Las fuerzas controladas por Abdel Fatah al Sisi, el jefe del Ejército que encabezó el golpe el 3 de julio pasado, desplegaron tanques blindados, cortaron calles y avenidas con barreras metálicas y, según denunció el movimiento islamita conservador, colocaron francotiradores en los techos de los edificios, argumentando que luchan contra “terroristas”.
"En el Ejército y en la policía no somos traicioneros, no complotamos ni traicionamos. Nosotros advertimos sobre el resultado de un conflicto político", escribió el jefe del Ejército Al Sisi en su cuenta de Twitter.
El general, que después del golpe se convirtió además en ministro de Defensa y primer vice primer ministro, sostuvo que el Ejército no tiene intención de "tomar el poder" ya que "el honor de proteger la voluntad del pueblo es mucho más honorable que gobernar".
Sin embargo, en los últimos días las cifras de muertos, heridos, detenidos y acusados crecen y se acumulan tras casi un mes y medio de gobierno de facto.
Según informó la televisión estatal, el desalojo de la mezquita de Al Fatah, que se había convertido en un refugio para cientos de islamistas tras el tendal de muertos de esta semana, dejó 385 personas detenidas.
Cada día el saldo de víctimas crece en Egipto y con él la condena internacional.
La Unión Europea (UE) anunció que revisará de forma urgente sus relaciones con Egipto y tomará medidas para intentar frenar la violencia en ese país.
Lejos de surtir efecto, el gobierno de facto egipcio respondió a esta nueva advertencia con una amenaza propia.
El canciller Nabil Fahmi adelantó en conferencia de prensa que revisarán toda la ayuda internacional que reciben, especialmente "por esas voces que dicen que retirarán la ayuda si Egipto no hace esto o lo otro".
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