Chevron intenta criminalizar demanda ecuatoriana.

Puesta contra la pared por el largo rastro de contaminación ambiental que dejó su filial Texaco en la Amazonía ecuatoriana, la transnacional petrolera estadounidense Chevron intenta ahora criminalizar una demanda presentada por los afectados.

La poderosa compañía buscó un terreno favorable para lograr su objetivo, nada más y nada menos que la Corte Federal de Nueva York, e invocó una ley tan controvertida como la RICO, aprobada en 1970 por el Congreso de Estados Unidos para juzgar al crimen organizado y a los mafiosos.

En el juicio que comenzó la víspera en la Gran Manzana, Chevron busca anular una sentencia emitida en 2011 por un tribunal ecuatoriano que la condenó a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares a 30 mil pobladores de la Amazonía por daños ambientales y humanos causados por las malas prácticas extractivas utilizadas por Texaco.

La petrolera alega que ese veredicto es fraudulento, y quiere además que los demandantes, sus abogados y asesores sean procesados bajo la Ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (RICO, por sus siglas en inglés) por tratar de extorsionar a la empresa.

Los indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana no somos delincuentes, no hemos hecho mal a nadie. Chevron fue quien afectó a la madre tierra, a la selva, a la salud de nuestras familias, a la cultura y a las comunidades, ripostó la víspera desde Quito Elías Piaguaje, en representación de los miles de afectados.

En opinión del indígena de la etnia Secoya, es hora de que el mundo se dé cuenta de quién es el verdadero criminal, y por eso llamó a las organizaciones de derechos humanos a seguir el juicio que tiene lugar en Nueva York, el cual calificó de vergonzoso.

Según quedó demostrado en el proceso seguido en Ecuador, Texaco, luego adquirida por Chevron, contaminó casi medio millón de hectáreas en la Amazonía, donde operó desde 1964 hasta 1990, al derramar miles de millones de galones de agua contaminada y residuos de crudo en ríos y arroyos.

Dejó además sin remediar alrededor de mil piscinas o lagunas que más de 20 años después todavía rezuman petróleo y otros desechos, como comprobó el presidente Rafael Correa en septiembre pasado al introducir su mano en uno de esos pantanos.

Con su visita al campo Aguarico 4, el mandatario inició la campaña La mano sucia de Chevron, dirigida a contrarrestar la arremetida de la petrolera contra la Justicia y el Estado ecuatorianos.

Según explicó Correa, como norma, el Estado no se inmiscuye en los juicios entre privados, pero su gobierno, advirtió, no podía quedarse con los brazos cruzados frente a las acusaciones de la transnacional.

Por su parte, y ante la casi completa seguridad de que el juez Lewis Kaplan fallará a favor de Chevron en Nueva York, el abogado de los demandantes Pablo Fajardo recalcó que la eventual sentencia no invalidará el veredicto de la corte ecuatoriana.

Mientras tanto, la campaña La mano sucia de Chevron se extiende por el mundo, y llegó incluso hasta las puertas de la Corte Federal de Nueva York, donde la víspera cientos de personas exigieron justicia para los indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

El primer ministro Británico afirmó que las revelaciones de Snowden vulneraron la seguridad de Inglaterra.

El primer ministro británico David Cameron declaró hoy que las revelaciones hechas por el excolaborador de la CIA Edward Snowden al diario inglés The Guardian vulneraron la seguridad nacional de Inglaterra. 

“El solo hecho de que esto ocurrió perjudicó la seguridad nacional”, dijo Cameron en la tradicional sesión de preguntas y respuestas en la cámara de los comunes del parlamento británico.

Antes, el jefe del servicio de espionaje británico MI5, Andrew Parker reconoció que las publicaciones relacionadas con las actividades de los servicios secretos y las empresas responsables de las comunicaciones en Reino Unido afectaron la seguridad nacional del país.

Entonces, Cameron apoyo las declaraciones de Parker, aunque en sus declaraciones ambos funcionarios evitaron nombrar a Snowden y Guardian.

En respuesta a estas declaraciones, el redactor jefe del rotativo Alan Rusbridger declaro que The Guardian publicó las filtraciones de Snowden porque una de las labores de la prensa es estimular la discusión en la sociedad, y los periodistas deben obtener la información necesaria para lograr ese objetivo.

OTAN prepara las mayores maniobras militares en la frontera de Rusia.

Los preparativos para los mayores ejercicios de la OTAN en los últimos 10 años están en su fase final. Un equipo de 300 efectivos está terminando el despliegue de puntos de control, sistemas de comunicación y bases de campo para los militares.

Las maniobras estratégicas, llamadas Steadfast Jazz 2013, tendrán lugar entre el 2 y el 9 de noviembre. El polígono principal se ubicará en Polonia, en los alrededores de la ciudad de Drawsko Pomorskie. Sin embargo, participarán también Letonia, Lituania y Estonia y una parte de los ejercicios se llevará a cabo en sus respectivos territorios.

Según ha reiterado Moscú en varias ocasiones, el evento "reaviva el espíritu de la Guerra Fría" y daña sus intereses estratégicos. Cabe recordar que los cuatro países tienen una frontera común con Rusia (en caso de Polonia y Lituania, limitan con el enclave ruso de Kaliningrado). La OTAN, a su vez, insiste en que las maniobras no consideran a Rusia como un enemigo potencial e invita a los oficiales rusos a asistir a los ejercicios.

Está previsto que en los simulacros participen un total de 6.000 efectivos de al menos 20 de los 28 países miembros de la Alianza. El objetivo oficial es "probar las posibilidades del mando y control, ademas de la actuación conjunta de la fuerza operativa rápida". Más concretamente, el escenario prevé una respuesta conjunta de los aliados contra una intervención internacional. Una parte de las maniobras estará dedicada a cómo responder a un ciberataque masivo contra los países de la OTAN.

