El expresidente sudafricano y héroe contra el apartheid Nelson Mandela se encuentra en estado “grave pero estable” tras ser trasladado a un hospital en la madrugada del sábado por una recaída de una infección pulmonar, informó el Gobierno sudafricano.
Mandela, de 94 años, quien se convirtió en el primer presidente negro de la mayor economía de África en 1994 después de unas históricas elecciones multirraciales, ha estado ingresado tres veces desde diciembre. Llevaba varios días sufriendo la infección, dijo un comunicado.
“Esta mañana, alrededor de las 1:30 a.m. (23:30 GMT del viernes) su estado se deterioró y fue trasladado a un hospital de Pretoria. Permanece grave pero estable”, dijo el Gobierno.
La redacción del comunicado gubernamental, sobre todo la inclusión de la palabra “grave”, es una causa de preocupación para los 53 millones de sudafricanos, para los que Mandela sigue siendo un potente símbolo de la lucha contra décadas de mandato de la minoría blanca.
“Es una noticia muy dolorosa, pero rezo por él para que pueda ponerse mejor y mejor y mejor ya que es el mejor hombre de este país”, dijo el residente en Pretoria Khodani Mulwena.
El portavoz presidencial Mac Maharaj dijo que es optimista sobre la salud del Premio Nobel de la Paz.
“Lo que me dijeron los médicos es que respira por sí mismo y creo que es una señal positiva”, dijo.
“Madiba es un luchador y a su edad, siempre que esté luchando estará bien”, agregó, refiriéndose a Mandela por su nombre de clan.
Mandela dejó la presidencia en 1999 tras un solo mandato y lleva apartado de la política durante una década.
Su última comparecencia pública fue en la final del Mundial de fútbol de 2010, celebrada en Johanesburgo y en la que España ganó a Holanda. Se le pudo ver en una breve comparecencia mostrada por la televisión estatal en abril cuando el presidente Jacob Zuma le visitó en su casa.
El Congreso Nacional Africano en el poder tranquilizó a los ciudadanos con que Mandela estaba “en buena forma”, aunque las imágenes mostraron a un anciano frágil y delgado sentado inexpresivo en un sillón con la cabeza apoyada contra una almohada”.
“DEMASIADO SANTO”
Desde su retirada de la vida pública, ha dividido su tiempo entre su casa de Johanesburgo y Qunu, el pueblo en la empobrecida Provincia Oriental del Cabo donde nació y pasó sus primeros años.
Mandela estuvo ingresado casi tres semanas en el hospital en diciembre con una infección pulmonar después de que le extirparan unos cálculos biliares.
Esa fue su estancia más larga en el hospital desde que saliera de la cárcel en 1990 después de casi tres décadas entre rejas o en la prisión de la isla Robben cercana a Ciudad del Cabo por conspirar para derrocar al gobierno del apartheid.
Su historia de problemas pulmonares se remonta a sus años en la cárcel en Robben Island, donde contrajo tuberculosis.
Aunque continúa siendo alguien ampliamente venerado, Mandela también cuenta con una serie de detractores tanto en su país como en el resto de África que sienten que realizó demasiadas concesiones a los blancos, que constituyen sólo el 10 por ciento de la población, en la época posterior al apartheid.
A pesar de los más de diez años de políticas de acción afirmativa dirigidas a restablecer el equilibrio, Sudáfrica continúa siendo una de las sociedades más desiguales del mundo con los blancos todavía controlando la mayor parte de la economía.
De media, un hogar blanco gana seis veces más que uno negro.
“Mandela ha ido un poco demasiado lejos haciendo el bien a las comunidades no negras, en algunos casos realmente a costa de los negros”, dijo el presidente de Zimbabue Robert Mugabe, de 89 años, en un documental emitido este mes en la televisión sudafricana.
“Está siendo demasiado piadoso, demasiado bueno, demasiado santo”.
sábado, 8 de junio de 2013
Tres senadores de EEUU viajaron a Guantánamo para evaluar cierre
Los senadores Dianne Feinstein y John McCain y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough, se presentaron en el mencionado centro penitenciario para evaluar la situación y posteriormente presentar una propuesta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que proceda al cierre de esa cárcel.
Obama manifestó en declaraciones ofrecidas el pasado mes de mayo, que "no hay ninguna justificación, más allá de la política, para que el Congreso impida el cierre de un centro que nunca debió haber sido abierto".
Sin embargo el presidente Obama, hizo la misma promesa en el año 2008 pero no se cumplió. Esa cárcel es conocida por las constantes violaciones a los derechos humanos.
Se conoció que de los 166 presos que tiene hoy en día la cárcel de Guantánamo, ubicada en Cuba, 86 han recibido el visto bueno para ser liberados.
"En la mayor medida posible vamos a transferir a los detenidos que han sido aprobados para ir a otros países. Cuando sea apropiado, vamos a llevar a los terroristas ante la justicia en nuestros tribunales y en nuestro sistema de justicia militar", aseguró Obama.
La huelga de hambre que secundan desde hace cuatro meses un centenar de los 166 presos de Guantánamo, ha disparado las alertas sobre las condiciones de la prisión y ha reavivado el debate sobre su cierre.
Esta no es la primera vez que una delegación de alto perfil viaja a Guantánamo. El fiscal general Eric Holder visitó el penal en febrero de 2009 tras la propuesta de Obama de acabar con la cárcel en su primer año en el cargo.
Entonces, Holder sugirió tener los pies sobre la tierra para ver realmente lo que estaba sucediendo allí y cómo eran las condiciones de detención de los sospechosos de terrorismo.
El menú del futuro: ¿Qué puede sustituir a los productos transgénicos?
La seguridad alimentaria se ha convertido en uno de los problemas de la humanidad más preocupantes. El aumento de los precios en el mercado mundial de alimentos, su distribución desigual, la escasez de productos alimenticios y la falta de soberanía en los países dependientes de las importaciones de alimentos preocupan a las organizaciones mundiales. Además, la reducción de las tierras cultivables debido a la urbanización rápida y el crecimiento de la población agravan aún más la situación.
Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, hoy 870 millones de personas en el mundo sufren de hambre. Y las estimaciones futuras indican el empeoramiento de la situación. Se calcula que para 2050 el planeta contará con más de 9.000 millones de personas que sufrirán de desnutrición.
