Las partes realizarán un receso y volverán a reunirse el 1 de julio en esta capital para seguir los debates del punto dos —sobre la participación política— de una agenda acordada a mediados del año pasado.
"Hemos planteado una iniciativa en la que nadie sea perdedor, y en la que todos podamos aportar a la elaboración de un tratado de paz para la historia", dijo en una declaración a los periodistas el comandante Iván Márquez cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango.
"Debe haber una sola presea y un solo triunfador: la paz con justicia social para el pueblo", agregó Márquez.
Las FARC insistieron en la necesidad de realizar una Asamblea Constituyente que refrende los acuerdos por lograrse en Cuba, donde las partes comenzaron estas rondas a finales del 2012.
El propio presidente colombiano Juan Manuel Santos insistió en que no se realizará esta Constituyente, pero los rebeldes argumentaron que sería la forma ideal de arribar a la paz.
No hubo declaraciones de la parte gubernamental el viernes.
Aunque se desconocen los detalles de las conversaciones que son a puertas cerradas, las partes revelaron que ya hay más de 20 páginas de lo que será el futuro acuerdo de paz.
Las delegaciones tardaron los seis primeros meses para completar los debates en torno al tema de la tierra, el primer punto de la agenda y ahora las FARC indicaron que no tienen una fecha límite para cumplir con el segundo punto en discusión, el de la participación política.
En la pasada semana las FARC leyeron una propuesta de 10 puntos en torno a la participación política que incluye la incorporación de los rebeldes a la vida política pacífica; el acceso a los medios de comunicación de los movimientos populares y las comunidades y hasta un cambio en el sistema electoral.
Paralelamente, los rebeldes plantearon la necesidad de posponer las elecciones que están previstas para el año venidero a fin de que el proceso de paz no se mezcle con las campañas políticas.
Auspiciadas por Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, las conversaciones podrían ser la oportunidad de Colombia de desarticular un conflicto que dejó miles de víctimas en cinco décadas.
Creadas a mediados de los 60, las FARC son la fuerza insurgente más antigua activa en América Latina y según observadores tienen unos 9.000 hombres en armas.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) propusieron este miércoles al gobierno de Colombia eliminar el carácter presidencialista del Estado colombiano, entre una serie de reformas para "la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional".
Uno de los representantes de la insurgencia, Rodrigo Granda, leyó un comunicado en el que expresó la postura sobre este tema. “La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado”.
Las FARC-EP entregó a la prensa a la entrada del Palacio de las Convenciones en La Habana (capital de Cuba) un documento en el que recogieron propuestas relacionadas con el segundo punto de la agenda de los Diálogos de Paz: participación política.
De acuerdo con Granda, “estas propuestas tienen el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano”.
Las propuestas son: reestructuración democrática del Estado y reforma política; garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno; garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final (de las pláticas).
Agregó que “es necesaria la democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación; estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios; y participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica”.
Pidieron también "garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos"; estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América; cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular y convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".
En cuanto a las garantías para la oposición, las FARC aclaran que "se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores".
Las dos delegaciones retomaron el pasado martes las conversaciones con la discusión de la participación política, el segundo punto de la agenda pactada antes de iniciar los diálogos en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. Aunque esta semana las delegaciones discuten por separado antes de presentar sus propuestas.
Las FARC-EP y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lograron 16 acuerdos sobre el tema agrario, punto que ha centrado el proceso que comenzó el pasado 19 de noviembre en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes y como observadores, Chile y Venezuela.
El narcotráfico, la atención a las víctimas, el fin del conflicto armado y los mecanismos de verificación y refrendación de lo acordado en la mesa, son los otros puntos de la agenda.
Uno de los representantes de la insurgencia, Rodrigo Granda, leyó un comunicado en el que expresó la postura sobre este tema. “La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado”.
Las FARC-EP entregó a la prensa a la entrada del Palacio de las Convenciones en La Habana (capital de Cuba) un documento en el que recogieron propuestas relacionadas con el segundo punto de la agenda de los Diálogos de Paz: participación política.
De acuerdo con Granda, “estas propuestas tienen el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano”.
Las propuestas son: reestructuración democrática del Estado y reforma política; garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno; garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final (de las pláticas).
Agregó que “es necesaria la democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación; estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios; y participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica”.
Pidieron también "garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos"; estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América; cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular y convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".
En cuanto a las garantías para la oposición, las FARC aclaran que "se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores".
Las dos delegaciones retomaron el pasado martes las conversaciones con la discusión de la participación política, el segundo punto de la agenda pactada antes de iniciar los diálogos en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. Aunque esta semana las delegaciones discuten por separado antes de presentar sus propuestas.
Las FARC-EP y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lograron 16 acuerdos sobre el tema agrario, punto que ha centrado el proceso que comenzó el pasado 19 de noviembre en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes y como observadores, Chile y Venezuela.
El narcotráfico, la atención a las víctimas, el fin del conflicto armado y los mecanismos de verificación y refrendación de lo acordado en la mesa, son los otros puntos de la agenda.
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