Los gremialistas están acusados de "coacción agravada" durante la toma de la Dirección de Escuelas provincial, ocurrida en octubre del año pasado. La denuncia había sido presentada por la titular de esa dependencia, Nora De Lucía, quien justificó las detenciones al afirmar que "no se trata de una criminalización de la protesta, sino de una acusación contra hechos criminales". La CTA calificó al hecho como "gravísimo" y advirtió sobre una medida de fuerza generalizada en toda la administración pública.
Los arrestados son Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti, mientras que otra mujer, identificada como Giselle Mendoza, no fue localizada cuando se la iba a detener por orden del juez de Garantías César Melazo y por pedido del fiscal Tomás Morán, quien interviene en la causa iniciada por la protesta en la sede educativa ubicada en calle 13 entre 56 y 57, el 31 de octubre del año pasado.
Según De Lucía, ese día los delegados de ATE cometieron "agresiones físicas y verbales", "forzaron al ingreso al Ministerio" y entraron "al despacho de un ministro a patadas en la puerta", a los que calificó como "excesos de violencia".
"No es criminalizar la protesta. Acá realmente lo que se denuncia penalmente son hechos que son criminales. Golpearon a funcionarios, nos amenazaron a nosotros y a nuestras familias, advirtió la funcionaria del gobierno de Daniel Scioli.
Todo comenzó cuando el exsubsecretario de Recursos Humanos de la DGCE Claudio Crissio denunció que los sindicalistas lo habían intimidado y obligado a firmar un acta para reconocer las horas extras como compensación salarial.
El titular provincial de ATE, Oscar de Isasi, negó que hubiera habido intimidación y dijo que el gobierno provincial "quiere recubrir de títulos legales lo que es una criminalización de la protesta social".
Por este motivo, desde ATE decidieron realizar un paro de 24 horas en la provincia para pedir "la liberación de los encarcelados de Scioli". En tanto, desde la Comisión Provincial por la Memoria, señalaron que "la causa penal y la detención impulsadas por el Juez César Melazo se inscriben en una política de criminalización de la protesta".
Agregaron que "agrava la situación el hecho de que las detenciones se realizaron en un marco de irregularidad, con agentes de civil y móviles particulares, uno de los cuales estaba sin identificar".
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