Ante esta perspectiva poco consoladora los científicos se agarran desesperadamente a cualquier idea que pueda en el futuro reemplazar a la comida. Entre ellas la ingenería genética, el sistema más desarrollado y que provoca protestas por todo el mundo. Entre tanto, los científicos ofrecen otras alternativas al polémico GMO.
1. Los insectos
Muchos expertos aseguran que pronto llegará la era de los insectos como comida. Los animales invertebrados tienen un valor nutricional mucho más alto que muchos otros alimentos y son una excelente fuente de proteínas, de acuerdo con científicos holandeses. Alrededor de 1.400 especies de insectos son comestibles para los seres humanos.
Además, es mucho más barato mantener insectos que ganado: utilizan menos agua y no emiten una gran cantidad de dióxido de carbono.
2. Las algas
Las algas podrían ser la solución al problema de la escasez de alimentos en el futuro, opinan los expertos. Esta comida perfecta, tanto para humanos como para animales, crece en el océano, una gran ventaja dada la escasez de tierra y agua potable en la tierra, dicen los investigadores.
Algunos representantes de la industria alimentaria predicen que el crecimiento de las granjas de algas podría convertirse en la industria más grande de la agricultura. Durante mucho tiempo este producto ha sido una de las claves en varias cocinas asiáticas.
3. Los árboles
Aunque suena bastante exótico, bioingenieros de EE.UU. desarrollaron una tecnología especial de producción de almidón comestible a partir de la pulpa de la madera.
Los científicos aseguran que de 200 kilos de este producto se pueden obtener hasta 20 kilos de almidón. La cantidad resultante podrá proporcionar al cuerpo humano los carbohidratos necesarios para 80 días. Se estima que para 2050 el desarrollo de la tecnología permitirá proporcionar alimentos baratos al 30% de la población del planeta.
4. Bebidas sintéticas
El estadounidense Rob Rhinehart creó una bebida universal llamada soylent. Asegura que el producto está diseñado de tal manera que contiene todos los nutrientes y elementos necesarios para el cuerpo, y que en el futuro podría reemplazar a la comida.
Es un polvo blanco que se echa al agua. Está compuesta de los elementos más importantes como hidratos de carbono, grasas, proteínas, aminoácidos y una gran variedad de vitaminas. Todos estos ingredientes aseguran el funcionamiento óptimo del organismo, opina el desarrollador. El mismo autor dice que durante varios meses se ha alimentado solo con soylent y que hasta ahora se siente muy bien.
5. Impresora 3D de comida
El ingeniero de EE.UU Anjan Contractor, que también pretende luchar contra la desnutrición en el mundo, inventó la impresora 3D de comida. Se supone que la impresora preparará comida a partir de ingredientes en polvo que se almacenan en cartuchos extraíbles. Mezclando los ingredientes en varias proporciones, y con la adición de agua o aceite, el dispositivo prepara diferentes platos.
El primer producto que podrá 'imprimir' el mecanismo será una pizza. La impresora 3D utilizará un software con código abierto, lo que permitirá a los entusiastas mejorar el dispositivo y ampliar en el futuro el surtido de platos.
6. Carne y té, a partir de… excrementos
Investigadores japoneses en 2011 propusieron una solución al creciente problema de la alimentación en el mundo, desarrollando filetes de carne fabricados a partir de excrementos humanos. Esta 'carne' tiene un contenido del 63% de proteína, 25% de carbohidratos, 3% de grasas y 9% de minerales. Para hacer el producto semejante a la carne natural, los científicos lo colorearon de rojo y agregaron proteína de soja para mejorar su sabor.
Sus colegas chinos se entusiasmaron con la idea y crearon un té con excrementos de pandas. Los desarrolladores aseguran que los productos hechos con los residuos de los pandas contienen sustancias saludables para el organismo humano. Además, el té tiene un sabor sorprendentemente parecido a la nuez.
Cristina no recibió a los pueblos originarios
El próximo miércoles, de 16.00 a 17.00, miembros de pueblos originarios regresan a Plaza de Mayo. Marcharán bajo el mismo pedido: una audiencia con Cristina de Kirchner. Reproducimos la carta a la Presidenta elaborada en la Cumbre de Pueblos y Organizaciones Indígenas.-
Carta a la Presidentada elaborada en la Cumbre de Pueblos y Organizaciones Indígenas
Formosa, 05 de Junio de 2013
Sra Presidenta del Estado Argentino
Dra Cristina Fernández de Kirchner
Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas.
3, 4 y 5 de Junio 2013 – FORMOSA
Esta comunicación es complementaria a la que entregamos en su despacho el 18 de Noviembre de 2012, donde solicitamos una audiencia en carácter der urgente. Pasado 6 meses, consideramos que las situaciones trágicas en territorios indígenas se suceden sin que ningún nivel de gobierno le dé la magnitud que corresponde. Pareciera que es más sencillo lograr mantener esa realidad oculta.
Vemos alarmados como nuestros territorios utilizados como meros proveedores de materia prima para el mercado global, mientras expresamos discursos de soberanìa. En los territorios indígenas del sur nuestro drama es la contaminación hidorcarburifera, agravada por la llegada de la nueva tecnología del Fracking (fractura hidraulica), o enormes extensiones otorgadas a la megamineria, sin ninguna contemplación a la presencia del Pueblo Mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas dos décadas, la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un 5.000 %, lo que representa dos tercios de la superficie cultivada total del país. Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin agricultores y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son objetos y no lo que hay que proteger por siempre. Quienes sufren los impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y las sequias, la pérdida de suelos y sus riquezas, el desplazamiento de poblaciones, y el hacinamiento en los márgenes de las ciudades, viviendo del asistencialismo, somos los pueblos indígenas y la población campesina.
No obstante, Sra Presidenta, queremos expresarle que en medio de esta violencia, los Pueblos Indígenas, nos sentimos fuertes. Tenemos la herramienta más poderosa para el cambio urgente que necesitamos: nuestra relación cósmica con la madre tierra, con el conjunto de todas las vidas que nos rodean. Esas vidas no permitirán que nos resignemos. Esas vidas nos animan a que debemos recuperar la fuerza que nos da la vida en comunidad. Y no permitir que quiebren la relación sagrada con nuestro territorio.
