El conflicto que mantiene un sector de la policía de San Luis con el gobierno provincial asoma como la puja política más difícil que debe afrontar el gobernador Claudio Poggi, en sus primeros dos años de gestión. La situación llegó a su máxima tensión con la toma del edificio de la Jefatura Central de Policía, enfrentamiento que derivó horas más tarde en la renuncia del jefe policial, el comisario retirado Miguel Ángel Ubieta, superado por la crisis de sus subalternos.
Ubieta y parte de la plana mayor de la policía puntana estuvieron retenidos por los policías rebeldes hasta el miércoles al mediodía, cuando pudieron salir del edificio. El subjefe policial, Oscar Papaño, quedó a cargo de la institución y como único interlocutor entre el gobierno y los uniformados que están en rebeldía. Mientras tanto desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Martín Olivero, junto al fiscal de Estado reclamaron al juez Jorge Sabaini Zapata que disponga el desalojo del predio policial.
El magistrado ordenó la desocupación del lugar pero colocó como condición indispensable agotar todos los canales de diálogo y alcanzar una solución pacífica. De acuerdo con la resolución, ese plazo no tenía una hora de ejecución. Hasta ayer a las 18 hs no había señales por parte de los policías rebeldes de abandonar la jefatura de policía. Es más, una de las auxiliares de policía exonerada se había encadenado al edificio. Se trata de cien personas, que permanecían adentro al cierre de esta edición.
La decisión del juez penal de desalojar el lugar se tomó tras el dictamen que le elevó la fiscal Sonia Fernández, quien recorrió el lugar. El juez consideró que había fundamentos suficientes para disponer que la Jefatura fuera evacuada, para que la fuerza de seguridad recupere el control de las dependencias. En el edificio, ubicado en las calles Ciudad del Rosario y Riobamba funciona el servicio de emergencias 911, que había sido intervenido por los manifestantes.
El jefe interino de la fuerza, Papaño, con la esperanza de poner fin a la protesta a través del diálogo, mantuvo reuniones con el representante legal de los efectivos autoacuartelados, el abogado y comisario retirado Enrique Alejandro Miranda. Hasta ayer al mediodía las gestiones no habían prosperado. Por la tarde, la Jefatura seguía tomada y se desoía la orden de desalojo del juez.
Además de la toma de la Jefatura policial, existen otras comisarías del interior de la provincia, cuyos integrantes permanecen auto acuartelados y solo atienden situaciones de urgencia. Por lo tanto no hay patrullajes en las calles ni prevención alguna del delito. Tampoco prestan servicios adicionales en bancos y casinos, que debieron recurrir a seguridad privada para poder funcionar. Esa situación de indefensión se da en localidades del norte de San Luis y en parte en la ciudad de Villa Mercedes.
La toma del edificio central de la policía puntana fue una reacción ante el anuncio hecho el lunes por el ministro Olivero de que habían resuelto dar de baja a los auxiliares y sumariar a los oficiales y suboficiales que habían iniciado la protesta en Villa Mercedes y otras localidades puntanas. Los policías que adhieren a la protesta habían elevado al ministerio de Seguridad un petitorio donde se mencionaba la "acuciante situación por la que atraviesa el personal de la policía de San Luis".
El petitorio de quince puntos, menciona "los magros salarios" que cobra la policía y "las deficitarias condiciones laborales” en las que cumplen su labor. En el escrito, piden al gobierno que un auxiliar pueda percibir "un haber mensual superior a los siete mil pesos". Anoche, la tensión era latente y se conjeturaba que de un momento a otro se podría desalojar por la fuerza las instalaciones. En medio de la crisis con la policía, hubo acusaciones cruzadas de la dirigencia política por la motorización de la protesta, que terminaron de enrarecer la situación que de por si es severa. Y aún con final impredecible.
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