En un acto conjunto, ATE Nacional y provincia de Buenos Aires junto a CTA Nacional y la Comisión provincial por la Memoria (CPM) presentaron una denuncia penal para repudiar las irregularidades de la detención de los cinco trabajadores de la Dirección General de Escuelas, ocurrida la semana pasada.
La denuncia se presentó ante la UFI 11 de La Plata por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos y amenazas producidos en perjuicio de Ciappina Miguel, Sánchez Moreno Alejandro, Ardetti Marcelo, Valdez Abalos Silvia y Uro María Inés, por parte de personal policial de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata, conforme los hechos sucedidos el 14 de mayo pasado en horas de la mañana.
Estuvieron presentes por la CPM Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) y Margarita Jarque (directora del programa de Litigios Estratégicos), junto a Oscar de Isasi (secretario general de ATE), Hugo Godoy (ATE Nación), Juan Cosino (APL- CTA provincia), Carlos Leavy (CTA), Marta Vedio (secretaria de DDHH municipal), Marcelo Ponce Nuñez (abogado CTA), Guadalupe Godoy y Hugo Blasco (AJB).
"El personal de la policía tuvo una actitud de cuasi secuestro en plena vía pública, y dentro de la Torre Administrativa 1 actuaron de civiles, sin identificación, con autos sin patentes, sin esgrimir ninguna orden policial y sin pedir identificación a los trabajadores representantes de ATE. Esto denota una acción de inteligencia previa de la cual debe hacerse cargo el gobernador Scioli”, explicó Hugo Godoy, dirigente de ATE
“Reclamamos el desprocesamiento de todos los luchadores populares de los cuales la mayoría son representantes de nuestra Asociación de Trabajadores del Estado y de nuestra Central de Trabajadores de la Argentina”, agregó Godoy y continuó: “Acá la policía de la provincia y su responsable máximo que es el gobernador Scioli actuaron con métodos de la dictadura. Esto debe esclarece, identificar a los responsables y condenarlos como corresponde porque los Argentinos no queremos más los métodos de la dictadura. Porque no queremos más una democracia vigilada sino una democracia plena de justicia y liberad para todos los argentinos”.
A su turno, Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, expuso: “Exigimos que se investigue el secuestro de los cinco delegados de ATE el día 14 de mayo. Hablamos de secuestro porque fue un operativo ilegal hasta que se los blanqueó en la dirección de investigaciones. A las 11 de la mañana cuando los compañeros salían de una reunión formal y pública en la Dirección General de Escuelas fueron emboscados por más de 20 personas que decían ser policías pero que no se identificaron”.
La evaluación positiva del proceso tiene que ver con la liberación inmediata de los delegados gracias a la lucha que se llevó adelante desde el gremio estatal: “la libertad de los compañeros fue posible porque miles y miles de trabajadores hicieron el paro el día 15 y fueron cientos los compañeros que hicieron una vigilia hasta que los liberaran. La sociedad bonaerense no está dispuesta a volver al pasado aunque parece que este gobierno quiere reeditarlo”, ratificó de Isasi.
Por otra parte Alejandro Mosquera, de la CPM, dijo que "las irregularidades mencionadas, sin duda hacen a la consolidación de conductas previstas y sancionadas por nuestro Código Penal. Es importante destacar que no basta para legitimar el accionar policial que existiera una orden dada por autoridad competente, sino que a la vez, quienes la ejecuten, deben cumplir con todas las formalidades que hacen a los derechos de quienes deben sufrir la detención dispuesta".
Y agregó que la Argentina, a través de la suscripción de los tratados de Derechos Humanos, ha fijado una posición firme por su defensa. "La libertad personal de las personas es uno de los bienes más preciados, que toda sociedad debe defender a ultranza; y si bien es cierto que la orden provino de autoridad competente, hay un cúmulo de irregularidades está en la ejecución de aquella disposición jurisdiccional", concluyó.
El día martes 14 de mayo, cinco militantes gremiales fueron detenidos por la policía bonaerense cuando salían de una reunión de trabajo y trasladados a la DDI local, ubicada en 61 entre 12 y 13. Silvia Valdez, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Ciappina y María Inés Uro son los 4 delegados de la junta interna de ATE, a quienes se acusó de coacción agravada junto con un militante de la agrupación H55, Marcelo Ardetti. Las detenciones fueron realizadas violentamente por policías de civil en el marco de una causa que les iniciaron por el extenso conflicto con la Dirección General de Cultura y Educación del año pasado. El juez a cargo es César Melazo.
En el momento de la detención los representantes de ATE salían de una reunión con un funcionario de esa cartera educativa, en la que estaban gestionando subsidios para los damnificados por la inundación del 2 de abril; en el caso de Ardetti los agentes policiales lo fueron a buscar a su lugar de trabajo en la Torre I, en 12 y 51.
No hay comentarios:
Publicar un comentario