El Estado Nacional intentó demostrar ayer con un ejemplo práctico y concreto que lo que está en discusión sobre la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales es una cuestión económica que poco y nada tiene que ver con la libertad de expresión. El Grupo Clarín había argumentado que las limitaciones y restricciones que le impone la aplicación de la ley atentan contra su sustentabilidad, y ello repercute directamente con su "voz crítica" hacia el gobierno. Pero el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, explicó que si Clarín se hubiera adecuado voluntariamente a los límites en la cantidad de licencias y cantidad de abonados de TV paga "hoy podría seguir siendo dueña de Canal 13, TN, FM 100, Radio Mitre y una compañía de cable con el 35% del mercado". El Grupo Clarín anticipó a través de su abogado, Damián Cassino que no acatará un eventual fallo adverso de la Corte y recurrirá la sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La segunda jornada de la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema para escuchar los argumentos de uno y otro lado sobre la Ley de Medios dejó en claro que la discusión se proclama por cuestiones de libertad de expresión pero lo que subyace muy por encima de ese derecho humano esencial son cuestiones económicas, de poderío, capacidad de lobby e influencia sobre humores y decisiones de la sociedad en su conjunto. Hacia allí apuntaron el medio centenar de preguntas que la Corte preparó y repartió a los asesores técnicos de ambas partes, que enriquecieron la primera parte de la audiencia.
Hubo 17 preguntas para el demandante Grupo Clarín y 33 para el Estado, cinco minutos para cada respuesta y después cada parte hizo una breve exposición final de diez minutos. El primero en responder las preguntas fue el Grupo Clarín, representado por los abogados Damián Cassino, Alejandro Carrió y María Angélica Gelli. Por el Estado, expusieron el director de gestión de la AFSCA, Daniel Larrache, la asesora Graciana Peñafort Colombi, el constitucionalista y asesor externo de la Procuración del Tesoro, Eduardo Barcesat, y el economista Horacio Seillant. El titular del órgano de aplicación de la ley, Martín Sabbatella, hizo uso de los minutos finales y puso en contexto político la posición oficial.
Para Sabatella, Clarín no tiene ni tendrá un problema de sustentabilidad económica. Si su actividad se limitara a un conglomerado empresario que operara en el mercado de las telecomunicaciones y la prensa gráfica, seguiría siendo exitosa aún después de la aplicación integral de la ley. "Pero si quieren tener una empresa para poner y sacar presidentes obviamente que no les alcanza."
La abogada Gelli, del Grupo, replicó desde otro costado. "Clarín es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación. Los otros medios se sostienen en un 80% con publicidad oficial. Los derechos de Clarín son los de la audiencia, los del público, cientos de miles de personas que lo eligen cada día." Su colega Alejandro Carrió completó: "El mayor pluralismo que declama la ley es una mera conjetura. No se puede justificar tamaña afectación de derechos. Estamos hablando de señales que no utilizan espectro radioeléctrico. Al estado nada le impide entregar más señales de cable. No hace falta quitarle una licencia a Clarín para que haya otras voces. ¿Para qué quieren las licencias del grupo Clarín, para silenciar la voz crítica? No hay que confundir la preferencia de la audiencia con falta de pluralidad. Lo que se busca es el desguace del Grupo Clarín en un contexto de hostigamiento que incluye el cepo publicitario privado y la quita de toda la publicidad oficial. Está en juego la libertad de expresión. Clarín perderá la posibilidad de llegar a un público que quiere escuchar su voz."
Pero desde la postura del Estado tal cercenamiento a una elección del público resulta una falacia. Cuando la Corte preguntó "por qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la Ley 26.522, en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones", los técnicos del Estado explicaron que la corporación empresaria "genera barreras a competidores, ejerce posición dominante y prácticas predatorias y excluyentes. Ha comprado competidores no para explotarlos sino para cerrarlos." Según un informe técnico, en el país hay 1117 operadores de televisión por cable, lo que arroja un promedio de 1,6 cables por operador. Pero Clarín tiene 237, "unas 200 veces más que la media". Clarín se niega a desinvertir; el Grupo Uno, que sí va a hacerlo, posee 49. Telered, 18. Del total, 250 licenciatarios tienen sólo una licencia. "Es el Grupo Clarín el que con su tamaño impide escuchar la voz de los demás. Como dijo la defensora del público, cuando ellos gritan, los demás susurran", expresó Larrache.
