Al enfocarnos en este tema tan complejo de los talleres clandestinos textiles en nuestro país y en Buenos Aires en particular, tenemos que saber que esta industria maneja en forma ilegal, negocios en el mercado interno, por unos 3 mil millones de dólares anuales y las ventas al exterior mueven unos 80 millones de dólares. En cuanto al número de estas instalaciones industriales en la ciudad de Buenos Aires, varían en su apreciación las fuentes que consultamos.
Los aportes más concretos son de la Defensoría del Pueblo, de fundaciones sociales y estimaciones del gobierno porteño. Haciendo un promedio de las distintas cifras que se mencionan, en la ciudad existen entre 4000 y 5000 talleres clandestinos con métodos de producción, salarios, condiciones laborales e higiénicas y horarios de trabajo, considerados esclavo.
“Cama caliente” y trabajo esclavo
Los dueños de estos talleres clandestinos apoyados por organizaciones ilegales se dedican a explotar a familias enteras, incluidas niñas y niños, que trabajan seis días a la semana a razón de 14 a 16 horas diarias. El costo de esta mano de obra no supera el 3 por ciento del precio de venta en las grandes marcas. El concepto de “cama caliente” es usado para graficar la situación de trabajadores extranjeros indocumentados, la mayoría bolivianos, que tienen sus lugares de descanso al lado de las máquinas y soportan una explotación extrema. Sus empleadores les quitan los documentos luego de ser traídos de sus países de origen en forma clandestina y les dicen que pueden ser deportados o encarcelados si los descubren. Según la normativa vigente, son casos de trata de personas y sometimiento forzado a la esclavitud, ya que esos trabajadores no salen nunca de sus lugares de trabajo por la amenaza patronal.
Las organizaciones bolivianas afirman que cerca del 80 por ciento de los inmigrantes que vive en territorio porteño se dedica a este rubro. Son unos 30 mil trabajadores que viven en condiciones de precariedad extrema.
La tragedia de la calle Luis Viale
Los talleres ilegales en la Ciudad Autónoma representan un enorme negocio para las grandes marcas de ropa pero esas formas de producción esclava en muchos casos, lleva a la muerte a los explotados, como pasó en marzo de 2006 con el incendio de un taller textil en la calle Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, que provocó la muerte de dos adultos y cuatro chicos bolivianos, entre otros casos. Este hecho generó que se acrecentaran las inspecciones laborales de parte del gobierno porteño con el cierre de algunos talleres y la ayuda a los migrantes que quedaban sin empleo e indocumentados, pero esta política dejó de ser activa una vez que el tema dejo de ser noticia en los grandes medios. Este nivel de explotación salvaje tiene condiciones y consecuencias parecidas en otros países. Recordamos la tragedia de Bangladesh ocurrida a principios de abril de este año, donde se derrumbó un edificio de cuatro pisos que funcionaba como fábrica textil clandestina, que provocó 575 muertos.
Las denuncias chocan con la mafia ¿Qué son las guardias blancas?
En una investigación del Defensor del Pueblo de la Nación contra Juan Carlos Salazar Nina, quien tenía dos talleres ubicados cerca del Parque Avellaneda, se comprobó que uno de ellos tenía 21 máquinas y 25 obreros y el otro contaba con 15 máquinas y 12 obreros. Todos los trabajadores eran inmigrantes indocumentados, vivían bajo el sistema de “cama caliente”, las instalaciones no tenían habilitación ni condiciones mínimas de seguridad e higiene y así lo describía el informe judicial: “había personas en estado de esclavos, sometidos a explotación y servidumbre, menores de 18 años de ambos sexos. Entre otros ilícitos hay evasión impositiva – previsional. Violación a la Ley penal-tributaria N°24.769, violaciones a la ley 25.871 (Migraciones), trabajo en negro o informal (Ley Contrato de Trabajo), violaciones a la ley 12.713 de Trabajo a Domicilio y a la ley de Trata de Personas 26.364 y su modificación N°26.842”.
También la Defensoría del Pueblo de la ciudad realizó denuncias concretas cubriendo el vacío que dejaba la falta de control del gobierno porteño. Al amparo de esta inacción estatal se fueron consolidando las “guardias blancas”, grupos organizados como fuerza de choque que actúan en defensa de los dueños de los talleres, atacando a las organizaciones que combaten la trata de personas y bloqueando los operativos de inspección. Otra de las tareas de las “guardias blancas” sería frenar cualquier intento de organización por parte de los trabajadores costureros. Tienen estrechas conexiones con radios de la colectividad y con empresas de transporte que llevan y traen gente del barrio de Liniers a Bolivia.