Por lo dicho anteriormente:
Denunciamos la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160/06 de Emergencia Territorial y su prórroga). Hemos analizado el proceso de aplicación de la ley y los recursos administrados hasta la fecha. Los datos son productos de un detallado informe elaborado por el equipo jurídico del ENDEPA en base a informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Dirección del Programa de Relevamiento Territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los mismos son contundentes y alarmantes. Sólo una referencia que surge de los datos: el total del presupuesto del relevamiento es de $ 60.000.000. Se ha verificado que ya se ha utilizado el % 76,41 de ese monto ($ 45.847.327). Solo se ha relevado el % 24,05 del total de las comunidades, de las cuales solo el % 12,48 del total se ha concluido efectivamente. Esta Cumbre ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes, en esta herramienta que tantas esperanzas generó en nuestros pueblos.
Un tema que sigue siendo de enorme preocupación para los pueblos indígenas presentes es el tratamiento que se está dando al Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. Lo detallamos en el informe presentado al Estado Argentino y lo reafirmamos en esta síntesis de nuestras demandas y propuestas. Reiteramos que los artículos sobre Propiedad Comunitaria Indígena deben ser suprimidos del proyecto de Reforma y se debe avanzar hacia una Ley Especial sobre nuestras Tierras y Territorios, con participación indígena.
La Presidente, la Corte Suprema, el Gdor Sapag en un frente de protección a Chevron. El avance de la industria extractiva es el eje de nuestras luchas y motivo de alarma y preocupación. En el caso de la región mapuche, la industria hidrocarburifera adquiere una nueva dimensión con la llegada de una nueva tecnología o modalidad de explotación denominada Fracking. Un ejemplo concreto para fundar nuestra alarma y preocupación sobre lo que se viene: se acaba de firmar un Convenio de asociación entre la empresa estatal YPF y la petrolera americana Chevron. El detalle es que Chevron enfrenta un embargo de 19.000 millones de dólares por contaminación ambiental y cultural contra los territorios del pueblo indígena quichua de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana de Ecuador. Para evitar pagar, esta multinacional norteamericana retiró todos sus activos del Ecuador y salió a buscar nuevos botines económicos en el continente. Recae en territorio mapuche y ante la denuncia y posibilidad de embargo por el fallo en contra, es el propio gobernador Jorge Sapag quien se ofrece de “Amicus Curiae” que es una figura jurídica que significa “amigo del tribunal”!.. Pero quien logra proteger a Chevron finalmente es la propia presidenta, quien mandata a la Procuradora Gils Carbo a que promueva que el embargo no se aplique aquí en Argentina. La frutilla del postre lo pone la Corte Suprema quien ayer, 4 de junio del cte. libera a Chevron de la sanción. Los poderes creados para garantizar la salud, el ambiente y la cultura, en definitiva LA VIDA, crean un sólido frente para darle impunidad a la petrolera americana, con el argumento de “alguien debe pagar el precio del progreso”.
En territorio de la Nación Warpe, la minería es la principal amenaza, por ejemplo en Iglesia la destrucción de los glaciares ya es un hecho. En Caucete, se quiere entregar a nuestro eterno guardián “el cerro Pie de Palo”, donde descansan nuestros ancestros, es nuestra fuente de poder y espiritualidad. El gobernador Gioja, en alianza con la empresa Barrick Gold, son los responsables directos de esta amenaza. El pueblo Warpe hoy enfrenta un momento decisivo en nuestra lucha por sobrevivir y resistir al capitalismo mundial, ya que el gobierno nacional planifica esta entrega de nuestra tierra a las transnacionales de la mega minería a cielo abierto.
La minería en Rio Negro tiene su cara más dramática en la Linea Sur (Jacobacci) donde las comunidades mapuche están en estado de amenaza por el emprendimiento otorgado a Panamerican Silver, sin el proceso de Consulta a las comunidades afectadas.
Un tema transversal a cada uno de estos escenarios es lo relacionado a un derecho violentado sistemáticamente como es el derecho a la Consulta. Este es el mecanismo que el Estado está obligado a aplicar ante cualquier proyecto de desarrollo, o iniciativa administrativa o legislativa, que pueda afectar la vida, la cosmovisión y territorios de los Pueblos Indígenas. Esta obligación es con el objeto de solicitar el Consentimiento, Previo, Libre e Informado de los pueblos y comunidades indígenas afectadas. La violación de este derecho coloca al Estado en responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento, en base a los acuerdos jurídicos firmados.
Criminalización de la protesta: El acceso a la justicia es un derecho humano. Son frecuentes y graves las situaciones de penalización que provoca el poder frente a las protestas por reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de los pueblos indígenas de la región NEA (Chaco, Formosa, Misiones), es uno de los mas alarmantes. El Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya sostuvo en su Informe sobre la situación en Argentina: “Esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vida de miembros de pueblos indígenas.”
Decisiones de la Plenaria de la Cumbre:
Decisión de Pueblos y Organizaciones Indígenas trasladarnos a Buenos Aires para entregar los resultados de la Cumbre en la Casa de Gobierno, el próximo Jueves 06, para solicitar un dialogo en carácter de urgente con la Presidenta del Estado Argentino. Se designa para esta medida a diez hermanos y hermanas, que oficiarán de voceros es este mandato de la Cumbre.
Hacemos un sentido homenaje y reconocimiento a mártires de nuestra causa, como ha sido la Logko Mapuche Cristina Linkopan, que murió tempranamente a la edad de 30 años, como consecuencia de la contaminación provocada por la petrolera Apache en su territorio de Gelay Ko. Ella suscribe el documento que entregamos a la Pta Cristina Kirchner en Noviembre 2012.
De la misma manera honramos a los hermanos que dieron su vida en la lucha por sus territorios en la región donde estamos reunidos: Celestina Jara, Lila Coyipe, Juan Daniel Díaz Asijak, Justina López, Delina Díaz, Guillermo Díaz, Ilmer Flores, Pablo Sanagachi, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra, Miguel Galván y Florentín Díaz, en su memoria seguiremos adelante en la lucha por nuestros derechos ancestrales.
Decisión de la Cumbre de Pueblos y organizaciones indígenas, de designar como voceros oficiales de la agenda de la Cumbre Indígena al Qarashe FELIX DIAZ y a La autoridad espiritual del Pueblo Warpe AMTA ARGENTINA QUIROGA. Este reconocimiento que realiza el conjunto de autoridades indígenas es a la conducta política, ética y espiritual de ambos hermanos, es un mandato también para que actúen con plena autoridad, respaldados por el conjunto de los pueblos originarios presentes.
