Con la firma de Blas, el 10 de junio ingresó una nota a Fiscalía de Estado, donde la gremialista solicitó que se investigue si esa renegociación significó un daño patrimonial para el fisco. Y en la misiva recordó que según lo establecido en el artículo 177 de la Constitución Provincial, la Fiscalía “no puede delegar sus deberes en las comisiones legislativas ni en el Tribunal de Cuentas”.
En ese dictamen el fiscal determinó que la cláusula referida a la duración del contrato era nula. Por esto, el mismo podría perder vigencia el año que viene.
El acuerdo firmado en 2011 tenía una duración de tres años para cumplir con los diez estipulados en el contrato original. Sin embargo, le daba a la empresa la opción de extenderlo por cinco años más con su sola voluntad. Esta es la cláusula que el fiscal declaró nula, por entender que le transfiere una potestad del Estado -extender el contrato- a la empresa privada sin justificación alguna.
Pero el fiscal no se expidió sobre uno de los puntos clave del contrato, que tiene que ver con el aumento del canon que recibe la empresa, pero desde el organismo advirtieron que no era potestad de ellos saber si el Estado ganaba o perdía dinero con la ecuación financiera y que harían un análisis legal del acuerdo.
Ahora, Blas le solicitó que investigue justamente ese punto, ya que entiende que la Constitución obliga al organismo a determinar si existió o no un daño patrimonial.
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