jueves, 8 de agosto de 2013

Santos alerta que partidarios de Uribe pretenden enemistarlo con países vecinos.



La acusación se produjo luego de una supuesta inconformidad por parte del exmandatario colombiano, Álvaro Uribe, con respecto a la actitud pasiva del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ante las denuncias de magnicidio hechas por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, alertó este jueves que partidarios del exmandatario de esa nación, Álvaro Uribe, pretenden enemistarlo con sus homólogos de Venezuela, Nicolás Maduro y de Ecuador, Rafael Correa.

La acusación se produjo en vista de una supuesta inconformidad por parte del exmandatario colombiano, Álvaro Uribe, con respecto a la actitud pasiva de Santos ante las recientes denuncias hechas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la planificación de un presunto homicidio hacia su persona organizado por Uribe y sus aliados.

En este sentido, Santos manifestó a través de una entrevista a una radio privada del país, que no cree que su sucesor, Álvaro Uribe, esté implicado en un complot para quitarle la vida a Maduro; y acotó que no le corresponde a él “salir a decir todos los días que eso no es cierto”.

Agregó que "lo que quieren los amigos del presidente Uribe es que yo salga todos los días a ver cómo me vuelvo a enemistar con Maduro, con Correa y cómo volvemos otra vez esta región un incendio en lugar de tenerla en una situación de relaciones cordiales".

El jefe de Estado colombiano aseguró, que el pasado 23 de julio durante la reunión que mantuvo en Puerto Ayacucho con Maduro, aprovecharon para comentar sobre este asunto en particular.

"Si hay algún indicio sobre eso que me lo haga llegar, como se lo dije además en privado (a Maduro): si hay un indicio yo lo hago investigar, y si hay algo de eso tenga la seguridad de que actuamos, pero no creo que eso sea cierto, no tiene ninguna trascendencia. Me parece que es totalmente inapropiado que el Presidente salga todos los días a refutar ese tipo de acusaciones", subrayó.

Santos y Maduro dieron un nuevo impulso a las relaciones bilaterales en Puerto Ayacucho (sur), tras dar por superada la crisis que provocó una reunión del presidente colombiano con el opositor venezolano Henrique Capriles.

"Rusia no tiene obligación legal, política o moral de entregar a Snowden a EE.UU."




La decisión de Rusia de otorgarle asilo político al extécnico de la CIA Edward Snowden es impecable desde el punto de vista legal, político y moral, según afirmó el experto en derecho internacional Richard Falk.

Se ignora por completo que la decisión de Rusia de otorgar asilo temporal a Snowden fue absolutamente conforme al nivel normal de la protección que se debe dar a cualquier persona acusada de crímenes políticos no violentos en un país extranjero, y perseguida diplomática y legalmente por el Gobierno que intenta acusar y procesarla", resaltó Falk, quien es profesor emérito de la Universidad Princeton.

El analista, citado por el portal de la cadena Al Jazeera, acentuó que el espionaje, el principal cargo contra Snowden, es la quintaesencia del "delito político" en el derecho internacional, y como tal es habitualmente excluido de cualquier lista de delitos que suponen extradiciones.

Se ignora por completo que la decisión de Rusia de otorgar asilo temporal a Snowden fue absolutamente conforme al nivel normal de la protección que se debe dar a cualquier persona acusada de crímenes políticos no violentos en un país extranjero, y perseguida diplomática y legalmente por el Gobierno que intenta acusar y procesarla
"Es decir, incluso si hubiera un tratado de extradición entre Estados Unidos y Rusia, se debería haber dejado clara la ausencia de una obligación legal por parte de Rusia para entregar a Snowden a las autoridades estadounidenses, ni deber moral o político, en particular en las circunstancias de controversias sobre Snowden", comentó.

El experto notó que el presidente ruso Vladímir Putin actuó con deferencia excepcional hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta la naturaleza de la información filtrada por Snowden.

Putin afirmó que no quería que el incidente dañara las relaciones entre ambos países e "incluso condicionó el asilo de Snowden con la promesa de abstenerse de cualquier nueva revelación que perjudicara los intereses estadounidenses".

Criticando las reacciones emocionales de los políticos estadounidenses a la decisión rusa –que incluyen la cancelación de reuniones y llamadas a medidas de respuesta políticas–, Falk se preguntó cómo actuaría EE.UU. si se tratara de un exagente ruso que reveló la existencia de un programa secreto de vigilancia digital apuntada tanto a los ciudadanos rusos como a los extranjeros, incluidos los estadounidenses.

"La indignación por tales revelaciones y la gratitud otorgada al 'Snowden' ruso no tendría límites", concluyó el analista.



Juez chileno pedirá informes a Argentina sobre hijo de desaparecido.

Un juez chileno solicitará a la justicia argentina toda la información referida al caso de Pablo Germán Athanasiu Lascham, identificado en el vecino país como uno de los niños secuestrados durante la Operación Cóndor.

El anuncio lo realizó el juez Mario Carroza, quien investiga violaciones a los derechos humanos realizadas como parte de esa operación por dictaduras del cono sur latinoamericano.

"Está considerado que efectivamente los padres del niño que apareció en Argentina, están en el expediente de Operación Cóndor y hay una vinculación directa con los fiscales que están llevando el caso Operación Cóndor en Argentina, ya que hay un trabajo vinculado entre ambos procesos", comentó el letrado.

Carroza estimó que lo normal sería que las autoridades argentinas entreguen toda la información disponible, porque existe retroalimentación en el tema.

Este miércoles, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo formalizó la restitución del nieto 109, Germán Athanasiu Laschan, un hombre de 38 años cuyos padres fueron desaparecidos en 1976, y él fue apropiado por un matrimonio que mantuvo estrechos lazos con la dictadura militar.

El sujeto que se adueñó del bebé, con cinco meses al momento del secuestro, está detenido por una causa que se tramita en Rosario como imputado de tener vinculaciones con un grupo de tarea dedicado a secuestros y asesinatos, pero su identidad aún no fue revelada.

Germán Athanasiu, renombrado como Pablo Germán por sus captores, fue secuestrado junto a sus padres (Ángel Athanasiu Jara y Frida Laschan Mellado) el 15 de abril de 1976 en una operación parte de la Operación Cóndor, realizada por fuerzas de seguridad en el hotel en el que vivían en la ciudad de Buenos Aires.

La nación más próspera del futuro... las Islas Cook.



Las Islas Cook emplearán robots diseñados para misiones bélicas y de espionaje en aguas profundas para explorar las riquezas minerales del Pacífico. Así pretenden convertirse en uno de los países más prósperos del mundo dentro de una década.


Unas nuevas pruebas geológicas llevadas a cabo por el Colegio Imperial de Londres estiman que en el fondo del océano de las Islas Cook, que constituye una zona económica exclusiva, se encuentran unos 10.000 millones de toneladas de nódulos polimetálicos. Esas formaciones esféricas, de dimensiones que varían entre el tamaño de una patata y el de una mesa, contienen entre un 15% y un 35% de manganeso mezclado con hierro, calcio, cobre, níquel, cobalto y metales raros, útiles para la electrónica.

El ministro de Finanzas de este país insular, Mark Brown, calculó que los minerales submarinos podrían hacer multiplicar por cien el producto interno básico. "La evaluación de los recursos que yacen en el fondo marino nos hace pensar que estos podrían transformar nuestra economía enormemente", dijo al periódico británico 'The Guardian'.

El funcionario cree que su país empezará a extraer los recursos polimetálicos dentro de aproximadamente cinco años. Primeramente se necesitará contratar a una o varias operadoras y adoptar las tecnologías existentes para poder subir los nódulos a la superficie sin dañar el medio ambiente. Brown llegó al Reino Unido para "conocer a los nuevos protagonistas" de la industria de la minería submarina, y cree que en un futuro concurso para obtener las concesiones de extracción podrán participar también empresas de Corea del Sur, China, Japón y Noruega.

La idea de emplear robots espías submarinos se le ocurrió al ministro, ya que en otras ocasiones estos dispositivos se han utilizado en proyectos petroleros de gran profundidad. El Gobierno de las Islas Cook descartó, por el elevado daño ambiental que supone, el uso de dragas, que los geólogos actualmente consideran el único método existente para extraer del mar los nódulos a escala industrial.

Según datos de la ONU, las Islas Cook cuentan con un población de 14.000 habitantes, cuyo ingreso anual per cápita es de 12.200 dólares, provenientes mayoritariamente del turismo. Este índice se sitúa muy por debajo de los 50.000 dólares del ingreso per cápita de un estadounidense o de los 40.000 dólares de un súbdito británico, y aumentarlo es uno de los objetivos del ministro Brown. "Pasaremos de ser una nación en vías de desarrollo a ser una nación desarrollada", aseguró a los periodistas.

