La trata incluye lavado de dinero. En una causa en la que se investiga un circuito ilegal que integraban grandes marcas de ropa.

Mientras la justicia suma investigaciones sobre talleres textiles que fabrican indumentaria en condiciones ilegales a pedido de grandes marcas del sector, la Unidad de Información Financiera (UIF) busca probar la relación de esos centros ilegales y las firmas que compran su producción con el lavado de dinero.

La dependencia que dirige José Sbatella bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sospecha que importantes marcas del mercado local, como Kosiuko, Motor Oil, Oxxo, Siamo Fuori, 4You, AFS Jeans, Escombro, Bless, entre otras, son responsables por el delito en cuestión en tanto compran producción realizada en condiciones delictivas, detallaron fuentes oficiales.

En ese contexto, la UIF apeló ayer una decisión del juez Norberto Oyarbide, que le denegó la intervención como querellante en una causa que investiga un posible caso de trata de personas con fines de explotación en talleres de costura titulada como 2408/12 "Ojeda Uruña Remberto y otros s/ Inf. Art. 145 bis 1° párrafo" y está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5. La intención del organismo es llamar la atención sobre la operatoria del lavado de activos en las ganancias de esa actividad.

La causa se inició tras una pesquisa de la ex Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas en la que se descubrió una supuesta "captación de personas" en Bolivia para luego dirigirlas a talleres textiles de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En el contingente, habrían sido transportadas 75 personas que respondieron a avisos radiofónicos que ofrecían trabajo en la Argentina bajo condiciones falsas.

La UIF denuncia que las ganancias que se obtienen como consecuencia de ese sistema se introducen luego al mercado financiero como si fueran legítimas. "Lo que dice la UIF –explicó la fuente– es que el producto que los talleres venden a las firmas es resultado del delito de explotación, por lo tanto, cuando la marca comercializa el producto se está lavando dinero, usufructuando lo producido bajo delito de explotación."

Desde la organización civil La Alameda, experta en la problemática de la trata y los talleres clandestinos, acreditaron la sospecha de la UIF. Aunque se eximieron de tocar el caso puntual en el que la dependencia busca ser querellante, una fuente de la entidad consideró "normal" que las empresas textiles "inflen sus ventas", entre otros mecanismos que pueden ocultar maniobras delictivas. "De hecho, en muchos allanamientos a textiles se descubrieron casos de narcotráfico y obviamente evasión impositiva", indicó la fuente.

Pese al reclamo de la UIF para ser querellante, el juez Oyarbide cerró la instrucción y elevó la causa a juicio oral, que se realizará en el Tribunal Oral Federal 5. El magistrado rechazó luego la participación de la UIF en el marco de otra causa formada a partir de la anterior, la 12.390/2012, proceso caratulado como "Rego Jorge Néstor y otros s/ Delito de Acción Pública".

La exclusión del juez "implica dejar impunes a quienes compraban las prendas, con el conocimiento de que las mismas eran el producto del ilícito cometido por los proveedores", reza la apelación de la UIF, que agrega que "la integración de mercadería proveniente del trabajo esclavo en el circuito comercial perjudica el orden económico financiero nacional" en tanto a la vez validan el delito y generan competencia desleal.