La intervención militar estadounidense en Siria, hasta ahora frustrada por la falta de apoyo interno y externo, reavivó un tema que históricamente la Casa Blanca prefirió esquivar: el multilateralismo. A diferencia de lo que ocurrió en otros tiempos, esta vez Estados Unidos desistió de llevar adelante sus planes bélicos de forma unilateral. Obligado por la coyuntura, el presidente Barack Obama debió ceder ante las presiones de otras potencias y, en lugar de concretar sus ansias invasoras, tuvo que plegarse a un plan de control internacional de armas químicas sobre Siria en la ONU. Es decir, tuvo que sentarse a negociar.
La posición que Rusia, al igual que otras cuatro potencias, posee en el selecto Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue fundamental: si Estados Unidos hubiese buscado el aval de la ONU para iniciar su ataque, Moscú, viejo aliado de Siria, hubiese impuesto su poder de veto para evitarlo. Tal como dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en la carta que publicó en el New York Times, "las decisiones que afectan a la guerra y a la paz deben tomarse solamente por consenso (…) y el derecho a veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas".
En este caso, el privilegio de Rusia posibilitó que la búsqueda de soluciones al conflicto sirio se encamine por la vía del diálogo y la negociación. Pero también fue utilizado en innumerables ocasiones por Estados Unidos para paralizar el funcionamiento del organismo en base a sus intereses. Por ejemplo, en el año 1989, cuando bloqueó una resolución condenatoria de la invasión de Panamá por parte de las tropas estadounidenses. O cuando impide la posibilidad de que la ONU acepte el ingreso de Palestina como Estado pleno.
Por esa razón, en los últimos tiempos son muchos los que cuestionan las desigualdades existentes en el seno del organismo internacional y piden su imprescindible reforma para emprender un proceso de democratización. Uno de los países que discute ese sistema es la Argentina. La presidenta Cristina Fernández lo dejó en claro nuevamente en agosto, cuando se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un encuentro del Consejo de Seguridad en Nueva York. Allí, Cristina reclamó un "replanteo de los organismos multilaterales para ser verdaderos mediadores de los conflictos" e insistió en que es necesario un cambio dentro del organismo, "no sólo en el número de miembros, sino también en la metodología de funcionamiento".
¿Pero cuál es la "metodología de funcionamiento" del Consejo de Seguridad de la ONU? Naciones Unidas fue creada en 1945, a fines de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de mantener la paz internacional. Aunque 51 países estamparon su firma para dar nacimiento al organismo, sólo los cinco vencedores de la contienda bélica –Estados Unidos, URSS, Francia, China y Gran Bretaña– quedaron como miembros permanentes del Consejo de Seguridad para garantizar que la ONU no pudiese tomar, en ningún momento, alguna acción contra sus principales miembros fundadores.
Esa posición les permite gozar de un jugoso privilegio: el derecho a veto, que anula cualquier iniciativa de todas las otras naciones del mundo. Una posición que establece un rango jerárquico entre países de primera y de segunda, y que todavía se mantiene hoy, a 68 años de la creación de la ONU y con un total ya de 193 miembros.
Esa "fotografía vieja", como dijo alguna vez Cristina, fue cuestionada por el gobierno argentino y otros países, que postulan la eliminación de los privilegios y luchan para que el derecho a veto sea limitado, por ejemplo, a través de una mayoría especial en la Asamblea General de la ONU, donde cada uno de los países miembro cuenta como un voto. Argentina milita en el grupo conocido como Uniting for Consensus –integrado por Italia, España, Canadá, México, Corea del Sur, Pakistán, Turquía y Colombia, entre otros–, que solicita una ampliación de miembros no permanentes sobre la base de una representación regional.
Allí difiere con Brasil, que forma parte del denominado G-4 –compartido con India, Japón y Alemania–, desde donde reclama una banca permanente en el Consejo de Seguridad y con derecho a veto. En los últimos días, el gigante latinoamericano advirtió sobre la crisis del multilateralismo y los riesgos que conlleva la propensión al unilateralismo. "Nos interesa un mundo donde el poder esté más difuso, donde haya más espacio para la negociación y para acciones genuinamente colectivas. También nos interesa el multilateralismo, que ordena las interacciones, confiere previsibilidad y promueve la solución pacífica de las controversias", dijo el ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim, en una conferencia realizada en Buenos Aires la semana pasada.
