El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunció irregularidades e incumplimiento de leyes que posibilitarían la propiedad de la tierra de los pueblos originarios
El organismo eclesial advirtió sobre la “gravedad de la indefinición en materia de tierras indígenas como origen de desalojos, represión e incluso muertes de miembros de pueblos originarios, el bajísimo nivel de ejecución del programa de relevamiento, la alta utilización de los fondos y la ausencia de transparencia”. Ante este cuadro “severo”, consideró que urge revertirlas y reclamó “decisiones políticas adecuadas, adoptadas con la plena participación de los pueblos indígenas víctimas de esta situación”.
La investigación de ENDEPA se refiere al programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas, establecido por la ley nacional 26.160, sancionada a fines de 2006 y prorrogada a los tres años por la ley 26.554. El relevamiento consiste en los estudios de determinación de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas con el fin de que se reconozca su propiedad, independientemente de quienes aparezcan con los títulos en los registros estatales. Las leyes incluyeron la suspensión de los desalojos mientras se realice el relevamiento y una asignación presupuestaria de 60.000.000 pesos para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecute las tareas con la colaboración de los gobiernos provinciales.
El estudio presentado da cuenta del escaso nivel de ejecución del programa en contraste con la alta utilización de los recursos. Ya en 2011 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) había advertido el bajísimo nivel de avance de las tareas, lo que fue corroborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante un informe presentado al año siguiente.
La actual investigación comienza señalando la falta de transparencia en la información, ya que desde 2009 el INAI no presenta ningún informe detallado del estado del programa y de la utilización de los fondos y en lugar de ello ha brindado afirmaciones genéricas falsas en donde sostiene que el programa de relevamiento se ejecutó en un 40 por ciento. Sin embargo, en base a las respuestas dadas por el propio INAI a requerimientos formulados en base al decreto de acceso a la información, el informe exhibe el estado de ejecución en cada provincia determinando que a seis años de la sanción de la ley 26.160 el relevamiento sólo se ha concluido en una octava parte (12,48 por ciento). “A este paso” –sostiene el documento- “harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”.
Un análisis cualitativo muestra una mayor gravedad en los retrasos ya que en las provincias de más alta conflictividad con los pueblos indígenas, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65 por ciento del total de comunidades indígenas del país, “el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11 por ciento”. Ello permite concluir que “en las provincias en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en donde mayores deficiencias y demoras denota la acción del INAI”
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