La Argentina está cerca de convertirse en el primer país que investigue judicialmente la responsabilidad corporativa de la banca internacional en el financiamiento de la dictadura cívico-militar. La Justicia en lo Contencioso Administrativo debe decidir si acepta comenzar un proceso por una demanda por daños y perjuicios contra el Bank of America y el Citibank, luego de que la fiscalía dictaminara a favor de la competencia del fuero.
Es el primer juicio de estas características en la región –con el Estado como tercero involucrado–, que comparte un patrón común con otros países como Brasil, Uruguay y Chile (ver aparte), y en el que se intentará probar que los préstamos otorgados por bancos privados favorecieron la comisión de delitos de lesa humanidad y colaboraron con el sostenimiento de las dictaduras del Cono Sur.
La causa Garramone comenzó su derrotero en la justicia en octubre de 2010. Por casi tres años el expediente fue tramitado en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 8, Secretaría 15, hasta que, finalmente, ahora la jueza subrogante Cecilia Gilardi Madariaga De Negre quedó en condiciones de avanzar con la investigación.
Ya el 25 de enero de 2011, la fiscal Laura Magdalena Labarthe se había pronunciado por validar la competencia del fuero y por el avance de la causa, una cuestión objetada por los dos bancos demandados, que sostuvieron que no era una cuestión de la justicia federal y que el Estado no podía ser un tercero interesado.
Tanto el Bank of America –que se encuentra unido a Merrill Lynch y localmente opera desde Puerto Madero servicios de banca privada a corporaciones– como el Citibank rechazaron los cargos en una instancia previa de mediación, e interpusieron recursos en los que adujeron la prescripción de los delitos que pudieran caber por complicidad civil.
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