Los caficultores colombianos persisten en el paro convocado para el próximo 19 de agosto, sin que los hagan vacilar las promesas del ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, al reiterarles el interés del gobierno en seguir discutiendo los compromisos adquiridos.
Para el Movimiento de la Dignidad Cafetera, la situación no da más, llegó a su límite.
El 90 por ciento de los acuerdos firmados en la central ciudad de Pereira para poner fin a la huelga del 25 de febrero al 8 de marzo pasado permanecen incumplidos, sostienen. La solución es reiniciar las protestas y bloqueos de vías, a contrapelo de gases lacrimógenos y otras medidas represivas de la fuerza pública, aseguran.
El titular de Agricultura, en cambio, opina que los acuerdos suscritos en marzo se han venido cumpliendo en un gran porcentaje, aunque admitió que hay otros muchos retrasados debido a lo que llamó dificultades operativas.
No desconozcan lo alcanzado, no critiquen lo mucho o lo poco logrado", planteó.
"Seguiremos apoyando a un sector tan importante como el de los productores del grano. Tenemos los recursos y los instrumentos para hacerlo, pero debemos trabajar para que las medidas funcionen con mayor velocidad y cobertura", manifestó.
Entre otros intentos de paliativos, Estupiñán arguyó que, "al ser un programa nuevo no se tiene experiencia sobre su implementación y además debe ajustarse a los controles fiscales por tratarse de dineros públicos".
Son dos posiciones disímiles ante un mismo problema, pero los productores del grano sostienen que ellos son los que están librando la batalla cotidiana en el campo y, como los subsidios no llegan, se irán a la calle a proclamar sus demandas, al costo que sea.
Los voceros del Movimiento por la Dignidad Cafetera arguyen: "nosotros le cumplimos a Colombia. Pedimos que el gobierno también honre su palabra, y que la llamada Protección al Ingreso de los Caficultores (PIC) llegue a todos y no tengamos que esperar hasta tres meses por un pago", postuló Luis Guillermo Gaviria.
En la discusión de los acuerdos, no se habló nunca de esperar meses por un problema que es responsabilidad del Estado y que no debería afectarnos. La ineficiencia del Estado no puede caer sobre nosotros", contrarrestó.
Otro de los aspectos sin solucionar es la no venta de tierras a las transnacionales mineras -que en definitiva concierne a todo el agro colombiano-, para lo cual se creo una comisión, con presencia ministerial, que analizaría durante 90 días la problemática.
Su dictamen parece haber perdido en el olvido, señalan los voceros.
El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado reciente a los cafeteros a desechar un paro, a su juicio injusto, ilógico, contraproducente.
El del 25 de febrero al 8 de marzo le implicó al gobierno una pérdida de dos mil millones de pesos (un millón 109 mil 262 dólares en solo 12 días).
Mientras, la llama de las protestas se mantiene viva y puede estallar en cualquier momento, incluso sin esperar el 19 de agosto. Lo ilustran los paros en constante incremento, como el de los mineros que resisten a pie firme en 18 departamentos del centro y oeste del país.
En un último intento, el vicepresidente Angelino Garzón, cobijado en su fama de buen negociador, fijó un nuevo encuentro para el 2 de agosto en Bogotá, al cual se llevarían soluciones específicas a las demandas de los cafeteros. También recomendó diseñar un plan de emergencia.
Pero la brecha mayor que ensancharan de modo masivo los cafeteros amenaza con desbordarse cual marejada incontenible ante la insurgencia de un campesinado opuesto la venta indiscriminada de la tierra a las transnacionales.
El campo se desangra, aseguran, El gobierno está vendiendo la tierra y el agua.
Para el Movimiento de la Dignidad Cafetera, la situación no da más, llegó a su límite.
El 90 por ciento de los acuerdos firmados en la central ciudad de Pereira para poner fin a la huelga del 25 de febrero al 8 de marzo pasado permanecen incumplidos, sostienen. La solución es reiniciar las protestas y bloqueos de vías, a contrapelo de gases lacrimógenos y otras medidas represivas de la fuerza pública, aseguran.
