El gobierno de Zimbabwe señaló hoy que un "grupo de cazadores furtivos" dio muerte a 81 elefantes, un número no precisado de búfalos y de cudús a través de envenenamiento en el mayor parque nacional del país.
El gobierno de Zimbabwe señaló hoy que un "grupo de cazadores furtivos" dio muerte a 81 elefantes, un número no precisado de búfalos y de cudús a través de envenenamiento en el mayor parque nacional del país.
Seis sospechosos fueron arrestados hace dos semanas pero la escala del envenenamiento con cianuro se ha ampliado y se han encontrado más restos de elefantes en el Parque Nacional Hwange. Las autoridades advirtieron hoy de los "enormes efectos en espiral" debido a que depredadores primarios como los leones, buitres, y otros animales que se alimentan de los restos contaminados de elefantes también se envenenaron.
La policía reveló que la organización criminal, encabezada por un empresario sudafricano, preparó una combinación de cianuro, sal y agua y virtió la mezcla en alrededor de 35 salegares en abrevaderos frecuentados por elefantes. En otros abrevaderos los cazadores furtivos excavaron y colocaron contenedores con la sustancia preparada.
El recién nombrado ministro de Medio Ambiente, Agua y Clima de Zimbabwe, Savior Kasukuwere declaró una "guerra" contra la caza furtiva.
El ministro de Turismo y Hospitalidad, Walter Mzembi, quien acompañó a Kasukuwere al parque Hwange, describió el envenenamiento como un caso de "asesinato" de la vida silvestre de Zimbabwe, y prometió emprender una lucha contra los mercados internacionales de origen.
Hwange, que abarca 14.651 kilómetros cuadrados, es hogar de alrededor de 50.000 elefantes africanos. A través de los años, la población de elefantes en Africa ha disminuido rápidamente debido a la rampante cacería furtiva. Zimbabwe está entre los pocos países, la mayoría en el sur de Africa, que aún tiene un número significativo de elefantes.
El gobierno de Zimbabwe permite el comercio de marfil en el mercado interno, pero aplica severas restricciones sobre la exportación de productos de marfil. La ley del país aplica una pena máxima de 11 años en prisión para los culpables de cacería furtiva.
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