lunes, 21 de octubre de 2013

Represores chilenos condenados: Deslizaron la posibilidad de entregar información sobre sus crímenes a cambio de morigerar las sentencias.

Tanto la favorita Michelle Bachelet como el derechista Jorge Ulloa manifestaron su disconformidad con el anuncio que esbozó el sábado el defensor del ex titular de la temible policía secreta, el general Manuel Contreras.

Los familiares de las víctimas de la dictadura chilena (1973-1990) calificaron como siniestra y peligrosa una nueva propuesta de los condenados por violaciones a los Derechos Humanos, que el sábado ofrecieron entregar información sobre sus crímenes a cambio de una reducción de penas y un régimen carcelario aún más benigno que el actual. La propuesta la hizo el abogado René López, defensor del general Manuel Contreras, el antiguo jefe de la DINA, la policía secreta del régimen cívico-militar, condenado a más de 300 años de prisión por asesinatos, secuestros, torturas y desaparición de personas, entre otras graves violaciones a los Derechos Humanos.

La ex presidenta Michelle Bachelet, ahora candidata presidencial de la Nueva Mayoría para las elecciones de noviembre, reaccionó ayer durante un discurso en un acto de campaña y señaló que "con los crímenes de lesa humanidad no se negocia", para agregar luego que "esa propuesta es inadmisible". La ex mandataria (2006-2010) recordó que Contreras "ha engañado por años sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y sólo pretende negociar impunidad". Bachelet opinó que si los militares detenidos tienen información "deberían entregarla, ya que no hacerlo es mantener el dolor de los familiares de las víctimas".

López había dicho que para materializar la oferta de Contreras y otros criminales a los que defiende, se debe instalar una mesa de diálogo en la que se sienten, en igualdad de condiciones, los violadores de los Derechos Humanos y los familiares de los desaparecidos. El abogado agregó que el presidente Sebastián Piñera debería respaldar la iniciativa y, "si lo autoriza, podemos entrar a conversar, formar una mesa de diálogo, chequear antecedentes, buscar por ahí y por allá". Hasta anoche, ni el jefe de Estado ni ningún funcionario autorizado de su gobierno habían abierto opinión sobre los dichos de López.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, reaccionó de inmediato al conocer la "oferta" señalando que "estamos ante una propuesta inmoral, siniestra y peligrosa, se está jugando con la búsqueda de una verdad que nosotros estamos buscando desde hace muchos años". Y agregó que los militares detenidos en el penal especial de Punta Peuco, a 35 kilómetros de Santiago, ya intentaron operaciones similares, con el mismo discurso acerca de que están dispuestos a colaborar para dar con la verdad sobre los desaparecidos. Pizarro aseguró que con la propuesta "se demuestra una vez más que mantienen un pacto de silencio y no dicen todo lo que saben".

El diputado Jorge Ulloa, la figura más representativa de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), le soltó la mano a Contreras y sostuvo que "la entrega de los antecedentes que permitan alcanzar la verdad tiene que ser a cambio de nada (…) no corresponde pedir nada a cambio, lo que tenemos que hacer es el tremendo esfuerzo de que se ubique a todas las personas que están desaparecidas, ojalá a todas". Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, abogado además en varias causas de Derechos Humanos, señaló que rebajarle la pena a Contreras para que quede en libertad por los crímenes cometidos "no es la forma más correcta de construir una democracia sana".

Los violadores de los Derechos Humanos siempre dijeron que nunca habían ocultado ninguna información sobre la violación de los Derechos Humanos. El propio Manuel Contreras, una figura emblemática entre los criminales de lesa humanidad, reiteró en setiembre pasado que "no tenemos secretos", y negó la existencia de detenidos desaparecidos durante la dictadura. En los ámbitos políticos, la oferta de cambiar información por más privilegios judiciales y carcelarios desató repetidamente una misma pregunta: ¿para qué René López, el abogado de los militares, hace esta oferta que se supone inaceptable para los familiares y, en consecuencia, está condenada al fracaso?

Ayer, el mayor de los hijos de Contreras dijo que López no cuenta con el patrocinio de su familia para la sugerencia que realizó, y que su padre "ya aportó toda la información que conoce". Las declaraciones de Contreras hijo se conocieron 24 horas después de que López le pidiera al gobierno que promoviera la instalación de una mesa de diálogo y recibiera como respuesta un silencio atronador.
 

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