Las islas Cook son un archipiélago situado en el Pacífico Sur, entre Hawái y Nueva Zelanda. Constituyen una entidad política independiente, aunque se encuentra en libre asociación con Nueva Zelanda. La zona económica exclusiva del país ocupa más de 1.800.000 kilómetros cuadrados de océano.




Precios internacionales de alimentos registran tercer mes de descenso.

La FAO informó hoy que su índice de precios de los alimentos en el orbe bajó en julio por tercer mes consecutivo, sobre todo por valores inferiores de los cereales, la soja y el aceite de palma.


El indicador se situó en promedio en 205,9 puntos, cuatro puntos por debajo de la cifra revisada en junio y siete menos que en igual período de 2012, detalló la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El azúcar, la carne y los productos lácteos también descendieron con respecto al mes anterior.

La entidad explicó que la fuerte caída del valor de los cereales reflejó la disminución del maíz, ya que la meteorología favorable alimentó las esperanzas de un notable aumento en los resultados de varios de los principales países productores.

En el caso de los aceites y las grasas, el retroceso se debió a menores cotizaciones de los aceites de soja y de palma. Los de soja cedieron en respuesta a la gran disponibilidad de exportaciones, especialmente en Argentina, unida a una débil demanda y a buenas perspectivas de las cosechas de soja en Estados Unidos.

La FAO puntualizó que el descenso de los productos lácteos fue inferior que en los dos meses anteriores como resultado de una restricción de disponibilidad en Oceanía y un estancamiento en la producción de leche en otros exportadores, principalmente en Europa, Suramérica y Estados Unidos.

La carne registró poca variación con relación al nivel precedente. Existen indicios de que sus precios internacionales caen por la reducción en la demanda de importaciones, especialmente de los países asiáticos, como reflejo de un crecimiento de la producción y, en algunos casos, por la acumulación de inventarios de carne de producción interna, subrayó la institución.

Asimismo, la baja en el importe del azúcar respondió al gran excedente en las principales zonas productoras, sobre todo en Brasil, el mayor productor y exportador de dicho rubro en el mundo.

Vaticano recrudece la lucha contra el blanqueo.

El pontífice Francisco aprobó hoy nuevas medidas de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de exterminio masivo, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.


Según el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, el rescripto ‘motu proprio’ emitido por Francisco abre una nueva etapa en la adecuación de la legislación del Vaticano “a las normas internacionales de lucha contra el lavado del dinero criminal y la financiación del terrorismo”.

La Autoridad para la Información Financiera (AIF), instituida por el papa Benedicto XVI el 30 de diciembre de 2010, jugará el papel protagónico en la lucha contra el blanqueo del dinero. Supervisará y aprobará la actividad de todas las instituciones de la Santa Sede en materia financiera.

A juicio de los expertos, se trata en primer lugar de recrudecer sobre diferentes entidades de la Curia Romana (conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede) y, en particular, sobre el llamado Instituto para las Obras de Religión, que es el banco del Vaticano.

Además, Francisco dispuso crear el Comité de Seguridad Financiera, que se encargará de coordinar la actividad financiera de todos los departamentos de la Santa Sede y del Estado del Vaticano.

La AFIP detectó trabajo infantil e ilegal en una fábrica en Córdoba.

La AFIP realizó un procedimiento en hornos ladrilleros ubicados a 5 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde detectó a familias argentinas y extranjeras que vivían y trabajaban en condiciones de extrema precariedad.


"Se encontraron a 55 personas mayores y 15 menores de edad –incluidos bebés- y se constató que al menos tres de ellos, de entre 10 y 12 años, se desempeñaban también como trabajadores en los hornos del predio", indicó la AFIP en un comunicado.

Los allanamientos, que culminaron con la detención del responsable de la fábrica, Roberto Ángel Cabrera, fueron ordenados por el Juzgado Federal 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro.

"El empleador era monotributista de la categoría D, que contempla ingresos brutos anuales de hasta 48.000 pesos. Sin embargo, en los procedimientos se encontraron 500.000 pesos y 6.000 dólares en una caja de zapatos de su propiedad", precisó la AFIP.

"Además, el detenido fingía que alquilaba los predios a las familias, sin tener relación alguna con la actividad", indicó el organismo.

Bajo la sospecha de esta maniobra, los inspectores de la AFIP realizaron el seguimiento de los camiones que ingresaban al predio y verificaron que pertenecían al supuesto locador, y que los ladrillos se comercializaban en negocios de su propiedad.

"A partir de las investigaciones de los agentes de la AFIP, se pudo determinar que otras familias le alquilaban al responsable de la fábrica a través de un contrato de arrendamiento, donde él mismo les proveía la tierra para la fabricación de ladrillos y les cobraba un porcentaje sobre lo que producían", indica el texto.

Los empleados trabajaban todo el día, sin un horario determinado, por 150 pesos diarios. Estos datos fueron informados a la Fiscalía Federal 1, a cargo de Enrique Senestrari, quien luego de realizar distintas medidas investigativas, logró corroborar lo denunciado por la AFIP.

Para realizar la investigación y las requisas domiciliarias participaron más de 40 funcionarios de la AFIP, acompañados también por agentes especializados en trata de personas y personal perteneciente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"El sistema sanitario español solo empeorará la salud de la población en general".

Con la nueva reforma sanitaria en España, que excluyó a los inmigrantes indocumentados debido a los recortes, el gasto en el Sistema de Salud no dejará de crecer. Así lo advierte un reciente estudio dirigido por una entidad bancaria española.


El informe sitúa la subida de los gastos en un 4,4% entre 2013 y 2016. Aunque las cifras varían en diferentes regiones, el estudio destaca que en general el país debe crecer un 1,4% para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Salud.

Precisamente estos cambios de política son denunciados por el movimiento 'Democracia Real Ya', que además asegura que el Gobierno español aumentó el presupuesto un 55% en 2012 para los conciertos con clínicas privadas.

De momento, la reforma ha empujado a casi 900.000 inmigrantes irregulares fuera del acceso a la Sanidad Pública. Algunos de ellos tienen enfermedades crónicas y contagiosas, por lo que Amnistía Internacional denunció que la reforma no se ajustaba al derecho a la salud.

"Imagínate cuando te dicen que tienes cáncer, ¿cómo reaccionas?, porque lo primero que se te viene a la mente es que te vas a morir y después te encuentras con que no te quieren atender", relata Luis Andrés Ulloa, un inmigrante chileno que tiene cáncer.

Según la portavoz de Amnistía Internacional, Carmen López, esta medida además de ser regresiva es discriminatoria porque afecta a un colectivo especialmente vulnerable, porque cuando alguien pierde la tarjeta primero pierde el trabajo. "Nos parecía que era una medida injusta, desproporcionada, y que no se ajustaba a derecho", agregó.

Se hace para que el Sistema de Salud sea sostenible, explicó por su parte el Gobierno español. Aunque, un año después de la entrada en vigor de la ley, no hay cifras sobre el ahorro, y varias organizaciones critican además, que se han utilizado argumentos erróneos.

"No puedo creer que alguien con una enfermedad, que se puede morir, le nieguen la asistencia", sostiene Amparo, una colombiana que tuvo una neumonía y le denegaron la atención de urgencia, por lo que tuvo que recurrir a un préstamo.

"No me querían dar la medicación sino firmaba una factura", comenta por su parte un estudiante boliviano portador del VIH, quien tiene derecho al tratamiento por ser diagnosticado antes que haya entrado en vigor la ley, pero "en la práctica es algo que tiene que estar penando, que te tratan mal, es cómo te toque, si está de buen ánimo la persona en ventanilla", agregó el estudiante.

Sin embargo, por salud pública o por conciencia, también hay profesionales que reivindican su derecho a curar.

"Bastantes profesionales hemos objetado por un principio básico y es porque nuestro principio como profesionales de la salud es atender a las personas que están enfermas. Las personas somos individuos singulares e irrepetibles, cada vida merece la pena atenderla. No hay que sacrificar a algunas personas por el bien de la comunidad", afirma Ricardo Ángora, miembro de Médicos del Mundo.

Esta organización confía en que el Gobierno de España dé marcha atrás, porque el ahorro no es tal, dicen, y es un grave retroceso social.

Por su parte, el profesor de formación laboral José Luis Carretero Miramar considera que, "esa exclusión a cierta parte de la población, especialmente con enfermedades crónicas y contagiosas, conllevará un empeoramiento de la salud de la población en general a largo plazo".