Todo este movimiento se especula, tiene protección policial.
Las denuncias de La Alameda
La Alameda es una cooperativa de trabajo y una ONG liderada por Gustavo Vera. Llevaron a los tribunales a más de 80 grandes marcas por vender prendas de alta calidad, realizadas en talleres ilegales.
Una de las personas denunciadas como el cerebro de la instalaciones de talleres ilegales es Alfredo Ayala quien en los papeles oficia como titular de la Asociación Civil Federativa Boliviana (Acifebol). Según sus dichos, es un simple remisero pero desde la colectividad y La Alameda, Ayala sería un “intelectual orgánico” de los talleristas.
A Ayala lo acusan de dedicarse a promover el actual sistema de producción esclavista. Funcionarios del área de Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría porteña señalan a Ayala como responsable del accionar de las “guardias blancas” que impide los procedimientos y atacan, tanto a los funcionarios que hacen fiscalizaciones en los talleres, como a las víctimas que intentan salir de los lugares.
La titular de la Defensoría del Pueblo, Alicia Pierini, realizó una denuncia penal contra Ayala por “asociación ilícita” y en respuesta a la acusación, el dirigente realizó un escrache a la entidad porteña.
En marzo del 2006, luego del incendio del taller de Luis Viale, comenzaron las agresiones a la fundación La Alameda y su titular, Gustavo Vera, sufrió un atentado cuando desconocidos intentaron prender fuego su casa. También en 2009 sufrió un ataque feroz que le dejó 13 puntos en su cabeza.
La palabra de un ex-trabajador esclavo
Estrada Vázquez es un ex trabajador rescatado de un taller clandestino, es uno de los pocos que se animan a hablar: “Ayala opera con la empresa de transporte 6 de Agosto, una de las más fuertes en cuanto a la oferta de viajes entre Liniers y Bolivia que ayuda a los migrantes con los papeles y el dinero que es necesario mostrar en la frontera para justificar la condición de turista. La empresa no tiene un espacio físico donde funciona, para obtener los tickets hay que escuchar las radios de la colectividad que ofrecen números de teléfono. Por esa vía se gestionan las compras y se informa de dónde salen los micros”… “las emisoras son esenciales en la estrategia de Ayala. Adentro de un taller se escuchan solo esas radios y si hay algún allanamiento te dicen ‘el monstruo argentino viene a quitarte el laburo’ “Ayala es el defensor de los talleristas”.
El rol de las radios bolivianas
La Alameda y la Defensoría sostienen que muchas de las radios de la colectividad son manejadas por los dueños de talleres y allí piden empleados para los talleres.
En la Ciudad de Buenos Aires existen 33 radios destinadas a los oyentes de nacionalidad boliviana y distintas ONG y miembros de la comunidad sostienen que muchas de estas señales responden y son manejadas por Ayala.
El ex – tallerista Vázquez sostiene que “en esas radios se impulsa el nacionalismo para recrear las condiciones que se perdió con la inmigración, todo es noticias bolivianas y música boliviana… pero el objetivo es mantenerte en ese círculo nacionalista cerrado para dominar mejor tu voluntad y permanezcas aislado”.
Una solución para los talleristas
Ante la gravedad de la situación, se creó a iniciativa de las autoridades el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), una fábrica y laboratorio textil que funciona en un viejo galpón en la calle Melgar 38 en el barrio de Barracas y que desde julio de 2009 emplea a costureros rescatados de talleres clandestinos. Ya tiene 120 trabajadores que utilizan máquinas de costura incautadas por la justicia federal provenientes de talleres clandestinos denunciados por la cooperativa La Alameda que elaboró este proyecto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En la actualidad son cinco las cooperativas constituidas que atienden pedidos de grandes marcas y confeccionan uniformes para los cartoneros porteños. Los costureros cooperativistas trabajan 8 horas diarias y reciben un salario que es el doble de lo que cobraban cuando estaban reducidos a servidumbre junto a su familia.
En este proyecto el lugar lo aporta el gobierno porteño y se sumaron máquinas nuevas y aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La experiencia, única en su género, fue considerada un ejemplo “innovador” por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
La nueva planta-laboratorio permitió a las grandes marcas confeccionar ropa en forma legal y a precios competitivos.
