El pasado 1 de mayo en la apertura de sesiones de la Legislatura de Misiones, el gobernador Maurice Closs anunció la toma de posesión por parte del Estado de unas 38 mil hectáreas de tierras en la zona de San Pedro. En medio de aplausos de la abrumadora mayoría oficialista que gobierna también el legislativo provincial, Closs se animó nombrar esta medida como la Reforma Agraria que resolverá la problemática del acceso y la regularización de la tenencia de tierras de cientos de miles de misioneros que disputan el territorio con las multinacionales de la forestoindustria y ahora también del turismo.
El que anuncia la "Reforma Agraria", además de gobernar la provincia desde el 2007 es también un prominente empresario del turismo. Durante su mandato se han destinados inversiones millonarias para dotar de infraestructura -luz, agua, además de las tierras- a grandes empresas hoteleras, incluidas las de él y su familia, que se instalaron en la codiciada maravilla natural del mundo, las Cataratas del Iguazú, muchas de ellas en territorios que le fueron arrebatadas a comunidades indígenas. En la selva Iriapú, unas 300 hectáreas le fueron usurpadas a la comunidad mbya guaraní que lleva ese nombre, las que fueron destinadas a un hotel de 5 estrellas con campos de golf en pleno corazón del territorio indígena.
"Milenariamente ocupamos esta zona, donde ahora se construyen grandes hoteles y cancha de golf, y todo se ve reducido en tamaño y en recursos para nosotros", explicó Miguel Morínigo quien fue cacique de la Comunidad de Iriapú en tiempos en que se logró el reconocimiento de sus tierras aunque en una superficie menor a la que reclamaban. En ese entonces Morínigo no imaginaba la presencia de estos "vecinos".
Este cacique sufrió una terrible persecución tras la lucha por sus territorios lo que lo obligo a emigrar a Brasil por varios años. Si bien hoy está de nuevo en la provincia, no pudo volver a su comunidad y debió conformar una nueva también dentro de las 600 hectáreas. Closs no habló de esto obviamente, tampoco hizo mención a que la provincia lleva casi 10 años de retraso en la efectiva implementación de la Ley de Arraigo y Colonización, sancionada por la legislatura en agosto del 2004, tras años de reclamos de un grupo de organizaciones campesinas que se organizaron en torno de la Pastoral Social de Puerto Iguazú, y lograron esta norma, en medio de una fuerte interna política entre ex socios –Carlos Rovira y Ramón Puerta, el primero gobernador y hoy presidente de la legislatura provincial y el segundo ex gobernador y actual diputado nacional.
La ley 4093 debió regularizar la tenencia de tierras de unas 1200 familias, según el censo realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Las propiedades que fueron incluidas en la ley de expropiación son aquellas en las que sus ocupantes se mantuvieron firmes en el reclamo y lograron niveles de organización lo suficientemente constantes como para aprovechar un momento político particular para la sanción de la norma. Las tierras bajo dominio registral de CATO, FERBUEL, COLONIZADORA MISIONERA Y PUENTE ALTO –ex intercontinental Compañía Maderera, pasaron a formar parte de la superficie a expropiar.
Desde la visibilidad misma del conflicto, que incluyó cortes de ruta, marchas, movilizaciones hacia la capital provincial, solidaridad de organizaciones sociales, campesinas de todo el país, el oficialismo encarnado ya en ese entonces por el Frente Renovador se opuso a cualquier posibilidad de expropiación. Se trató a los campesinos como intrusos y hasta se llegó a agitar el fantasma de una invasión de los “sin tierra” de Brasil. Por la proximidad con la frontera, muchos campesinos hablan el portuñol –mezcla de portugués con español- lo que sirvió para instalar la idea de que quienes demandaban tierras no eran argentinos. Sin embargo el censo de la UNaM despejó las dudas. En su gran mayoría eran argentinos y es más muchos de ellos tenían en sus documentos estas propiedades como lugar de residencia al momento del nacimiento.
La ley se aprobó el 26 de agosto del 2004. Las organizaciones campesinas celebraron este precedente “histórico” para la pelea por el acceso y la tenencia segura de las tierras, pero se prepararon para seguir luchando por el cumplimiento. El entonces gobernador Carlos Rovira vetó parcialmente la ley, introdujo modificaciones y devolvió a la legislatura. Rovira no quería la expropiación de la totalidad de las propiedades en conflicto, solo las superficies ocupadas y así se sancionó.
