La brevedad del comunicado impidió profundizar qué "situación" considera la Corte que es necesario "aclarar". Y en lo inmediato al menos, ello será imposible: el propio documento anuncia que "no se realizarán declaraciones públicas al respecto". Sólo la vicepresidenta del tribunal, Highton de Nolasco, se refirió, y muy brevemente por cierto, al tema cuando fue consultada por un reducido grupo de periodistas, tras participar el miércoles del acto de apertura del Primer Congreso Nacional de Derecho Procesal y Constitucional, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ella, en esa oportunidad, y voceros de la Corte, más tarde, reconocieron que Lorenzetti había llevado el tema al acuerdo, expresando su preocupación a sus pares.
El comunicado fue el único pronunciamiento oficial de la Corte sobre una supuesta presión ejercida desde el organismo recaudador contra Lorenzetti, su familia y el administrador general del tribunal, Carlos Marchi.
El miércoles, fuentes del cuarto piso del Palacio de Tribunales hicieron trascender que las reuniones entre funcionarios de la Corte y de la AFIP ya habían comenzado. Que en virtud del resultado de esos encuentros, los jueces resolverían "qué cursos de acción tomar", e hicieron hincapié en que pese a que un cable de la agencia de noticias Télam atribuía a fuentes de la agencia recaudadora una negativa sobre la investigación denunciada, "nunca hubo una desmentida oficial".
Por sobre esa situación, que tensionó aun más el clima en la sede judicial, el diputado del PRO Federico Pinedo denunció por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El Código Penal, en el capítulo cuarto, bajo el título de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos", establece en el artículo 248 que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". El 249, en tanto, determina penas de multa e inhabilitación especial de un mes a un año para "el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".
Si la AFIP efectivamente hubiera iniciado una investigación difícilmente podría considerarse eso como un delito contemplado en esos artículos.
La denuncia de Pinedo será investigada por el juez federal Sergio Torres, quien, según las fuentes consultadas, citará a ratificar la denuncia contra Echegaray y luego correrá vista a la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli para que este determine si corresponde –de acuerdo a los elementos presentes– si corresponde o no impulsar una investigación.
El documento publicado por el CIJ consigna las firmas de cinco jueces de la Corte. No firmaron Raúl Zaffaroni, quien está fuera del país, ni Carlos Fayt, sobre cuya ausencia no hubo explicaciones. El más longevo de los jueces de la Corte suele quedarse en su domicilio algunos días de la semana e incluso es frecuente que le lleven a su casa documentación importante para la cual es imprescindible su firma.
Tras conocerse el comunicado de la Corte Suprema, fuentes de la AFIP aseguraron a Tiempo Argentino que ese organismo no había iniciado ninguna investigación sobre la situación tributaria del titular del máximo tribunal, ni la de sus hijos, como tampoco sobre el administrador Marchi. Además, descartaron que fuera a emitirse una desmentida oficial, entre otros motivos porque el titular de la administración, Ricardo Echegaray, estaba de viaje en Bruselas y recién hoy regresaría a la Argentina.
Luego de la inusual reunión de ayer, el máximo tribunal del país volverá a celebrar un acuerdo el martes de la semana próxima. Para ese día, en que ya estará de regreso Zaffaroni, estaba previsto el fallo sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Medios Audiovisuales. Anoche, eso que parecía una certeza comenzaba a ingresar en un cono de dudas.
Reabren una vieja causa contra De Vido.
Por: N.O.E.
La Corte Suprema dispuso virtualmente la reapertura de una causa en la que el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minicelli, habían sido denunciados en 2008 por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto "enriquecimiento ilícito". En una resolución de 13 páginas –de las cuales en la primera queda definida la cuestión– el máximo tribunal dispuso declarar "procedentes los recursos extraordinarios interpuestos" y "revocar el fallo apelado".
La Corte se citó a sí misma, en un fallo anterior en el que había reabierto una investigación contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por una supuesta omisión de una declaración jurada. El máximo tribunal revocó el sobreseimiento reivindicando la posibilidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de intervenir en una causa contra funcionarios públicos en cualquier momento del expediente.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, con la sola disidencia de Raúl Zaffaroni, dejaron sin efecto tres fallos que en primera instancia, en la Cámara Federal y en la de Casación (el máximo tribunal penal del país) ratificaban el sobreseimiento del matrimonio De Vido.
El primer fallo exculpatorio fue firmado por el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, hoy ejerciendo la abogacía de manera privada e imputado en una causa por presunto tráfico de influencias para beneficiar al sindicalista José Pedraza en la causa por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra. Ese fallo de primera instancia sobreseyó a De Vido y su esposa tras considerar que algunos bienes denunciados eran muy anteriores a la llegada a la función pública, y el resto estaba de acuerdo con los ingresos de ambos. Pero fue apelado por el fiscal Guillermo Marijuan, hoy en un activo rol en la causa en la que se investiga al empresario Lázaro Báez. El 9 de junio de 2009, la Sala Primera de la Cámara Federal criticó la apelación del fiscal: "El fundamento de la sentencia que se cuestionaba era, precisamente, que el incremento patrimonial constatado no era típico por encontrarse acorde a los ingresos declarados por los funcionarios." En otras palabras, no había enriquecimiento ilícito.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah dijeron además que la apelación debe contener "una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio desatinadas, exigencia que se cumple mediante la indicación detallada de los desaciertos, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, y la refutación de las conclusiones de hecho, prueba y derecho en que se fundó el juez de instrucción". Y subrayaron: "En el caso concreto, nada de ello ha ocurrido." El tribunal consideró "mal concedida" la apelación.
Ese fallo fue consentido por el fiscal de Cámara Germán Moldes, quien "manifestó implícitamente su aquiescencia al no haber ejercido la facultad impugnaticia". Pero entonces apeló la FIA, que hasta ese momento no había intervenido en el expediente.
El 16 de marzo de 2012, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación revisó el caso y declaró "inadmisible" la apelación, decisión que ratificó el 7 de junio. Fue entonces que el fiscal de Casación Ricardo Weschler, y los representantes de la FIA Guillermo Noailles y José Magnazo presentaron el recurso para llegar a la Corte. Simultáneamente, la Corte Suprema dictó el 8 de mayo un fallo en el que interpretó con sentido amplio las facultades de la FIA.
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