Afirman que es "abusivo, arbitrario e inaceptable" el aumento que proyectan las empresas de telefonía.

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, rechazó enfáticamente el aumento de tarifas que anunciaron las empresas de telefonía celular y lo consideró "inaceptable en función del deficiente servicio que brindan".


"El ajuste que proyectan es inaceptable en función del deficiente servicio que brindan a los usuarios", resaltó Bonicatto en un comunicado.

El ombusman bonaerense dijo que "teniendo en cuenta las recurrentes dificultades que padecen los usuarios por la mala prestación de las empresas de telefonía celular creemos indispensable que el gobierno nacional y los organismos reguladores tomen todas las medidas necesarias para que no se produzcan estas subas, que son absolutamente abusivas".

El defensor bonaerense entendió que los incrementos, que van del 7 al 21%, no guardan relación con la baja calidad de las prestaciones, y en ese sentido, se pronunció a favor de “generar un marco normativo preciso para regular el servicio”.

Bonicatto remarcó que "es necesario que se instauren las herramientas legales pertinentes para declarar a la telefonía móvil como un servicio público, lo que garantizará una prestación en forma continua, regular, uniforme y general, en el marco de mecanismos adecuados de control".

Argentina, tercera entre los países más conflictivos para la minería.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), ya suman 189 las controversias relacionadas con el desenvolvimiento de la minería a escala regional.



Hace un año eran 120 las disputas de distinta índole que amenazaban la continuidad y el desarrollo de emprendimientos mineros en Latinoamérica, por lo que el registro creció un 63,5 por ciento.

En base a los datos del OCMAL, la Argentina es sede de 26 de los 189 focos conflictivos, por lo que se trata del tercer país más problemático, apenas por debajo de naciones mineras como Perú (33) y Chile (32). El resto de los conflictos en la región se distribuyen entre México (25), Brasil (20), Colombia (12), Bolivia (8), Ecuador (7), Guatemala (6), Panamá (6), Nicaragua (4), República Dominicana (4), El Salvador (3), Honduras (3), Costa Rica (2), Guayana Francesa (1), Paraguay (1), Trinidad & Tobago (1) y Uruguay (1).

Según el organismo -que reúne a más de 40 entidades desde México hasta el Cono Sur-, estas pugnas involucran actualmente a unos 197 proyectos y afectan a 276 comunidades.

A decir de César Padilla, coordinador del OCMAL, hasta hace poco tiempo reinaba en la región un período de tolerancia comunitaria frente a la minería. "Hoy esa actitud favorable de la sociedad para con la actividad parece haber terminado. La tendencia es que cada nuevo proyecto minero vaya acompañado de un conflicto en el corto plazo", advierte el especialista.

A su entender, a las mineras no les será sencillo recuperar la confianza de las comunidades donde operan. "El discurso de que la minería es sinónimo de desarrollo y prosperidad para todos se halla en serios aprietos", señala.

En ese sentido, remarca que para recobrar la credibilidad tendrán que redoblar los esfuerzos que vienen realizando hasta el momento. "Las acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) llevadas a cabo por las operadoras y la obtención de certificaciones ambientales están resultando insuficientes para revertir las críticas", completa.


Apple deja de ser 'cool' y se alía con el Gobierno de EE.UU.

Apple logró situarse en la mente de los consumidores como una marca de vanguardia. Pero ya ha empezado a ser blanco de críticas porque, al parecer, la firma está más comprometida con el Gobierno que con sus consumidores.



La firma creada por Steve Jobs no solo logró inundar el mercado con productos altamente sofisticados que no necesitan instrucciones de uso, sino que también consiguió algo inédito: que sea el cliente el que se adapte al producto, y no al revés, como tradicionalmente ocurría.

Sin embargo, poco a poco se comienzan a hacerse públicas informaciones que hacen que Apple vaya dejando de considerarse una marca 'cool': en primer lugar, las condiciones de vida de los mal pagados obreros chinos que fabrican los costosos aparatos de la firma de la manzana ya son conocidas por casi todo el mundo.

Pero eso no se tradujo en una disminución de las ventas.


Sin embargo, las revelaciones de Edward Snowden han provocado que muchos consumidores estadounidenses se vuelvan más conscientes de su privacidad, de la información que almacenan en sus distintos dispositivos y de la posibilidad que tiene el Gobierno de acceder a esos datos. Aquí es donde Apple queda al debe, y bastante.

Tomemos, por ejemplo, el iPhone. En este caso Apple logró diseñar un teléfono muy útil que a pesar de su elevado precio todo el mundo quiere tener y usar. Pero desafiar al Gobierno utilizando alguna de sus funciones es cada vez más difícil. Para asegurase de que eso sea así, un iPhone dispone de sistemas que permiten a la Policía obtener un minucioso registro de la actividad del usuario e incluso apagar el aparato de forma remota.

Apple también impide que se instalen al móvil aplicaciones que permitan a los usuarios resguardarse de la vigilancia ejercida por su propio Gobierno.

Además, sus ingenieros han patentado una peculiar pieza en el teléfono que permite a los Gobiernos y la Policía bloquear la transmisión de datos como fotos y video desde lugares considerados 'sensibles' o 'protegidos'.

Para la compañía, esa es una manera de proteger los derechos de autor en conciertos y cines. Además, según asegura la firma, transmitir datos de forma inalámbrica a una fuente remota puede suponer una amenaza a la seguridad en muchos casos.

Lo cierto es que la Policía puede ocupar casi discrecionalmente esta función. Por ejemplo, en manifestaciones y protestas, impidiendo que se publique material en tiempo real. Sobre todo cuando este material tiene que ver con abusos por parte de la propia Policía.

Esta función se activa por wifi o GPS; es una especie de escudo que protege un área o edificio determinado.

La aplicación Drones+ también ha sido bloqueada. Esta lleva una completa estadística de la acción del programa de aviones no tripulados de la Casa Blanca. Sin la posibilidad de utilizar esta función, los usuarios están menos informados sobre el polémico programa de 'drones' y sobre los 'daños colaterales' que provoca en vidas inocentes.

Los desarrolladores de esta aplicación han solicitado reiteradamente a Apple que la ofrezca en su tienda virtual. Pero, según la empresa, Drones+ contiene información que para muchos usuarios es ofensiva.

Sin embargo, aplicaciones que permiten modificar imágenes agregando bigotes o simulando una calvicie siguen en el Apple Store. Para los críticos, está claro que lo que importa es mantener a los usuarios entretenidos haciendo dibujos en las fotos, en lugar de darles acceso a una información que les haría cuestionar un programa de defensa millonario como el de los 'drones'.

Cancelaron los cierres de campaña a raíz de la explosión en Rosario.

La presidenta suspendió los actos del FPV en solidaridad con las víctimas y familiares. El FR, el FPCyS y el PRO adoptaron idéntica decisión.

Las campañas electorales para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias finalizaron antes de lo previsto. La magnitud de la explosión de un edificio en Rosario, que causó al menos una decena de muertos, más de 60 heridos y once desaparecidos, provocó que todos los partidos suspendieran los actos de cierre y diversas actividades previstas para hoy. El cacerolazo contra el gobierno nacional, en cambio, se realizará tal cual estaba planeado.

La presidenta Cristina Fernández decretó dos días de duelo apenas arribó de Estados Unidos y decidió levantar el acto de fin de campaña que el kirchnerismo iba a realizar en el Teatro Coliseo, de la Ciudad de Buenos Aires.

Los postulantes oficialistas de la provincia Martín Insaurralde y Juliana Di Tullio, junto a Daniel Filmus, quien buscará retener su banca en el Senado, dieron una conferencia de prensa en la Casa Néstor Kirchner para informar la determinación. "En el Frente para la Victoria hemos conversado con la presidenta de la Nación y decidimos suspender los actos de cierre de campaña", dijo el intendente de Lomas de Zamora. Quien encabeza la lista oficialista en el distrito más populoso del país explicó que adoptaron esa determinación para solidarizarse "con las víctimas y los familiares" de Rosario. Y aseguró que "es momento de estar todos los argentinos unidos y pensando en el amor y la comprensión a los familiares de las víctimas".

Sergio Massa, principal rival de Insaurralde en Buenos Aires, tomó la misma resolución. La anunció luego de participar de una reunión en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. "Nos parece fundamental que seamos solidarios y tengamos todos la capacidad de abstraernos de las discusiones electorales para tratar de ser solidario", sostuvo el intendente de Tigre y líder del Frente Renovador.

El resto de los partidos que compiten en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tampoco tendrán el cierre de campaña que planificaron.

El Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, que lidera el empresario de origen colombiano Francisco de Narváez, no realizó el acto previsto para ayer en La Plata y tampoco repartirá hoy boletas en San Justo. En tanto, el Frente Progresista, Cívico y Social, cuya primera postulante a diputada es Margarita Stolbizer, canceló su recorrida por zona oeste.

En la Ciudad, el panorama es el mismo: todas las corrientes de UNEN cancelaron sus actos. Lo mismo hará el macrismo respecto al "timbreo" de vecinos que estaba previsto para hoy.
Más allá de las demás cancelaciones, el cacerolazo anunciado para hoy sigue en pie. "Estamos acongojados por la noticia, pero no creemos que la convocatoria deba suspenderse por este hecho", dijo Yamil Santoro, uno de los principales impulsores de la protesta. Según interpreta el también precandidato a diputado por Compromiso Federal, el gobierno nacional decidió suspender su cierre de campaña "ante la posibilidad de que la convocatoria del acto de cierre sea más flaca" que el cacerolazo.

Crearon un área marina protegida en el Sur y los kelpers se oponen.

La ley fue votada por las dos Cámaras por unanimidad y promulgada en el Boletín Oficial. La reserva se llama Namuncurá–Banco Burwood. Para los ocupantes de las Malvinas abarca un sector de actividad pesquera británica.


La Argentina cuenta con su primera área marina oceánica protegida: "Namuncurá – Banco Burwood", una meseta submarina ubicada entre las Islas Malvinas y la Isla de los Estados, que eleva la protección del mar argentino del 1 al 4,5 por ciento. La norma, votada por unanimidad en las dos Cámaras y promulgada el lunes en el Boletín Oficial, generó el rechazo de los kelpers, quienes sostienen que parte de la zona protegida se ubica en la Zona Económica Exclusiva donde el gobierno británico realiza actividades pesqueras, además de posibles perforaciones petroleras o gasíferas.

La conservación de la biodiversidad, la investigación científica y la promoción del manejo sostenible, ambiental y económico de los ecosistemas marinos bentónicos, son los principales ejes expuestos de esta iniciativa. La meseta cuenta con una profundidad que varía entre 50 y 200 metros, donde yacen variadas formas de vida de los frágiles fondos marinos de aguas frías: hidrocorales, esponjas (incluye una carnívora), estrellas de mar, crustáceos, tiburón espinoso, merluzas (de cola, austral y negra), pingüinos de penacho amarillo y de frente dorada, albatros y petreles, delfín austral, elefantes marinos del sur y el lobo marino sudamericano. El área incluye especies endémicas (diez que no existen en ningún otro océano), otras en peligro de extinción y sitios de reproducción de especies,. Quedó dividida en tres zonas: la "Núcleo", donde hay restricción total a cualquier actividad.

La de "Amortiguación", donde se pueden desarrollar actividades científicas, ensayos y monitoreo del cambio global. Y en la de "Transición" sí podrán llevarse a cabo actividades productivas y extractivas, contempladas en el Plan de Manejo, que resta conformarse.

"Esta zona tiene una gran importancia ecológica que se debe preservar e investigar. Hasta sirve como área de alimentación para ballenas. Es única en todo el mar argentino", remarcó a Tiempo Argentino la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de Nación, Silvia Révora. La promulgación dispone también la creación del Consejo de Administración del Área Marina Protegida, que periódicamente deberá presentar informes técnicos, además de seguir las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades productivas o extractivas propuestas.

Hasta aquí, la Argentina contaba con 48 áreas marino–costeras, que ocupaban un millón de hectáreas, el 1% de la plataforma continental. Ninguna era oceánica. Para el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, el Banco Burdwood "es uno de los sitios de máxima importancia para la biodiversidad marina en toda la región" y lo incluye entre uno de los protagonistas de la iniciativa 'faros del Foro', una selección "estratégica" de áreas costero-marinas y oceánicas, "cuya conservación es prioritaria para los miembros del Foro", como es el caso del Frente y Talud del Río de la Plata y el Golfo de Corcovado.

La constitución de la primer Área Protegida Marítima de la Argentina tuvo un rechazo: los kelpers. Según cuestionan, parte del Banco Burdwood abarca la llamada Zona Económica Exclusiva que maneja unilateralmente el gobierno británico de las Islas Malvinas. El senador Daniel Filmus (FPV) afirmó que se trata de un "incumplimiento de la Resolución 2065 del Consejo de Descolonización de las Naciones Unidas acerca de la necesidad del diálogo bilateral". Y definió al área como "un lugar estratégico" para la soberanía argentina. Uno de los principales cruces es que los ingleses desarrollan en la zona una importante actividad pesquera. El legislador isleño Barry Elsby dijo que desean "discutir toda acción que pudiera ser razonablemente tomada para apoyar al gobierno de la Argentina en estos esfuerzos" de proteger su mar, pero agregó que la "cooperación para el resguardo de los stocks pesqueros es tanto responsabilidad del gobierno de las Islas Falkland como del argentino".

La Presidenta decretó un duelo nacional de dos días por la tragedia en Rosario.

Lo anunció el secretario de Comunicación Pública, quien afirmó que en el Gobierno "hay una enorme consternación" por lo sucedido. Expresó además la solidaridad del Ejecutivo hacia los familiares.

El gobierno nacional dispuso hoy duelo nacional por dos días luego de la trágica explosión de un edificio en Rosario, que generó diez muertos y decenas de heridos, según anunció el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro.

El funcionario dijo en Casa Rosada que en el Gobierno "hay una enorme consternación" por lo sucedido en Rosario, expresó la solidaridad del Poder Ejecutivo hacia los familiares y señaló que en estos dos días la bandera estará a media asta en los edificios públicos.

Añadió que "el Gobierno y el pueblo de la Nación argentina acompañan con su solidaridad y pesar el dolor de la familias de las víctimas".

Aclaró que el decreto 1077 se dicta en uso de las facultades conferidas a la Presidencia de la Nación por el artículo 99, inciso uno de la Constitución Nacional.

La parodia de la recuperación salarial: de la desaceleración post 2007 a la caída en 2013.

El INDEC brindó el martes la información referida a la evolución salarial correspondiente al mes de junio. Sin perjuicio de reiterar aquí la necesidad de normalizar el sistema de estadísticas nacionales, tal como lo vienen sosteniendo los propios trabajadores del Instituto, del reciente informe se desprende la existencia de una caída del salario real en comparación con la situación existente en el primer semestre de 2012.


A lo largo de la última década el salario real de los trabajadores presenta una tendencia creciente, partiendo de los mínimos históricos a los que se llegó en los años 2002 y 2003. Sin embargo, esta recuperación no resultó todo lo auspiciosa que se promocionó. En efecto, la recuperación salarial recién en el año 2011 permitió superar los niveles del último trimestre de 2001.

Incluso, si se intenta ver con buenos ojos dicha recuperación debe necesariamente hacerse a la luz de dos dimensiones, la primera temporal y recorre desde 2002 a 2007 y de 2007 a la actualidad. La segunda en relación al tipo de trabajador del cual se trate. En el primer caso observamos un incremento sostenido desde el piso histórico alcanzado en 2002/2003. Sin embargo, el ritmo de este crecimiento tiende a desacelerarse notoriamente a partir de 2007. En efecto, entre los años 2003 y 2007 el salario real creció anualmente, en promedio, un 4,8%, mientras que entre 2007 y 2012 solo lo hizo un 1,2%.

En el segundo caso, cuando discriminamos trabajadores públicos y privados, y dentro de éstos a los no registrados observamos que mientras los trabajadores registrados del sector privado experimentaron, entre 2001 y 2012, un incremento real del 26,2%, los trabajadores no registrados lo hicieron en un 5,1%, y los trabajadores del sector público registraron una caída del salario real del 38%.

A esta situación alarmante se suma la situación descripta por los datos salariales publicados ayer por el INDEC. Estos datos bajo la lupa de diferentes indicadores de evolución de la inflación, concluyen que en el primer semestre del año 2013 el salario real experimentó una caída del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En promedio, el salario real del conjunto de los trabajadores se encuentra en los mismos niveles que en el cuarto trimestre de 2001 que ya constituía su piso histórico.

Nuevamente los más afectados fueron los trabajadores del sector público, quienes experimentaron una reducción del 4,7% en la comparación con el primer semestre de 2012. Por su parte, los trabajadores registrados del sector privado sufrieron una caída interanual del 2,3%. Por el contrario, y llamativamente, el salario de los trabajadores no registrados aumentó un 2,7% en comparación con un año atrás.

