se transformó por tres años y medio en colaborador de la dirección Drogas Peligrosas de la policía cordobesa hasta que, en julio de este año, cayó en desgracia. Entonces, decidió hablar y ventiló con precisión cada una de las actividades ilícitas que protagonizó junto a integrantes de la cúpula policial provincial: negocios con narcotraficantes, extorsiones y aprietes. El caso no tardó en ser bautizado como el "narcoescándalo". Nueve policías –entre ellos el jefe antinarcóticos provincial– fueron imputados por la justicia federal por asociación ilícita, falsedad ideológica, falso testimonio, privación ilegal de la libertad y cohecho. El testimonio del Francés desencadenó una investigación que avanza en la justicia.
El fiscal federal que impulsa la investigación, Enrique Senestrari, no descartó nuevas detenciones. "Por la complejidad de las actividades que se realizaron, el número de detenidos es bajo. Da la sensación que tiene que haber otras personas", aseguró.
Para Senestrari, "Quedó absolutamente comprobado que (Viarnes) actuó como agente encubierto ilegal" porque cada dato que él aportó "figura en los expedientes" secuestrados.
El fiscal afirmó a este diario que también tiene "muchas pruebas" de que la banda policial "se quedaba con parte de los estupefacientes que secuestraba en los procedimientos". "Están apareciendo muchos testimonios y denuncias de personas damnificadas diciendo que los policías involucrados en el expediente les 'plantaban' la droga para comprometerlos. O que secuestraban más cantidad de droga de la que hacían figurar en el expediente para quedarse con parte", reveló.
Los investigadores creen que los estupefacientes habrían tenido un fin negociable. "Hay una sospecha muy grande de que estos policías comercializaban esa droga. Pero faltaría encontrarlos vendiendo los narcóticos. Es lo que hubiera sido bueno encontrar si manteníamos el secreto de la causa", dijo, con cierto fastidio por la publicidad que tuvo el caso en los medios.
La banda policial no se focalizaba sólo en el negocio de la droga, por más que todos los imputados actuaban en la división antinarcóticos. "Ejercían diversas actividades ilícitas, su objetivo final era obtener ganancias", explicó Senestrari. Por caso, pedían coimas para realizar habilitaciones ilegales o extorsionaban a los familiares de las personas detenidas: les pedían dinero a cambio de mejorarles la situación de cautiverio. "Los amenazaban con que los iban a mandar presos si no entregaban el dinero. Les decían que los iban a 'embagallar'", algo que en la jerga tumbera refiere a la acción de cargarle drogas o pruebas en contra a una persona para dejarla involucrada en un caso judicial. "Estos hechos están completamente comprobados", afirmó el procurador.
La principal prueba tenida en cuenta por la fiscalía es la declaración de Viarnes que fue "contrastada con los expedientes que teníamos en el juzgado y en la fiscalía". Viarnes "relata el contenido de intervenciones telefónicas como si las hubiera hecho él cuando era un civil que nada tenía que ver con la policía. Es grave que haya sabido el contenido de las investigaciones", explicó el fiscal federal. Y añadió: "Hay un número muy grande de sumarios policiales que están en condiciones absolutamente irregulares." Senestrari citó que la policía realizaba un allanamiento, secuestraba droga pero no informaba a la justicia y archivaba el sumario en sede policial. Se trata de un "alto indicador de que se quedaban con la droga. En más de un caso, les habrían cobrado a las personas involucradas para no llevarlas a la justicia. Eso se observa en muchos expedientes".
La impunidad de los protagonistas era tal, que en la casa de uno de los imputados se encontró una picana eléctrica y diez chalecos antibalas de policía sin chapas identificatorias. El dato no es menor: una de las cosas que cuenta Viarnes es que "esos policías mandaban a delincuentes a hacer asaltos en distintos lugares, vestidos de policías".
El fiscal sostuvo que "quien tomaba las decisiones de la banda era el titular de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, el comisario mayor Rafael Sosa". Junto a él hay otros siete imputados, además de Viarnes: Fabián Hoyos, comisario inspector, ex integrante de Drogas Peligrosas; Daniel Moroldo, comisario mayor de la Dirección de Investigaciones, ex integrante de Drogas Peligrosas; Fabián César Peralta Dáttoli, sargento; Franco Argüello, oficial inspector; Mario Osorio, suboficial; Alfredo Saine, comisario; Mario Nieto, comisario mayor retirado, quien hasta el año pasado se desempeñaba como jefe de Drogas Peligrosas; y Gastón Bustos, oficial inspector a cargo de una brigada de Drogas Peligrosas en Mina Clavero.
Bustos, quien fue detenido el 24 de septiembre pasado, cuando fue a declarar, está acusado de cambiar 30 kilogramos de marihuana incautados en un operativo por alfalfa y piedras. Fue indagado por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "sustracción de pruebas" pero en los próximos días será indagado por su participación en la asociación ilícita que habría sido comandada por Sosa. Es que Bustos "respondía a órdenes de Sosa. Hay testimonios que hablan de que, cuando sus compañeros policías lo denunciaban, Sosa daba directivas para que no se hiciera nada con él. Hay serios indicios que lo involucran en la asociación ilícita", expresó Senestrari.
Ante este escenario, los próximos pasos del fiscal en la causa que lleva el juez Ricardo Bustos Fierro serán la clasificación de pruebas: de sumarios policiales y documentos secuestrados. "Hay que hacer una imagen completa de lo que se secuestró para tener un cuadro amplio y detallado de dónde está parado este grupo de policías", dijo.
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