Horacio Seillán, uno de los técnicos del Estado, citó un informe de expertos de la Comisión de Defensa de la Competencia de febrero de 2007 para salir al cruce de otro de los argumentos en contra de la ley. Los amicus de Clarín y también ayer durante la exposición de sus abogados deslizaron que para contrarrestar una "posición dominante" de un grupo económico está la Ley de Defensa de la Competencia. En consecuencia, no es necesaria una ley especial, como la de Medios Audiovisuales, para corregir esas distorsiones típicas del mercado. Pero Seillán explicó que las leyes antimonopólicas apuntan a quienes generan arbitrariamente precios y sustancias. En el mercado eléctrico, esa sustancia es la energía; en el servicio de provisión de agua, la presión o la calidad de ese elemento. En materia de medias de comunicación, la sustancia son los contenidos. "Los problemas generados por la existencia de monopolios naturales en la producción de contenidos no son susceptibles de ser resueltos con los mecanismos de defensa de la competencia. ¿Cómo regular los contenidos sin entrar en colisión con la libertad de expresión?"
La posición dominante del Grupo Clarín es en determinadas localidades, según el Estado, más grave aún que la situación monopólica. Se trata, según su argumento, de un "monopsonio", es decir, una situación en la que no sólo puede fijar precios en el mercado sino que obstaculiza la competencia y se queda con lo que se denomina técnicamente el "excedente del oferente". Entonces, en sentido exactamente contrario a la crítica hacia la ley, el Grupo está en condiciones de "definir los contenidos que va a distribuir a su gusto y necesidad". Y la información, el acceso a ella, la pluralidad y disparidad de voces y opiniones forman parte de los bienes culturales y de Derechos Humanos consagrados expresamente por la Constitución Nacional. "La libertad de prensa es un valor simbólico. La defensa de la competencia es una ley de mercado. No hay manera de compensar en términos económicos la restricción a la libertad de expresión", explicó Peñafort Colombi.
La Ley de Medios se está aplicando. Ante la pregunta específica de la Corte, la respuesta fue que 14 grupos multimediáticos ya presentaron sus planes de adecuación, otros 15 los tienen en trámite y diez más entregaron sus carpetas pero no requerían adecuación. Y además, desde la sanción de la ley fueron entregadas 600 licencias de radios a municipios, 50 de TV por cables a cooperativas, 200 para organizaciones sin fines de lucro, entre 15 y 18 para comunidades de pueblos originarias y unas 30 para universidades.
"El proceso de adecuación busca preservar las fuentes de trabajo y la ley establece protecciones específicas en lo que tiene que ver con las incumbencias profesionales. La ley cuenta con el aval de los sindicatos y apunta a preservar y mejorar la oferta de trabajo. La ley sólo funciona con una industria cultural. Con concentración no hay industria cultural", aseveró Peñafort Colombi.
La postura del Estado mostró flaquezas cuando la Corte avanzó sobre si "el Estado puede quitar las licencias ya otorgadas a cualquiera de las empresas que trabajan en el sistema o las que otorgue en el futuro, sin derecho alguno?", la primera respuesta fue un "no", pero ante la repregunta comenzaron los titubeos. Si la Corte apuntaba a determinar si ante un fallo que obligara a Clarín a desinvertir habría una compensación por parte del Estado, no obtuvo una respuesta del todo clara.
Tampoco el Grupo Clarín pudo explicar con contundencia por qué una cuestión patrimonial, esencialmente económica, podría afectar la libertad de expresión. Cuando la Corte interrogó: "Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad?, ¿no tendrían libertad de expresión? ¿o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín?; ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación, sin invocar este agravio?", tampoco hubo respuesta.
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