Cercanos al gobierno definen su voto sobre la reforma judicial

El Movimiento Popular Neuquino deslizó que acompañaría los proyectos, al igual que Walter Wayar. Olmedo dijo que dará quórum y que dará a conocer su voto durante la sesión. Tensión en la CGT opositora por la postura de Facundo Moyano y Omar Plaini.


Con la esperanza de frenar la sanción de las iniciativas más polémicas de la reforma judicial, un grupo de ONGs iniciaron una campaña para que doce diputados aliados del oficialismo no den quórum para impedir el inicio de la sesión convocada para este miércoles. La mayoría de ellos, sin embargo, indicó que aún no ha definido su posición ante la reforma.

Los legisladores en la mira son los integrantes del interbloque Unión Federal de Provincias: Alicia Comelli, Olga Guzmán y José Brillo (Movimiento Popular Neuquino); el bonaerense Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal); Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino); el salteño Walter Wayar (Frente Peronista Federal); y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca).

La lista incluye a los salteños Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) y María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta) y a los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini, diputados del FPV pero alineados con la CGT opositora.

Las ONGs también contaron a Mauricio Ibarra (Unión por San Juan-interbloque Frente Peronista), quien ayudó al oficialismo a iniciar la sesión por el acuerdo con Irán pero que suele rechazar las iniciativas del Gobierno. Fue el único que anticipó su rechazo a la reforma judicial.

La primera en anticipar su posición fue la jefa del interbloque Unión Federal de Provincias, Alicia Comelli, quien sugirió modificaciones al paquete de proyectos aunque dio a entender que las acompañaría para "reformar el Poder Judicial y hacerlo más democrático". De todas maneras, confirmó que la resolución del interbloque será adoptada este martes.

En tanto, el salteño Alfredo Olmedo confirmó que bajará al recinto a dar quórum porque "los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueren recibidos", pero anticipó que dará a conocer su voto durante la sesión.

Por su parte, el salteño Walter Wayar adelantó: "En el tema de las cautelares estoy más cerca del sí. Pero en algún tema estoy más cerca del no y en el tema de las cámaras de Casación tengo mis dudas, tendría que ver los argumentos de un lado y del otro". Ante semejante presión, el diputado sostuvo: "No me van a influenciar ni de un lado ni del otro, ni el que vota a favor es un traidor a la patria ni el que vota en contra un héroe".

A pesar de que Omar Plaini evitó dar una definición, el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato, advirtió que los dos “dipusindicales” votarán en contra de los proyectos centrales de la reforma judicial ya que fue acordado durante una reunión del Consejo Directivo de la CGT opositora, que encabeza Hugo Moyano.

Luego Plaini insistió con que tendrá "libertad de acción" y "el miércoles dará la respuesta". "Tenemos una responsabilidad, no encuentro el sujeto de la acción real de esta presión que es más de un sector que un conjunto de la sociedad", señaló.

En esa misma línea, Facundo Moyano expresó que "no adelantará" su decisión y remarcó que dependerá de que se hagan o no las modificaciones que planteen a los tres proyectos. "No creo que haya que alterarse tanto, tendremos nuestras objeciones y si no se modifica votaremos en contra y si se modifica veremos qué hacemos", advirtió, en declaraciones radiales. Respecto de la presión de la CGT Azopardo, aclaró: 

"Desde que soy diputado tengo libertad de consciencia. Acordé con mi padre cuando ingresé a la política actuar de esta manera".

Otro “dipusindical”, Julio Ledesma, prefirió evitar adelantar su voto: "Todavía tengo que escuchar a las comisiones, aún no sé cuál será mi voto", sostuvo, aunque cuestionó al oficialismo por "acelerar este proceso de la manera en que lo han acelerado". "El Ejecutivo no quiere reformar la justicia con un manotazo, lo hace con una patada en el trasero", dijo.

Triunfó Cartes y los colorados vuelven al gobierno en Paraguay

El millonario conservador, que entró a la política recién en 2009, obtuvo el 45,9% de los votos, casi nueve puntos más que su inmediato perseguidor, el liberal Efraín Alegre. Expectativa por la actitud que asumirá Asunción respecto del Mercosur, la Unasur y el gobierno de Venezuela.

El presidente electo de Paraguay se incorporó a la vida pública recién en 2009. La agencia antidrogas de los Estados Unidos tiene fuertes sospechas de que el millonario tenga relación con el narcotráfico.

El nuevo presidente paraguayo, Horacio Manuel Cartes Jara, es un empresario millonario investigado por lavado de dinero y contrabando que se inscribió en el Registro Cívico Permanente para votar recién en 2009, a los 54 años. Ese mismo año se afilió al Partido Colorado, la expresión política conservadora y autoritaria que gobernó ininterrumpidamente el país entre 1946 y 2008. Hoy, poco más de tres años después de sus inicios en la política, es el encargado de devolverle al partido de Alfredo Stroessner el sillón del Palacio de los López.
Cartes nació en 1956 en Asunción y gozó los privilegios de criarse en una familia acomodada. En 1989 incursionó en el sector cambiario local y creó Cambios Amambay, una empresa que en 1992 se transformó en el Banco Amambay, hoy uno de los más grandes de su país. El nombre de la entidad financiera se popularizó fuera de las fronteras de Paraguay al aparecer mencionado en los cables secretos de la Secretaría de Estado de los EE UU difundidos por WikiLeaks a finales de 2010. Allí, los funcionarios diplomáticos estadounidenses mencionaban que para el entonces director de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Hugo Ibarra, el "80% del lavado de dinero en Paraguay se mueve a través del Banco Amambay".
Un segundo cable señalaba que la DEA había logrado infiltrar agentes encubiertos en la empresa de Cartes, "una organización que se cree lava grandes cantidades de la moneda estadounidense (dólar) a través de medios ilegales, incluyendo la venta de narcóticos desde la Triple Frontera a los EE UU". Según un artículo del diario brasileño O`Globo, que siguió la serie de cables filtrados, la DEA cree que "Horacio Cartes comanda una gran lavandería para mafias de varios países, principalmente el Brasil." Uno de los indicios que fundamentan su sospecha es que en marzo del año 2000, la Dirección Nacional de Narcóticos de Paraguay (Dinar) incautó 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína de un avión que aterrizó en la estancia La Esperanza, propiedad de Cartes.
Más allá de su emprendimiento financiero, Cartes alimentó su fortuna de la mano de Tabacalera del Este, una empresa fundada en 1994 y sobre la que pesan varias denuncias de contrabando. De hecho, en marzo de 2012 el candidato colorado a la presidencia reconoció que sus productos llegaban al mercado negro de la Argentina y Brasil.
La incursión de Cartes en la política nacional fue tan sorpresiva como su convicción democrática. Antes de 2009, su única participación como dirigente había sido al frente del Club Libertad, donde ocupó el cargo de presidente entre 2001 y diciembre último, consiguiendo siete títulos de fútbol de primera división para su equipo.
La forma que encontró Cartes para responder a las numerosas denuncias y su deteriorada fama no abunda en argumentos. "Si el 1% de lo que dicen de mí es cierto, no entraría a la política", se defendió ante el diario Última Hora.