Los ejercicios deben servir para probar la eficacia del plan elaborado por la Alianza a inicios de 2010 para establecer cómo defender sus intereses en Europa del Este. Está previsto que en caso de una agresión armada contra Polonia o los países del Báltico, intervenga la fuerza operativa de la Alianza más otras nueve divisiones de Alemania, Reino Unido y EE.UU., los dos últimos, a través de los puertos nórdicos de Polonia y Alemania. Londres y Washington enviarían también sus buques de guerra.

Reajuste sin precedentes en la cúpula nuclear de EE.UU.

A la expulsión de dos altos cargos militares estadounidenses esta semana se suman una serie de despidos de militares vinculados al programa nuclear realizadas en los últimos meses, un fenómeno muy insólito para las Fuerzas Armadas del país. 

El viernes pasado la Fuerza Aérea anunció el despido del mayor general Michael Carey, responsable de tres alas de misiles balísticos intercontinentales, con un total de 450 misiles repartidos en tres bases por todo el país.

Se aludió a una "pérdida de confianza" en Carey como motivo del despido, pero la razón exacta del mismo no se precisó.

Dos días antes se relevó de su cargo al vicealmirante Tim Giardiana, comandante del Comando Estratégico, que tiene la responsabilidad de supervisar los misiles nucleares en submarinos y bombarderos estratégicos.

Giardina está siendo investigado por haber usado fichas de juego falsas en un casino en Iowa, cerca de donde se encuentra el cuartel general del Comando Estratégico. 

"En la larga historia del programa nuclear de Estados Unidos no era habitual que dimitieran y aún menos habitual que fueran expulsados comandantes de rango tan alto", comentó el portal ruso Politikus.

En agosto el Pentágono relevó de su cargo a un coronel encargado de una unidad nuclear en la base aérea de Malmstrom (Montana).

En junio, tomaron esa misma medida contra un comandante de una base por falta de eficiencia en la realización de pruebas con misiles.

Politikus se pregunta si hay una causa subyacente de estos acontecimientos y si el Gobierno estadounidense intenta de este modo remplazar al personal clave y lograr más influencia entre los máximos responsables de las armas nucleares del país.

Organizaciones entregaron un petirorio de 30 puntos para lograr un Estado al servicio del Pueblo.

El Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires, la CTA bonaerense y otras organizaciones sociales de la región entregaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires,Daniel Scioli, un documento con 30 puntos para terminar con el ajuste y la pobreza y lograr un Estado al servicio de las necesidades del pueblo, en el marco de la última movilización masiva realizada a la Casa de Gobierno.

Las organizaciones exigen y proponen:

1 – Más presupuesto para las políticas públicas en la Provincia de Buenos Aires, en especial para salud, educación, justicia, obra pública y políticas sociales.

2 – La seguridad física, moral, jurídica o social debe construirse a partir de políticas públicas universales que modifiquen la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la desocupación y la precariedad, y garanticen derechos de todas y todos.

3 – Políticas públicas activas tendientes a garantizar los derechos de niñas, niños y jóvenes. Es fundamental el incremento de recursos destinados a la atención integral de la niñez y la adolescencia. Plena aplicación de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de la niñez y la adolescencia.

4 – “El interés superior del niño deberá considerarse principio rector para la asignación de los recursos públicos”. Esto significa que los recursos que la Provincia de Buenos Aires debe poner a disposición de los niños y adolescentes debe ser razonable para que cada niño, niña y adolescente pueda gozar de los bienes económicos, sociales, culturales y políticos, sin discriminación, a fin de que puedan elaborar un proyecto propio en condiciones de libertad y dignidad junto a su familia.

5 – Las políticas públicas sociales deben ser formuladas sobre la base de la universalidad para garantizar un abordaje integral e inclusivo en el territorio, para lo cual es imprescindible la participación de las organizaciones populares. Una política inclusiva, debe pensarse desde la integralidad, tanto desde el lado de los ingresos monetarios como desde el cambio estructural que puede generar por el lado de las oportunidades.

6 – Crear un organismo, en la órbita del Estado, de monitoreo, información y control de las políticas sociales, independiente del Organismo que ejecute cada política, con la participación efectiva de los representantes de los trabajadores ocupados y desocupados y de las organizaciones sociales con anclaje en el territorio bonaerense.

7 – Garantizar el acceso a la salud pública, gratuita, universal y de calidad, potenciando las políticas y la inversión que prioricen la prevención y promoción de la salud a través de un sistema integrado y articulado en todos los niveles, en toda la provincia.

8 – El derecho a la educación pública es responsabilidad indelegable del estado provincial.

9 – El acceso a la cultura es un derecho social, lo que implica desde el estado debe asignarse más presupuesto para desarrollar diversas iniciativas políticas, que produzcan múltiples espacios de participación en las diferentes áreas culturales, para toda la población en todos los distritos y barrios.

10 – Desarrollar políticas específicas para la resolución de las problemáticas, como la violencia, que padecen las mujeres, consecuencias del avasallamiento de sus derechos. Más presupuesto y programas, que incluyan para dicha resolución a las Organizaciones Sociales y sindicales enclavadas en el territorio.

11 – Establecer una Asignación Universal digna para adultos mayores sin cobertura previsional y social. Incorporar el 82% móvil para jubilados y pensionados.

12 – Es necesario encarar un enfoque integral para abordar la problemática habitacional de la provincia. Promover la articulación de los Organismos gubernamentales, con Organizaciones sociales, sindicales, la Universidad, para mejorar y promover los mecanismos de política de acceso al suelo y a las viviendas existentes.

