En Río de Janeiro los índices de asesinatos registraron una cifra récord en agosto. Pero, además, el gobierno federal convocó el jueves a Beltrame y a funcionarios del estado de San Pablo para analizar la ola de manifestaciones violentas y las denuncias de excesos en la represión de las fuerzas del orden. Durante el encuentro, el ministro de Justicia Federal, José Eduardo Cardozo, acordó con las autoridades cariocas y paulistas elaborar un código de procedimientos de la policía para enfrentar los desmanes de los manifestantes.
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ), Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) y la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), anunciaron que discutirán las alteraciones en la legislación para evitar los excesos de violencia.
Por diversos delitos en el ejercicio profesional "en los últimos siete años, ya fueron expulsados 1500 policías en Río", aseveró Beltrame, acerca de las sanciones a policías envueltos en ilícitos. Beltrame es el funcionario que implementó el programa de Unidades de la Policía Pacificadora, establecidas en decenas de favelas de Río de Janeiro para erradicar el narcotráfico y garantizar el orden de cara a la Copa del Mundo.
Desde junio, Río de Janeiro enfrenta un clima de tensión agravado por las protestas callejeras y el descontento en las favelas, donde fueron denunciadas torturas y la desaparición de un albañil, un caso que fue repudiado por Amnistía Internacional.
El origen de las multitudinarias protestas que comenzaron en junio en varios puntos de Brasil surgieron por el alza del precio de los transportes, pero el reclamo fue sumando violencia y vandalismo en las últimas manifestaciones. En ese sentido, el Ejecutivo también anunció la creación de un grupo de inteligencia para controlar a infiltrados en las marchas de esa ciudad y San Pablo.
Pese a los anuncios del gobierno, entre ellos un ambicioso plan de inversión para transporte público, las manifestaciones continúan en varias ciudades, con mayor foco en San Pablo y Río de Janeiro donde en los últimos días recrudecieron con violencia los choques entre manifestantes y la policía.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fijó posición sobre la violencia y los grupos que atacaron predios públicos y bancos en los actos de protesta realizados en las últimas semanas en las dos ciudades más grandes de Brasil. "Debemos repudiar integralmente la violencia... están destruyendo el patrimonio público y privado. Es una barbarie", afirmó ayer en referencia a la actitud de grupos de acción directa como Black Block.
El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, anunció que las policías de los estados de Río de Janeiro y San Pablo tendrán un grupo conjunto de inteligencia para enfrentar la presencia de infiltrados en las protestas. Según el ministro, las acciones "no tendrán como objetivo a los movimientos sociales y sí quienes se organizan con el claro propósito de infringir la ley".
El trabajo enfocará los "abusos" con un protocolo de procedimiento unificado entre las autoridades que intervengan. El anuncio se dio tras las sospechas de que integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), la organización de presos que actúa desde el interior de las cárceles paulistas, se habrían infiltrado en las manifestaciones de esta semana. Las protestas de los últimos días, donde hubo incendio de ómnibus y bloqueo de rutas, fueron motivadas por la muerte en casos separados de dos adolescentes a manos de la policía en San Pablo.
Para Cardozo, las organizaciones que participan de la ola de protesta que estalló en junio "tienen interés en diferenciarse de los grupos que quieren desfigurar su acción".
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