El primero de los allanamientos se realizó en San Luis en una finca dedicada a la cosecha de papas, donde fueron rescatadas 13 personas oriundas en su mayoría de Santiago del Estero.
Una situación similar se detectó en Córdoba, en un procedimiento realizado en una fábrica de ladrillos en la localidad de Malvinas Argentinas, cercana a la capital provincial, donde 45 personas de nacionalidades argentina y boliviana -entre ellas ocho menores de edad de entre 14 y 17 años- eran explotadas laboralmente.
Las víctimas declararon que trabajaban una "excesiva cantidad de horas" en condiciones de "hacinamiento e insalubridad", que "incrementaban las situaciones de riesgo y vulnerabilidad" a las que estaban expuestas.
Asimismo en la ciudad de San Miguel de Tucumán fueron rescatados, una joven colombiana de 16 años y su hijo de 14 meses, tras el allanamiento a un domicilio privado que funcionaba como taller de confección y venta de canastos.
En este caso, si bien no se había consumado aún la etapa de explotación, la joven denunció haber sido abusada sexualmente y solicitó asistencia para regresar a su país de origen, a la vez que manifestó que le habían ofrecido un trabajo como empleada administrativa, situación que nunca se concretó al arribar a la Argentina, según su testimonio.
En los tres allanamientos la Justicia dispuso la detención de los responsables de los establecimientos intervenidos, mientras que en la mayoría de los casos las víctimas coincidieron en haber aceptado la propuesta laboral debido a la situación de vulnerabilidad económica que atravesaban en sus lugares de origen.
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