El 4 de julio pasado, los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi escucharon cómo el Tribunal Oral de San Juan los condenaba a prisión perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, por torturas, asesinatos y asociación ilícita durante la última dictadura militar, en lo que fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en la provincia. Veintiún días más tarde, ambos viajaron al Hospital Militar “Cosme Argerich”, de la ciudad de Buenos Aires, para recibir un tratamiento médico. En cuestión de horas, se escaparon y pasaron a integrar la lista de 51 genocidas prófugos que ya integraban el Fondo de Recompensa que creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Detrás de esta fuga se esconde una estructura inorgánica con terminales económicas y judiciales.
Se sabe, para evadir a la Justicia y vivir en la clandestinidad por un período extenso se necesita una logística aceitada. Según se desprende de este caso, evidentemente existe una logia con ramificaciones impensadas. Es que los protagonistas de esta historia no son dos improvisados.
Gustavo Ramón De Marchi está registrado en el rubro “servicios inmobiliarios” desde 2005. Es hermano de Juan Carlos De Marchi, quien también revistó en el Ejército y fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Corrientes durante el terrorismo de Estado. Curiosamente, Juan Carlos presidió la filial Corrientes de la Sociedad Rural, entre 1989 y 2004. Tal fue su poder que hasta Luciano Miguens, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, lo definió como “una persona honorable que integra nuestra casa”. “Nosotros apoyamos a Juan Carlos De Marchi”, había llegado a decir Miguens. No es para menos: fue vocal suplente de la entidad hasta 2007. Respecto de Gustavo Ramón, un preso político que hoy ocupa un importante cargo en la provincia de San Juan lo recordó como “un hombre tenebroso”.
Jorge Antonio Olivera nació en Misiones y se dedica desde 1999 a brindar “servicios jurídicos”. Está casado con Marta Noemí Ravasi, monotributista, que trabaja como psicóloga en el Hospital Militar. Los investigadores la señalan como una figura clave en la fuga de su marido. En su perfil de Facebook se puede constatar su amor por el puerto de Olivos y los veleros.
Olivera, en el año 2000, constituyó junto a Jorge Humberto Appiani la firma Prepaga SRL con el objeto de dedicarse al “asesoramiento legal en todas las materias y disciplinas de la ciencia jurídica”. Con el título bajo el brazo, Olivera trasladó al mundo del derecho su ideología fascista. Por caso, fue el letrado defensor del represor Guillermo Suárez Mason –vinculado a la logia P2, un dato que no es menor como se verá más adelante–.
Entre los delitos que se le imputaron a Olivera en San Juan se destaca el de la francoargentina Marie Anne Erize, secuestrada el 15 de octubre de 1976 en aquella provincia. El represor ya había sido procesado en la Argentina por esta causa en 1987 pero quedó en libertad por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No obstante, estando en Roma, Italia, Olivera fue detenido en el año 2000. Fue justamente en Europa donde el letrado gestó su primera fuga en septiembre de aquel año. Trece años después volvió a evadir a la Justicia.
Según pudo averiguar Veintitrés, los investigadores barajan diversas hipótesis sobre el financiamiento de los prófugos. A raíz de documentación recabada por el Ministerio de Defensa, vinculada a la actividad económica de Olivera, la Unidad de Información Financiera (UIF) pudo constatar que el represor trabajó como abogado hasta el día de su detención: litigó contra el Estado nacional, particularmente en juicios por reclamos de haberes de las Fuerzas Armadas y defendiendo a militares procesados. Y los honorarios que de allí obtenía los utilizó para constituir dos fideicomisos, junto a su socio Jorge Humberto Appiani. El “Fideicomiso Financiero SJ2” y el “Fideicomiso de Garantía SJ2”. Se sospecha que estos dos instrumentos financieros pudieron ser utilizados para solventar los gastos de la fuga y la vida clandestina.
Por ello, la UIF aplicó a ambos represores la controvertida ley antiterrorista “y considerando que lo percibido o a percibir proveniente de los fideicomisos sin lugar a dudas resultaría fundamental para su financiamiento, con el objetivo de mantenerse prófugos, procedió en el día de ayer (30 de julio) al congelamiento administrativo de los bienes y dinero de los fideicomisos”.
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