La decisión de la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, recayó sobre el ex gerente de Manufactura de la planta automotriz Pedro Müller, el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de Seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, quienes fueron procesados sin prisión preventiva y embargados en $ 750.000 cada uno, según el fallo difundido hace unas horas.
"La violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos", señala el fallo.
En ese marco, destaca que "es importante no sólo perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los privados".
En la resolución se consideró que los secuestros perpetrados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976 fueron delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
"A los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías y domicilios particulares", afirmó la magistrada. Además, "se les endilga haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo de Recreativo yo de Deporte, para que fueran interrogados".
"Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino. En muchos de los casos, ante la ausencia laboral de los secuestrados, los despedían `con justa causa`", detalla el fallo. "Pareciera casi inocente preguntarse si el directivo de una empresa multinacional como Ford S.A., el gerente general que hacía las veces de vicepresidente, el gerente de relaciones labores y el jefe de seguridad no tenían una posición de garante sobre la seguridad física de sus empleados y subordinados", analizó.
La jueza los encontró partícipes primarios de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterados en 24 ocasiones". Los procesados, residentes en Córdoba, deberán comunicar al juzgado eventuales cambios de domicilio, presentarse una vez por mes en la delegación de la Policía Federal más cercana y no dejar su vivienda por más de 24 horas.
El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard, también estaba imputado, pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989. Los secuestros fueron perpetrados por militares de la zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a cargo del ya condenado ex general Santiago Omar Riveros. Las víctimas fueron: Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso.
También fueron secuestrados Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán.
En el fallo, la jueza aludió a precedentes internacionales como los procesos abiertos a empresas alemanas por su colaboración con el nazismo.
Además de ser delitos imprescriptibles, "no se puede soslayar que se trata de eventos tan aberrantes que ofenden a toda la comunidad internacional -delitos universales-", advirtió. Y recordó los casos de las causas abiertas a firmas alemanas por ejemplo por vender a los nazis el pesticida que se usaba en las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos.
El abogado de la querella, Tomás Ojea Quintana, aclaró en una reciente entrevista que “no hay (empleados) desaparecidos de Ford” vinculados con esta causa, que fueron secuestrados y torturados por comandos militares y luego liberados, según las denuncias.
La jueza impuso embargos a los imputados hasta cubrir la suma de 750 mil pesos (144 mil dólares) a cada uno. La dictadura, entre otros sectores, tomó entre sus principales objetivos a delegados obreros y activistas de grandes fábricas que habían logrado conquistas laborales en la democracia previa al golpe de Estado de 1976.
El 22 de abril pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó abordar el caso del grupo fabricante de automóviles Daimler AG y decidir si debe responder por las demandas contra su filial Mercedes Benz, acusada de complicidad en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en Argentina.
El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos aceptó abordar el caso inicialmente presentado por 22 demandantes argentinos contra Daimler ante un tribunal de California, para analizarlo durante su próxima sesión del otoño boreal.
La empresa Ford cumple este año cien años en Argentina y su filial es la primera inaugurada en Sudamérica y la segunda fuera de Estados Unidos. Emplea a 3 mil 600 trabajadores en su planta de General Pacheco, 25 kilómetros al norte de Buenos Aires.
No hay comentarios:
Publicar un comentario