13 – Incrementar los planes de vivienda popular, así como los proyectos que mejoren los accesos a los barrios en toda la provincia, jerarquizando la intervención estatal para garantizar el derecho a una vivienda digna de la población.

14 – La Provincia y los municipios deben generar mecanismos de captación de suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas nuevas. Es necesario que los Municipios y la Provincia, adquieran tierras para generar suelo urbano, destinadas a construcción de viviendas y a generar espacios comunitarios. Además, se lleven adelante programas de regularización dominial para viviendas sobre tierras municipales y provinciales.

15 – Desarrollar una política de expansión del acceso a los servicios esenciales: agua potable, desagües cloacales, electricidad y gas, de forma de garantizar la salud, modificar la calidad de vida y acrecentar el desarrollo integral del pueblo bonaerense, en particular, en las zonas de mayor vulnerabilidad.

16 – Generar proceso democrático e inversión específica para la resolución de las problemáticas ambientales urbanas y rurales, lo cual implica modificar el modelo de desarrollo para evitar extender las alteraciones en el medio ambiente y en los recursos estratégicos. En función de esto la Provincia debe responder por la falta de planificación territorial y de obras públicas para la gestión integral y la prevención y atención de sucesos ambientales que sufren los bonaerenses. Cómo así también la falta de implementación de acciones concretas durante las emergencias.

17 – Priorizar una política alimentaria que, desde la concepción de soberanía alimentaria, aborde la planificación de la producción, el seguimiento y control de la producción alimenticia en función de las necesidades de alimentación y de calidad de vida de la población de la provincia. Que fortalezca los emprendimientos comunitarios, destinando tierras para la producción y comercialización, con mercados comunitarios por barrios, a fin de que se garantice el derecho a la alimentación de calidad, variada y digna de toda la población, en especial de los sectores mas postergados. Como así también, para reactivar la economía social, y transitar un cambio cultural en cuanto a que modelo productivo necesitamos y queremos.

18 – Modelo productivo provincial en función de necesidades de los habitantes de la provincia, que no agreda al medio ambiente y la salud del pueblo. Por un la provincia de Buenos Aires, es la principal provincia del país en cuanto a producción y consumo, donde aporta el 36% del PBI Nacional, siendo la región industrial más importante, produce la mitad de las manufacturas argentinas y la provincia con mayor participación en las exportaciones nacionales; y por el otro estos indicadores se contrarrestan con los índices de pobreza e indigencia y la vulnerabilidad que muchas niñas, niños y adolescentes viven junto a sus familias en la Provincia más rica del país. Esto se explica, en buena parte, en el modelo productivo y desarrollo actual, que responde y se ajusta a las necesidades de un modelo productivo hegemónico a escala mundial que persigue el crecimiento en función de la satisfacción del lucro empresario y que agrede y degrada a la naturaleza y al hombre de múltiples formas. Por lo cual es urgente debatir: ¿Qué producir? ¿Para qué? Y ¿Con quiénes?

19 – Sistema Tributario progresivo, donde paguen los que más ganan y tienen. El sistema tributario actual es regresivo, cíclico y absolutamente injusto. Por un sistema tributario que se sustente en los impuestos sobre el capital y las rentas financieras, y no sobre el salario y el consumo de los alimentos básicos de primera necesidad.

20 – Impulsar y nacionalizar el debate por un Sistema de Coparticipación federal de impuestos, solidario y más justo. Entendemos que estamos en un país federal, donde la coparticipación debe tener un efecto redistributivo y solidario que corrija asimetrías, por eso tenemos que ir a debatir este sistema actual desvirtuado, que no hace más que propender, en la distribución de los fondos, al centralismo , la discrecionalidad y profundización de los condicionamientos estructurales que tienen las Provincias.

21 – Consolidar un marco tributario, legal, financiero y jurídico para las empresas autogestionadas. Y que se generen partidas presupuestarias para el desarrollo y promoción de proyectos de organizaciones de trabajo autogestionado.

22 – La mayor parte dela Industria Naval Nacional se encuentra asentada enla Provinciade Buenos Aires, por ello se debieran fomentar y propugnar políticas públicas para el pleno desarrollo de las potencialidades del Astillero Río Santiago.

23 – Promover la libertad y la democracia sindical en la Provincia de Buenos Aires. Impulsar una nueva Legislación de Organizaciones de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, que promueva la libertad de organizarse, que aborde las diversas realidades del mundo del trabajo, que proteja, fortalezca y aliente la organización sindical.

24 – Generar puestos de trabajo genuino y condiciones dignas para todas y todos los trabajadores, tanto en el sector público como el privado.

25 – Negociaciones colectivas para todas y todos los trabajadores tanto en el Sector Público como el Privado.

26 – Promover el acceso de los jóvenes al trabajo.

27 – Políticas activas para terminar con la precarización laboral en la Provincia de Buenos Aires.

28 – Pisos mínimos de salarios para todas y todos los trabajadores, tomando como base un salario mínimo, vital y móvil acorde a la canasta familiar real.

29 – Nombramiento de personal en el Estado, en especial en las áreas críticas. Para fortalecer el rol del Estado y terminar con la precarización laboral y la tercerización de los servicios en el Estado.Y todas aquellas medidas que aporten a construir un Estado popular al servicio de los bonaerenses que tenga como prioridad excluyente mejorar las condiciones de vida de su pueblo, y en ese contexto dignifiquen y jerarquice la labor de los trabajadores del Estado.

30 – Democratización del IOMA y el IPS, eligiendo a sus directorios a través del voto secreto y directo de sus afiliados.

La integración de América Latina se ve desafiada por el conflicto entre Argentina y Uruguay.

