miércoles, 24 de abril de 2013

Reforma judicial:el debate en Diputados se extenderá toda la noche

La Cámara de Diputados se encamina a sancionar los proyectos de reforma judicial enviados por el Ejecutivo. Los legisladores, en una sesión que podría durar hasta la madrugada, discuten la reforma al Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado nacional y la creación de tres nuevas cámaras de Casación.

En diálogo con CN23, el diputado Agustín Rossi sostuvo: "Hay una actitud maniqueísta (de la oposición) de poner todo en blanco o negro. El Poder Judicial hizo un plantel más racional que muchos opositores que nos dio ideas para hacer cambios".
"Yoma, Plaini, Blanco y Moyano no son sorpresa, nunca los contamos como votos positivos. La campaña de los 12 diputados fue de neto contenido fascista, el debate lo definimos todos los diputados, no solo 12 personas. Esta campaña no solo intenta mellar en el diputado al que estigmatizan sino que llegan hasta impactar a las familias de los legisladores, esto es criticable y lamento que nadie se haya solidarizado. Esto genera un enorme clima de amenazas. En mi Twitter me llenaron de amenazas", agregó Rossi.


Con 132 diputados en el recinto (tres más que el quórum necesario), el oficialismo inició la sesión a las 12.05. Minutos después comenzaron a bajar los opositores, que aguardaron hasta último momento esperando que el Frente para la Victoria no lograra conseguir el apoyo de sus aliados.

El diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller expresó que el proyecto busca "introducir el principio de legitimidad democrática y popular en uno de los poderes del Estado, aquel que históricamente ha sido más refractario a toda reforma y apertura", a lo que agregó: "Y que, paradójicamente, en un país como el nuestro con rupturas democráticas crónicas, ha demostrado una mayor continuidad".
Señaló también que "los conceptos de autonomía e independencia eran usados como escudo frente a cualquier intento de democratización" de la Justicia, pero que se trata de una autonomía e independencia respecto "de la voluntad popular, pero no de las corporaciones". "No estamos legislando para ninguna coyuntura sino para un largo proceso por venir", manifestó.

La miembro informante del oficialismo, Diana Conti, explicó los principales lineamientos del proyecto de ley que busca modificar la composición y forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. En un fuerte tono, criticó a los legisladores que hablaron de un pacto oscuro entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La Corte era prestigiosa para muchos, sobre todo para una hasta ayer, y en cuatro horas pasó a ser una Corte pactista, espuria y repugnante. En fin, valores de los que dicen sostener la democracia”, lanzó.

Por su parte, Agustín Rossi, aseguró hoy que el oficialismo convertirá en ley los dos proyectos claves de la democratización del Poder Judicial. "Las cautelares se han modificado en senadores, incorporamos la mirada de la Corte. Estamos confiados en conseguir quórum a pesar de la fenomenal campaña de presión que ha recibido una serie de diputados".
Rossi, sobre las acusaciones de Elisa Carrió, afirmó: "No me soprenden las acusaciones de Carrió. Ella está hace muchos años en política y todavía hablamos de sus acusaciones que no tienen fundamentos. Seguro el día previo a la reunión entre la Presidenta y Ricardo Lorenzetti tenía una mirada distinta sobre el presidente de la Corte, y ahora lo descalifica.

También desde el kirchnerismo, el diputado nacional Héctor Recalde, pidió a los jueces que tengan "calma" porque la reforma impulsada por el Gobierno no alterará el mecanismo de destitución de los magistrados en caso de ser aprobada.
"No es cierto que se alteren las mayorías para destituir jueces, porque seguirá rigiendo el Jurado de Enjuciamiento. Señores jueces, calma, no hay en esta modificación nada que altere esa situación", expresó Recalde, que además aseguró que "todos" sus colegas, inclusive los opositores, están de acuerdo en "democratizar el Poder Judicial", y les reclamó "no atemorizar a los jueces" con planteos que no están incluidos en el proyecto oficial.

Por su parte, Margarita Stolbizer aseguró que la reforma "se lleva puesto parte del sistema institucional". La diputada por el GEN sostuvo que la iniciativa "no hará a la justicia más transparente", debido a cómo se planteó el debate.
"No somos un país serio, debatimos las reformas en tan solo horas, y esto en países serios tomaría años de debate. El oficialismo quiere partidizar a la Justicia. rechazo el proyecto por inconstitucional", sentenció Stolbizer.

