La orden del ente, a cargo de José Sbattella, fue dada en el marco de la Ley antiterrorista a partir de que los recientemente condenados por delitos de lesa humanidad se fugaran el jueves por la noche.
Los represores habían sido juzgados y condenados, en el marco del primer juicio por el secuestro y desaparición de la modelo francoargentina Marie Anne Erize Tiseau en octubre de 1976.
Ambos habían recibido altas penas por delitos como violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público.
Debido a la necesidad de recibir tratamiento médico, el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan había autorizado el traslado de ambos hacia el Hospital Militar "Cosme Argerich" de la Ciudad de Buenos Aires, de donde se fugaron durante la madrugada del jueves 25 de julio.
Frente a tales circunstancias, la UIF dictó una resolución de congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, con el objetivo de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de estado y facilitar, de esa forma, su inmediata detención.
Este congelamiento abarca todas las propiedades muebles e inmuebles y las empresas que pudieran estar a sus nombres o de las que fueran cotitulares, así como también los servicios bancarios.
De esta forma, en caso de que intenten realizar cualquier movimiento financiero, como retirar dinero de un cajero o utilizar tarjetas de crédito, la UIF será automáticamente informada y, a su vez, informará a las autoridades de las fuerzas de seguridad pertinentes.
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