El conflicto entre Argentina y Uruguay por el aumento de producción de una pastera sobre aguas binacionales plantea un serio interrogante respecto de las relaciones que existen en América Latina y los procesos de integración.

No es el único conflicto que existe, sino que hay muchos en América Latina y el Caribe. Algunos tienen una base histórica, por ejemplo el caso de Bolivia y su pedido de una salida al mar a Chile o entre Perú y Chile, por una delimitación marítima de la frontera.

El desafío ahora para los procesos de integración en América Latina es, sí efectivamente, ahora que tienen un marco como Unasur o la CELAC, donde Estados Unidos no interviene, pueden discutir entre ellos y resolver conflictos que hacen a los problemas entre los países.

Niegan la libertad de los activistas detenidos de Greenpeace.

Un tribunal de Murmansk negó la libertad bajo fianza a otros cuatro tripulantes del barco "Arctic Sunrise", protagonista de una protesta de Greenpeace contra las perforaciones petroleras en el Ártico, de la que participaron dos argentinos, que están detenidos.

Se trata del turco Gizem Akhan, el neozelandés Jonathan Beauchamp, el británico Anthony Perret y el francés Francesco Pisanu, que continuarán en centros de detención de la ciudad portuaria en el Ártico.

Con esas negativas, el tribunal local rechazó ya las apelaciones de 15 de los 30 tripulantes detenidos en total por la acción de la organización medioambiental, entre ellos del capitán.

El lunes fue rechazada la libertad bajo fianza de la activista argentina Camila Speziale y mañana jueves se verá el caso de Miguel Hernan Pérez Orsi, el otro tripulante argentino que participó la acción. También está prevista para mañana la vista de apelación de la brasileña Ana Paula Maciel.

En el caso de Beauchamp, el tribunal rechazó aceptar documentos médicos de Australia que muestran que el ingeniero de 51 años sufre una rara enfermedad de corazón y en lugar de ello ordenó un examen médico por parte de Rusia, informó la agencia de noticias DPA.

Greenpeace apeló las detenciones de los 30 miembros de la tripulación del barco y se espera que las vistas duren al menos hasta la próxima semana.

En total 28 miembros de la tripulación del barco y dos periodistas están acusados de piratería y podrían ser condenados a hasta 15 años de cárcel.

China, de camino a convertirse en superpotencia económica.

Los pronósticos positivos para la restauración de la economía china pueden hacerse realidad y permitir al país asiático tomar el camino hacia la conversión en superpotencia económica, según opinan algunos expertos.

Lars Christensen, analista de Danske Bank, especialista en los países en desarrollo y exasesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, indicó en una entrevista al diario francés 'Atlántico' que "en las últimas tres décadas China ha experimentado un crecimiento económico verdaderamente sin precedentes, con tasas de crecimiento del PIB de dos dígitos al año".

Christensen señala que, no obstante, esta tendencia comenzó a declinar en el año 2010, por lo que hoy en día China vive una cierta desaceleración en su desarrollo económico. Sin embargo, las autoridades del país y en particular el Banco Popular reconocen los problemas actuales y tratan de corregir errores que existieron hasta hace poco en la política monetaria del Estado. Asimismo, las actuales predicciones pesimistas sobre la disminución del crecimiento económico en China del 7% al 3% en 2014 no parecen corresponderse con la realidad, destaca Christensen.

Según el analista, pese a los problemas existentes de demografía y el desequilibrio entre las inversiones públicas y el consumo interno, en general la economía china está mostrando índices relativamente positivos. Christensen opina que cuando los funcionarios chinos hablan de los cambios necesarios en este campo, se refieren al reequilibrio de la política en favor del consumo interno, ya que el crecimiento económico de los últimos diez años se alcanzó en gran parte por la política de inversión pública a gran escala, mientras que la proporción del consumo interno en el PIB se encuentra en un nivel bastante bajo.

Las tasas de inflación de China, examinadas por especialistas del Instituto de Tecnología de Massachusetts, demuestran la reciente deceleración del crecimiento económico en el país, aunque, según los investigadores, no se trata de una recesión, sino más bien de la estabilización gradual del desarrollo.

Según publicó el portal China US Focus, se espera que el presidente, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Keqiang, hagan públicas, el próximo mes en el Congreso Nacional del Partido Comunista, las prioridades de China acerca de la reforma de su política económica para la próxima década.

El exsecretario del Tesoro de EE.UU. y expresidente de Goldman Sachs Henry Paulson afirma, citado por el portal, que actualmente las perspectivas para la reestructuración de la economía de China son las mejores desde los años noventa. En particular, estas perspectivas incluyen el aumento del papel del mercado del país asiático, la expansión de oportunidades para empresas pequeñas y medianas, así como la mejora del equilibrio entre el consumo e inversión. Según Paulson, puesto que el crecimiento se sigue deteriorando a nivel global, "revitalizar estas reformas será más importante que nunca para la economía mundial".

No al despido de 150 trabajadores en Molinos Río de La Plata.

La comisión interna y los trabajadores de Molinos Río de La Plata denuncian el vaciamiento de la empresa propiedad de Perez Companc. De esta forma alrededor de 150 trabajadores serían despedidos.

A los medios:

"Somos de la Comisión Interna de la fábrica de Molinos Río de la Plata, planta Barracas.

En la fábrica estamos pasando un momento tenso, en donde 150 familias podemos quedar sin trabajo ya que el dueño de la empresa, Pérez Companc, tomó la decisión de vender la fábrica. Esto nos lo informo la semana pasada (3 de Octubre), sin avisarnos nada a los trabajadores.