A su turno, Gustavo Ferrari, diputado por el Peronismo Federal, afirmó que "la voluntad popular no está por encima de la Constitución, (sino que) debe estar limitada por las leyes", ya que "la soberanía popular es circunstancial".
"Si todo es mayoría, no existe posibilidad alguna de que los más débiles sean defendidos. No solo se busca partidizar a los jueces, sino someterlos a la dependencia del Gobierno nacional", expresó y agregó que mientras que "las leyes deben ser el freno de un Gobierno, el objetivo (de la reforma) es controlar al controlante", al Consejo.

En tanto, Graciela Camaño sostuvo: "Le mentimos al pueblo con esta reforma. aca se busca ver quien es el que maneja mejor a la Justicia. Así es cómo está la política argentina, degradada al extremo". En ese mismo sentido, la diputada amenazó: "La sintonía fina viene con música de Wagner. Los que voten a favor de la reforma se van a arrepentir".

Al tomar la palabra, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a denunciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
En ese sentido, Carrió expresó: "Vengo a acusar al presidente de la Corte Suprema por haber celebrado un pacto espurio y entregar a los jueces federales de la Nación. El Gobierno le da la caja y Lorenzetti les da sentencias. No estoy involucrando a la Corte, estoy hablando de Ricardo Lorenzetti y lo tengo por escrito".

Por su parte, el diputado del Peronismo Federal, Eduardo Amadeo, expresó: "Si este proyecto avanza (Leonardo) Fariña podrá comprar champagne francés porque cada vez más será un apéndice de la política. Politización de la justicia es incompatible con el funcionamiento de la democracia". “La corrupción será piedra libre”, agregó.

Jorge Yoma, del Frente Para la Victoria, dijo no compartir "la filosofía de la Presidenta", en tanto que "el Estado no somos todos, no es el interés publico, porque si fuera esa la concepción el Estado también fue la dictadura". En este sentido, señaló que "lo que inspira estos proyectos es el interés del Gobierno y no del Estado, un interés ilegítimo, que viola la Constitución".

Por su parte, la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, expresó: "Para defender los derechos de los más vulnerados necesitamos un poder judicial contra mayoritario".
"Este Gobierno, que sacó el 54 or ciento de los votos, y que plantea contar con el apoyo de amplios sectores sociales ¿no es sorprendido por haber sido casi el único exponente que defiende hoy esta reforma? ¿No les llama la atención?", indicó Donda.
Y agregó: "¿Por qué de forma apresurada plantean llevar, contra viento y marea, adelante esta reforma?".


Además, Federico Pinedo, diputado del PRO, consideró que “es un día muy triste porque no esperábamos que después de haberse recuperado la democracia podríamos estar discutiendo proyectos como este para controlar a los jueces”. “La democracia y el estado de derecho van juntos”, agregó.
En un fuerte rechazo a la iniciativa, Laura Alonso, diputada del PRO, dijo: “Afecta negativamente los derechos humanos de todos los que vivimos y criamos a nuestros hijos. Es la revolución del Estado contra las personas. Hace más débiles a los débiles y más fuerte a los poderosos”.
En esa sintonía, añadió: “Esta reforma es inconstitucional. Escuchamos opiniones de especialistas y de organizaciones no gubernamentales pero no escuchamos las voces de las personas que en este país buscan justicia. No escuchamos las voces de los presos cuyos derechos se violan diariamente”.

En otro orden, el diputado de Unión Peronista Felipe Solá afirmó: “Me pregunto, porqué el apuro, porqué la falta de debate”.

A su vez, el diputado Fernando Pino Solanas sostuvo: "Estamos ante un estado de injusticia. Los ciudadanos y la gente en la calle nos para para decirnos que por favor haya justicia ¿Qué pueden pensar más de la mitad de los argentinos que se llevan 3200 pesos al bolsillo? ¿Los jubilados? ¿Los pueblos originarios? ¿Qué pueden pensar los pueblos fumigados frente a la traición?".
"Los trabajadores quedan desamparados. Hay realmente traición al artículo 114. Querer politizar la elección de los 6 académicos (que forman parte del Consejo de la Magistratura). Es una vergüenza que mancha este Parlamento ¿Qué es lo que está en disputa? Lo que acá está en disputa es la suma del poder público", agregó Solanas.
"La ciudadanía debe rodear esta noche el Congreso", sentenció.


Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino, afirmó que decir que la reforma "es el fin de la República es querer infundir miedos", que nada tienen que ver con la realidad.
Adhirió, además, la crítica de quienes explican que con la aprobación de la ley "los partidos provincial quedan excluidos de presentar candidatos para el Consejo", así como no pueden presentar candidatos presidenciables.

