lunes, 23 de septiembre de 2013

El ataque al shopping de Kenia dejó 68 muertos, pero todavía quedan rehenes.

Tras combatir durante todo el día con los terroristas, el ejército logró liberar a la gran mayoría de los secuestrados, pero aún quedan al menos diez en poder de los extremistas. Entre las víctimas fatales se encuentra un sobrino del presidente.

El brutal ataque contra un shopping de Kenia en la zona más acomodada de Nairobi, la capital del país, ya dejó un saldo de al menos 68 muertos y 175 heridos. Para dar el golpe final a los atacantes y secuestradores, el ejército keniata dispuso ayer un operativo que, según dijeron las autoridades, logró liberar a la gran mayoría de los rehenes, víctimas del peor ataque que sufrió el país en los últimos 15 años. Al cierre de esta edición, el grupo extremista que se atribuyó la responsabilidad de la acción continuaba manteniendo en su poder a menos de diez personas dentro del edificio.

De acuerdo con lo informado por la Cruz Roja, la mayoría de los muertos y heridos en el suntuoso centro comercial Westgate fue atacada con disparos y granadas. Entre los fallecidos se encuentran dos agentes de las fuerzas de seguridad, un médico peruano que trabajaba para Unicef y un sobrino del presidente de la nación, Uhuru Kenyatta, quien tras conocer la noticia aseguró que su país "no se dejará intimidar por el terrorismo". Hasta el momento, el ejército de Kenia logró evacuar a unas mil personas del edificio.

Pero, pese a la liberación de casi todos los rehenes, las fuerzas de seguridad continuaban combatiendo anoche para neutralizar al comando terrorista y recuperar a los últimos secuestrados. "El número de los aún retenidos en el edificio es de menos de diez", dijo un vocero del ejército keniata, Cyrus Oguna, quien agregó que no podía precisar cuándo concluiría la operación de rescate. 

Pocas horas antes de que el grueso de las personas secuestradas –unas treinta aproximadamente– comenzara a ser liberado, el ministro del Interior, Joseph Ole Lenku, informó que el grupo de atacantes está constituido por unos 15 hombres pertenecientes a la milicia islamista somalí Al Shabaab, vinculada a Al Qaeda. "Les garantizo a los keniatas que nuestras fuerzas de seguridad tienen la situación bajo control", dijo el funcionario, quien consideró la situación como "delicada", ya que desconocía el número exacto de rehenes.

El ministro Ole Lenku explicó que las fuerzas de seguridad habían logrado controlar el sótano del edificio, así como también el primer y el segundo piso, pero todavía no habían podido acceder al tercero y al cuarto, donde se encuentran atrincherados los miembros de Al Shabaab. Durante todo el día hubo tiroteos entre los atacantes y el ejército keniata, e incluso se escucharon estallidos de bombas. La Cruz Roja envió 12 ambulancias y equipos médicos de emergencia hacia el lugar, rodeado también por vehículos de la policía local y las Fuerzas Armadas.

Los miembros de Al Shabaab lanzaron ayer un nuevo mensaje a través de YouTube, en el que dijeron que convertirían a Kenia en el lugar "más inseguro del mundo". "Ustedes nunca hallarán paz mientras perpetúen las agresiones. Nairobi nunca hallará paz. La decisión es suya. Ustedes han masacrado a muchas personas inocentes, entre ellas mujeres y niños", dijo, ante la cámara, un hombre de la organización terrorista que no fue identificado.

El grupo extremista irrumpió en el shopping el sábado lanzando granadas y disparando contra las miles de personas que se encontraban en el edificio. Según comunicaron a través de Twitter, lo hicieron en represalia por la presencia de las fuerzas armadas keniatas en Somalia, en el marco de una misión de la ONU en apoyo al gobierno contra las milicias radicales islámicas.

"Es una operación difícil. Se harán todos los esfuerzos posibles para rescatar a los rehenes", respondió por la noche el ex primer ministro Raila Odinga, quien siguió de cerca todo el operativo y también contó que las autoridades están en permanente contacto con los secuestradores.
Ante el ataque al shopping de Nairobi, la Unión Europea (UE) ofreció su ayuda a Kenia. "Queremos hacer todo por evitar que se produzcan estos atentados en el futuro", dijo la representante de política exterior de la UE, Catherine Ashton. El primer ministro británico, David Cameron, habló por teléfono con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y manifestó toda su solidaridad con las víctimas de la masacre. "Fue un ataque absolutamente repugnante y despreciable, de una brutalidad atroz", dijo el premier, quien confirmó que entre las víctimas hay tres ciudadanos ingleses.

En tanto, el presidente francés, François Hollande, condenó el "despreciable atentado terrorista" y también confirmó que entre los fallecidos hay dos mujeres francesas. El mandatario envió su "total solidaridad".

Quien también aprovechó la ocasión para pronunciarse al respecto fue el secretario de Estado de EE UU, John Kerry. El funcionario de la Casa Blanca aseguró que el ataque demuestra "cuán despiadados son los terroristas".

Seguridad: Granados le pidió a los partidos que informen sus actividades para tomar "medidas de prevención".

El ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, expresó hoy su repudio a los incidentes registrados ayer en una caravana proselitista encabezada por el intendente de Tigre, Sergio Massa, en el partido de La Matanza, y pidió a los partidos que informen sus actividades para poder tomar "medidas de prevención".