En estos momentos no nos dan insumos y ya nos avisaron también que quieren que nos tomemos en la misma fecha vacaciones todos los trabajadores, entendemos por esto que cuando volvamos solo nos vamos a encontrar con que la fábrica está cerrada y nosotros sin trabajo.

Somos 150 familias las que con esta medida podemos quedar desocupados. Esperamos que se haga público este hecho y que nos den una entrevista.

La Comisión Interna de Molinos Río de la Plata planta Barracas, quiere hacer de conocimiento público la situación que estamos viviendo los 150 trabajadores dentro de la empresa de la persona más rica de la Argentina: Pérez Companc.

El jueves 3 de octubre Molinos Río de la Plata oficializó la venta y cierre de la planta donde trabajamos, ubicada en Osvaldo Cruz 3350 (Barracas, CABA) y dio vacaciones a todo el personal del 29 de diciembre al 14 de enero, en una clara maniobra para avanzar con los despidos masivos.

Esta planta es histórica en el barrio de Barracas ya que fue instalada en el año 1910.

Los trabajadores decidimos poner un freno a la impunidad con la que se maneja esta patronal que viene cerrando otras fábricas y nos somete a situaciones humillantes, prohibiendo nuestro derecho a trabajar dignamente.

Así hicieron en las plantas de Avellaneda, San Luis, Romang, Bonafide, Colombo. Casualmente, en hechos de conocimiento público, el mes pasado “se incendiaron” dos plantas de la firma (“Tres Cruces” y un deposito en Avellaneda) dejando a cientos de trabajadores en la calle. Ahora nos toca a nosotros, tras un largo proceso de vaciamiento.

Adentro de la fábrica la empresa nos está dejando sin insumos para trabajar, hay grúas desmontando delante de nuestros propios ojos y no tenemos definición de parte de la empresa de cual será nuestro futuro laboral.

Esta situación es penosa y no se la deseamos a ningún trabajador. Pero estamos unidos y en asamblea definimos dar la lucha en defensa de nuestro trabajo.

Buscamos en la solidaridad popular, en sus organizaciones sociales, sindicales y políticas, el apoyo más amplio a nuestra lucha para fortalecernos y lograr la continuidad laboral de los 150 trabajadores y poner un freno a una de las empresas más poderosas de la Argentina. Saludamos a todos los sectores populares".

ACTA/CTA

Uruguay propuso aumentar los controles sin bajar la producción de la ex Botnia.

El gobierno del país vecino propuso reformar el estatuo del Río Uruguay ante el reclamo del canciller Héctor Timerman. En la carta enviada, el Ejecutivo a cargo de José Mujica defendió el aumento de producción anual de la celulosa de la Planta Orión de UPM y las gestiones de su gobierno.

La misiva fue enviada por el canciller Luis Almagro a par argentino Héctor Timerman. Allí, el gobierno del país vecino defendió la autorización de incremento de la producción anual de celulosa de la Planta Orión de UPM como así también las gestiones que realizó el Ejecutivo uruguayo.

"Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales", sostiene el canciller Almagro, tanto en lo que tiene que ver con el "Estatuto del Río Uruguay", como "con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia", que data de abril de 2010.

Si bien Uruguay manifiesta su crítica hacia el accionar del ejecutivo argentino, el comunicado remarca que "en ningún caso el Gobierno uruguayo renuncia a continuar las negociaciones bilaterales con la República Argentina, por el tiempo que sea necesario, para lograr soluciones mutuamente satisfactorias en torno a las cuestiones de control medioambiental del Río Uruguay que se encuentran planteadas".

"Se agrava la situación en el conflicto de salud a nivel nacional".

El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA), Jorge Yabkowski, explicó que "se agrava la situación en el conflicto de salud a nivel nacional, al entrar ayer en un paro por tiempo indeterminado la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA-FESPROSA) de Santa Cruz, que se suma al paro por tiempo indefinido que realiza la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (APROSCA-FESPROSA), ambas seccionales provinciales del gremio nacional".

"Los trabajadores de la salud decidieron un paro por tiempo indeterminado en el hospital de Caleta Olivia y una medida de fuerza similar en el hospital regional de Río Gallegos", indicó el secretario de Salud Laboral de la CTA.

"Quieren respuesta al reclamo salarial y denuncian desfinanciamiento en sectores hospitalarios: Piden recomposición salarial hace ya más de un año y hay quita de fondos en diferentes sectores de los hospitales públicos de la provincia", señaló Yabkowski.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-FESPROSA), declaró el "estado de alerta y movilización".

Por su parte, en Mendoza (AMPROS-FESPROSA) continúan las asambleas martes y jueves en todos los hospitales y centros de salud, en tanto que en Neuquén (SIPROSAPUNE-FESPROSA) realiza un paro de 48 horas hoy y mañana, con movilización en la capital provincial.

Por otro lado, en Jujuy (APUAP-FESPROSA) los trabajadores realizarán una asamblea este miércoles 16 de octubre, donde evaluarán las propuestas del gobierno y decidirán futuras medidas.

Por último, los trabajadores de Córdoba (UTS-FESPROSA) realizan un paro de 24 horas este jueves 17 de octubre, con concentración en el Polo Sanitario.

Finalmente, desde la FESPROSA se informó que "ante la situación que es de público conocimiento, los trabajadores de San Juan (ASPROSA-FESPROSA) suspendieron las medidas de fuerza planificadas para los próximos días".

ACTA/CTA

Campesinos de Brasil ganan un juicio contra Monsanto.

La Unión Rural Sinop, el sindicato que representa los intereses de los agricultores del estado brasileño de Mato Grosso, ganó un juicio contra Monsanto. La empresa no podrá imponer condiciones a los compradores de las semillas de su soja transgénica.

