Con los mismos reclamos que viene sosteniendo desde hace siete años cada martes, Alberto Lebbos encabezó anoche una nueva movilización a la plaza Independencia junto a la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, para exigir justicia por su hija Paulina, por cuyo asesinato aún no hay culpables.
La joven estudiante de Comunicación Social fue asesinada en 2006 durante una fiesta de la que, según denunció el propio Lebbos en base al relato de testigos, habrían participado los hijos del gobernador José Alperovich y de su estrecho colaborador Alberto Kaleñuk.
Unas dos mil personas, incluidos vecinos y dirigentes de organizaciones políticas y sociales como el Partido Obrero, el MST y la Corriente Clasista y Combativa, se plegaron esta vez a la manifestación, que se desarrolló de manera pacífica, aunque con fuertes críticas al Gobierno.
"Tenemos que multiplicarnos y perder el miedo para ser miles en la plaza el próximo martes", arengó Lebbos, quien pidió que la próxima marcha contra la impunidad, el martes que viene, sea multitudinaria y sirva para enviarle otro fuerte mensaje al Gobierno.
Por otro lado, Lebbos reclamó públicamente "la renuncia de los represores, como el ministro (de Seguridad Ciudadana) Jorge Gassenbauer y el jefe de Policía, Jorge Racedo", a raíz de los hechos ocurridos el 9 de Julio cuando policías lo golpearon y le rociaron gas pimienta en el rostro para impedir que, junto a otros manifestantes, llegase a la plaza Independencia para hacerle oír sus reclamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre el mismo tema, el papá de Paulina opinó que "es muy raro que las cámaras de seguridad del Gobierno hayan registrado en pocas horas las imágenes del temblor que hubo a la madrugada (de ayer), pero que todavía no aparezcan las filmaciones de la brutal represión que sufrimos el 9 de Julio los familiares de víctimas de la impunidad, dirigentes y periodistas por parte de la Policía".
Durante el acto, también hizo uso de la palabra la titular de la agrupación Jubilados de la Plaza, Florinda Leguizamón, quien denunció haber recibido amenazas el Día de la Independencia, cuando quería trasladarse a la zona donde se desarrollaban los actos que encabezó Cristina. Con lágrimas en los ojos, la referente de los pasivos contó que "cuando me pararon esos dos hombres robustos y me amenazaron que me iban a quebrar todos los huesos, pensé lo peor, que no iba a poder volver a ver a mis compañeros jubilados con los que marcho todos los miércoles para pedir el 82 por ciento móvil", relató Leguizamón, ante el aplauso de los participantes de la marcha.
Nuevas presentaciones ante la Justicia
En el comienzo de la segunda semana de feria judicial, Lebbos solicitó ayer nuevas medidas al fiscal Diego López Ávila; y además denunció que recibió nuevas amenazas.
"Son amenazas telefónicas. Pero también hay una persecución en la calle", afirmó el padre de Paulina, la joven estudiante brutalmente asesinada en febrero de 2006.
Lebbos explicó que pidió una serie de entrecruzamientos telefónicos. Como se recordará, semanas atrás solicitó al Ministerio Público que se realizaran extracciones de muestras genéticas a los hijos de Alperovich y de Kaleñuk.
El papá de Paulina quiere que esas muestras sean comparadas mediante ADN con las fueron tomadas del cuerpo de su hija. Tras el hallazgo de los restos de Paulina Lebbos, en Tapia, su cuerpo fue examinado por expertos de Gendarmería, quienes confirmaron que había sido estrangulada y que murió por asfixia, lo cual desbarataría la teoría de la muerte accidental a la que intentará aferrarse la defensa.
Puntos a resolver
Otro de los aspectos que deberá resolver el fiscal López Ávila es el futuro procesal del único detenido en la causa: Luis “Gordo” Olivera (57). Este último podría ser, de acuerdo a la teoría planteada por Lebbos y por su abogado, Emilio Mrad, la persona que habría colaborado con los autores del crimen para ocultar el cuerpo de Paulina tras su asesinato.
En la Fiscalía IV ya tienen una imagen definida de su persona. Durante semanas, los investigadores recibieron testimonios de vecinos, conocidos y allegados a este sujeto. Enduristas y pescadores son algunos de los perfiles que fueron indagados.
Lebbos se niega a que Olivera sea liberado. Según cree, es “una persona sumamente peligrosa que cuenta con fuertes contactos en Casa de Gobierno y puede escapar”.
Por su parte, Sergio Morfil, representante legal de Olivera, solicitó en reiteradas oportunidades la liberación de su cliente. Con ese objetivo, presentó un vehículo como garantía ante la Justicia.
El fiscal es del criterio de que Olivera no se negó a colaborar con la justicia y le corresponde el cese de detención, pero aún no adoptó una decisión al respecto. Además, ahora, el detenido deberá afrontar otro proceso judicial, vinculado a la venta irregular de terrenos fiscales en El Cadillal.
Sobre la denominada “pista de El Cadillal”, resta que se den a conocer los resultados de las pericias y la prueba de luminol al freezer hallado en el camping y las cloacas del lugar donde se encontraba la casilla de Kaleñuk que posteriormente fue trasladada a otro lugar.