La caída salarial del primer semestre se dio por el aumento de la inflación, que intentó ser morigerada por el fallido congelamiento de precios. En efecto, la información disponible hasta la actualidad muestra un marcado deterioro del salario real, ya que los incrementos nominales no logran compensar los aumentos de precios. En tal sentido, de no controlarse el ritmo de la inflación, es posible que este año culmine con una caída del salario real, cuyo último antecedente debe buscarse en el año 2008.

De esta manera, parece consolidarse una situación donde la recuperación salarial de la última década apenas logró recuperar los niveles previos a la crisis de 2001, mientras que en el mismo período el producto bruto se incremento casi en un 80%. La explicación de dicha brecha debe buscarse, una vez más, en la magnitud de las ganancias patronales que, ciertamente, vivieron su década ganada.


Tras los pasos de Detroit: Nueva York podría ser la siguiente en declararse en bancarrota.

La ciudad estadounidense de Nueva York podría ser la próxima en declararse en bancarrota, tal como hizo Detroit el mes pasado, admitió el alcalde neoyorquino, Michael Bloomberg.


Bloomberg, quien pronto dejará su cargo tras las próximas elecciones para la alcaldía, advirtió que la Gran Manzana podría caer en la quiebra si su sucesor no logra controlar a corto plazo los gastos provisionales y sociales, ambos en alza.

"Evitar elecciones difíciles, este es el motivo por el cual Detroit quebró", dijo el gobernante neoyorquino en una rueda de prensa.

En otra parte del país, Chicago, este martes las autoridades confirmaron un déficit financiero de 369 millones de dólares en el presupuesto operacional para 2014 y se activó la alerta ante un posible escenario similar al de Detroit.

En ese sentido, Bloomberg recordó que Chicago debió despedir a unos dos mil docentes y empleados escolares el mes pasado debido al incremento de su gasto provisional.

A finales de julio pasado Detroit se declaró en quiebra con una deuda de 18.000 millones de dólares, la mayor bancarrota municipal en la historia de EE.UU. y su pasivo no será rescatado por el Gobierno federal.

El alcalde de Nueva York advirtió que esta ciudad no es la única que corre riesgo de quiebra, sino que muchas otras urbes estadounidenses también se enfrentan a esa perspectiva ya que el peso las pensiones será cada vez más significativo en su presupuesto.

Chaco: 100 trabajadores precarizados en huelga de hambre.

Más de 100 trabajadores precarizados de la provincia del Chaco, militantes del Movimiento Clasista Combativo y el Movimiento 20 de Diciembre, en la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda, iniciaran mañana una huelga de hambre, exigiendo el pase a planta permanente de más de 300 trabajadores. Denuncian también la súper explotación de otros trabajadores como barrenderos y recolectores de basura que cobran $ 500 mensuales, en condiciones de insalubridad.


Comunicado de prensa del Movimiento Clasista y Combativo y del Movimiento 20 de Diciembre en la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda.

Cientos de compañeros vamos a la huelga de hambre para exigirle a Capitanich el pase a planta permanente ya para los compañeros precarizados
En el día de la fecha el Movimiento Clasista y Combativo y el Movimiento 20 de Diciembre, que formamos parte de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda, realizamos un piquete con permanencia frente a la Casa de Gobierno de la provincia del Chaco para exigirle a Capitanich el cumplimiento inmediato del decreto firmado el 25 de Mayo del 2010 que establece el compromiso por parte del gobierno de pasar a planta permanente a 300 compañeros precarizados de nuestras organizaciones.
En el marco de las próximas elecciones, el gobierno no sólo incumple con la Ley de Pase a Planta Permanente que conquistamos el 2010 a fuerza de movilización de nuestras organizaciones, sino que además se presenta mintiéndole al conjunto de los trabajadores chaqueños: los kirchneristas repiten en su campaña “Como te agrandaste Chaco”, mientras los trabajadores vivimos el día a día el agrandamiento de las condiciones de precarización laboral. En ese mismo sentido, tenemos que denunciar a la UCR de Rozas y Ayala que desarrolla condiciones de super-explotacion laboral, como por ejemplo a los compañeros barrenderos y recolectores de basura, que cobran un miserable sueldo de $500 por mes por desarrollar un trabajo absolutamente insalubre.
Por eso mismo, desde el Movimiento Clasista y Combativo y el Movimiento 20 de Diciembre, como parte de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda, nos pronunciamos en estado de Alerta y Movilización. En ese sentido, mas de 100 compañeros precarizados de nuestras organizaciones estaremos realizando una huelga de hambre desde el día de mañana frente a la Casa de Gobierno, llamando al conjunto de los trabajadores precarizados y a todas las organizaciones sindicales, piqueteras, de izquierda y barriales a solidarizarse públicamente con el reclamo. 


Los trabajadores estatales tenemos que poner un fin a estos atropellos por parte del gobierno: por eso los compañeros de la agrupación Estatales en Lucha planteamos la necesidad de unificarnos para construir una nueva dirección clasista de UPCP, como así los compañeros de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda llamamos a votar por el Partido Obrero como parte de la lucha por construir un Frente de Izquierda en el Chaco que se postule como alternativa a Capitanich y la UCR.


Salta: una de las provincias con más alta conflictividad con los pueblos indígenas.


El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunció irregularidades e incumplimiento de leyes que posibilitarían la propiedad de la tierra de los pueblos originarios

El organismo eclesial advirtió sobre la “gravedad de la indefinición en materia de tierras indígenas como origen de desalojos, represión e incluso muertes de miembros de pueblos originarios, el bajísimo nivel de ejecución del programa de relevamiento, la alta utilización de los fondos y la ausencia de transparencia”. Ante este cuadro “severo”, consideró que urge revertirlas y reclamó “decisiones políticas adecuadas, adoptadas con la plena participación de los pueblos indígenas víctimas de esta situación”.

La investigación de ENDEPA se refiere al programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas, establecido por la ley nacional 26.160, sancionada a fines de 2006 y prorrogada a los tres años por la ley 26.554. El relevamiento consiste en los estudios de determinación de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas con el fin de que se reconozca su propiedad, independientemente de quienes aparezcan con los títulos en los registros estatales. Las leyes incluyeron la suspensión de los desalojos mientras se realice el relevamiento y una asignación presupuestaria de 60.000.000 pesos para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecute las tareas con la colaboración de los gobiernos provinciales.

El estudio presentado da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de los recursos. Ya en 2011 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) había advertido el bajísimo nivel de avance de las tareas, lo que fue corroborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante un informe presentado al año siguiente.

La actual investigación comienza señalando la falta de transparencia en la información, ya que desde 2009 el INAI no presenta ningún informe detallado del estado del programa y de la utilización de los fondos y en lugar de ello ha brindado afirmaciones genéricas falsas en donde sostiene que el programa de relevamiento se ejecutó en un 40 por ciento. Sin embargo, en base a las respuestas dadas por el propio INAI a requerimientos formulados en base al decreto de acceso a la información, el informe exhibe el estado de ejecución en cada provincia determinando que a seis años de la sanción de la ley 26.160 el relevamiento sólo se ha concluido en una octava parte (12,48 por ciento). “A este paso” –sostiene el documento- “harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”.

Un análisis cualitativo muestra una mayor gravedad en los retrasos ya que en las provincias de más alta conflictividad con los pueblos indígenas, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65 por ciento del total de comunidades indígenas del país, “el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11 por ciento”. Ello permite concluir que “en las provincias en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en donde mayores deficiencias y demoras denota la acción del INAI”

La Fundación Alameda radicó este miércoles 7 una denuncia penal contra el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Arturo Puricelli y operativamente de Sergio Berni, por la negativa de la Policía Federal Argentina (PFA) a informar respecto a las tareas del oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, que había ingresado a la Agencia Walsh de noticias haciéndose pasar por periodista, y desde allí realizó espionaje durante años a los integrantes de la Alameda.