La sentencia, dictada el sábado, bloqueó el intento de la compañía de obligar a los agricultores a firmar acuerdos restrictivos antes de permitirles adquirir las nuevas semillas genéticamente modificadas de soja Intacta RR2. Estas semillas se postulan como resistentes a las orugas que se han atacado últimamente en los cultivos de muchas zonas del país, causando graves pérdidas de cosecha. 

En el momento de hacer la compra de las semillas 'milagrosas', los campesinos firmaban un contrato que no ofrecía garantía alguna del aumento de la cosecha pero incluía el pago de regalías por parte del comprador, daba a Monsanto el derecho a entrar e inspeccionar la propiedad del agricultor en cualquier momento, afirmaba que la empresa podía subir las tasas de regalías o confiscar una parte de la cosecha y estipulaba que el comprador en ningún momento podía poner un pleito contra la compañía.

Con el mismo acuerdo, el granjero también aceptaba "el derecho de propiedad intelectual sobre las tecnologías agrícolas". Cabe destacar que esta última fórmula contradice la ley brasileña, que protege el derecho de los agricultores a guardar semillas y utilizar o vender productos de su propio cultivo.

Según la justicia de Mato Grosso, Monsanto se aprovecha de su posición favorable en el mercado como único proveedor de Intacta RR2 para obligar a los granjeros a "cumplir unas cláusulas que son excesivas, si no ilegales". A partir de ahora, la compañía tendrá que pagar una multa de 400.000 dólares cada vez que no cumpla con la sentencia, vigente en todo el territorio del estado de Mato Grosso, y emprenda un nuevo intento de promover este tipo de acuerdos.

El Senado de EE.UU. acuerda poner fin al cierre del Gobierno federal.

Los líderes del Senado de EE.UU. alcanzaron un acuerdo para evitar el impago de deuda y poner fin al cierre del Gobierno federal.

Kelly Ayotte, el senador republicano para New Hampshire, dijo a AP que los líderes de su Cámara llegaron a un acuerdo que pondría fin al cierre, que dura ya más de dos semanas, y elevaría el techo de la deuda, a menos de 24 horas de que se alcance el límite. Se trata de una medida provisional que se extenderá hasta el 15 de enero del próximo año. 

El líder demócrata del Senado de EE.UU., Harry Reid, confirmó el compromiso presupuestario bipartidista alcanzado por la Cámara.

El nuevo plan debería prolongar el límite de la deuda federal hasta el 7 de febrero y mantener el Gobierno abierto y proporcionar su financiación hasta el 15 de enero, dando tiempo a que el Congreso inicie un debate sobre el gasto y reducción del déficit.

A su vez, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes acordaron celebrar una votación sobre el proyecto de ley que permitirá aprobar el presupuesto federal y elevar el techo de deuda de cerca de 17 trillones de dólares, evitando la posibilidad de un impago técnico.

El plan de salida de la crisis fiscal debe ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso. Después, el documento debe ser firmado por el presidente de EE.UU. Para realizar todos estos procedimientos la administración de Barack Obama y el Parlamento cuentan con menos de un día o, en caso contrario, el próximo jueves el Gobierno del país tendrá que afrontar un impago técnico por primera vez en su historia.

Macartismo explícito en La Plata: Policias bonaerenses denunciados por golpear a militante de la Juventud Guevarista por "zurdito".

Un militante de la juventud guevarista de La Plata fue golpeado por policías, mientras le gritaban “zurdito de mierda”. El compañero tenia la remera de su organización y radico la denuncia en la fiscalía Nº 3. Denuncian este hecho como parte del accionar permanente que sufren los jóvenes de toda la provincia de Buenos aires.

Siempre con el palito para abollar ideologías.

"Transcribimos:
POLICÍAS GOLPEAN A MILITANTE DE LA JUVENTUD GUEVARISTA POR "ZURDITO"
El lunes 14 de Octubre siendo aproximadamente las 20:45Hs, Santiago, militante de la Juventud Guevarista, volvía a su casa luego de jugar al fútbol con amigos en un club de 1 y 60, cuando nota que dos policías lo comienzan a seguir desde 1 y 61. Luego de 4 cuadras los policías lo advierten diciéndole “Eh flaquito, pará y dame el documento”, a lo que les responde que venía de jugar a la pelota y solo tenía el celular y las llaves de su casa; sin mediar más palabra uno de los policías lo golpea de manera repentina en la cara mientras que el otro acotaba “zurdito de mierda”. Cabe aclarar que el compañero, estudiante de arquitectura, se encontraba con la remera de la Juventud Guevarista.
Luego de 2 golpes más en el rostro, que le provocaron sendos cortes y lesiones, el compañero sale corriendo y se refugia en su domicilio. Pasados 20 minutos sale en su vehículo de la casa y se encuentra con que los policías continuaban parados en 1 y 65.
En la mañana del martes 15, el compañero agredido realizó la denuncia en la Fiscalía General Número 3 del Departamento judicial de La Plata, desde donde se debería efectuarse la correspondiente investigación.
Desde la Juventud Guevarista y la agrupación estudiantil Agite de la facultad de Arquitectura, decidimos hacer pública esta denuncia y repudiamos las agresiones sufridas por el compañero, ya que entendemos que no se trata de un hecho aislado de abuso de autoridad y violencia por parte de los efectivos de la Policía Bonaerense, sino que se enmarca dentro del accionar con que la fuerza que el gobernador Scioli pretende multiplicar mes a mes, suele desempeñarse comúnmente en toda la provincia, durante todo el año.
Esta conducta policial muestra la realidad de una fuerza que según el oficialismo con sus “mega operativos” y cámaras de vigilancia, como gran parte de la oposición y los medios con sus propuestas y demandas, puede solucionar los problemas de seguridad de la mayoría de la sociedad.
La agresión a nuestro compañero es mínima si se compara con los casos de gatillo fácil y abuso a los pibes y pibas de los barrios, pero hace explícita la violencia a la vuelta de la esquina, con total impunidad y libertad de acción, poniendo en riesgo la integridad física de cualquier joven o niño que transite las calles de la ciudad (en este caso de La Plata) y que ellos consideren que “parece peligroso”, por su forma de andar, vestir o pensar."

