Nicaragua presentó una nueva demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para “terminar de definir los espacios marítimos” en el Caribe más allá de las 200 millas náuticas, informó el gobierno nicaragüense en un comunicado.
Diez meses después del anterior fallo del tribunal que ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y adjudicó a Nicaragua más de 90.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, Managua volvió a la CIJ para reclamar la aplicación efectiva de esa decisión, que Bogotá no acató.
Un comunicado del gobierno nicaragüense detalló que la demanda fue entablada por su agente en La Haya, Carlos Argüello, quien solicitó formalmente a la CIJ "que falle y declare el rumbo exacto de la frontera marítima" entre Nicaragua y Colombia.
"Esta demanda tiene por propósito terminar de definir los espacios marítimos de Nicaragua que limitan con Colombia en el Caribe, sin perjuicio de terceros Estados", señaló el documento.
Indicó que la presentación es "parte integral de un proceso de establecimiento de los límites marítimos de Nicaragua en el Caribe, cuya primera fase culminó con la sentencia dictada por la CIJ el 19 de noviembre de 2012".
Mediante ese fallo, el máximo tribunal mundial movió hacia el este la frontera marítima entre los dos países, otorgando a Nicaragua 200 millas náuticas en el mar Caribe que antes estaban bajo soberanía de Colombia, cuyo gobierno desconoció la sentencia.
En la nueva demanda, Managua solicitó a la CIJ que "falle y declare el rumbo exacto de la frontera martíma entre Nicaragua y Colombia, en las zonas de la plataforma continental que pertenecen a las partes más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia del 19 de noviembre de 2012", indicó el informe.
La administración de Daniel Ortega sostuvo que la posibilidad de una negociación bilateral sobre este tema "se ha visto impedida por la reacción de Colombia a dicha sentencia", consignaron el sitio web oficial nicaragüense El 19 Digital y las agencias EFE, DPA y ANSA.
Lo anterior, sumado a la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, el jueves pasado, "han constreñido a Nicaragua a tomar acción y proceder a presentar una demanda en contra de Colombia antes de que entre en efecto esa denuncia", destacó el documento.
"Nicaragua, como país pacifista y defensor del estado de derecho y de la resolución pacífica de controversias en la región y en el mundo, deposita nuevamente su confianza en la Corte Internacional de Justicia y hace del conocimiento de su decisión a toda la comunidad internacional", concluye la demanda.
Otro comunicado del gobierno de Ortega rechaza que el fallo sea "inaplicable" mientras no se firme un tratado bilateral, como pretende Bogotá, porque "la realidad sobre el terreno, o sobre las aguas, mostraría un escenario muy distinto".
Argumentan las autoridades "nicas" que el fallo "se empezó a aplicar de inmediato y Nicaragua se asentó en esos 90.000 kilómetros cuadrados sobre los cuales Colombia venía ejerciendo soberanía", y se abrieron licitaciones "para explotación de recursos en las aguas que les otorgó La Haya".
Además, destacan, en la misma línea, que "se planea la construcción de un canal interoceánico, las embarcaciones militares trascendieron a zonas a las que no habían llegado, e incluso, hasta se cambiaron los libros de geografía para este año escolar".
Con este cuadro, queda por ver si el presidente Santos mantiene su intención de visitar el miércoles el archipiélago de San Andrés y Providencia para explicar a la población la estrategia de su Gobierno ante al fallo de noviembre pasado de la Corte de La Haya.
El anuncio lo hizo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, en declaraciones a periodistas en la propia San Andrés, adonde llegó hoy de visita junto con una comisión del Congreso bicameral, apenas horas antes de que Managua anunciara la nueva demanda.
"El presidente viene el miércoles, va a estar acá y va a estar en Providencia, así que va a ser un momento importante para oír a la comunidad y para que la comunidad entienda estas decisiones que ha tomado el Gobierno", manifestó la titular de Relaciones Exteriores.
Bogotá considera que los límites del país no se pueden modificar por una sentencia internacional porque esa tarea compete al Congreso nacional, y con esa base fue que Santos demandó ante la Corte Constitucional el Pacto de Bogotá.
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