Un día antes de la fecha en que deberían conocerse las ofertas de la licitación del mega yacimiento del campo de Libra, la mayor reserva de petróleo de Brasil, todavía no se sabe si la operación será posible. Unas 22 presentaciones judiciales piden suspender el evento por considerar que se está privatizando la principal riqueza del país y perdiendo la soberanía sobre la política energética. La presidenta Dilma Rousseff encomendó al ejército la seguridad del predio donde se realizará la licitación y montó un equipo de 300 abogados que estarán de guardia hasta el lunes tratando de evitar que se dicte un amparo.
Hasta la noche del viernes, la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano que representa judicialmente al gobierno, había conseguido derribar siete de las 22 acciones que piden la suspensión de la licitación en la que se ofertará el campo de Libra, localizado a unos 180 kilómetros de las costas de Río de Janeiro y que tiene un potencial de crudo recuperable que puede alcanzar los 12 mil millones de barriles. Según informó la página web del diario O Estado de São Paulo, en esta primera ronda de licitación el gobierno pretende recaudar el doble de lo que ya recibió en todas las licitaciones realizadas en el país hasta el día de hoy.
Hasta la noche del viernes, la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano que representa judicialmente al gobierno, había conseguido derribar siete de las 22 acciones que piden la suspensión de la licitación en la que se ofertará el campo de Libra, localizado a unos 180 kilómetros de las costas de Río de Janeiro y que tiene un potencial de crudo recuperable que puede alcanzar los 12 mil millones de barriles. Según informó la página web del diario O Estado de São Paulo, en esta primera ronda de licitación el gobierno pretende recaudar el doble de lo que ya recibió en todas las licitaciones realizadas en el país hasta el día de hoy.
Pese a la envergadura del negocio, diversas entidades critican la iniciativa por considerar que la participación de consorcios o empresas privadas constituye una forma de privatización de una de las principales riquezas del país. Esa crítica proviene principalmente de asociaciones sindicales vinculadas al sector petrolero, que realizan desde el jueves una huelga a nivel nacional y convocaron una concentración en el barrio Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, donde se realizará la subasta.
Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet) critica que Brasilia, al contrario de lo que hacen otros países productores, exija el pago al gobierno del 41,65% del crudo producido en Libra, cuando otros países exigen cerca del 72 por ciento.
En tanto, el ex director de Petrobras, Ildo Sauer, interpuso junto con el abogado Fábio Konder Comparato, una acción popular alegando que la subasta va en contra de los intereses nacionales, debido a que la normativa que regirá la participación de multinacionales extranjeras deja al Estado sin capacidad de controlar el ritmo de producción.
Para evitar que manifestaciones populares interfieran en la realización de la subasta, la presidenta Dilma Rousseff convocó al ejército nacional, que se encargará de garantizar la seguridad en las proximidades del lugar con un contingente de unos 1100 efectivos, que puede ser incluso aumentado. Junto con los soldados actuarán agentes de las policías Civil, Militar, Caminera y de la Fuerza Nacional, además del Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Municipal de Río de Janeiro. Según informan medios locales, un megaconsorcio está siendo formado desde el viernes para participar en bloque de la subasta, en la que se inscribieron 11 multinacionales.
Según O Estado, que cita una fuente no identificada, el consorcio estaría formado por el ente brasileño Petrobras, las petroleras chinas CNPC y CNOOC y otras dos multinacionales.
Las otras empresas inscritas en la licitación, aparte de Petrobras y las dos de origen chino, son Petrogal, empresa portuguesa subsidiaria de Galp; Repsol Sinopec Brasil, que pertenece conjuntamente a España y China; Mitsui de Japón; ONGC de India; Petronas de Malasia; la anglosajona Shell; Ecopetrol de Colombia y Total de Francia.
Brasilia no devolverá al senador boliviano prófugo. El gobierno brasileño no devolverá al senador opositor boliviano Roger Pinto Molina, quien se fugó de la embajada brasileña en La Paz con ayuda de un diplomático brasileño, aseguró el asesor especial para asuntos internacionales de la Presidencia de la República, Marco Aurélio Garcia. "A Bolivia no lo devolveremos", dijo en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo. "Hay dos posibilidades: puede tener asilo aquí o puede ir para otro país", añadió.
Pinto Molina, acusado en su país por diversos delitos de corrupción e incluso por homicidio, huyó a fines de agosto de la embajada brasileña en La Paz, donde estuvo asilado durante 455 días, con ayuda del diplomático Eduardo Saboia. El incidente causó la renuncia del canciller brasileño Antonio Patriota y generó una crisis en las relaciones bilaterales con Bolivia, que pidió la devolución del legislador.
Pese al apoyo de Garcia, el asesor de Rousseff criticó el encuentro de Pinto Molina con el grupo de legisladores evangélicos en el Congreso Brasileño de la semana pasada. "Creo que se equivocó. Yo ya fui asilado y sé que una de las normas del asilo es boca cerrada", finalizó.
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