El titular de Agricultura, en cambio, opina que los acuerdos suscritos en marzo se han venido cumpliendo en un gran porcentaje, aunque admitió que hay otros muchos retrasados debido a lo que llamó dificultades operativas.
No desconozcan lo alcanzado, no critiquen lo mucho o lo poco logrado", planteó.
"Seguiremos apoyando a un sector tan importante como el de los productores del grano. Tenemos los recursos y los instrumentos para hacerlo, pero debemos trabajar para que las medidas funcionen con mayor velocidad y cobertura", manifestó.
Entre otros intentos de paliativos, Estupiñán arguyó que, "al ser un programa nuevo no se tiene experiencia sobre su implementación y además debe ajustarse a los controles fiscales por tratarse de dineros públicos".
Son dos posiciones disímiles ante un mismo problema, pero los productores del grano sostienen que ellos son los que están librando la batalla cotidiana en el campo y, como los subsidios no llegan, se irán a la calle a proclamar sus demandas, al costo que sea.
Los voceros del Movimiento por la Dignidad Cafetera arguyen: "nosotros le cumplimos a Colombia. Pedimos que el gobierno también honre su palabra, y que la llamada Protección al Ingreso de los Caficultores (PIC) llegue a todos y no tengamos que esperar hasta tres meses por un pago", postuló Luis Guillermo Gaviria.
En la discusión de los acuerdos, no se habló nunca de esperar meses por un problema que es responsabilidad del Estado y que no debería afectarnos. La ineficiencia del Estado no puede caer sobre nosotros", contrarrestó.
Otro de los aspectos sin solucionar es la no venta de tierras a las transnacionales mineras -que en definitiva concierne a todo el agro colombiano-, para lo cual se creo una comisión, con presencia ministerial, que analizaría durante 90 días la problemática.
Su dictamen parece haber perdido en el olvido, señalan los voceros.
El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado reciente a los cafeteros a desechar un paro, a su juicio injusto, ilógico, contraproducente.
El del 25 de febrero al 8 de marzo le implicó al gobierno una pérdida de dos mil millones de pesos (un millón 109 mil 262 dólares en solo 12 días).
Mientras, la llama de las protestas se mantiene viva y puede estallar en cualquier momento, incluso sin esperar el 19 de agosto. Lo ilustran los paros en constante incremento, como el de los mineros que resisten a pie firme en 18 departamentos del centro y oeste del país.
En un último intento, el vicepresidente Angelino Garzón, cobijado en su fama de buen negociador, fijó un nuevo encuentro para el 2 de agosto en Bogotá, al cual se llevarían soluciones específicas a las demandas de los cafeteros. También recomendó diseñar un plan de emergencia.
Pero la brecha mayor que ensancharan de modo masivo los cafeteros amenaza con desbordarse cual marejada incontenible ante la insurgencia de un campesinado opuesto la venta indiscriminada de la tierra a las transnacionales.
El campo se desangra, aseguran, El gobierno está vendiendo la tierra y el agua.
El origen de nuestro pueblo ha sido el gran Chaco Sudamericano, en el límite entre Paraguay y Argentina. Estamos asentados en la zona del Pilcomayo y nuestros ancestros han vivido históricamente en esa región bordeando siempre el río porque es un medio de subsistencia donde están los recursos naturales con los que nuestros padres subsistían a través de la caza, la pesca y la recolección, pero también de la espiritualidad. Nosotros ya estábamos en esa región antes de que llegara el colono pero no teníamos un lugar fijo porque la costumbre del indígena era preservar los recursos. En la caza, por ejemplo, no se puede cazar permanentemente en un solo lugar, el cazador tiene que ir a buscar sus alimentos a 100, 150 kilómetros para poder conservar las cosas cercanas siempre pensando que en cualquier momento puede suceder un desastre en la naturaleza, una escasez o enfermedad del pueblo. El origen de los pueblos indígenas es que siempre han estado ahí, históricamente, hace muchísimos años pero no hay un escrito para decirlo.
