La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno que cumpla con la medida cautelar de abril de 2011 y que garantice “la vida y la integridad” de los miembros de la comunidad mapuche Paichil Antriao que requieran ingresar al “rewe” (sitio sagrado), en el marco del conflicto territorial que enfrentan con empresarios locales.
El comunicado, fechado el pasado 24 de mayo, fue divulgado recientemente por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y allí se se estima necesario "reiterar las medidas cautelares de abril de 2011, especialmente con el objetivo de garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales con las condiciones de seguridad necesarias y sin que personas ajenas a la comunidad obstaculicen su acceso”.
La comunidad vive desde antes de 1902 en lo que hoy es Villa La Angostura, ciudad que creció sobre el territorio originario y, como parte de ese avance, provocó un continuo proceso de despojo territorial. En 2009, la comunidad demandó al estadounidense William Henry Fisher la restitución de un lote en disputa del que habían sido desalojados, pero que es parte del territorio comunitario mapuche. Y solicitaron una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (lugar sagrado sobre el cual el ciudadano estadounidense pretendía construir).
La CIDH instó al Estado argentino, en abril de 2011, que “adoptara las medidas necesarias para garantizar la medida judicial de no innovar que protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio”. También había ordenado garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad que requieran acceder al rewe “sin que la Policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que lo requieran, y sin que se presenten episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la Policía o de tales otros grupos de seguridad”. Y solicitó la adopción de medidas necesarias para atender a la salud de las familias de la comunidad Paichil Antriao.
En abril pasado, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) informó a la CIDH que “no se cumplen las medidas cautelares decretadas por la Comisión y no hay ninguna actuación de instancias provinciales o federales para hacer cumplir dichas medidas actuando directamente sobre el municipio y sobre aquellos particulares que como el Sr. Fisher siguen amenazando y vulnerando los derechos de la Comunidad. La tensión y conflictividad sigue aumentando conforme pasa el tiempo ante la indolencia de las instituciones.”
“Lejos de mejorar la situación de la comunidad, en estos meses han sufrido nuevos ataques, acosos e intentos de desalojos. Esta vez se trata de un lote diferente que es parte del territorio comunitario a orillas del lago Correntoso donde la comunidad decidió explotar en forma comunitaria el camping que hasta ese momento explotaba en forma particular un miembro de la comunidad. Este conflicto significó que la Municipalidad de Villa la Angostura se pusiera al frente de una gran campaña de persecución para desalojar a quienes estaban en ese lugar, para judicializarlos, señalándolos nuevamente de usurpadores y delincuentes”, alertó el ODHPI.
Por esta razón la CIDH reiteró al gobierno nacional la vigencia de la medida cautelar, instó a que respete los derechos de la comunidad mapuche y dio cinco días para que haga su descargo.
El comunicado, fechado el pasado 24 de mayo, fue divulgado recientemente por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y allí se se estima necesario "reiterar las medidas cautelares de abril de 2011, especialmente con el objetivo de garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales con las condiciones de seguridad necesarias y sin que personas ajenas a la comunidad obstaculicen su acceso”.
La comunidad vive desde antes de 1902 en lo que hoy es Villa La Angostura, ciudad que creció sobre el territorio originario y, como parte de ese avance, provocó un continuo proceso de despojo territorial. En 2009, la comunidad demandó al estadounidense William Henry Fisher la restitución de un lote en disputa del que habían sido desalojados, pero que es parte del territorio comunitario mapuche. Y solicitaron una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (lugar sagrado sobre el cual el ciudadano estadounidense pretendía construir).
La CIDH instó al Estado argentino, en abril de 2011, que “adoptara las medidas necesarias para garantizar la medida judicial de no innovar que protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio”. También había ordenado garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad que requieran acceder al rewe “sin que la Policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que lo requieran, y sin que se presenten episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la Policía o de tales otros grupos de seguridad”. Y solicitó la adopción de medidas necesarias para atender a la salud de las familias de la comunidad Paichil Antriao.
En abril pasado, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) informó a la CIDH que “no se cumplen las medidas cautelares decretadas por la Comisión y no hay ninguna actuación de instancias provinciales o federales para hacer cumplir dichas medidas actuando directamente sobre el municipio y sobre aquellos particulares que como el Sr. Fisher siguen amenazando y vulnerando los derechos de la Comunidad. La tensión y conflictividad sigue aumentando conforme pasa el tiempo ante la indolencia de las instituciones.”
“Lejos de mejorar la situación de la comunidad, en estos meses han sufrido nuevos ataques, acosos e intentos de desalojos. Esta vez se trata de un lote diferente que es parte del territorio comunitario a orillas del lago Correntoso donde la comunidad decidió explotar en forma comunitaria el camping que hasta ese momento explotaba en forma particular un miembro de la comunidad. Este conflicto significó que la Municipalidad de Villa la Angostura se pusiera al frente de una gran campaña de persecución para desalojar a quienes estaban en ese lugar, para judicializarlos, señalándolos nuevamente de usurpadores y delincuentes”, alertó el ODHPI.
Por esta razón la CIDH reiteró al gobierno nacional la vigencia de la medida cautelar, instó a que respete los derechos de la comunidad mapuche y dio cinco días para que haga su descargo.
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