Saludamos a Ud atte y quedamos atentos a la espera del pedido de un dialogo urgente por estas y otras situaciones, que por cuestiones de espacio no detallamos.
EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA. El Consenso de los Commodities. Por Maristella Svampa, Socióloga y escritora, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En la última década, un nuevo consenso se ha extendido entre los gobiernos de la región. La valorización financiera ha dado paso a economías basadas en la exportación de bienes primarios a gran escala. Para la autora de este artículo, este proceso acentúa la reprimarización de la economía y la desposesión social, y amenaza a las democracias.
En los últimos años, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington (CW), asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities (CC), basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y trigo)y biocombustibles (1).
En términos de consecuencias, el Consenso de los Commoditieses sin duda un proceso complejo, vertiginoso y de carácter recursivo, que debe ser leído desde una perspectiva múltiple. Así, desde el punto de vista económico, se traduce por un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar su reorientación hacia actividades primario-extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Según la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76% de las exportaciones de la Unasur, contra sólo el 34% del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron el 7% y el 25%, respectivamente (2). A su vez, el efecto de reprimarización se ve agravado por el ingreso de China, país que de modo acelerado va imponiéndose como socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región (3).
Desde el punto de vista social, el CC conlleva la profundización de la dinámica de desposesión –según la expresión popularizada por el geógrafo David Harvey– esto es, el despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes corporaciones, en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos, como actores principales. No es casual que la literatura crítica de América Latina considere que estos procesos apuntan a la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista (4), el cual suele ser definido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos.
El neoextractivismo desarrollista instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana. La megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o shale gas, con la tan cuestionada metodología de la fractura hidráulica o fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen sus figuras emblemáticas.
Un rasgo decisivo del neoextractivismo desarrollista es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte también sobre la envergadura de las inversiones –se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas–. Por ejemplo, para el caso de la minería a gran escala, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos (5). En Perú, país por excelencia de la megaminería transnacional, ésta ocupa apenas el 2% de la Población Económicamente Activa (PEA), contra un 23% en la agricultura, el 16% en comercio y casi el 10% en manufacturas (6).
Por otro lado, la actual etapa puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación al anterior período del CW. Recordemos que el CW puso en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual redefinió al Estado como un agente meta-regulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política y discursiva en la región. De modo diferente, en la actualidad, el CC coloca en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y la coexistencia entre gobiernos progresistas, que cuestionaron el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.
Por último, el CC posee una carga político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito o explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, producto de la creciente demanda global de bienes primarios. Así, tal como sucedía en los años 1990, el discurso dominante es que “no hay otra alternativa”, lo cual apunta a poner coto a las resistencias colectivas, sobre la base de la “sensatez y razonabilidad” que ofrecerían las diferentes versiones del capitalismo progresista, al tiempo que busca suturar la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo, instalando así un nuevo umbral histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical se inscribiría en el campo de la antimodernidad, de la negación del progreso, del “pachamamismo”, del “ecologismo infantil”, cuando no de un “ambientalismo colonial”, fogoneado siempre por agentes extranjeros.
Conflictividad y resistencias
Si bien en un principio el CC tendía a ser tácito y elusivo, al calor de los conflictos fue adoptando una dinámica más explícita y agresiva. En efecto, el CC viene asociado, de manera inherente, a la explosión de conflictos territoriales y socioambientales que enfrentan de modo asimétrico a gobiernos y corporaciones versus comunidades y asociaciones de vecinos. Dichas movilizaciones en defensa del territorio, la biodiversidad y el ambiente ilustran el surgimiento de un nuevo entramado organizacional, de carácter plural, que abarca desde comunidades campesino-indígenas, asambleas de vecinos, multisectoriales, colectivos culturales, hasta ONG ambientalistas y activistas, algunos provenientes del campo profesional y académico.
Un ejemplo emblemático del aumento de la conflictividad es la megaminería a cielo abierto. Actualmente no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en 2010 había 120 conflictos mineros, que afectaban a 150 comunidades; en 2012, éstos ya alcanzaban el número de 161, involucrando a 212 comunidades. En mayo de 2013 había 185 conflictos activos, 6 de ellos transfronterizos, que involucran a 268 comunidades a lo largo de la región (7).
Este contexto de conflictividad contribuye a la judicialización de las luchas socio-ambientales y a la violación de derechos que, en no pocos casos, como en Perú, Panamá y México, culmina en asesinatos de activistas. Así, a comienzos de 2012, en Panamá se registraron fuertes episodios de represión que costaron la vida a dos miembros de la comunidad indígena Ngäbe Buglé. En Perú, desde la asunción de Ollanta Humala –julio de 2011–, se produjeron 25 muertos por represión, principalmente en la región de Cajamarca, donde los pobladores se encuentran movilizados contra el Proyecto Conga, un emprendimiento minero que amenaza con la destrucción de importantes fuentes hídricas.
Pero la criminalización y la represión no son prerrogativas exclusivas de los gobiernos conservadores. Por ejemplo, en Argentina, luego de diez años de conflictos en diferentes provincias, invisibilizados por el oficialismo progresista, el levantamiento popular de Famatina, en enero de 2012, logró romper con el encapsulamiento y colocar en la agenda nacional la megaminería. Sin embargo, luego de que el gobierno nacional hiciera explícito su apoyo a dicha actividad, volvió a operarse el re-encapsulamiento de la problemática minera a la lógica criminalizadora de las provincias, seguido de una oleada represiva que tuvo su récord en Catamarca (siete represiones en 2012), e incluyó recientemente –el 11 de mayo pasado– una represión en Famatina. Asimismo, la política de hostigamientos y asesinatos, ligada a la expansión de la frontera sojera y al proceso de acaparamiento de tierras, afecta de modo recurrente a los pueblos originarios, tal como lo ilustra la Comunidad Qom, en Formosa, que contabiliza 6 muertos desde noviembre de 2010.
Otro caso destacable es el del gobierno de Rafael Correa, el cual bajo la figura de “sabotaje y terrorismo” lleva procesadas 213 personas, muchas de ellas ligadas a las resistencias contra la megaminería, habilitada a partir de 2009.