La demorada implementación de esta ley posibilitó la continuidad del desmonte ilegal de parte de los titulares registrales amparados en la complicidad de funcionarios provinciales, según denuncian los campesinos incluidos en esta norma y que aguardan desde hace casi 10 años los títulos de propiedad que les permitirían entre otras cosas acceder a servicios básicos como la energía eléctrica, programas de asistencia para productores familiares o créditos para sostener los emprendimientos productivos.
En principio se fijó un plazo de 5 años para la finalización del proceso de expropiación y adjudicación de las tierras, pero la gran mayoría de las familias aún hoy esperan la entrega de los títulos de propiedad. “El Estado estaba obligado a comprar esas tierras desde el 2004, la aplicación de la ley de Arraigo y Colonización se demoró demasiado, por eso llegamos a esta situación”, destacó Vilmar Vas de la Coordinadora Central de Tierras de Pozo Azul, en medio del último gran conflicto que se desató en la provincia tras el brutal desalojo de campesinos que vivían y producían en Puente Alto y las Coloradas, tierras pertenecientes a la empresa Colonizadora Misionera pero que quedaron fuera de la superficie a expropiar.
El que anuncia la "Reforma Agraria", además de gobernar la provincia desde el 2007 es también un prominente empresario del turismo. Durante su mandato se han destinados inversiones millonarias para dotar de infraestructura -luz, agua, además de las tierras- a grandes empresas hoteleras, incluidas las de él y su familia, que se instalaron en la codiciada maravilla natural del mundo, las Cataratas del Iguazú, muchas de ellas en territorios que le fueron arrebatadas a comunidades indígenas. En la selva Iriapú, unas 300 hectáreas le fueron usurpadas a la comunidad mbya guaraní que lleva ese nombre, las que fueron destinadas a un hotel de 5 estrellas con campos de golf en pleno corazón del territorio indígena.
"Milenariamente ocupamos esta zona, donde ahora se construyen grandes hoteles y cancha de golf, y todo se ve reducido en tamaño y en recursos para nosotros", explicó Miguel Morínigo quien fue cacique de la Comunidad de Iriapú en tiempos en que se logró el reconocimiento de sus tierras aunque en una superficie menor a la que reclamaban. En ese entonces Morínigo no imaginaba la presencia de estos "vecinos".
Este cacique sufrió una terrible persecución tras la lucha por sus territorios lo que lo obligo a emigrar a Brasil por varios años. Si bien hoy está de nuevo en la provincia, no pudo volver a su comunidad y debió conformar una nueva también dentro de las 600 hectáreas. Closs no habló de esto obviamente, tampoco hizo mención a que la provincia lleva casi 10 años de retraso en la efectiva implementación de la Ley de Arraigo y Colonización, sancionada por la legislatura en agosto del 2004, tras años de reclamos de un grupo de organizaciones campesinas que se organizaron en torno de la Pastoral Social de Puerto Iguazú, y lograron esta norma, en medio de una fuerte interna política entre ex socios –Carlos Rovira y Ramón Puerta, el primero gobernador y hoy presidente de la legislatura provincial y el segundo ex gobernador y actual diputado nacional.
La ley 4093 debió regularizar la tenencia de tierras de unas 1200 familias, según el censo realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Las propiedades que fueron incluidas en la ley de expropiación son aquellas en las que sus ocupantes se mantuvieron firmes en el reclamo y lograron niveles de organización lo suficientemente constantes como para aprovechar un momento político particular para la sanción de la norma. Las tierras bajo dominio registral de CATO, FERBUEL, COLONIZADORA MISIONERA Y PUENTE ALTO –ex intercontinental Compañía Maderera, pasaron a formar parte de la superficie a expropiar.
Desde la visibilidad misma del conflicto, que incluyó cortes de ruta, marchas, movilizaciones hacia la capital provincial, solidaridad de organizaciones sociales, campesinas de todo el país, el oficialismo encarnado ya en ese entonces por el Frente Renovador se opuso a cualquier posibilidad de expropiación. Se trató a los campesinos como intrusos y hasta se llegó a agitar el fantasma de una invasión de los “sin tierra” de Brasil. Por la proximidad con la frontera, muchos campesinos hablan el portuñol –mezcla de portugués con español- lo que sirvió para instalar la idea de que quienes demandaban tierras no eran argentinos. Sin embargo el censo de la UNaM despejó las dudas. En su gran mayoría eran argentinos y es más muchos de ellos tenían en sus documentos estas propiedades como lugar de residencia al momento del nacimiento.
