El canciller Héctor Timerman anunció ayer que la Argentina volverá a recurrir a la Corte de La Haya por considerar que la decisión de Uruguay de concederle a la pastera UPM (ex Botnia) incrementar su producción en la planta ubicada sobre el río Uruguay "afecta a la soberanía ambiental y viola tratados entre ambas naciones". Además, presentó parte del informe de los científicos argentinos que detalla distintas infracciones a los niveles de contaminación tolerados y anunció que la semana que viene, cuando se conozca el estudio completo, el gobierno presentará las denuncias pertinentes en la Comisión Administradora del Río Uruguay. En la misma conferencia de prensa, aunque menos diplomático, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, hizo una evaluación política al considerar que la decisión del país vecino ponía en peligro "una relación histórica".
Los diarios uruguayos lo habían anticipado el martes a la noche, pero la noticia recién se confirmó de manera oficial ayer a la tarde. Desde su despacho en la casa de gobierno, el presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica anunció que autorizará a UPM a producir otras 100 mil toneladas, a pesar de haber abierto un espacio de diálogo con la Argentina y ante el estado de alerta de los asambleístas de Gualeguaychú. "Me duele mucho, esto puede crear tensiones y malentendidos, pero nadie va a separar de mi corazón el sentimiento hacia el pueblo argentino", expresó Mujica y justificó la medida en la necesidad de "cuidar el trabajo de los uruguayos". Sostuvo que la medida "tiene carácter provisorio" –aunque no aclaró a qué tiempos se refería– y aseguró que en la negociación que mantuvo con la empresa puso como condición que se construya una torre de enfriamiento para efluentes a menos de 30 grados. "Desde el punto de vista jurídico Uruguay está procediendo de forma correcta, por lo que no merece ninguna objeción", dijo al evaluar la repercusión que la medida tendría en la Argentina. Al finalizar el anuncio, el mandatario uruguayo hizo una definición política que agitó a la diplomacia y al gobierno del otro lado del río: "Me siento federal y artiguista pero estoy en Uruguay y debo cuidar el trabajo de los uruguayos."
El espacio de negociación que abrieron la presidenta Cristina Fernández y Mujica el lunes, tras compartir la inauguración del buque Francisco de Buquebus, quedó desdibujado. Tampoco sumó el encuentro que mantuvieron los cancilleres de ambos países el martes en Buenos Aires donde pactaron un encuentro en Montevideo que nunca llegó a concretarse. Tras conocerse la decisión uruguaya, la presidenta instruyó a la cancillería para anunciar que el país recurrirá a la Corte Internacional de La Haya.
"La Argentina lamenta que los intereses de la empresa Botnia sean tan poderosos que se hayan convertido en un factor determinante en la relación entre Uruguay y la Argentina", aseguró ayer Timerman. A un costado, lo escuchaba el gobernador Urribarri. Precisó que la resolución del gobierno del país vecino viola los tratados entre ambas naciones, la soberanía ambiental argentina y la sentencia de la Corte Internacional de La Haya y por ello se resolvió recurrir a ese organismo internacional. Después, analizó los motivos por los cuales el gobierno cree que Uruguay precipitó la decisión y denunció un "accionar extorsivo" de UPM: "La empresa aumentó el ritmo de producción para concluir con el máximo anual permitido en agosto en vez de hacerlo en octubre como lo hace desde su inauguración, dejando así a miles de obreros sin trabajo y forzando una decisión no permitida por los acuerdos entre los dos países y el fallo internacional, lo que constituiría un accionar extorsivo al que algunos parecen haberse sometido."
Luego de que Uruguay rompiera el diálogo unilateralmente, el gobierno nacional se consideró ayer liberado de dar a conocer los informes científicos que evalúan la contaminación de la pastera conjuntamente. Con una serie de filminas, el canciller mostró distintos tipos de violaciones a los standares de contaminación y prometió dar a conocer el resto del estudio en los próximos días y denunciar los incumplimientos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El dato más alarmante que se desprende del informe es que UPM arroja efluentes a 32 grados de temperatura, cuando la temperatura del río no debería superar el promedio de 20 grados. Timerman también señaló que de las 21 preguntas formuladas por la Argentina solicitando información para analizar el pedido de aumento de la producción, Uruguay contestó en forma incompleta o no contestó once preguntas. Urribarri fue el encargado de hacer la evaluación política. Definió la resolución del gobierno uruguayo como "inaceptable, ofensiva, inentendible". "No entendemos, no entendemos", repitió varias veces y, visiblemente molesto, dijo sentirse "dolido". Dedicó un párrafo de su exposición a responderle a Mujica, quien horas antes se había definido como artiguista. "Yo también soy federal y artiguista. Hay dos frases que son las más importantes que recuerdo de Artigas y que quizás en este contexto, en esta coyuntura cobren valor. 'No voy a entregar el rico patrimonio de mis paisanos al vil precio de la necesidad' y él también decía: 'Mi patria es toda América unida'". "No entendemos por qué el gobierno uruguayo pone en riesgo una relación histórica y fraternal, mucho menos teniendo en cuenta la crisis que atravesamos por esta misma pastera", introdujo Urribarri.