El pedido de reformas también llegó desde Sudáfrica. "No podemos llegar al punto de que la organización cumpla 70 años sin que haya cambios", dijo en agosto pasado la ministra de Relaciones Exteriores Maite Nkoana-Mashabane, quien subrayó que "el 70 por ciento de los asuntos que trata el Consejo de Seguridad se refiere a nosotros, los africanos". La Unión Africana es partidaria de que el continente tenga dos asientos permanentes en el Consejo de Seguridad, que serían ocupados de manera rotatoria por las naciones de la región.
Los países más pequeños también cuestionan el poder de veto de las potencias. El año pasado, Costa Rica, Jordania, Liechtenstein, Singapur y Suiza se unieron para presentar una iniciativa ante la Asamblea General –principal órgano deliberativo de la ONU– y pidieron a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad "abstenerse de usar su poder de veto ante medidas para prevenir o poner fin a genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad".
El proyecto apuntaba a "mejorar la responsabilidad, la transparencia y la efectividad" de la cúpula directiva de Naciones Unidas. Como era de esperar, los representantes de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña desconocieron la iniciativa y, haciendo uso de su poder, sostuvieron que a la Asamblea General no le incumbe hacer ese tipo de recomendaciones al Consejo de Seguridad.
Pero la preocupación por democratizar ese espacio ya tiene sus años. El 3 de diciembre de 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución AG/48/26, con la que creó un grupo de trabajo especialmente dedicado a analizar dos cuestiones fundamentales: el poder de veto de las potencias y el aumento del número de miembros permanentes y temporales del Consejo de Seguridad. El problema es que, para reformar la Carta de Naciones Unidas y así equilibrar la balanza, es necesaria la aprobación de aquellos países que tienen la potestad de vetar cualquier tipo de resolución. Un problema que, a priori, parece difícil de solucionar.
En la mencionada carta que Putin le envió a Obama la semana pasada, el presidente ruso insistió en la utilización del Consejo de Seguridad de la ONU para preservar "la ley y el orden en el turbulento mundo de hoy" y bregó por la toma de medidas a través del consenso y el multilateralismo. Pero, ¿por qué sólo unos pocos deben ser los garantes de la paz mundial? Eso es lo que se pregunta gran parte del mundo, que clama por la reforma del Consejo de Seguridad para que no siga siendo un reducto elitista, ni una mera expresión de los centros de poder. Para que no dependa de los humores de las potencias o del sistema de alianzas internacionales. En fin, para que se convierta en un espacio de discusión donde las decisiones se tomen verdaderamente por consenso.
¿Cómo funciona el Consejo de Seguridad?
El Consejo de Seguridad es el órgano esencial del sistema de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU indica que está formado por cinco miembros permanentes con poder de veto y diez temporales, electos por la Asamblea General de la ONU por períodos de dos años. Los miembros permanentes son Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia. Los temporales, actualmente, son Argentina, Australia, Azerbaiyán, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Pakistán, Corea, Ruanda y Togo.
Estos últimos son electos de cinco en cinco cada año y por un período de dos años como representantes regionales, conforme a una distribución geográfica equitativa (cinco Estados de África y Asia, uno de Europa Oriental, dos de América Latina y dos de Europa Occidental y otros Estados). La presidencia del Consejo de Seguridad rota mensualmente de manera alfabética.
Sus miembros están obligados a cumplir las decisiones tomadas por el órgano. Esas medidas pueden ser desde embargos económicos hasta autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. Sucede que, a diferencia de otras áreas de la ONU, que únicamente pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones y llevar adelante acciones concretas.
Amorim: hablar claro y diferenciar conceptos
En una conferencia brindada la semana pasada en Buenos Aires, el ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim, reflexionó sobre los desafíos del escenario estratégico del siglo XXI para América Latina junto con su homólogo argentino Agustín Rossi. En su exposición, Amorim diferenció los conceptos de “multilateralismo” y “multipolaridad”. “No deben confundirse: la primera palabra se refiere a una situación en la que hay varios polos en un tablero, y la segunda dice respecto a la forma de colaboración entre los polos en favor de la gobernanza con un énfasis en el Derecho y en las instituciones internacionales”, explicó el funcionario brasileño.
Amorim señaló, además, que “la multipolaridad es un concepto descriptivo, y el multilateralismo es un concepto normativo. El primero se refiere a los hechos. El segundo, a valores”. También dijo que “paradójicamente, la unipolaridad siempre cohabitó con un cierto grado de multilateralismo”.
.jpg)