Ley 12.713 de Trabajo a Domicilio
Artículo 35. El empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos años.
Artículo 36. El empresario, intermediario o tallerista, que con el fin de eludir el pago de los salarios o abonar menor retribución de la establecida, destruya en todo o en parte, o adultere cualquiera de los registros o documentos establecidos en esta ley, será penado con prisión de seis meses a dos años.
Marcas denunciadas por usar talleres clandestinos
Entre otras y sobre un total de 106 marcas de ropa, están denunciadas ante juzgados nacionales: Kosiuko, Montagne, Le Coq Sportif., Rusty, Graciela Naum, Mimo, Adidas, Puma, Topper, Yagmour, Ona Saez, Duffour, Cheeky, Bensimon, Tavernitti, Lacoste y Tabata.
Las denuncias las realizaron La Alameda y la Unión de Costureros de la República Argentina, con apoyo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
Para quienes necesiten asistencia o información
1) Acercarse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, también a las distintas Secretarías de Trabajo, tanto provinciales o municipales.
2) Para ciudadanos extranjeros, concurrir a los consulados: República del Perú en Buenos Aires, ubicado en Av. Rivadavia y Paraná (frente a la Plaza Lorea); República Plurinacional de Bolivia, ubicado en Bartolomé Mitre y Av. Pueyrredón y República del Paraguay, ubicado en la calle Viamonte al 1800 (entre las calles Riobamba y Av. Callao).
Los extranjeros y la Constitución
“Artículo 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República”.
Ley Nacional N° 25.871 de Migraciones. Delitos al orden
ARTICULO 116.
Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina. Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
ARTICULO 117.
Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
ARTICULO 118.
Igual pena se impondrá a quien mediante la presentación de documentación material o ideológicamente falsa, peticione para un tercero, algún tipo de beneficio migratorio.
ARTICULO 119.
Será reprimido con prisión o reclusión de dos (2) a ocho (8) años el que realice las conductas descriptas en el artículo anterior empleando la violencia, intimidación o engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia de la víctima.
ARTICULO 120.
Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias: a) Si se hiciere de ello una actividad habitual; b) Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
ARTICULO 121.
Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de cinco (5) a quince (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de ocho (8) a veinte (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico, lavado de dinero o prostitución.
Por Ricardo Guaglianone
Fuentes: Investigación Nacional de la Radio Pública. Revista “La Justa” de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. Agencia de noticias Argenpress Artículos de Página 12, Clarín, Tiempo Argentino.
Los aportes más concretos son de la Defensoría del Pueblo, de fundaciones sociales y estimaciones del gobierno porteño. Haciendo un promedio de las distintas cifras que se mencionan, en la ciudad existen entre 4000 y 5000 talleres clandestinos con métodos de producción, salarios, condiciones laborales e higiénicas y horarios de trabajo, considerados esclavo.
“Cama caliente” y trabajo esclavo
Los dueños de estos talleres clandestinos apoyados por organizaciones ilegales se dedican a explotar a familias enteras, incluidas niñas y niños, que trabajan seis días a la semana a razón de 14 a 16 horas diarias. El costo de esta mano de obra no supera el 3 por ciento del precio de venta en las grandes marcas. El concepto de “cama caliente” es usado para graficar la situación de trabajadores extranjeros indocumentados, la mayoría bolivianos, que tienen sus lugares de descanso al lado de las máquinas y soportan una explotación extrema. Sus empleadores les quitan los documentos luego de ser traídos de sus países de origen en forma clandestina y les dicen que pueden ser deportados o encarcelados si los descubren. Según la normativa vigente, son casos de trata de personas y sometimiento forzado a la esclavitud, ya que esos trabajadores no salen nunca de sus lugares de trabajo por la amenaza patronal.
Las organizaciones bolivianas afirman que cerca del 80 por ciento de los inmigrantes que vive en territorio porteño se dedica a este rubro. Son unos 30 mil trabajadores que viven en condiciones de precariedad extrema.
La tragedia de la calle Luis Viale
Los talleres ilegales en la Ciudad Autónoma representan un enorme negocio para las grandes marcas de ropa pero esas formas de producción esclava en muchos casos, lleva a la muerte a los explotados, como pasó en marzo de 2006 con el incendio de un taller textil en la calle Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, que provocó la muerte de dos adultos y cuatro chicos bolivianos, entre otros casos. Este hecho generó que se acrecentaran las inspecciones laborales de parte del gobierno porteño con el cierre de algunos talleres y la ayuda a los migrantes que quedaban sin empleo e indocumentados, pero esta política dejó de ser activa una vez que el tema dejo de ser noticia en los grandes medios. Este nivel de explotación salvaje tiene condiciones y consecuencias parecidas en otros países. Recordamos la tragedia de Bangladesh ocurrida a principios de abril de este año, donde se derrumbó un edificio de cuatro pisos que funcionaba como fábrica textil clandestina, que provocó 575 muertos.