Progresismo y progreso
¿Es la cuestión ambiental todavía un punto ciego para los gobiernos progresistas? ¿O en los últimos tiempos y al calor de los nuevos conflictos es posible afirmar que hubo un cambio de escenario? En realidad, a pesar de que en las últimas décadas las izquierdas –sean socialdemócratas, populistas o anticapitalistas– llevaron a cabo un proceso de revalorización de la matriz comunitario-indígena; pese a las afinidades electivas existentes entre las cosmovisiones de los pueblos originarios y ciertas corrientes del ambientalismo, aquellas continúan adhiriendo a una visión productivista y eficientista del desarrollo, muy vinculada con la ideología del progreso y la confianza en la expansión de las fuerzas productivas.
Por otro lado, todos los gobiernos progresistas buscan justificar el extractivismo afirmando que es la vía que permite generar divisas, que luego son reorientadas a la redistribución del ingreso y al consumo interno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Este discurso cuyo alcance real debería ser analizado caso por caso, busca oponer de modo reduccionista la cuestión social (la redistribución) con la cuestión ambiental, al tiempo que deja afuera discusiones complejas y fundamentales que enlazan de modo estratégico las problemáticas del desarrollo, el ambiente y la democracia.
En este sentido, se destacan principalmente cinco cuestiones. Primero, que en el marco del CC, los gobiernos progresistas latinoamericanos optaron claramente por un “extractivismo depredatorio”, en palabras del investigador Eduardo Gudynas, tal como lo ilustra la enorme multiplicación de programas de desarrollo basados en proyectos extractivos (gas, petróleo, minerales, soja) a gran escala, cuyo destino es la exportación, y cuyas consecuencias sociales, ambientales, culturales y políticas, son sistemáticamente denegadas o minimizadas. Segundo, la imposición de una visión productivista y sacrificial del territorio desemboca en la negación virulenta de otras miradas/lenguajes de valoración sobre el territorio y en la implementación de estilos de desarrollo que modifican y amenazan sustancialmente las condiciones de vida de las poblaciones. Tercero, la asociación entre extractivismo depredatorio y trastocamiento de las fronteras de la democracia aparece como un hecho recurrente: sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado o aún con ella, los gobiernos tienden a vaciar no sólo de contenido el ya bastardeado concepto de sustentabilidad, sino también a manipular las formas de participación popular, buscando controlar las decisiones colectivas. Cuarto, en el marco del CC y en nombre de las “ventajas comparativas”, los gobiernos promueven un modelo de inclusión anclado en el consumo, en el cual la figura del ciudadano consumidor sobredetermina el imaginario del “buen vivir”, en clave plebeya-progresista. Quinto, el acoplamiento de corto plazo entre avance del Estado, crecimiento económico y modelo de ciudadano consumidor aparece como condición de posibilidad del éxito electoral, lo cual refuerza el rechazo a pensar cualquier hipótesis o escenario de transición y de progresiva salida del extractivismo a mediano y largo plazo.
En este sentido, uno de los escenarios más paradójicos es Bolivia. Es necesario recordar que en el gobierno de Evo Morales convivían desde el inicio un discurso eco-comunitarista y una vocación neodesarrollista. Dicha tensión remite a las dimensiones presentes en el proyecto de cambio: una, la narrativa indianista, centrada en la creación del Estado Plurinacional y en el reconocimiento de las autonomías indígenas; la otra, la narrativa nacional-popular, marcada por una dimensión estatalista, reguladora y centralista, así como por un modo de concebir la participación, vinculada a un liderazgo personalista. Finalizada la etapa de confrontación con la oligarquía de Santa Cruz, al inicio del segundo mandato (2010), el gobierno boliviano apuntó a profundizar el modelo desarrollista con base extractivista, a través del anuncio de una serie de megaproyectos estratégicos, basados en la expansión de las industrias extractivas, desde la explotación del litio, la megaminería en asociación con corporaciones transnacionales y el agronegocio, hasta, en fin, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras.
Aunque hubo varios episodios que anticiparon una colisión entre la narrativa indigenista y la práctica extractivista, el punto de inflexión fue el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a raíz de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. El TIPNIS es desde 1965 una reserva natural y desde 1990 territorio indígena, hábitat de pueblos amazónicos. La cuestión era sin duda compleja, pues si por un lado la carretera respondía a necesidades geopolíticas y territoriales, por otro lado lo central era que los pueblos indígenas involucrados no fueron consultados. Asimismo, resulta inevitable pensar que la carretera será la puerta de entrada de nuevos proyectos extractivos, que traerán consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas, con o sin Brasil como aliado estratégico.
La escalada del conflicto incluyó varias marchas desde el TIPNIS hasta La Paz, además de un oscuro episodio represivo y la articulación de un bloque multisectorial entre organizaciones indígenas rurales, sociales y ambientalistas, con el apoyo de ingentes sectores urbanos. Finalmente, en 2012 el gobierno de Evo Morales cedió y decidió llamar a una consulta a las comunidades del TIPNIS. Realizada ésta, el informe oficial señaló que el 80% de las comunidades consultadas aprobaron la construcción de la carretera. Sin embargo, un Informe de la Iglesia Católica, elaborado junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia en abril de 2013, indica que la consulta “no fue libre ni de buena fe, además no se ajustó a los estándares de consulta previa y se la realizó con prebendas” (8).
El conflicto del TIPNIS arroja dos importantes conclusiones que deben ser leídas en clave latinoamericana: en primer lugar, en un marco de escalada del conflicto, en contextos tan virulentos y politizados –donde el carácter recursivo de la acción lleva a que los diferentes actores se involucren en una lucha encarnizada– la posibilidad de realizar una consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios –según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– se enrarece inevitablemente, y la definición de sus procedimientos, mecanismos y temas, termina siendo muy controversial. En segundo lugar, el conflicto del TIPNIS blanqueó por completo el discurso gubernamental respecto de lo que éste entiende por desarrollo, algo que se encargó de hacer el vicepresidente Álvaro García Linera en su libro Geopolítica de la Amazonía (9). Para Linera, sin extractivismo no habría cómo sostener las políticas sociales, lo cual significaría el fracaso del gobierno y la inevitable restauración de la derecha. De este modo, queda claro tanto en qué lugar ideológico se ubican las resistencias –los críticos del neoextractivismo son acusados de promover un “ambientalismo colonial”–, como cuál es el tipo de desarrollo asociado al actual programa de descolonización, el que sin duda se sitúa muy lejos de las aspiraciones eco-comunitarias declamadas por Evo Morales durante el primer mandato y muy lejos también de las discusiones filosóficas y políticas acerca del “vivir bien”.