Por su parte, la diputada Patricia Bullrich afirmó: "Lo que se está poniendo en juego son los límites que las leyes tienen en relación con la Constitución. Este proyecto de ley no sólo ignora la Constitución, sino que la suspende. Intenta hacer legal lo que nunca puede ser legal".
Por otro lado, Bullrich comparó la reforma con la época de la dictadura al señalar: "Hay algunos que no entienden lo que es vivir sin estado de derecho. Los que sabemos, no queremos que nunca más la Argentina viva sin estado de derecho".
"Este proyecto lleva a una justicia no sólo dependiente, sino que hace que responda a un modelo político. Lo que hace es generar el peor de los monopolios. Esta ley crea el monopolio de la decisión y del poder político en un solo poder y esto tiene un nombre: el totalitarismo moderno", subrayó la legisladora.

El diputado radical, Ricardo Alfonsín, preguntó: "Qué dirían los argentinos si les preguntásemos ¿qué prefieren? ¿Quieren que el Poder Judicial sea independiente o quieren que dependa del Poder Ejecutivo? ¿Cuál creen que sería la respuesta? No se cómo se atreven a justificar estas iniciativas al invocar la voluntad popular".
"Estas iniciativas retroceden en el tiempo. Estamos volviendo a los años del menemismo. Se empeñan en hacer creer que nada tuvieron que ver con la década de los 90 y sin embargo con estas iniciativas están mostrando la hilacha".
Y agregó: "Estás iniciativas pueden seer aprobadas hoy lamentablemente, pero seguramente no aprobaran el examen del año 2013. La ciudadanía les va a poner un freno".

Por su parte, el legislador por el Frente Amplio Progresista (FAP) Claudio Lozano aseguró que en la reforma que impulsa el Gobierno "no hay control popular sobre el Poder Judicial" sino que se "está planteando control partidario" sobre la Justicia.
El diputado advirtió además que con los cambios que se proponen referidos se está "dilatando la justicia" y "le estamos elevando los años (para lograr sentencia definitiva) a los jubilados, que van a cobrar muertos como lo están haciendo ahora".



Desde el bloque del PRO, Paula Bertol subrayó que el proyecto ingresó al Congreso "hace quince días" y que por lo tanto "el parlamento argentino no está dando un debate reflexivo".
"Esto es un debate actuado, no es un verdadero debate", sentenció y señaló: "Estamos hartos de que nos digan que el gobierno de la mayoría todo lo decide; la Democracia debe respetar a las minorías".

El oficialismo sesiona con quórum propio

La Cámara de Diputados se encamina a sancionar los proyectos de reforma judicial enviados por el Ejecutivo. Los legisladores, en una sesión que podría durar hasta la madrugada, discuten la reforma al Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado nacional y la creación de tres nuevas cámaras de Casación.

Con 132 diputados en el recinto (tres más que el quórum necesario), el oficialismo inició la sesión a las 12.05. Minutos después comenzaron a bajar los opositores, que aguardaron hasta último momento esperando que el Frente para la Victoria no lograra conseguir el apoyo de sus aliados.

La miembro informante del oficialismo, Diana Conti, explicó los principales lineamientos del proyecto de ley que busca modificar la composición y forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. En un fuerte tono, criticó a los legisladores que hablaron de un pacto oscuro entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La Corte era prestigiosa para muchos, sobre todo para una hasta ayer, y en cuatro horas pasó a ser una Corte pactista, espuria y repugnante. En fin, valores de los que dicen sostener la democracia”, lanzó.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la cámara baja,Agustín Rossi, aseguró hoy que el oficialismo convertirá en ley los dos proyectos claves de la democratización del Poder Judicial. "Las cautelares se han modificado en senadores, incorporamos la mirada de la Corte. Estamos confiados en conseguir quórum a pesar de la fenomenal campaña de presión que ha recibido una serie de diputados".

Antes de ingresar al parlamento, Rossi había dicho: "No me soprenden las acusaciones de Carrió. Ella está hace muchos años en política y todavía hablamos de sus acusaciones que no tienen fundamentos. Seguro el día previo a la reunión entre la Presidenta y Ricardo Lorenzetti tenía una mirada distinta sobre el presidente de la Corte, y ahora lo descalifica.






Por su parte, Margarita Stolbizer aseguró que la reforma "se lleva puesto parte del sistema institucional". La diputada por el GEN sostuvo que la iniciativa "no hará a la justicia más transparente", debido a cómo se planteó el debate.