La ley se aprobó el 26 de agosto del 2004. Las organizaciones campesinas celebraron este precedente “histórico” para la pelea por el acceso y la tenencia segura de las tierras, pero se prepararon para seguir luchando por el cumplimiento. El entonces gobernador Carlos Rovira vetó parcialmente la ley, introdujo modificaciones y devolvió a la legislatura. Rovira no quería la expropiación de la totalidad de las propiedades en conflicto, solo las superficies ocupadas y así se sancionó.
La demorada implementación de esta ley posibilitó la continuidad del desmonte ilegal de parte de los titulares registrales amparados en la complicidad de funcionarios provinciales, según denuncian los campesinos incluidos en esta norma y que aguardan desde hace casi 10 años los títulos de propiedad que les permitirían entre otras cosas acceder a servicios básicos como la energía eléctrica, programas de asistencia para productores familiares o créditos para sostener los emprendimientos productivos.
En principio se fijó un plazo de 5 años para la finalización del proceso de expropiación y adjudicación de las tierras, pero la gran mayoría de las familias aún hoy esperan la entrega de los títulos de propiedad. “El Estado estaba obligado a comprar esas tierras desde el 2004, la aplicación de la ley de Arraigo y Colonización se demoró demasiado, por eso llegamos a esta situación”, destacó Vilmar Vas de la Coordinadora Central de Tierras de Pozo Azul, en medio del último gran conflicto que se desató en la provincia tras el brutal desalojo de campesinos que vivían y producían en Puente Alto y las Coloradas, tierras pertenecientes a la empresa Colonizadora Misionera pero que quedaron fuera de la superficie a expropiar.
Puente Alto y Las Coloradas
La madrugada del lunes 8 de abril de este año, 26 familias de pequeños campesinos asentados en Puente Alto y Las Coloradas, paraje Mondorí se despertaron con un impresionante despliegue de efectivos policiales, que a fuerza de gritos y golpes irrumpieron en sus viviendas y sin mayores miramientos empezaron a sacar muebles, colchones, ropa, a romper bolsas con mercaderías. El patio de sus casas se pobló de uniformados quienes fueron cargando las pocas partencias en camionetas policiales y en vehículos provistos por el presidente de la empresa que pidió el desalojo. La brutalidad del operativo, en medio de una instancia de negociación que las familias habían logrado días antes s con funcionarios municipales, provinciales y referentes de la empresa, sorprendió a los campesinos.
El gobierno provincial apostó a que este operativo pasara como un hecho más, justificado por una orden judicial firmada por el Juez Antonio Cuenca a partir de una causa penal interpuesta por los propietarios de Colonizadora. Es más, la versión oficial se aferró a que la policía de la provincia actuó resguardando el legítimo derecho a la propiedad privada y evitó mencionar el desproporcional operativo que incluyó a unos 300 policías, carros hidrantes, y camionetas del titular registral de las tierras. No hubo tampoco mención a la represión con la que se pretendió desalojar un corte de ruta que protagonizaron inmediatamente estas familias y las torturas de las que fueron víctimas 11 vecinos y productores que fueron detenidos por la policía sobre la ruta 17.
“Tras el desalojo, nadie se hizo cargo. No vino ningún funcionario. Sin embargo en las mesas de dialogo habían participado el Director de tierras privadas Felipe Domínguez, del MAM, y el Intendente Dos Santos quien ayer dijo estaba en Posadas. El Ministro del derechos Humanos dijo que desconocía el tema”, relató desde la zona Martín Sereno único periodista que pudo acceder al lugar a pesar de la negativa de la Policía. No contaban con la presencia de Martín, quien rápidamente difundió fotos del operativo y las voces de los campesinos desesperados ante la pérdida de sus casas y sus fuentes de trabajo. Tampoco contaban con la firme decisión de las familias de resistir en la ruta ni la inmediata solidaridad de organizaciones sociales, gremios, asociaciones de pequeños campesinos. Es de destacar que durante las primeras semanas un solo legislador provincial, Héctor Bárbaro del partido Agrario y Social, se acercó hasta las familias para gestionar desde la liberación de los detenidos hasta la atención de cuestiones básicas como la alimentación y salud.
“Es para ver el desastre que hacen con los colonos, hasta ahora la gobernación ni la intendencia se hicieron presentes, no dieron la cara. Encontré las ventanas reventadas las puertas abiertas, mi casa es un agujeros, soltaron los chanchos, las gallinas, los bueyes están todos sueltos por ahí, Estamos solos para pelear por lo que nosotros tenemos. Ahora nosotros nos quedamos sin nada para trabajar, no sabemos dónde llevaron nuestras cosas, yo estoy con mi esposa y mis hijos, dónde vamos a ir”, relató Marcelo uno de los campesinos desalojados y lamentó que los estén empujando a vivir como mendigos al costado de las rutas.