Contexto represivo
La deriva hacia una lectura conspirativa de las resistencias no es empero patrimonio exclusivo del gobierno boliviano. En realidad, allí donde hay un conflicto ambiental y territorial, mediatizado y politizado, que pone de relieve los puntos ciegos de los gobiernos progresistas respecto de la dinámica de desposesión, la reacción suele ser la misma. Sucede desde 2009 en Ecuador, sobre todo con la megaminería y, más recientemente, en Brasil, a raíz del conflicto suscitado por la construcción de la megarrepresa de Belo Monte. En ambos casos los distintos oficialismos optan por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo, sea al “ecologismo infantil” (Ecuador), cuando no al accionar de ONG extranjeras (Brasil).
Aunque sin mayores debates (el término mismo de “neoextractivismo” se halla fuera del horizonte retórico del oficialismo), algo similar sucede en Argentina, donde el progresismo selectivo del gobierno no se aplica para el caso de la megaminería ni mucho menos para la soja. Si volvemos, por caso, al levantamiento en Famatina, éste tuvo un efecto paradójico: sea por desconocimiento o por mala fe, lo cierto es que desde las plumas del oficialismo se alentó una lectura que dejaba el conflicto entrampado en los contextos provinciales, cuando no en los esquemas binarios, en la batalla política que el gobierno kirchnerista libra con el multimedios Clarín. Sin embargo, el posterior realineamiento entre poder político y poder económico terminó por blanquear, esta vez de modo explícito y en la voz de la Presidenta, a la megaminería como parte legítima e integral del proyecto oficialista.
En suma, a diferencia de los primeros años, el CC dejó de ser un acuerdo tácito que vincula de modo vergonzante neodesarrollismo liberal con neodesarrollismo progresista. Al calor de los diferentes conflictos territoriales y ambientales y de sus dinámicas recursivas, los diferentes gobiernos progresistas terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del extractivismo, acompañado de una práctica criminalizadora de las resistencias, que alienta el contexto represivo. Este sinceramiento entre discurso y práctica que ocurre incluso en aquellos países que más expectativa política de cambio habían despertado –como Bolivia– ilustra la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación más tradicionales (en mucho, ligados a la clásica huella nacional-estatal), así como obliga al reconocimiento del ingreso inquietante a una nueva fase de retracción de las fronteras de la democracia.
1. Utilizamos aquí el concepto de commodities en un sentido amplio, como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento.
2. http://unctadstat.unctad.org/
3. Véase Sergio Cesarin, “China en América Latina”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, número especial “El fin del Primer Mundo”, mayo-junio de 2012.
4. Véase Eduardo Gudynas, “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, (autores varios),Extractivismo, política y sociedad, CAAP - CLAES, Quito, 2009. Véase también Héctor Alimonda (coord.), La Naturaleza colonizada. Ecología, política y minería en América Latina, CLACSO-CICCUS, Buenos Aires, 2011, y Gabriela Massuh (editora), Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Mardulce, Buenos Aires, 2012.
5. Colectivo Voces de Alerta, 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina,Editorial El Colectivo-Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2011.
6. Autores varios, Mitos y realidades de la minería en el Perú. Una guía para desmontar el imaginario extractivista, Programa Democracia y Transformación Global, Lima, 2013.
7. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/. Véase también OCMAL, 2011.
8. www.paginasiete.bo/2013-04-16/Nacional/Destacados/6Nac00216.aspx
9. Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz, noviembre de 2012. Disponible en:www.alames.org/documentos/amazoniaAGL.pdf
En los últimos años, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington (CW), asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities (CC), basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y trigo)y biocombustibles (1).
En términos de consecuencias, el Consenso de los Commoditieses sin duda un proceso complejo, vertiginoso y de carácter recursivo, que debe ser leído desde una perspectiva múltiple. Así, desde el punto de vista económico, se traduce por un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar su reorientación hacia actividades primario-extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Según la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76% de las exportaciones de la Unasur, contra sólo el 34% del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron el 7% y el 25%, respectivamente (2). A su vez, el efecto de reprimarización se ve agravado por el ingreso de China, país que de modo acelerado va imponiéndose como socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región (3).
Desde el punto de vista social, el CC conlleva la profundización de la dinámica de desposesión –según la expresión popularizada por el geógrafo David Harvey– esto es, el despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes corporaciones, en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos, como actores principales. No es casual que la literatura crítica de América Latina considere que estos procesos apuntan a la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista (4), el cual suele ser definido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos.
El neoextractivismo desarrollista instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana. La megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o shale gas, con la tan cuestionada metodología de la fractura hidráulica o fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen sus figuras emblemáticas.
Un rasgo decisivo del neoextractivismo desarrollista es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte también sobre la envergadura de las inversiones –se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas–. Por ejemplo, para el caso de la minería a gran escala, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos (5). En Perú, país por excelencia de la megaminería transnacional, ésta ocupa apenas el 2% de la Población Económicamente Activa (PEA), contra un 23% en la agricultura, el 16% en comercio y casi el 10% en manufacturas (6).
Por otro lado, la actual etapa puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación al anterior período del CW. Recordemos que el CW puso en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual redefinió al Estado como un agente meta-regulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política y discursiva en la región. De modo diferente, en la actualidad, el CC coloca en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y la coexistencia entre gobiernos progresistas, que cuestionaron el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.
Por último, el CC posee una carga político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito o explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, producto de la creciente demanda global de bienes primarios. Así, tal como sucedía en los años 1990, el discurso dominante es que “no hay otra alternativa”, lo cual apunta a poner coto a las resistencias colectivas, sobre la base de la “sensatez y razonabilidad” que ofrecerían las diferentes versiones del capitalismo progresista, al tiempo que busca suturar la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo, instalando así un nuevo umbral histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical se inscribiría en el campo de la antimodernidad, de la negación del progreso, del “pachamamismo”, del “ecologismo infantil”, cuando no de un “ambientalismo colonial”, fogoneado siempre por agentes extranjeros.
Conflictividad y resistencias
Si bien en un principio el CC tendía a ser tácito y elusivo, al calor de los conflictos fue adoptando una dinámica más explícita y agresiva. En efecto, el CC viene asociado, de manera inherente, a la explosión de conflictos territoriales y socioambientales que enfrentan de modo asimétrico a gobiernos y corporaciones versus comunidades y asociaciones de vecinos. Dichas movilizaciones en defensa del territorio, la biodiversidad y el ambiente ilustran el surgimiento de un nuevo entramado organizacional, de carácter plural, que abarca desde comunidades campesino-indígenas, asambleas de vecinos, multisectoriales, colectivos culturales, hasta ONG ambientalistas y activistas, algunos provenientes del campo profesional y académico.