AW 

Mar del Plata: Más de 2.000 personas festejaron los 70 años del sindicato Luz y Fuerza.

El gremio que encabeza el secretario General José Rigane organizó una megafiesta en Villa Marista en el marco de un nuevo aniversario. “Tenemos que participar para poder transformar esta situación que estamos viviendo”, dijo sobre el actual momento energético nacional y mundial.

El sindicato marplatense Luz y Fuerza celebró este domingo sus 70 años de vida con una megafiesta que reunió a distintas personalidades del sindicalismo, con el secretario General José Rigane, sumados referentes políticos e invitados especiales. En Villa Marista, más de 2.000 personas no quisieron perderse un festejo que incluyó innumerables premios.

En ese marco, Rigane expuso, alegría mediante, que “este nuevo aniversario nos encuentra con las mismas ganas de siempre. Con la impronta de buscar las transformaciones necesarias para que los trabajadores y los sectores populares estén cada vez mejor”.

Acto seguido, el también Secretario Adjunto de la CTA nacional enfatizó y explicó que “la energía es un tema que se instaló mundialmente. Es un tema estratégico que, a futuro, impondrá condiciones. Vivir con dignidad o no tener esa posibilidad. Porque, si no hay energía, volvemos a las cavernas”.

Justamente, ese fue uno de los temas trascendentes en el encuentro internacional que tuvo lugar el sábado en la sede del mencionado sindicato. “Vamos comprendiendo y comprobando que no alcanza con saber, encontrarse ni tener razón. El sistema capitalista está en crisis pero, es tan perverso, es capaz de llevarse por delante a la humanidad en su decisión de obtener, por algunos sectores minoritarios, mayor ganancia. Entonces, tenemos que participar para poder transformar esta situación que estamos viviendo”, dijo.

En términos locales, expuso que “seguiremos luchando contra los trabajadores tercerizados”, con EDEA en el ojo de la tormenta, porque “es una empresa multinacional, cuyos objetivos no tienen nada que ver con la energía como bien social. Ellos están detrás de las ganancias”.

En la fiesta, se hicieron presentes, entre otros, el ingeniero José Luis Ovcak en representación del Intendente Pulti, los dirigentes Antonio Goulart (FISENGE-Brasil), Mario Oyarzuru (Sindicato Chiliquinta–Chile), David Mauricio Gómez y Rodolfo Vecino Acevedo (USO–Colombia), Freddy Núñez y Tony León (Sintramenpet–Venezuela), Diego Tomas y Heber Almberto Marrero (ATUSG–Salto Grande; Uruguay), Ángel Figueroa Jaramillo (UTIER– Puerto Rico), Agustín Arbor (FETERA), Hugo Palamidessi (MORENO), Gabriel Martínez (FETERA), Ángel D’Amico (CTA), estos últimos de Argentina.

También concurrieron la candidata a concejal radical Vilma Baragiola y su par Maximiliano Abad, el hijo de Agustín Tosco, Héctor Tosco, uno de los pilares del sindicalismo argentino, entre otros.

ACTA/CTA

Pueblos Originarios: Poca tierra y mucha injusticia.

Indígenas y campesinos, intentos de desalojos, violencia empresaria e inacción gubernamental. Nueve millones de hectáreas en disputa, la tierra en pocas manos y los derechos humanos que no llegan a la Argentina profunda. Intento de desalojo en Palma Sola (Jujuy) y resistencia campesina en Pozo Azul (Misiones). Violencia en el paraje Aloma Bajada (Santiago del Estero) y el Pueblo Mapuche de pie frente a las petroleras.

La lucha en la Argentina rural crece al mismo tiempo que avanza el modelo extractivo (agronegocios, minería, petróleo). Según datos oficiales, al menos nueve millones de hectáreas están en disputa y la tierra se concentra en pocas manos: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes controla el 78 por ciento de la tierra. Amnistía Internacional denuncia que los pueblos originarios son “víctimas de la discriminación y la violencia” y acusa de “inacción” a los gobiernos provinciales y Nacional.

Palma Sola está ubicada en el extremo sureste de Jujuy, a 160 kilómetros de la capital provincial. La familia Mamani habita el paraje rural desde hace 90 años. Pero en 2009 la empresa sojera CRAM llegó hasta el lugar y pretendió desmontar. Comenzó un proceso de resistencia territorial y, vía amparo judicial, se frenó el desmonte. “Se demostró la irregularidad en el procedimiento de aprobación de los desmontes”, denunció la Organización Tierra Fértil (donde participan las familias amenazadas por CRAM).

En paralelo, la familia Mamani inició un juicio para obtener el título de sus tierras. “Como casi todos los juicios que son iniciados por las familias campesinas, éste tambien se perdió, por ’falta de prueba’”, señaló la organización, y alertó que el abogado y apoderado de la empresa, Horacio Macedo Moresi, impulsa el remate de las tierras campesinas para cobrar sus “honorarios” (300 mil pesos).

“Este hecho se suma a una seguidilla de atropellos que sufren cotidianamente las familias campesinas indígenas por defender sus territorios de la concentración de grupos empresarios vinculados al poder político-judicial local”, acusó Tierra Fértil, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).