Las denuncias chocan con la mafia ¿Qué son las guardias blancas?
En una investigación del Defensor del Pueblo de la Nación contra Juan Carlos Salazar Nina, quien tenía dos talleres ubicados cerca del Parque Avellaneda, se comprobó que uno de ellos tenía 21 máquinas y 25 obreros y el otro contaba con 15 máquinas y 12 obreros. Todos los trabajadores eran inmigrantes indocumentados, vivían bajo el sistema de “cama caliente”, las instalaciones no tenían habilitación ni condiciones mínimas de seguridad e higiene y así lo describía el informe judicial: “había personas en estado de esclavos, sometidos a explotación y servidumbre, menores de 18 años de ambos sexos. Entre otros ilícitos hay evasión impositiva – previsional. Violación a la Ley penal-tributaria N°24.769, violaciones a la ley 25.871 (Migraciones), trabajo en negro o informal (Ley Contrato de Trabajo), violaciones a la ley 12.713 de Trabajo a Domicilio y a la ley de Trata de Personas 26.364 y su modificación N°26.842”.
También la Defensoría del Pueblo de la ciudad realizó denuncias concretas cubriendo el vacío que dejaba la falta de control del gobierno porteño. Al amparo de esta inacción estatal se fueron consolidando las “guardias blancas”, grupos organizados como fuerza de choque que actúan en defensa de los dueños de los talleres, atacando a las organizaciones que combaten la trata de personas y bloqueando los operativos de inspección. Otra de las tareas de las “guardias blancas” sería frenar cualquier intento de organización por parte de los trabajadores costureros. Tienen estrechas conexiones con radios de la colectividad y con empresas de transporte que llevan y traen gente del barrio de Liniers a Bolivia.
Todo este movimiento se especula, tiene protección policial.
Las denuncias de La Alameda
La Alameda es una cooperativa de trabajo y una ONG liderada por Gustavo Vera. Llevaron a los tribunales a más de 80 grandes marcas por vender prendas de alta calidad, realizadas en talleres ilegales.
Una de las personas denunciadas como el cerebro de la instalaciones de talleres ilegales es Alfredo Ayala quien en los papeles oficia como titular de la Asociación Civil Federativa Boliviana (Acifebol). Según sus dichos, es un simple remisero pero desde la colectividad y La Alameda, Ayala sería un “intelectual orgánico” de los talleristas.
A Ayala lo acusan de dedicarse a promover el actual sistema de producción esclavista. Funcionarios del área de Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría porteña señalan a Ayala como responsable del accionar de las “guardias blancas” que impide los procedimientos y atacan, tanto a los funcionarios que hacen fiscalizaciones en los talleres, como a las víctimas que intentan salir de los lugares.
La titular de la Defensoría del Pueblo, Alicia Pierini, realizó una denuncia penal contra Ayala por “asociación ilícita” y en respuesta a la acusación, el dirigente realizó un escrache a la entidad porteña.
En marzo del 2006, luego del incendio del taller de Luis Viale, comenzaron las agresiones a la fundación La Alameda y su titular, Gustavo Vera, sufrió un atentado cuando desconocidos intentaron prender fuego su casa. También en 2009 sufrió un ataque feroz que le dejó 13 puntos en su cabeza.
La palabra de un ex-trabajador esclavo
Estrada Vázquez es un ex trabajador rescatado de un taller clandestino, es uno de los pocos que se animan a hablar: “Ayala opera con la empresa de transporte 6 de Agosto, una de las más fuertes en cuanto a la oferta de viajes entre Liniers y Bolivia que ayuda a los migrantes con los papeles y el dinero que es necesario mostrar en la frontera para justificar la condición de turista. La empresa no tiene un espacio físico donde funciona, para obtener los tickets hay que escuchar las radios de la colectividad que ofrecen números de teléfono. Por esa vía se gestionan las compras y se informa de dónde salen los micros”… “las emisoras son esenciales en la estrategia de Ayala. Adentro de un taller se escuchan solo esas radios y si hay algún allanamiento te dicen ‘el monstruo argentino viene a quitarte el laburo’ “Ayala es el defensor de los talleristas”.
