En dos resoluciones sucesivas, la Sala I del tribunal sostuvo el “fracaso de la pesquisa” seguida por Oyarbide, y resolvió también derivar la causa a otro juez federal, Marcelo Martínez de Georgi, que ya tramita una causa conexa.
Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero detallaron en una resolución de 46 páginas fallas en las indagatorias y confección del sumario que realizó Oyarbide.
La anulación de la indagatoria y virtual vuelta a fojas cero del expediente benefició, además de los hermanos Schoklender, sindicados por Oyarbide como cabeza de una asociación ilícita, al contador Alejandro Gotkin, a Viviana Sala, la ex mujer de Sergio Schoklender, a los financistas Fernando Caparrós Gómez y Marcelo Laurenti, y al piloto Gustavo Serventich.
Otros que habían sido indagados pero no procesados, como María Alejandra Bonafini, hija de la presidente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también quedaron incursos en la resolución que anuló las indagatorias.
Farah y Ballestero objetaron la calificación de los delitos realizada por Oyarbide, comenzando por el de “asociación ilícita” aplicada a los casi sesenta procesados por entender que “la descripción allí incluida no alcanza a satisfacer los requerimientos típicos del delito”.
“Tampoco se ha señalado cuál sería la actividad delictiva que estaría destinada a llevar a cabo” una parte de los procesados, señala la durísima resolución que descalifica todo lo actuado por Oyarbide desde la apertura de la causa, el 2 de junio del 2011.
“El juzgador tampoco ha explicado las características del acuerdo” que habría existido entre más de 60 procesados, algunos de los cuales integraban la Fundación mientras que otros prestaron servicios profesionales como arquitectos, ingenieros y contadores y no la integraban.
La Cámara objetó además las “referencias genéricas” a las sumas de dinero que habrían sido desviadas en beneficio personal de los imputados y que habrían ocasionado el perjuicio al Estado, base de la acusación de “fraude”, así como que no se identifique a las financieras que presuntamente habrían canalizado esas operaciones.
“Si el objeto procesal de estas actuaciones consiste en establecer el posible desvío de los fondos que el Estado Nacional habría remitido a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, la columna vertebral de la pesquisa debe ser, precisamente, el seguimiento de esos fondos”, sostuvo la Cámara Federal.
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