En Misiones, la jueza Hebe Toledo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Eldorado, ordenó a inicios de agosto el desalojo de 70 familias campesinas en el Paraje Pozo Azul (ruta provincial 20, norte provincial). Aún no se ejecutó la sentencia porque en la provincia está vigente una ley de suspensión de desalojos (hasta mayo de 2014). Dentro de nueve meses, y de no mediar una decisión política, las 70 familias serán echadas de esa tierra.

En Santiago del Estero, en el paraje de Oloma Bajada (comunidad campesina indígena en el departamento de Sarmiento, centro de la provincia), entre el 29 de julio y 6 se agosto llegaron topadoras y una cuadrilla de empleados de un supuestos “comprador” de Santa Fe. Las familias campesinas Loto y Rojas denunciaron la “invasión” a sus campos, donde viven desde hace 70 años. E incluso tienen la escritura que los confirma como propietarios.

“Se sucedieron hechos que lamentablemente reflejan lo que a diario se vive en la Provincia y que aparece como noticia recién cuando se llega al extremo doloroso de llorar la pérdida de compañeros que entregan su vida en defensa de la tierra”, alertó la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina) y denunció que las familias rurales fueron denunciadas por el “crimen” de resistir en sus territorios.

A cien kilómetros de Neuquén capital, la comunidad mapuche Campo Maripe defiende el territorios ancestral ahora rebautizado por las empresas petroleras como “Vaca Muerta”, donde ya opera YPF y dio la bienvenida a la estadounidense Chevron. Planifican extraer petróleo con el cuestionado método de “fracking” (o fractura hidráulica”).

La legislación vigente en la Argentina insta a la “consulta libre, previa e informada” a los pueblos indígenas en las acciones que pudieran afectarlos. Por la explotación petrolera en Vaca Muerta, ni el Estado nacional ni el provincial consultaron a las comunidades mapuches.

Situación nacional

La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación publicó en julio pasado el primer relevamiento oficial sobre conflictividad rural. Señaló un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa, 857 casos, que afectan a 63.843 familias. La superficie equivale a 455 veces la ciudad de Buenos Aires.

El 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, señala el estudio “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

El conteo de casos tiene su limitación, aclarado por los mismos autores, fue realizado durante sólo tres meses (de abril a junio de 2011), por lo cual está lejos de ser un mapa completo de la lucha por la tierra rural en Argentina.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre 1 y 9 años. El 20,9 por ciento entre 10 y 19 años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho. De los 857 casos relevados, 278 involucra a pueblos indígenas (32 por ciento).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo oficial señala que en la mitad de los conflictos las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos y afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un espacio interdisciplinario donde confluyen quince organizaciones que trabajan en el Norte de la Argentina. Desde hace cuatro años releva los conflictos de tierra y ambientales que suceden en la región conocida como “chaco argentino” (Formosa, Santiago del Estero, Chaco, este de Salta, norte de Santa Fe y Córdoba).

En marzo de 2013 publicó su tercer informe. Llamado “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevó 248 disputas territoriales (214 de tierras, 24 ambiente y diez mixtos). Afecta a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. Santiago del Estero es la provincia con mayor cantidad de conflictos (123), le siguen Chaco (50), Formosa (38) y Salta (18). La Redaf analiza también por separado los conflictos de tierras y los ambientales. Por disputas de sólo tierras,están afectadas 127.886 personas. “La población aborigen es la que tiene mayor cantidad de personas afectadas por los conflictos de tierra (54 por ciento)”, específica el trabajo y advierte que “el 24 por ciento de las personas afectadas soporta amenazas o ya fue desalojada de sus tierras”. De las 11,8 millones de hectáreas, 2.791.302 hectáreas se ven afectadas por conflictos de tierra, y 10.702.878 por conflictos ambientales. “De los 248 casos relevados, 224 se producen por alguna acción que quebranta los derechos de campesinos y aborígenes con relación a la tenencia de la tierra”, afirma y, como dato alentador, en el 98 por ciento de los casos existe protagonismo de los propios afectados, comunidades de base o distintas organizaciones sociales. La contraparte en los conflictos es en el 70 por ciento de los casos el sector privado y en el 30 por ciento el Estado (municipal, provincial o nacional). “Las familias responsabilizan al Estado por no otorgar los títulos de propiedad que les corresponde; no defenderlos durante los actos de usurpación en lotes de poseedores en tierras fiscales; no facilitar el acceso a campesinos sin tierra”, asegura el informe extenso informe de la Redaf.

La mayoría de los conflictos relevados (ocho de cada diez) se iniciaron a partir del año 2000. “Coincidiendo con el impulso del modelo agroexportador y la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, señala en las conclusiones y recuerda que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “EL PEA exige la incorporación de nuevas superficies a la producción agroindustrial y al no mencionar a la región chaqueña como área boscosa con valor ecológico, todo indica que la frontera agropecuaria se seguirá expandiendo en esta región y por consiguiente se iniciarán nuevos conflictos en los próximos años”, alerta.

Redaf explica que la conflictividad tiene directa relación con la diferente forma de entender el territorio y la vida. Para campesinos e indígenas se trata “de una lucha por seguir existiendo como tales, por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de expresarse, de relacionarse con las personas y la naturaleza, de vivir y permanecer”. La tierra es fundamental para su vida, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad. Para el sector privado (empresarios y productores capitalizados) y el Estado, “lo que está en juego es la imposición de una forma de producción basada en el agronegocio en gran escala, destinado sobre todo a la exportación”. Priorizan el aumento de ganancias y las retenciones en el corto plazo. El tercer informe de conflictos de la Redaf finaliza: “Para los privados y el Estado la tierra representa un bien económico necesario para producir con rentabilidad, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.

ACTA/CTA