El rol de las radios bolivianas
La Alameda y la Defensoría sostienen que muchas de las radios de la colectividad son manejadas por los dueños de talleres y allí piden empleados para los talleres.
En la Ciudad de Buenos Aires existen 33 radios destinadas a los oyentes de nacionalidad boliviana y distintas ONG y miembros de la comunidad sostienen que muchas de estas señales responden y son manejadas por Ayala.
El ex – tallerista Vázquez sostiene que “en esas radios se impulsa el nacionalismo para recrear las condiciones que se perdió con la inmigración, todo es noticias bolivianas y música boliviana… pero el objetivo es mantenerte en ese círculo nacionalista cerrado para dominar mejor tu voluntad y permanezcas aislado”.
Una solución para los talleristas
Ante la gravedad de la situación, se creó a iniciativa de las autoridades el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), una fábrica y laboratorio textil que funciona en un viejo galpón en la calle Melgar 38 en el barrio de Barracas y que desde julio de 2009 emplea a costureros rescatados de talleres clandestinos. Ya tiene 120 trabajadores que utilizan máquinas de costura incautadas por la justicia federal provenientes de talleres clandestinos denunciados por la cooperativa La Alameda que elaboró este proyecto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En la actualidad son cinco las cooperativas constituidas que atienden pedidos de grandes marcas y confeccionan uniformes para los cartoneros porteños. Los costureros cooperativistas trabajan 8 horas diarias y reciben un salario que es el doble de lo que cobraban cuando estaban reducidos a servidumbre junto a su familia.
En este proyecto el lugar lo aporta el gobierno porteño y se sumaron máquinas nuevas y aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La experiencia, única en su género, fue considerada un ejemplo “innovador” por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
La nueva planta-laboratorio permitió a las grandes marcas confeccionar ropa en forma legal y a precios competitivos.
Ley 12.713 de Trabajo a Domicilio
Artículo 35. El empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos años.
Artículo 36. El empresario, intermediario o tallerista, que con el fin de eludir el pago de los salarios o abonar menor retribución de la establecida, destruya en todo o en parte, o adultere cualquiera de los registros o documentos establecidos en esta ley, será penado con prisión de seis meses a dos años.
Marcas denunciadas por usar talleres clandestinos
Entre otras y sobre un total de 106 marcas de ropa, están denunciadas ante juzgados nacionales: Kosiuko, Montagne, Le Coq Sportif., Rusty, Graciela Naum, Mimo, Adidas, Puma, Topper, Yagmour, Ona Saez, Duffour, Cheeky, Bensimon, Tavernitti, Lacoste y Tabata.
Las denuncias las realizaron La Alameda y la Unión de Costureros de la República Argentina, con apoyo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
Para quienes necesiten asistencia o información
1) Acercarse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, también a las distintas Secretarías de Trabajo, tanto provinciales o municipales.
2) Para ciudadanos extranjeros, concurrir a los consulados: República del Perú en Buenos Aires, ubicado en Av. Rivadavia y Paraná (frente a la Plaza Lorea); República Plurinacional de Bolivia, ubicado en Bartolomé Mitre y Av. Pueyrredón y República del Paraguay, ubicado en la calle Viamonte al 1800 (entre las calles Riobamba y Av. Callao).
Los extranjeros y la Constitución
“Artículo 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República”.
Ley Nacional N° 25.871 de Migraciones. Delitos al orden
ARTICULO 116.
Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina. Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
ARTICULO 117.
Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
ARTICULO 118.
Igual pena se impondrá a quien mediante la presentación de documentación material o ideológicamente falsa, peticione para un tercero, algún tipo de beneficio migratorio.
ARTICULO 119.
Será reprimido con prisión o reclusión de dos (2) a ocho (8) años el que realice las conductas descriptas en el artículo anterior empleando la violencia, intimidación o engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia de la víctima.
ARTICULO 120.
Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias: a) Si se hiciere de ello una actividad habitual; b) Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
ARTICULO 121.
Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de cinco (5) a quince (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de ocho (8) a veinte (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico, lavado de dinero o prostitución.
Por Ricardo Guaglianone
Fuentes: Investigación Nacional de la Radio Pública. Revista “La Justa” de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. Agencia de noticias Argenpress Artículos de Página 12, Clarín, Tiempo Argentino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario