La carta documento enviada por el gobernador Jorge Milton Capitanich |
-Además de la sorpresa, me asesoré para ver qué implicancias podía tener y cuál debía ser mi comportamiento. Lo primero que hice fue ver qué había escrito yo esos 3 y 4 de julio, porque asumo que se refiere a mi cuenta aunque la carta no indica a qué cuenta de tuiter se refiere, ni especifica los tuits que la originan. Esos días se dijeron muchas cosas producto de la muerte de un aborigen qom llamado Florentín Díaz luego de una represión a una manifestación en el Chaco. Como tantas, su muerte fue reportada como un accidente. Yo, como miles, intervine en tuiter opinando sobre la cuestión. Según me asesoraron, podría haber dicho que no sabía de qué me hablaba. Podría haber desconocido a mi cuenta @mis2centavos de modo tal que Capitanich debiera pedir una verificación de identidad a Twitter. Podría haber dicho que esos días no usé mi cuenta. Pero como no tengo nada de qué arrepentirme, preferí simplemente pedirle que especifique qué de todos mis tuits lo dañaron para ver si corresponde una retractación. Un detalle es que la carta fue enviada por Capitanich y el domicilio que figura es el de la Casa de Gobierno del Chaco. No es un hijo de vecino quien la envía, sino el gobernador. De hecho, la respuesta fue sellada como recibida por un recepcionista de Casa de Gobierno.
La respuesta del tuitero, recibida en Casa de Gobierno del Chaco. |
-¿Qué podría implicar una demanda de este tipo?
-No lo sé, pero se puede tomar por referencia una demanda que inició la presidenta del Senado Beatriz Rojkés de Alperovich a una ciudadana que le gritó ladrona en la que le exige el pago de 200 mil pesos por ese hecho. La demanda está en curso. Hoy, la demandada está intentando comprobar que tenía razón al llamarla así.
La abogada Florencia Kravetz es taxativa: “Es inadmisible -asegura-. Los actos de gobierno están sujetos a la opinión de los particulares y estas opiniones esta protegidas por la Constitución. Cuando se empiezan a restringir queda prohibida la posibilidad de que los particulares opinen sobre los actos públicos y se impone así una mordaza. La libertad de expresión es la posibilidad de la gente de opinar sobre las cosas que pasan. Como personaje público, el gobernador tiene el deber de responder sobre sus actos. Si algún juez convalidara una demanda de esa naturaleza, sería muy grave. Carece de razonabilidad. Sería la primera vez que un político demanda a un particular por opinar en la plataforma tuiter, porque además no se trata de un periodista que publica una nota en un diario, sino de un tuitero que expresó su opinión en 140 caracteres. Una locura.
Mientras tanto, en la apacible Río Cuarto, Javier Smaldone, o @mis2centavos, aguarda por la respuesta a su última misiva para saber si el gobernador Capitanich iniciará o no una demanda judicial en su contra. “De todos modos, no creo que llegue nada antes de las elecciones”, dice Smaldone, mientras pide otro café.
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