El trabajo de Martín Sereno posibilitó romper el cerco mediático que pretendió imponer el gobierno, como represalia el juez lo imputó a él y Ricardo Javier, otro periodista de la zona, del delito de instigación al corte de ruta.
“Esta nueva variante de la criminalización y judicialización es un grave precedente para nuestra democracia y un atentado a los derechos humanos no solo de los periodistas sino de aquellos sectores vulnerables que buscan hacer visible sus demandas a través del trabajo de estos comunicadores”, se destacó desde la CTA Misiones. Hubo un fuerte reconocimiento a la labor de estos comunicadores que permitieron que la información de este desalojo circulara por los demás medios locales y tomara trascendencia nacional.
Desde el día del desalojo Marcelo junto a otras 25 familias permanecen al costado de la ruta provincial N° 17 sobreviviendo bajo carpas de naylon negros, soportando lluvias, intensos fríos y con la incertidumbre a cuestas. La resistencia de estas familias junto a la solidaridad de organizaciones sociales, gremios, asociaciones de campesinos y algunos partidos políticos, más la persistencia de medidas de fuerza como cortes de ruta y el paro nacional de la CTA que tuvo en Misiones como eje central la pelea por la tierra forzó al gobierno provincial a firmar, a principios de mayo, un acta acuerdo que incluía la relocalización de los campesinos y la devolución de sus pertenencias, incluido las cosechas que quedaron en las chacras de las que fueron desalojados.
A más de un mes de ese acuerdo y casi 3 meses del desalojo 25 adultos y unos 100 niños siguen esperando recuperar sus casas y las chacras para producir y garantizarse condiciones mínimas de subsistencia.
Ecos de la lucha de Mondorí
Además del compromiso de relocalización de las familias desalojadas en Mondorí, la visibilización de ese conflicto, posibilitó la agilización de otros reclamos emblemáticos en la provincia. El pasado 6 de junio la legislatura provincial aprobó la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Alto Paraná S.A. reclamadas por campesinos de la organización PIP -Productores Independientes de Puerto Piray. Un hecho que parecía impensable hace unos meses, debido no solo a la resistencia de la empresa sino también a la postura de funcionarios provinciales y municipales a favor de “defender la propiedad privada de la multinacional”.
“Es un hecho histórico hemos conquistado 600 hectáreas de tierra para nuestra organización, pero lo más importante es que demostramos que se puede expropiar tierras a Alto Paraná” sostuvo Miriam Samudio referente de PIP.
Alto Paraná es una de las principales empresas forestales que concentra tierras en Misiones, contamina el medio ambiente y dilapida las fuentes de trabajo, según vienen denunciando organizaciones sociales, de pequeños campesinos y los propios trabajadores de la multinacional nucleados en el Sindicato de Papeleros de Alto Paraná.
La resistencia forzó visibilizar la problemática
Las reacciones y repudios al brutal desalojo obligaron al gobierno provincial a reconocer la gravedad de la problemática de tierras en Misiones. Sin embargo el anuncio de la toma de posesión de 38 mil hectáreas, incluidas en la Ley de Arraigo y Colonización, está lejos de resolver el problema que afecta a una gran parte de la población. Miles de familias, a lo largo de estos últimos años, fueron expulsadas de las chacras, empujadas a las ciudades en búsqueda de trabajo, y obligados a engrosar los cordones de pobreza de Posadas, Garupá, Eldorado, Oberá.
La falta de acceso y tenencia segura de tierras no solo afecta a la población rural, cada vez más se ve en las ciudades. El acceso a las viviendas que construye en Misiones el IPRODHA –Instituto Provincial de desarrollo Habitacional- se vuelve cada vez más difícil para la una población que no posee trabajo en blanco y si lo posee no llega al mínimo de ingresos que se exige al núcleo familiar para ser “beneficiario” de las viviendas “sociales”.
Según el censo nacional de población Misiones tiene una población que supera el millón de habitantes, es una de las provincias más densamente pobladas de la región. Cerca del 8 por ciento vive en casillas, ranchos o precarios inquilinatos.
Miles de misioneros sobreviven en condiciones infrahumanas, sin posibilidades de acceder a un lugar digno donde vivir en las ciudades y expulsados de sus pequeñas unidades productivas en una disputa absolutamente desigual por el territorio con grandes multinacionales o con funcionarios provinciales que desde la función pública pueden acaparar tierras.
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