Mediante la ley de Habeas Data (art. 14 de la ley 25326) requerimos por nota al Ministerio de Seguridad de la Nación el 13 de mayo poder acceder a los datos que las fuerzas de seguridad disponen de la ong, y exigir la corrección de la información inexacta y la supresión de los datos cuyo registro está prohibido.
Todas las divisiones de la PFA rechazaron ante la cartera de Seguridad que realicen espionaje (esto quedó registrado en el expediente MS N°14.719/13). Pero esta respuesta formal del Ministerio de Seguridad es grotesca ya que nunca pidieron explicaciones al oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, tampoco a su superior el comisario mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos.
Este proceder del ministro Puricelli y su segundo Berni no hace más que ponerse objetivamente del lado de la fuerza de seguridad que debe controlar y realizan espionaje, es lo contrario a la tutela de la garantía constitucional del habeas data prevista en el art. 43 C.N.
Por esa respuesta ridícula es que en la denuncia penal en los tribunales federales del fuero Contencioso y Administrativo requerimos se libre oficio al Ministerio de Seguridad para que libre un amplio informe circunstanciado acerca de la información que dispone de a Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo originada en labores de inteligencia de la Policía Federal Argentina. Asimismo que informe las funciones que desempeña o desempeñaba el señor Américo Alejandro Balbuena en la Policía Federal Argentina el Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos.
También solicitamos que se libre oficio a la cartera de Seguridad a fin de que remita el expediente MS N°14.719/13.



Como prueba del espionaje acompañamos en la denuncia una filmación de las reiteradas presencias del oficial Balbuena en los escraches y manifestaciones realizadas por La Alameda así como la copia de alguna de las notas publicadas por dicha persona en la Agencia Walsh de noticias relativas a nuestra organización.
Igual no desconocemos que por la ley orgánica de la PFA y su reglamentación (decreto-ley 333/58 y decreto-ley 6580/58 ratificados por ley 14.467) se autoriza la realización de tareas de espionaje que hoy están en colisión con la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estas normativas surgidas en otra época no respetuosa de la dignidad humana no pueden ser utilizadas para convalidar la vulneración de privacidad ni el espionaje de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia.
Cabe destacar que es habitual que en las tareas de espionaje se utilice la fachada del periodismo por cuanto permite fisgonear, ganar la confianza, simular la simpatía por la lucha que se lleva a cabo, obtener información y sacar vistas fotográficas sin despertar sospechas de las personas objeto de vigilancia. El proceder de Balbuena es, en este sentido, “de libro de texto”.


DENUNCIA PENAL COMPLETA:
INTERPONE ACCIÓN DE HABEAS DATA (art. 43 C.N. y 33 y cc. Ley 25.326)


Señor Juez:
Gustavo Javier Vera, presidente de la “Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo” (aprobada por Res. IGJ 553 del 29 de abril de 2011), con el patrocinio letrado de los Dres. Mario Fernando Ganora ( T° 36 F° 227 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) y Alfredo Carlos Beizuhn (T° 109 F° 372 CACF), con domicilio en Av. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta y dice:


1) Objeto:


Que por el presente vienen a articular acción de habeas data prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional y 33 y concordantes de la ley 25326 contra el Ministerio de Seguridad de la Nación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional con domicilio en de Capital Federal a fin de tener fehacientemente acceso a los datos que esta repartición disponga acerca de la actora, exigir la corrección de la información inexacta y la supresión de los datos cuyo registro está prohibido (art. 33 incs. a) y b) de la ley 25.326).


2) Hechos:


La “Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo” (aprobada por Res. IGJ 553 del 29 de abril de 2011) tiene como objeto las “Acciones tendientes a erradicar, concientizar e informar, sobre el trabajo esclavo y sus formas análogas, como así también sobre el trabajo irregular en sus distintas variantes, impulsando acciones tendientes a defender los derechos del trabajador en sus diferentes modalidades. Los objetivos expuestos son enunciativos y en ningún caso limitativos de la acción de la fundación”
En cumplimiento de sus fines específicos y como es de público conocimiento, la Fundación investiga y denuncia casos de esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y trabajo forzado así como los mecanismos de trata de personas asociados a ellos tanto en lo que hace a la explotación laboral y como a la sexual, sea de adultos o de niños. Estos delitos están, por su naturaleza vinculados con el crimen organizado.
En la actualidad tenemos denunciadas penalmente numerosas marcas de ropa ante juzgados federales por basar su producción en talleres en los que habría situaciones de explotación de la mano de obra reclutada mediante mecanismos de trata y reducida a condiciones análogas a la esclavitud. También se han denunciado a varias redes de trata de personas y explotación de la prostitución ajena en locales sitos en los barrios de Flores, Once, Monserrat, Constitución, de la Ciudad de Buenos Aires como en las ciudades de Mar del Plata y La Plata en Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Asimismo se ha denunciado a decenas de empresas por utilización de trabajo esclavo e infantil ubicadas en tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la de Mendoza. Varias de esas denuncias las realizamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con el GCBA (durante el período en que Jorge Telerman se desempeñó como) Jefe de Gobierno) con el respaldo de diputados nacionales de varios partidos, etc. También hemos patrocinado a la auxiliar de la policía, Gladys Nancy Miño Velázquez en su detallada denuncia sobre corrupción de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.
En la gran mayoría de las investigaciones realizadas fue común encontrarse con situaciones de participación o, en el mejor de los casos, de encubrimiento y cohecho en las que estaban involucrados efectivos y comisarías de la Policía Federal que oportunamente fueron denunciados a los juzgados donde se tramitan las causas en las que se investigan las denuncias. Los resultados de nuestras investigaciones fueron también puestos en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación y se mantuvieron reuniones con los funcionarios del área en reiteradas ocasiones para hacer llegar nuestras inquietudes.
Teníamos entendido que el Ministerio de Seguridad tenía bien clara idea de nuestra legal y transparente forma de proceder, por lo que resultó de nuestra máxima sorpresa la circunstancia de que un funcionario de la Policía Federal Argentina, el oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, que había ingresado a la Agencia Walsh de noticias haciéndose pasar por periodista, realizara tareas de espionaje en nuestra Fundación. Este oficial de policía responde al Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos. Corresponde dejar sentado que de conformidad con el art. 39 de la ley 24.059 la Policía Federal Argentina depende orgánicamente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Como prueba de lo afirmado acompañamos la filmación de la presencia del oficial Balbuena en las marchas y manifestaciones realizadas por La Alameda así como la copia de alguna de las notas publicadas por dicha persona en la Agencia Walsh de noticias relativas a nuestra organización. Este individuo, que, como dijimos, se hacía pasar por periodista, recababa mediante esta impostura información de las personas y de los acontecimientos para luego comunicarla a sus superiores. Cabe destacar que es habitual que en las tareas de espionaje se utilice la fachada del periodismo por cuanto permite fisgonear, ganar la confianza, simular la simpatía por la lucha que se lleva a cabo, obtener información y sacar vistas fotográficas sin despertar sospechas de las personas objeto de vigilancia. El proceder de Balbuena es, en este sentido, “de libro de texto”.
Pero independientemente de lo grosero de la maniobra, lo cierto es que esta conducta de infiltración y espionaje es ilícita de conformidad con el art. 4 inc. 2 de la ley 25520 que dispone que está prohibido: “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”
También resulta ilícita según lo dispuesto en los arts. 2, 4 y 7 de la ley 25326. En efecto, la privacidad es un Derecho Humano reconocido en los arts. 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La propia ley civil recoge estos principios en el art. 1071 bis C.C. y provee de una acción para poner fin a la actividad de quienes se entrometen en la intimidad ajena. La Policía Federal no está exenta de esas obligaciones y responsabilidades.
La realización de actividad de inteligencia respecto de la Fundación y de sus integrantes sólo podría encontrar justificación si se estuviera realizando en el marco de una investigación criminal y con intervención de los magistrados judiciales y del Ministerio público Fiscal.
No se nos escapa que la ley orgánica de la Policía Federal Argentina y su reglamentación (Decreto-Ley 333/58 y Decreto-Ley 6580/58 ratificados por ley 14.467) autorizan la realización de tareas de espionaje que hoy están en colisión con la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estas normativas surgidas en otra época no respetuosa de la dignidad humana no pueden ser utilizadas para convalidar la vulneración de privacidad ni el espionaje de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia.
En virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 25326 (Habeas Data) requerimos al Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente acción prevista en los arts. 33 y concordantes de la ley 23.326, que en el plazo de diez días corridos informara sobre los siguientes puntos:
1 Si la Fundación Alameda por la Lucha Contra el Trabajo Esclavo se encuentra sometida a vigilancia por parte de la Policía Federal Argentina en razón de lo dispuesto en el art. 58 del Decreto- Ley 6580/58.
2 Si los directivos e integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo, así como aquellos frecuentan su trato personal o comercial y los lugares o locales donde se reúnen se encuentran sometidos a vigilancia especial por parte de la Policía Federal Argentina en virtud de lo dispuesto en el art. 79 del Decreto –Ley 6580/58.
3 Si las informaciones que habrían sido recogidas en virtud de la vigilancia dispuesta por las razones precedentes han sido reunidas en registros individualizadores conforme lo dispuesto en el art. 82 del Decreto-Ley 6580/58.
4 Si se han recibido en la Policía Federal Argentina comunicaciones de otras fuerzas de seguridad, nacionales o extranjeras, que califiquen de peligrosas las personas de los integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo o de las actividades que realizan que hayan justificado la observación o calificación por parte de la superintendencia de Investigaciones (art. 85 del Decreto-Ley 6580/58).
5 De ser así se exhiban los datos recogidos a los fines de su rectificación o supresión (art. 43 de la Constitución Nacional.
6 Para el supuesto caso de que las medidas de inteligencia se hubieren realizado en el marco de una investigación judicial solicitamos se informe cuál es el tribunal interviniente,
Lamentablemente no obtuvimos una respuesta satisfactoria en los términos del art. 14 inc. 2° la ley 25.326 por lo que nos vimos en la necesidad de promover la presente acción. En efecto, al tomar conocimiento del Expediente MS N°14.719/13 del Ministerio de Seguridad observamos que éste sólo se limitó a requerir un informe a las distintas reparticiones de la Policía Federal las que, por supuesto, respondieron negativamente a lo que se les requería. Pero esta actividad puramente formal del Ministerio de Seguridad es más que insatisfactoria por cuanto no toma en cuenta lo manifestado por la requirente respecto del accionar del oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena ni de su superior el Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos, los que no fueron inquiridos acerca de su actividad respecto de La Alameda. Este proceder puramente formal del Ministerio de Seguridad, que en definitiva no hace más que ponerse objetivamente del lado de la fuerza de seguridad que debe controlar, es lo contrario a la tutela de la garantía constitucional del habeas data prevista en el art. 43 C.N. Debemos recordar que respecto de la garantía del habeas corpus se plantearon situaciones similares con motivo de que el Poder Ejecutivo Nacional no se tomaba en serio la obligación de proveer de los informes. Fue así necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se viera en la obligación de llamar la atención del poder Ejecutivo en los casos “Pérez de Smith, Ana M y otros” (CJN Fallos 297:338) y “Diez, Cristina” (CJN Fallos (302:964) exigiéndole que intensificaran las medidas de investigación para que los jueces pudieran ejercer su imperio constitucional resolviendo con la necesaria efectividad que exige el derecho, los recursos interpuestos. La idea de la Corte Suprema de la Nación es que las garantías constitucionales deben tener efectiva vigencia y no ser una pura declamación. En este caso, mutatis mutandis, la garantía constitucional del habeas data se torna una abstracción declamatoria de admitirse la validez de informes así confeccionados.
3) Derecho:
Como se ha dicho más arriba la privacidad es un Derecho Humano reconocido en los arts. 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La propia ley civil recoge estos principios en el art. 1071 bis C.C. y provee de una acción para poner fin a la actividad de quienes se entrometen en la intimidad ajena. Cabe destacar que el actual art. 43 de la Constitución Nacional consagra como remedio para este tipo de casos la acción de habeas data.
En efecto, nos asiste el derecho de tomar conocimiento de los datos que existen sobre nosotros en los registros o bancos de datos privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación exigir judicialmente la supresión, rectificación o actualización de los mismos.