"No somos un país serio, debatimos las reformas en tan solo horas, y esto en países serios tomaría años de debate. El oficialismo quiere partidizar a la Justicia. rechazo el proyecto por inconstitucional", sentenció Stolbizer.

A su turno, Gustavo Ferrari, diputado por el Peronismo Federal, afirmó que "la voluntad popular no está por encima de la Constitución, (sino que) debe estar limitada por las leyes", ya que "la soberanía popular es circunstancial".

"Si todo es mayoría, no existe posibilidad alguna de que los más débiles sean defendidos. No solo se busca partidizar a los jueces, sino someterlos a la dependencia del Gobierno nacional", expresó y agregó que mientras que "las leyes deben ser el freno de un Gobierno, el objetivo (de la reforma) es controlar al controlante", al Consejo.

En tanto, Graciela Camaño sostuvo: "Le mentimos al pueblo con esta reforma. aca se busca ver quien es el que maneja mejor a la Justicia. Así es cómo está la política argentina, degradada al extremo". En ese mismo sentido, la diputada amenazó: "La sintonía fina viene con música de Wagner. Los que voten a favor de la reforma se van a arrepentir".

Al tomar la palabra, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a denunciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

En ese sentido, Carrió expresó: "Vengo a acusar al presidente de la Corte Suprema por haber celebrado un pacto espurio y entregar a los jueces federales de la Nación. El Gobierno le da la caja y Lorenzetti les da sentencias. No estoy involucrando a la Corte, estoy hablando de Ricardo Lorenzetti y lo tengo por escrito".

Por su parte, el diputado del Peronismo Federal, Eduardo Amadeo, expresó: "Si este proyecto avanza (Leonardo) Fariña podrá comprar champagne francés porque cada vez más será un apéndice de la política. Politización de la justicia es incompatible con el funcionamiento de la democracia". “La corrupción será piedra libre”, agregó.

El oficialismo incluyó las sugerencias del máximo tribunal en los proyectos de reforma judicial

Con los cambios que introdujo a los proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura y abrir el “acceso igualitario a la Justicia”, el oficialismo consiguió apaciguar las “preocupaciones” de los jueces, transmitidas a través de la Corte Suprema de Justicia, pero no logró sumar voluntades de la oposición para respaldar las iniciativas con que el Gobierno aspira a “democratizar” el Poder Judicial. El texto que el kirchnerismo llevará hoy al recinto de Diputados sobre el Consejo de la Magistratura propone la ampliación de sus miembros y su elección por el voto popular –como preveía el proyecto original–, pero mantiene el manejo del presupuesto judicial en manos de la Corte, un cambio respecto de la media sanción en el Senado que, de aprobarse en la Cámara baja, forzará un nuevo tratamiento de los senadores para transformar la iniciativa en ley. Lo mismo –pero invirtiendo el orden de las cámaras–- sucederá con el proyecto de acceso igualitario al sistema judicial: ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta prevé modificarlo para que los jueces puedan seguir designando a sus colaboradores inmediatos. El abanico opositor –UCR, PJ disidente, PRO, FAP y CC– mantendrá su rechazo a la modificación del Consejo, porque considera que es “anticonstitucional” y que “partidiza la Justicia”. Igual postura tendrán frente al proyecto que crea nuevas Cámaras de Casación y al que regula las medidas cautelares contra el Estado.

Esa discusión se mantendrá hoy en el recinto, en una sesión que amenaza con prolongarse hasta altas horas de la madrugada del jueves y que hasta podría desdoblarse en dos jornadas. El kirchnerismo y sus aliados cargarán con la conformación del quórum para abrir la sesión especial al mediodía, aunque sin holgura. En el oficialismo están “confiados” en que las modificaciones a los proyectos terminarán de vencer algunas resistencias y que conseguirán la mayoría calificada de la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara (129 diputados) para aprobar la modificación al Consejo de la Magistratura, y aprobar también los otros proyectos.

La oposición también aspira a realizar un buen papel, en el recinto y en las calles. Aunque con diferencias, el grueso del arco opositor esta vez tratará de retener a sus legisladores en sus bancas a la hora de la votación para mostrar a un oficialismo “solo”, enfrentado al resto del cuerpo. Afuera, frente al Congreso, esperan una “importante” convocatoria contra los proyectos del Gobierno, a la que se sumarán columnas de la CGT y la CTA opositoras.