La joven estudiante de Comunicación Social fue asesinada en 2006 durante una fiesta de la que, según denunció el propio Lebbos en base al relato de testigos, habrían participado los hijos del gobernador José Alperovich y de su estrecho colaborador Alberto Kaleñuk.
Unas dos mil personas, incluidos vecinos y dirigentes de organizaciones políticas y sociales como el Partido Obrero, el MST y la Corriente Clasista y Combativa, se plegaron esta vez a la manifestación, que se desarrolló de manera pacífica, aunque con fuertes críticas al Gobierno.
"Tenemos que multiplicarnos y perder el miedo para ser miles en la plaza el próximo martes", arengó Lebbos, quien pidió que la próxima marcha contra la impunidad, el martes que viene, sea multitudinaria y sirva para enviarle otro fuerte mensaje al Gobierno.
Por otro lado, Lebbos reclamó públicamente "la renuncia de los represores, como el ministro (de Seguridad Ciudadana) Jorge Gassenbauer y el jefe de Policía, Jorge Racedo", a raíz de los hechos ocurridos el 9 de Julio cuando policías lo golpearon y le rociaron gas pimienta en el rostro para impedir que, junto a otros manifestantes, llegase a la plaza Independencia para hacerle oír sus reclamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre el mismo tema, el papá de Paulina opinó que "es muy raro que las cámaras de seguridad del Gobierno hayan registrado en pocas horas las imágenes del temblor que hubo a la madrugada (de ayer), pero que todavía no aparezcan las filmaciones de la brutal represión que sufrimos el 9 de Julio los familiares de víctimas de la impunidad, dirigentes y periodistas por parte de la Policía".
Durante el acto, también hizo uso de la palabra la titular de la agrupación Jubilados de la Plaza, Florinda Leguizamón, quien denunció haber recibido amenazas el Día de la Independencia, cuando quería trasladarse a la zona donde se desarrollaban los actos que encabezó Cristina. Con lágrimas en los ojos, la referente de los pasivos contó que "cuando me pararon esos dos hombres robustos y me amenazaron que me iban a quebrar todos los huesos, pensé lo peor, que no iba a poder volver a ver a mis compañeros jubilados con los que marcho todos los miércoles para pedir el 82 por ciento móvil", relató Leguizamón, ante el aplauso de los participantes de la marcha.
Nuevas presentaciones ante la Justicia
En el comienzo de la segunda semana de feria judicial, Lebbos solicitó ayer nuevas medidas al fiscal Diego López Ávila; y además denunció que recibió nuevas amenazas.
"Son amenazas telefónicas. Pero también hay una persecución en la calle", afirmó el padre de Paulina, la joven estudiante brutalmente asesinada en febrero de 2006.
Lebbos explicó que pidió una serie de entrecruzamientos telefónicos. Como se recordará, semanas atrás solicitó al Ministerio Público que se realizaran extracciones de muestras genéticas a los hijos de Alperovich y de Kaleñuk.
El papá de Paulina quiere que esas muestras sean comparadas mediante ADN con las fueron tomadas del cuerpo de su hija. Tras el hallazgo de los restos de Paulina Lebbos, en Tapia, su cuerpo fue examinado por expertos de Gendarmería, quienes confirmaron que había sido estrangulada y que murió por asfixia, lo cual desbarataría la teoría de la muerte accidental a la que intentará aferrarse la defensa.
Puntos a resolver
Otro de los aspectos que deberá resolver el fiscal López Ávila es el futuro procesal del único detenido en la causa: Luis “Gordo” Olivera (57). Este último podría ser, de acuerdo a la teoría planteada por Lebbos y por su abogado, Emilio Mrad, la persona que habría colaborado con los autores del crimen para ocultar el cuerpo de Paulina tras su asesinato.
En la Fiscalía IV ya tienen una imagen definida de su persona. Durante semanas, los investigadores recibieron testimonios de vecinos, conocidos y allegados a este sujeto. Enduristas y pescadores son algunos de los perfiles que fueron indagados.
Lebbos se niega a que Olivera sea liberado. Según cree, es “una persona sumamente peligrosa que cuenta con fuertes contactos en Casa de Gobierno y puede escapar”.
Por su parte, Sergio Morfil, representante legal de Olivera, solicitó en reiteradas oportunidades la liberación de su cliente. Con ese objetivo, presentó un vehículo como garantía ante la Justicia.
El fiscal es del criterio de que Olivera no se negó a colaborar con la justicia y le corresponde el cese de detención, pero aún no adoptó una decisión al respecto. Además, ahora, el detenido deberá afrontar otro proceso judicial, vinculado a la venta irregular de terrenos fiscales en El Cadillal.
Sobre la denominada “pista de El Cadillal”, resta que se den a conocer los resultados de las pericias y la prueba de luminol al freezer hallado en el camping y las cloacas del lugar donde se encontraba la casilla de Kaleñuk que posteriormente fue trasladada a otro lugar.
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