Demás está decir el peligro para la libertad, el honor y la propiedad de las personas que entrañan los referidos registros cuando son mal llevados o se distorsiona la finalidad para la que fueron creados. El actual art. 43 de la Constitución Nacional se enmarca en esa doctrina de la necesidad de contener el abuso del poder mediante el acceso a la información disponible sobre datos personales en los registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes para evitar que con falsedades o fines ajenos a los de su creación y mantenimiento se perjudiquen los derechos de las personas.


Como bien se ha señalado por nuestros tribunales: “El habeas data tiene cinco objetivos principales: a) que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos; b) que se actualicen datos atrasados; c) que se rectifiquen datos inexactos; d) que se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros; y e) supresión del requisito de la llamada información sensible como tal la referida a la vida íntima, ideas políticas, religiosas o gremiales” (C. Nac. Cont. Adm. sala 4 5/9/95- Farrel, Desmond A. v. Banco central de la república Argentina y otros s/ amparo ley 16.986) J.A. 1995-IV-350.


Así se ha sostenido que:


“La vía del art. 43 C.N. se encuentra prevista para tomar conocimiento de datos referidos al afectado y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos” (C.Nac. Com., sala D, 13/5/96- Figueroa Hnos. S.A. v. Banco de la provincia de Santiago del estero s/sumarísimo).


“El art. 43 C.N. prevé que toda persona puede interponer la acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. (C.Nac/ Cont. Adm., sala IV 4/10/95- Gaziglia, Carlos R. y otro v. BCRA y otro s/amparo ley 16.986).


3.2. Trámite de la acción:


Atento a que se ha dictado la ley 25.326 que reglamenta el ejercicio de la acción de habeas data, corresponde que se le de a la presente el trámite previsto en los arts. 33 y concordantes del referido cuerpo legal sin perjuicio de aplicar directamente los preceptos constitucionales en aquellas cuestiones que no estén específicamente contempladas.


Por otra parte, no se puede pasar por alto que el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, da suficientes criterios como para organizar dichas acciones aún cuando no exista una exhaustiva reglamentación legal.


Para finalizar cabe tener en cuenta que la acción de habeas data es una garantía constitucional y que por lo tanto resulta pertinente traer a colación lo sostenido ya hace mucho tiempo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Siri” el 27 de diciembre de 1957 en el sentido de que “Que basta esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales son requeridas para establecer “en qué caso y con qué justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación”, como dice el art. 18 a propósito de una de ellas. Ya a fines del siglo pasado señalaba “Joaquín V. González: “No son, como puede creerse, las ‘declaraciones, derechos y garantías’, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina” (Manual de la Constitución Argentina, en Obras Completas, Vol 3, Bs. As. 1935, nº 82; confr., además, nº 89 y 90)…”.
Debo señalar asimismo que la circunstancia de que la presente acción vaya dirigida contra un órgano del Estado vinculado a la protección de la seguridad pública no empece a la procedencia de la acción toda vez que resulta de aplicación en la especie la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el leading case “Ganora, Mario Fernando y otra s/ habeas corpus” (CSJN 322: 2139). En efecto, lo que aquí está en juego es el derecho a la seguridad personal y cabe traer a colación lo expresado por el Dr. Carlos Fayt en el mencionado precedente:
7) Que, sentado lo expuesto, corresponde declarar admisible el recurso interpuesto por los doctores Ganora y Magrini, toda vez que la interpretación que ha efectuado el a quo de la cláusula constitucional del art. 43, párrafo 3Q, ha sido en contra del derecho que en dicha cláusula han fundado los recurrentes (art. 14, inc. 32, de la ley 48).


8) Que, en directa relación con lo resuelto en el considerando 6, debe recordarse -como se ha establecido en Fallos: 321:2767, voto del juez Fayt-, la protección legal que establece el hábeas data se dirige a que el particular interesado tenga la posibilidad de controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga. En tal sentido, este derecho forma parte de la vida privada y se trata, como el honor y la propia imagen, de uno de los bienes que integran la personalidad. El señorío del hombre sobre sí se extiende a los datos sobre sus hábitos y costumbres, su sistema de valores y de creencias, su patrimonio, sus relaciones familiares, económicas y sociales, respecto de todo lo cual tiene derecho a la autodeterminación informativa. A nivel internacional, y en términos similares, el derecho a la intimidad fue expresamente consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al disponerse que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación (arts. 12 y 17, respectivamente).
El hábeas data establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional, en este aspecto del análisis, protege la identidad personal y garantiza que el interesado -él y sólo él- tome conocimiento de los datos a él referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos públicos o los privados destinados a proveer informes. Constituye, por tanto, una garantía frente a informes falsos o discriminatorios que pudieran contener y autoriza a obtener su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
Se trata, pues, de una dimensión del derecho a la intimidad, en conexión de sentido con el art. 19 de la Constitución Nacional; constituye la acción que garantiza el derecho que toda persona tiene “a decidir por sí misma en qué medida compartirá con los demás sus sentimientos, pensamiento y los hechos de su vida personal” (caso “Ponzetti de Balbín”, Fallos: 306:1892).
Por consiguiente, el hábeas data en tanto garantía de un derecho individual, personalísimo, sólo puede ser ejercida por el titular del derecho a interponer la acción, en defensa de aspectos de su personalidad, vinculados con su intimidad, que no pueden encontrarse a disposición del público ni ser utilizados sin derecho; así, garantiza a toda persona que su filiación política, sus creencias religiosas, su militancia gremial, sus antecedentes laborales o académicos, no pueden ser divulgados ni utilizados en su perjuicio por órganos públicos o entes privados.