La carta

La misiva que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y su segunda, Elena Highton de Nolasco, le enviaron al presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, motivó una reunión de urgencia el lunes en Casa Rosada: participaron la Presidenta, el secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, y los principales referentes parlamentarios del FpV en la Cámara baja. Allí se gestaron las modificaciones en dos de los seis proyectos que debate el Congreso.

La nota de Lorenzetti, fechada el 18 de abril, reproduce la carta que el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, envió a la Corte para expresar la “preocupación” de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país sobre los proyectos oficiales para democratizar la Justicia. Allí, Hornos define dos ejes centrales de “preocupaciones”. Uno, que se traspasen “las facultades técnico-administrativas” sobre el sistema judicial –hoy en manos de la Corte– a la órbita del Consejo de la Magistratura. Y dos, que se modifique el sistema de selección de empleados que afecta a la “indispensable absoluta confianza entre el magistrado y sus colaboradores”.

Las modificaciones del Ejecutivo fueron en la misma línea que la “preocupación” expresada por jueces y cortesanos. La diputada Diana Conti abrió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara baja leyendo la carta de Lorenzetti. Pero detalló los cambios en el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura después de que culminaron de exponer los invitados –expertos, asociaciones y ONG vinculados con la Justicia–, además del ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Alvarez.

La principal modificación es que se mantiene la elaboración y el control del presupuesto del Poder Judicial en manos de la Corte, mientras que el Consejo de la Magistratura administrará sólo sus propios recursos y ya no los de todo el sistema, como decía el texto original.

Alak y Alvarez defendieron ante los diputados la iniciativa que propone la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El ministro lo hizo en términos políticos. Luego de un repaso histórico sobre las dificultades para afianzar la democracia en el país, Alak sostuvo la necesidad de “retomar la senda democrática en el Poder Judicial”. Frente a “jueces y abogados” que “promueven representación corporativa”, la iniciativa del Gobierno –dijo– apunta a “que sea el pueblo quien elija a los representantes” del Consejo de la Magistratura. “El Poder Judicial no es de los jueces y abogados, es del pueblo, por eso la elección en forma directa” de los consejeros, argumentó.

De aprobarse, el nuevo Consejo tendrá 19 integrantes: 6 por los jueces y abogados, 6 por los académicos y 6 legisladores, además del representante del Ejecutivo. Su elección a través de las listas de partidos en los comicios nacionales se repartirá proporcionalmente entre la mayoría y la primera minoría, según el resultado electoral.

Alak también defendió la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y las reformas introducidas por el Senado para garantizar “la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad”. Agregó que la mayoría de las provincias “tienen su Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde uno de sus capítulos son las cautelares reguladas de una manera especial. Una norma que el gobierno federal no tiene”.

Luego, el ministro sostuvo que las tres nuevas Cámaras de Casación (en los fueros federales Contencioso Administrativo, Civil y Comercial, y Laboral) ayudarán a descomprimir a una “Corte saturada de expedientes, que trata entre 13 y 20 mil al año, mientras la Corte de los Estados Unidos revisa 80 por año”.
Los rechazos
Las modificaciones aceptadas por el oficialismo no cambiaron las posturas de las bancadas opositoras, que en el último tramo del debate se pronunciaron por el rechazo de los tres proyectos que hoy se discutirán en el recinto, tras haber obtenido dictámenes de mayoría en el plenario de comisiones.

El radical Ricardo Gil Lavedra sostuvo que más allá “del súbito cambio de opinión del oficialismo”, los proyectos buscan “dominar a la Corte y al Poder Judicial” y además apuntan a “una partidización completa de la Justicia”. El macrista Pablo Tonelli y el peronista anti K Gustavo Ferrari coincidieron en tildar de “inconstitucionales” las iniciativas del Ejecutivo: “Queremos una Justicia con independencia y una democracia con república”, lanzó como un slogan el denarvaísta. Omar Duklos, del FAP, anticipó el rechazo. Liliana Parada, de la UP-FAP, en cambio, cuestionó al oficialismo “por no ir contra la corporación judicial como había expresado”.

Elisa Carrió, fiel a su estilo, dio espectacularidad a su intervención al denunciar un “pacto espurio entre el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Nación”. “Siempre sospeché de Lorenzetti –dijo–, espero que el resto de la Corte no esté en este pacto.” Carrió lanzó ahí otra denuncia mediática, al sostener que el Gobierno acordó con la Corte cambiar “el dinero (del presupuesto judicial) y el manejo del personal por un fallo favorable en la ley de medios o por rechazar los juicios por el cepo cambiario”. Luego se levantó y se fue, desacostumbrada a permanecer hasta el final de un plenario, en busca de un lugar en los medios.