Un ejemplo emblemático del aumento de la conflictividad es la megaminería a cielo abierto. Actualmente no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en 2010 había 120 conflictos mineros, que afectaban a 150 comunidades; en 2012, éstos ya alcanzaban el número de 161, involucrando a 212 comunidades. En mayo de 2013 había 185 conflictos activos, 6 de ellos transfronterizos, que involucran a 268 comunidades a lo largo de la región (7).
Este contexto de conflictividad contribuye a la judicialización de las luchas socio-ambientales y a la violación de derechos que, en no pocos casos, como en Perú, Panamá y México, culmina en asesinatos de activistas. Así, a comienzos de 2012, en Panamá se registraron fuertes episodios de represión que costaron la vida a dos miembros de la comunidad indígena Ngäbe Buglé. En Perú, desde la asunción de Ollanta Humala –julio de 2011–, se produjeron 25 muertos por represión, principalmente en la región de Cajamarca, donde los pobladores se encuentran movilizados contra el Proyecto Conga, un emprendimiento minero que amenaza con la destrucción de importantes fuentes hídricas.
Pero la criminalización y la represión no son prerrogativas exclusivas de los gobiernos conservadores. Por ejemplo, en Argentina, luego de diez años de conflictos en diferentes provincias, invisibilizados por el oficialismo progresista, el levantamiento popular de Famatina, en enero de 2012, logró romper con el encapsulamiento y colocar en la agenda nacional la megaminería. Sin embargo, luego de que el gobierno nacional hiciera explícito su apoyo a dicha actividad, volvió a operarse el re-encapsulamiento de la problemática minera a la lógica criminalizadora de las provincias, seguido de una oleada represiva que tuvo su récord en Catamarca (siete represiones en 2012), e incluyó recientemente –el 11 de mayo pasado– una represión en Famatina. Asimismo, la política de hostigamientos y asesinatos, ligada a la expansión de la frontera sojera y al proceso de acaparamiento de tierras, afecta de modo recurrente a los pueblos originarios, tal como lo ilustra la Comunidad Qom, en Formosa, que contabiliza 6 muertos desde noviembre de 2010.
Otro caso destacable es el del gobierno de Rafael Correa, el cual bajo la figura de “sabotaje y terrorismo” lleva procesadas 213 personas, muchas de ellas ligadas a las resistencias contra la megaminería, habilitada a partir de 2009.
Progresismo y progreso
¿Es la cuestión ambiental todavía un punto ciego para los gobiernos progresistas? ¿O en los últimos tiempos y al calor de los nuevos conflictos es posible afirmar que hubo un cambio de escenario? En realidad, a pesar de que en las últimas décadas las izquierdas –sean socialdemócratas, populistas o anticapitalistas– llevaron a cabo un proceso de revalorización de la matriz comunitario-indígena; pese a las afinidades electivas existentes entre las cosmovisiones de los pueblos originarios y ciertas corrientes del ambientalismo, aquellas continúan adhiriendo a una visión productivista y eficientista del desarrollo, muy vinculada con la ideología del progreso y la confianza en la expansión de las fuerzas productivas.
Por otro lado, todos los gobiernos progresistas buscan justificar el extractivismo afirmando que es la vía que permite generar divisas, que luego son reorientadas a la redistribución del ingreso y al consumo interno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Este discurso cuyo alcance real debería ser analizado caso por caso, busca oponer de modo reduccionista la cuestión social (la redistribución) con la cuestión ambiental, al tiempo que deja afuera discusiones complejas y fundamentales que enlazan de modo estratégico las problemáticas del desarrollo, el ambiente y la democracia.
En este sentido, se destacan principalmente cinco cuestiones. Primero, que en el marco del CC, los gobiernos progresistas latinoamericanos optaron claramente por un “extractivismo depredatorio”, en palabras del investigador Eduardo Gudynas, tal como lo ilustra la enorme multiplicación de programas de desarrollo basados en proyectos extractivos (gas, petróleo, minerales, soja) a gran escala, cuyo destino es la exportación, y cuyas consecuencias sociales, ambientales, culturales y políticas, son sistemáticamente denegadas o minimizadas. Segundo, la imposición de una visión productivista y sacrificial del territorio desemboca en la negación virulenta de otras miradas/lenguajes de valoración sobre el territorio y en la implementación de estilos de desarrollo que modifican y amenazan sustancialmente las condiciones de vida de las poblaciones. Tercero, la asociación entre extractivismo depredatorio y trastocamiento de las fronteras de la democracia aparece como un hecho recurrente: sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado o aún con ella, los gobiernos tienden a vaciar no sólo de contenido el ya bastardeado concepto de sustentabilidad, sino también a manipular las formas de participación popular, buscando controlar las decisiones colectivas. Cuarto, en el marco del CC y en nombre de las “ventajas comparativas”, los gobiernos promueven un modelo de inclusión anclado en el consumo, en el cual la figura del ciudadano consumidor sobredetermina el imaginario del “buen vivir”, en clave plebeya-progresista. Quinto, el acoplamiento de corto plazo entre avance del Estado, crecimiento económico y modelo de ciudadano consumidor aparece como condición de posibilidad del éxito electoral, lo cual refuerza el rechazo a pensar cualquier hipótesis o escenario de transición y de progresiva salida del extractivismo a mediano y largo plazo.
En este sentido, uno de los escenarios más paradójicos es Bolivia. Es necesario recordar que en el gobierno de Evo Morales convivían desde el inicio un discurso eco-comunitarista y una vocación neodesarrollista. Dicha tensión remite a las dimensiones presentes en el proyecto de cambio: una, la narrativa indianista, centrada en la creación del Estado Plurinacional y en el reconocimiento de las autonomías indígenas; la otra, la narrativa nacional-popular, marcada por una dimensión estatalista, reguladora y centralista, así como por un modo de concebir la participación, vinculada a un liderazgo personalista. Finalizada la etapa de confrontación con la oligarquía de Santa Cruz, al inicio del segundo mandato (2010), el gobierno boliviano apuntó a profundizar el modelo desarrollista con base extractivista, a través del anuncio de una serie de megaproyectos estratégicos, basados en la expansión de las industrias extractivas, desde la explotación del litio, la megaminería en asociación con corporaciones transnacionales y el agronegocio, hasta, en fin, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras.