9) Que, en efecto, corresponde descalificar la inteligencia que fue asignada en autos al texto del art. 43, tercer párrafo de la constitución Nacional, puesto que el alcance irrelevante que consagró esa interpretación, ha generado un absurdo que debe rechazarse (Fa- llos: 111:339 y 289:200, entre otros).
Ello es así, pues la confirmación por la cámara de lo decidido en primera instancia, en tanto sólo sería posible el acceso a la información “pública” o “al alcance de los particulares”, importa desnaturalizar la vigorosa garantía incorporada -como subtipo del amparo- en la Constitución recientemente reformada. Precisamente, frente a la disponibilidad de datos abiertos al público, la norma protege aquellos otros que no se encuentran regularmente “al alcance de los particulares”. De allí la insustituible actividad de la persona a quien ellos se refieren, puesto que de otro modo, la dimensión del derecho a la intimidad que esta garantía contiene, se vería contradictoria e irracionalmente afectada. ::..
De tal manera, los datos obrantes en las fuerzas y organismos de seguridad, incluso los reservados y con carácter secreto, están especialmente contenidos en la norma examinada. Así lo expresaron con énfasis los constituyentes en ocasión de la reciente reforma de 1994: “…estamos condicionando -no necesariamente anulando, pero sí condicionando parcialmente- lo que es el secreto de Estado; una de las mayores instituciones del Estado moderno, del Estado de Maquiavelo para aquí. A mucha gente molesta el secreto de Estado y con razón porque es evidente que cuanto más amplia es la zona del secreto, tanto más reducida es la zona de transparencia ligada a la construcción de la democracia en la sociedad. De modo que nadie podría hacer el elogio de la necesidad indefinida del secreto de Estado; pero también es cierto que nadie podría imaginar un Estado que no sea capaz de guardar y proteger esta zona oscura, muchas veces ligada a otra de las características del Estado moderno, que es la razón de Estado. Entonces, digo sí; la única solución que tenemos -y es la que vamos a instrumentar con este instituto- no es pensar o imaginar un Estado absolutamente carente de secreto. Lo que sí vamos a hacer es posibilitar que este secreto no sea para siempre. Este secreto está acotado. En la medida en que se funda en alguna necesidad, nadie puede imaginar que ella se prolongue para siempre. Tiene que haber un momento en el cual este secreto se decide racionalmente, y otro en el cual ese secreto es levantado. Entonces, nosotros no desprotegemos al Estado pero tampoco a la sociedad. No dejamos al Estado sin una herramienta decisiva; pero tampoco posibilitamos que un ciudada- no esté indefenso frente a los secretos de Estado…” {Convencional Delich, Sesiones Plenarias de la Convención Nacional Constituyen- te, págs. 5885/86, asimismo, págs. 5888, 5912, 5977, entre otras).


Desde el punto de vista estrictamente procesal corresponde entonces imprimirle el trámite del juicio sumarísimo de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la ley 25.326.


3.3. Competencia:


Resulta competente la justicia federal en razón de que los archivos policiales son nacionales y están interconectados (art. 36 de la ley 25.326).


4. Prueba:


Informativa: Se libre oficio a la demandada a fin de que de un amplio informe circunstanciado acerca de la información que dispone de a Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo originada en labores de inteligencia de la Policía Federal Argentina. Asimismo informe las funciones que desempeña o desempeñaba el señor Américo Alejandro Balbuena en la Policía Federal Argentina el Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos.
Se libre oficio a la demandada a fin de que remita el expediente MS N°14.719/13.
Documental: copia del requerimiento formulado al Ministerio de Seguridad de la Nación en virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 25.326.
Copia de la documentación que acredita la inscripción de la Fundación Alameda Por la Lucha Contra el Trabajo Esclavo en la IGJ y para el caso de que sea desconocida se libre oficio a la referida institución estatal de control para que informe acerca de la inscripción de la Fundación.
CD donde consta la circunstancia de la infiltración y espionaje practicado por el señor Amárico Alejandro Balbuena así como las notas periodísticas de la Agencia Walsh.


Copia simple de las partes pertinentes del Expediente MS n° 14.719/13.


Testimonial: Se llame a prestar declaración testimonial a los señores Lucas Schaerer y Lucas Manjon con domicilio en Av. Directorio 3998 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


5. Petitorio


Por todo lo expuesto solicitamos:


1) Se nos tenga por presentados, por parte y con el domicilio constituido;


2) Se determine como primera providencia sustanciar el presente proceso como juicio sumarísimo


3) Se corra traslado de la presente demanda y se solicite informe circunstanciado respecto de los siguientes puntos:
Si la Fundación Alameda por la Lucha Contra el Trabajo Esclavo se encuentra sometida a vigilancia por parte de la Policía Federal Argentina en razón de lo dispuesto en el art. 58 del Decreto- Ley 6580/58.
Si los directivos e integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo, así como aquellos frecuentan su trato personal o comercial y los lugares o locales donde se reúnen se encuentran sometidos a vigilancia especial por parte de la Policía Federal Argentina en virtud de lo dispuesto en el art. 79 del Decreto –Ley 6580/58.
Si las informaciones que habrían sido recogidas en virtud de la vigilancia dispuesta por las razones precedentes han sido reunidas en registros individualizadores conforme lo dispuesto en el art. 82 del Decreto-Ley 6580/58.
Si se han recibido en la Policía Federal Argentina comunicaciones de otras fuerzas de seguridad, nacionales o extranjeras, que califiquen de peligrosas las personas de los integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo o de las actividades que realizan que hayan justificado la observación o calificación por parte de la superintendencia de Investigaciones (art. 85 del Decreto-Ley 6580/58).
De ser así se exhiban los datos recogidos a los fines de su rectificación o supresión (art. 43 de la Constitución Nacional.
Para el supuesto caso de que las medidas de inteligencia se hubieren realizado en el marco de una investigación judicial solicitamos se informe cuál es el tribunal interviniente,
4) Que oportunamente se haga lugar al restablecimiento de los derechos afectados y a la rectificación o supresión de los datos.
Proveer de conformidad. Será Justicia

Graciela Iturraspe expresó su preocupación por la precarización laboral.

La precandidata a senadora provincial por el Frente PODEMOS afirmó hoy en Tandil “que el 50% de la población económicamente activa se encuentra en estas condiciones” lo que impacta sobre los aportes jubilatorios. También se refirió a la inseguridad y el cuidado del ambiente.


En su recorrida por Tandil, la precandidata a senadora provincial por el Frente PODEMOS, Graciela Iturraspe, contó que “las reuniones con los trabajadores indican la gran preocupación que existe sobre la precarización laboral, la informalidad del trabajo en éste y otros distritos de la Quinta Sección. El 50% de la población económicamente activa se encuentra en estas condiciones impactando con esta situación sobre los aportes jubilatorios, lo que suma a la imposibilidad de los jóvenes de acceder a trabajos genuinos, dignos, que con el correr de los años agudizará la crisis previsional no pudiendo tener jubilaciones dignas”.

En relación con esta temática, la actual diputada presentó hace una semana un proyecto de ley para actualizar el seguro de desempleo, y que la prestación equivalga a un porcentaje de la mejor remuneración normal y habitual percibida durante los últimos 6 meses por parte del trabajador. Días antes, Alicia Reyley (precandidata a concejal por PODEMOS en el distrito de General Pueyrredón) y Julio Hikkilo (precandidato a senador provincial por el mismo frente) realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación con el mismo pedido.

En sus declaraciones en Tandil, Iturraspe se refirió también a otros temas sensibles para la comunidad como es la inseguridad. Al respecto, manifestó: vemos la inseguridad de manera integral donde no sólo hay que prever la logística y el equipamiento para la policía con salarios, patrulleros acordes a la tarea que realizan, sino también establecer corredores seguros donde exista iluminación a giorno en los accesos a las escuelas, los centros recreativos, deportivos, con la correcta comunicación entre el transporte público y los móviles policiales dotando a los mismos de GPS coordinado por las autoridades municipales, donde sepamos por ejemplo los horarios en que pasan los colectivos por las paradas”.

Por último, la candidata habló sobre el ambiente y los efectos de los agronegocios y el tratamiento de la basura.

“Desde la Legislatura hay que regular el impacto sobre la población en el manejo de los agrotóxicos no permitiendo las fumigaciones alrededor de los cascos urbanos y su periferia. No puede ser que se esté fumigando a mil metros de los barrios, y esto es lo que nos transmiten los vecinos en cada recorrida.