En el séptimo día de los bloqueos del Sindicato de Camioneros a los supermercados de Córdoba, cumplido ayer, referentes de organizaciones sociales, dirigentes políticos, intendentes y delegados de 80 municipios y funcionarios nucleados en el kirchnerismo cordobés repudiaron el bloqueo que el Sindicato de Camioneros lleva adelante desde hace una semana en supermercados de Córdoba y denunciaron la “connivencia” entre el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y Hugo Moyano, el titular de la CGT Azopardo y padre de Pablo, titular de los camioneros.
Los firmantes del comunicado aseguraron que Córdoba “continúa a contramano del gobierno nacional” y le pidieron a De la Sota que “intervenga para dar respuesta a los problemas de la provincia” porque “su interés personal no puede estar nunca por sobre el interés del bien común de los cordobeses”.
Entre los que rubrican el texto se destacan el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; los diputados nacionales por Córdoba Fabián Francioni, Carmen Nebreda, Daniel Giacomino, Mónica Gutiérrez y Nora Bedano; y el secretario de Políticas Universitarias de la Nación , Martín Gill; además de las organizaciones que integran el espacio Unidos y Organizados de esa provincia. “Mientras para de la Sota parece que no pasa nada y continúa el bloqueo, a nivel nacional se extendió el acuerdo de precios hasta el 31 de mayo y se lanzó SuperCard con el objetivo de reducir las altas comisiones que cobran las tarjetas de crédito en las compras en supermercados”, agregan en el mismo texto.
En tanto, el titular del gremio de choferes de camiones, Pablo Moyano, ratificó ayer las medidas de fuerza y denunció "presiones" del gobierno nacional sobre las empresas afectadas.
Por au parte, el G-6 cordobés, la principal organización empresaria de la provincia, alertó sobre "las graves consecuencias que trae aparejada la prolongación de un conflicto intersindical y el riesgo inminente de mayor desorden social que se generará con el eventual recrudecimiento de medidas de acción directa".
Por medio de un comunicado las principales organizaciones empresarias de la provincia llamaron a la "prudencia", en tanto que consideraron "imperioso que las autoridades de las diferentes instancias institucionales (administrativas, gubernamentales y judiciales) con competencia directa en este asunto actúen con la mayor celeridad y la mayor responsabilidad posible para encauzar esta disputa y evitar consecuencias más gravosas para toda la sociedad".
El núcleo empresario abogó también por la puesta en vigencia "urgente" de acciones para "encauzar" el cruce de intereses entre los gremios de camioneros y mercantil, según indicó en las líneas del mensaje que firmaron la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de esa provincia, la Cámara Argentina de la Construcción local, la Federación Comercial, la Unión Industrial provincial, y la Cámara de Comercio.
Esa última entidad advirtió en forma paralela por el "agravamiento" de la puja sindical que, especuló, "terminará afectando no sólo a las empresas involucradas, los sindicatos y sus trabajadores, sino también a otras actividades productivas y a los propios consumidores".
La entidad mercantil consideró que los conflictos de encuadramiento "generan asimetrías normativas y contractuales en cada actividad en la que se introducen" al tiempo que rechazó la modalidad de protesta con el argumento de que "terminan cercenando derechos garantizados constitucionalmente como la libertad de circulación y la libertad de trabajo, así como el normal abastecimiento de productos", indicó.
Por su parte, los empresarios supermercadistas sumaron sus críticas a las protestas de los camioneros y confirmaron que siguen los bloqueos a cuatro cadenas en Córdoba capital, con impacto en la provisión de mercancías.
En diálogo con Télam, el gerente de Operaciones de la cadena Cordiez, Darío Brasca, lamentó que "nuestras empresas están amenazadas, porque no tienen posibilidad de abastecer a sus propias filiales, salvo excepciones". El empresario también vaticinó que en los próximos días el problema se agravará porque "al no poder reponer (las mercaderías), se rompe la cadena de abastecimientos en los locales".
El sábado, el Estado provincial presentó una acción de amparo en la Justicia Federal con la que solicitó su intervención para finalizar la protesta de camioneros, que exigen que unos 300 trabajadores encuadrados en Empleados de Comercio, pasen a ser afiliados del gremio que encabezan Hugo y Pablo Moyano. Las cadenas supermercadistas afectadas son Cordiez, Mariano Max, Almacor y Buenos Días. El conflicto se acentuó cuando el Ministerio de Trabajo nacional dispuso que los transportistas que cumplen tareas en los supermercados pertenecen a la actividad comercial.