Aunque hubo varios episodios que anticiparon una colisión entre la narrativa indigenista y la práctica extractivista, el punto de inflexión fue el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a raíz de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. El TIPNIS es desde 1965 una reserva natural y desde 1990 territorio indígena, hábitat de pueblos amazónicos. La cuestión era sin duda compleja, pues si por un lado la carretera respondía a necesidades geopolíticas y territoriales, por otro lado lo central era que los pueblos indígenas involucrados no fueron consultados. Asimismo, resulta inevitable pensar que la carretera será la puerta de entrada de nuevos proyectos extractivos, que traerán consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas, con o sin Brasil como aliado estratégico.
La escalada del conflicto incluyó varias marchas desde el TIPNIS hasta La Paz, además de un oscuro episodio represivo y la articulación de un bloque multisectorial entre organizaciones indígenas rurales, sociales y ambientalistas, con el apoyo de ingentes sectores urbanos. Finalmente, en 2012 el gobierno de Evo Morales cedió y decidió llamar a una consulta a las comunidades del TIPNIS. Realizada ésta, el informe oficial señaló que el 80% de las comunidades consultadas aprobaron la construcción de la carretera. Sin embargo, un Informe de la Iglesia Católica, elaborado junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia en abril de 2013, indica que la consulta “no fue libre ni de buena fe, además no se ajustó a los estándares de consulta previa y se la realizó con prebendas” (8).
El conflicto del TIPNIS arroja dos importantes conclusiones que deben ser leídas en clave latinoamericana: en primer lugar, en un marco de escalada del conflicto, en contextos tan virulentos y politizados –donde el carácter recursivo de la acción lleva a que los diferentes actores se involucren en una lucha encarnizada– la posibilidad de realizar una consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios –según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– se enrarece inevitablemente, y la definición de sus procedimientos, mecanismos y temas, termina siendo muy controversial. En segundo lugar, el conflicto del TIPNIS blanqueó por completo el discurso gubernamental respecto de lo que éste entiende por desarrollo, algo que se encargó de hacer el vicepresidente Álvaro García Linera en su libro Geopolítica de la Amazonía (9). Para Linera, sin extractivismo no habría cómo sostener las políticas sociales, lo cual significaría el fracaso del gobierno y la inevitable restauración de la derecha. De este modo, queda claro tanto en qué lugar ideológico se ubican las resistencias –los críticos del neoextractivismo son acusados de promover un “ambientalismo colonial”–, como cuál es el tipo de desarrollo asociado al actual programa de descolonización, el que sin duda se sitúa muy lejos de las aspiraciones eco-comunitarias declamadas por Evo Morales durante el primer mandato y muy lejos también de las discusiones filosóficas y políticas acerca del “vivir bien”.
Contexto represivo
La deriva hacia una lectura conspirativa de las resistencias no es empero patrimonio exclusivo del gobierno boliviano. En realidad, allí donde hay un conflicto ambiental y territorial, mediatizado y politizado, que pone de relieve los puntos ciegos de los gobiernos progresistas respecto de la dinámica de desposesión, la reacción suele ser la misma. Sucede desde 2009 en Ecuador, sobre todo con la megaminería y, más recientemente, en Brasil, a raíz del conflicto suscitado por la construcción de la megarrepresa de Belo Monte. En ambos casos los distintos oficialismos optan por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo, sea al “ecologismo infantil” (Ecuador), cuando no al accionar de ONG extranjeras (Brasil).
Aunque sin mayores debates (el término mismo de “neoextractivismo” se halla fuera del horizonte retórico del oficialismo), algo similar sucede en Argentina, donde el progresismo selectivo del gobierno no se aplica para el caso de la megaminería ni mucho menos para la soja. Si volvemos, por caso, al levantamiento en Famatina, éste tuvo un efecto paradójico: sea por desconocimiento o por mala fe, lo cierto es que desde las plumas del oficialismo se alentó una lectura que dejaba el conflicto entrampado en los contextos provinciales, cuando no en los esquemas binarios, en la batalla política que el gobierno kirchnerista libra con el multimedios Clarín. Sin embargo, el posterior realineamiento entre poder político y poder económico terminó por blanquear, esta vez de modo explícito y en la voz de la Presidenta, a la megaminería como parte legítima e integral del proyecto oficialista.
En suma, a diferencia de los primeros años, el CC dejó de ser un acuerdo tácito que vincula de modo vergonzante neodesarrollismo liberal con neodesarrollismo progresista. Al calor de los diferentes conflictos territoriales y ambientales y de sus dinámicas recursivas, los diferentes gobiernos progresistas terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del extractivismo, acompañado de una práctica criminalizadora de las resistencias, que alienta el contexto represivo. Este sinceramiento entre discurso y práctica que ocurre incluso en aquellos países que más expectativa política de cambio habían despertado –como Bolivia– ilustra la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación más tradicionales (en mucho, ligados a la clásica huella nacional-estatal), así como obliga al reconocimiento del ingreso inquietante a una nueva fase de retracción de las fronteras de la democracia.
1. Utilizamos aquí el concepto de commodities en un sentido amplio, como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento.
2. http://unctadstat.unctad.org/
3. Véase Sergio Cesarin, “China en América Latina”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, número especial “El fin del Primer Mundo”, mayo-junio de 2012.
4. Véase Eduardo Gudynas, “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, (autores varios),Extractivismo, política y sociedad, CAAP - CLAES, Quito, 2009. Véase también Héctor Alimonda (coord.), La Naturaleza colonizada. Ecología, política y minería en América Latina, CLACSO-CICCUS, Buenos Aires, 2011, y Gabriela Massuh (editora), Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Mardulce, Buenos Aires, 2012.
5. Colectivo Voces de Alerta, 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina,Editorial El Colectivo-Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2011.
6. Autores varios, Mitos y realidades de la minería en el Perú. Una guía para desmontar el imaginario extractivista, Programa Democracia y Transformación Global, Lima, 2013.
7. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/. Véase también OCMAL, 2011.
8. www.paginasiete.bo/2013-04-16/Nacional/Destacados/6Nac00216.aspx
9. Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz, noviembre de 2012. Disponible en:www.alames.org/documentos/amazoniaAGL.pdf
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