Fue en la culminación de una semana en la que recrudecieron las protestas callejeras y los desórdenes, en muchas ocasiones –según el gobierno– originados en la acción de infiltrados del crimen organizado que reciben armas de bandas mafiosas cuyos líderes están presos.
Rousseff consideró que "la seguridad pública es estratégica, nuestro gobierno da apoyo a los gobiernos estaduales y además nosotros cuidamos las fronteras, algo esencial porque desde la fronteras se alimenta de armas y drogas al crimen organizado". En ese sentido, se creó "el Plan Estratégico de Fronteras para ayudar a la seguridad pública, articulándonos con el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías federal y estaduales, porque nuestras fronteras son muy porosas", señaló la presidenta.
El gobierno federal recibió informaciones de los servicios de inteligencia de las policías de San Pablo y Río de Janeiro en los que se consigna que habría un vínculo entre las movilizaciones violentas de las últimas semanas y organizaciones delictivas.
Miembros del Primer Comando de la Capital, una organización muy fuerte en los presidios, se habrían infiltrado el lunes pasado en una manifestación contra la policía en un barrio pobre paulista donde un adolescente fue asesinado por las fuerzas de seguridad. Por esta razón, tras el anuncio oficial, la Orden de Abogados de Brasil alertó sobre el riesgo de imponer restricciones "inconstitucionales" a los manifestantes.
También habría, según los reportes de inteligencia, "soldados" del narcotráfico carioca en las marchas de repudio a la policía de Río por la tortura y desaparición de un albañil en la favela Rocinha, hecho que fue denunciado por Amnistía Internacional. Ayer se produjo una nueva marcha, para reclamar información sobre Amarildo de Souza, desaparecido el 14 de julio pasado.
Según informes de las secretarías de seguridad de sus 27 estados, Brasil registró 50.810 asesinatos en 2012, lo que significa un incremento del 7,6 % frente a 2011. La semana pasada Rousseff convocó a una reunión a los secretarios de Seguridad de San Pablo y Río de Janeiro, que están entre los que tienen mayores números de asesinatos en cifras absolutas, para tratar la creciente violencia que se observa en los últimos meses.
Según los números del Forum Brasileño de Seguridad Pública, una ONG que promueve "el intercambio entre sectores sociales y técnicos para la discusión de la actividad policial y la seguridad pública", el país tiene una tasa de 25,8 asesinatos cada 100 mil habitantes y el índice más alto corresponde al estado de Alagoas, en la región nordeste, con 61,8 casos cada 100 mil. La ONG adelantó parte del informe que será presentado por entero esta semana próxima.
Calendario y urgencia
Dilma Rousseff exigió resultados y prisa en la entrega de obras de infraestructura a 15 ministros con los que se reunió ayer en forma extraordinaria con miras a las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en las que aspira a la reelección.
"La presidenta tiene compromiso con todos los programas anunciados y le pidió empeño a los ministros de todas las áreas. Eso tiene que ver con resultados del gobierno", afirmó la ministra de la Presidencia, Gleisi Hoffmann, en declaraciones que ofreció tras las cerca de siete horas de reunión en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial.
"Un gobierno es elegido, organiza sus programas, asume compromisos ante la población y tiene que prestar cuentas. Estamos en un momento de prestación de cuentas y de entrega (de obras)", agregó la ministra de la Presidencia, citada por la agencia Efe.
En caso de que decida disputar las elecciones presidenciales de octubre del próximo año para intentar un nuevo mandato, Rousseff tan sólo podrá participar en ceremonias oficiales de inauguración de obras hasta junio de 2014 para no violar la ley electoral.
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