A la cita, convocada por la mesa de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, asistieron mil 270 participantes de todas las regiones, quienes coincidieron en la necesidad "de un cambio radical en la manera como el Estado y varios sectores perciben a los cultivadores de coca, amapola y marihuana".
En la mesa temática dedicada a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito se presentaron 146 ponencias, en las que los delegados argumentaron que la política antidrogas en el país relacionada con esos cultivos ha sido un fracaso y se implementó sin previa concertación con las comunidades afectadas.
"La fumigación con agentes químicos como el glifosato ha afectado la salud de los pobladores, deteriorado el medio ambiente, la seguridad alimentaria y lesionado la sostenibilidad social y cultural de las comunidades", señalaron.
En relación con la erradicación forzada, expresaron que propició que los agentes estatales cometan todo tipo de abuso contra las comunidades, incluso el acoso sexual a las campesinas, chantaje a los agricultores y robo de sus bienes.
Frente a estas problemáticas algunas organizaciones plantearon la necesidad de que toda política pública de sustitución de cultivos de uso ilícito sea resultado de la convocatoria y consultas previas con las comunidades regionales, locales y nacionales.
Los delegados coincidieron en la posibilidad de conciliar la legalización de los cultivos de coca, marihuana y amapola con fines medicinales y cosméticos y llamaron al Estado a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las familias vinculadas a la producción de hoja de coca a pequeña escala.
La mayoría consideró que el neoliberalismo creó las condiciones para favorecer los cultivos ilícitos por las consecuencias negativas de este modelo para los distintos sectores populares, en especial los que viven en la zona rural colombiana.
La coca, expresaron, no es igual a la cocaína y por ello no se puede tratar de la misma manera a esos cultivos que a la producción y comercialización del tráfico de narcóticos.
Las mujeres colombianas pidieron promover políticas incluyentes para todos los sectores, en tanto los afrodescendientes elevaron sus voces por una mayor gobernabilidad, autonomía, libre determinación y control territorial.
Entre las propuestas presentadas, que se enviarán a la mesa del diálogo de paz en Cuba, los participantes pidieron reparar a los miles de víctimas del narcotráfico y replantear la figura de la extradición.
El foro tendrá su último ciclo del 1 al 3 de octubre en el sureño departamento del Guaviare con representantes de organizaciones campesinas, empresariales, indígenas y afrodescendientes de las regiones más afectadas por la producción, el consumo y el tráfico de drogas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario