Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reclamaron ayer el establecimiento de un estatuto que garantice el libre ejercicio de la oposición y otorgue garantías de seguridad para ello, así como la reparación integral al partido Unión Patriótica (UP), entre otras propuestas sobre la futura participación política. Este es el tema –segundo punto de una agenda de seis– que la guerrilla y el gobierno debaten actualmente en la mesa de diálogo en La Habana. La delegación gubernamental no hizo referencias al planeo rebelde.
En una nueva batería de enunciados sobre este punto, la delegación de paz de las FARC pidió la sanción de lo que llamó un "estatuto de la oposición política y social" que asegure, entre otros, el "derecho a constituir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna". Plantearon, además, que el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos no quede supeditado al logro de un umbral electoral prefijado y sea suficiente con la inscripción del programa y los estatutos de la nueva entidad.
La insurgencia reclama que el gobierno se comprometa a desmontar "de forma efectiva, real y material" la poderosa trama de las organizaciones paramilitares que operan como un ejército paralelo a su propio servicio y a servicio de las mafias del contrabando y el narcotráfico. Los rebeldes también exigen que el gobierno se comprometa a proscribir "toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social" (básicamente partidaria y sindical).
Las FARC insistieron en la necesidad de una reparación y resarcimiento integral que ampare a la UP, partido nacido en 1985 tras un acuerdo con el entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986), y blanco de una política de exterminio que se coronó con el asesinato de miles de sus candidatos –desde aspirantes presidenciales hasta postulantes a alcaldías– y militantes de base. Los rebeldes reclamaron ayer que esa reparación incluya la devolución de las bancas que tenía la UP en el momento de su mayor representatividad, así como la creación de un grupo que tendrá la misión de investigar, hasta esclarecer, el genocidio sufrido por los integrantes y simpatizantes del partido.
"La Comisión de la Verdad histórica del terrorismo de Estado tendrá como una de sus funciones específicas el esclarecimiento del genocidio contra la UP, de los crímenes contra sus militantes y simpatizantes", dice la declaración entregada a los medios. "En el caso de la Unión Patriótica, el resarcimiento incluye además, mediante la promulgación de una ley dictada a tales efectos, el reconocimiento expreso y taxativo de la responsabilidad estatal frente a la opinión pública y la comunidad internacional", agregó la declaración rebelde.
El pasado 9 de julio el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la UP, que le había sido quitada por las autoridades electorales después de que en la elección de octubre de 2002 no obtuviera representación parlamentara. Ese fue el momento de auge del genocidio, cuando miles de militantes se exiliaron o volvieron a combatir junto con las guerrillas.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia reiteró ayer que "en breve" liberará al canadiense Jernoc Wobert, a quien mantiene retenido desde enero pasado, cuando uno de sus comandos irrumpió en un campamento de la minera Braewal Mining Corp. Los guerrilleros se llevaron con rumbo desconocido a Wobert, vicepresidente de exploraciones de la minera, así como a tres trabajadores colombianos y dos peruanos, que fueron liberados días después.
Desde entonces, el ELN dijo en varias ocasiones que liberaría al geólogo de la Braewal Mining si ésta renuncia a la explotación de oro en la región de Norosí, en el departamento caribeño de Bolívar, y deja los filones en manos de los mineros artesanales. La empresa canadiense anunció la semana pasada que está dispuesta a renunciar a dos de las cuatro concesiones que tiene en esa zona rica en minerales, lo que fue bien recibido por el ELN.
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