"Se solicita a los partidos políticos que informen con antelación al Ministerio de Seguridad sobre actividades proselitistas para que se puedan tomar medidas de prevención y que se garantice la seguridad de militantes y público en general", planteó Granados en un comunicado emitido esta mañana.

Allí, expresó su "repudio" a "los incidentes registrados ayer en la caravana que encabezó el candidato Sergio Massa en el partido de La Matanza" y bregó porque el proceso de cara a los comicios legislativos del 27 de octubre se desarrolle "sin ningún tipo de violencia".

Además, en el comunicado se aclaró que Granados se contactó telefónicamente con Massa tras lo ocurrido en La Matanza y que puso a disposición de los distintos espacios políticos "todos los medios del Ministerio para que no se vuelvan a reiterar incidentes de este tipo y que se desarrolle con total normalidad al debido sistema democrático".

En el marco de su actividad de campaña de cara a los próximos comicios, el intendente de Tigre y primer candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Sergio Massa, encabezó ayer una caravana en el partido bonaerense de La Matanza, donde se generaron distintos incidentes que incluyeron ataques con piedras.

Según consignaron desde el massimo, fueron dos los ataques con piedras que sufrieron en el recorrido por esa zona del conurbano, que se extendió desde las calles de Ciudad Evita hasta Rafael Castillo.

La fuerte presencia militar británica en las Malvinas inquieta a Latinoamérica.

El reclamo de las Malvinas, donde se ubica una base militar británica, es uno de los temas que Argentina expondrá esta semana ante la ONU. Aunque Buenos Aires denuncia que la base amenaza la seguridad de la región, Londres niega las acusaciones.


El complejo militar de Mont Pleasant, en el archipiélago, es una ciudad para militares casi tan grande como la capital, Puerto Argentino. Así, el complejo ha dejado de ser el centro de un conflicto solo con Argentina para convertirse en una preocupación para América Latina. 

"El número de tropas en las islas ha disminuido. En el 82-83 había varios miles distribuidos alrededor de la isla. Ahora es el mínimo requerido para mantener seguras las islas. Es puramente defensiva, no es de ninguna manera una fuerza agresiva", afirma Jan Cheek, asambleísta de las Malvinas.

Sin embargo, la cifra de 1.500 soldados custodiando a 2.900 habitantes en todo el archipiélago es inquietante. Según el Gobierno argentino, no se justifican las importantes flotas ni la base de inteligencia que permite monitorear el tráfico aéreo y naval de la región. Para Buenos Aires, el argumento de defensa es apenas el ocultamiento de los verdaderos intereses británicos.

Óscar Laborde, diplomático argentino, sostiene que Argentina reclama las islas Malvinas de manera pacífica independientemente del poderío militar británico aliado con EE.UU.

A pesar de las escuetas explicaciones del Reino Unido sobre las actividades que ahí se realizan, argumentando que se trata simplemente de la defensa de las islas, el Gobierno de Argentina, respaldado por todos los países de Latinoamérica, insiste en denunciar ante los organismos internacionales que en realidad esta base representa la militarización del Atlántico Sur y por lo tanto un riesgo para toda la región.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha viajado a Nueva York, donde se celebra la 68.º Asamblea General de las Naciones Unidas. La soberanía de las Malvinas será uno de los temas centrales de su discurso.

Lavado de dinero: el moyanismo convocó a una marcha de protesta frente a la Superintendencia de Servicios de Salud para defender sus derechos.



El jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, reunirá hoy a su tropa frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, a metros de la Plaza de Mayo, hasta donde se movilizará con el pretexto de reclamar por las obras sociales, pero con el objetivo implícito de enviar una respuesta política frente a las graves denuncias de presunto "vaciamiento" de la obra social del sindicato. La protesta tendrá además un inevitable sesgo electoralista, ya que tiene lugar en medio del cada vez menos disimulado coqueteo del camionero para sumarse a las filas del intendente de Tigre Sergio Massa, tras los magros resultados de su alianza con Francisco de Narváez, que apenas alcanzó un cuarto puesto en las primarias de agosto. 

Moyano, que será el único orador del acto, convocó a la protesta días después que tomara estado público un informe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que da cuenta de transferencias millonarias de la obra social del sindicato de Camioneros hacia compañías prestatarias presididas por integrantes de su entorno familiar, entre ellas su esposa Liliana Zulet y su hijo Pablo. Tal como informó este diario, la investigación se originó a partir de una serie de reportes de operaciones sospechosas enviados por un banco local a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se advierte una triangulación de dinero proveniente de la obra social y el sindicato hacia tres compañías –IARAI, ACONRA y DIXEY–, todas ellas controladas por el propio grupo familiar, y con un vertiginoso crecimiento patrimonial durante la última década. De acuerdo a la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio, las operaciones involucran transferencias por más de 580 millones de pesos. A través de declaraciones a los medios y sin dar precisiones concretas que refuten las denuncias, Moyano desacreditó la pesquisa, se victimizó y responsabilizó al gobierno nacional.

Los camioneros comenzarán a concentrarse cerca de las 10 de la mañana en el centro porteño, mientras se espera que las distintas columnas confluyan a las 12 en las inmediaciones de Roque Saenz Peña 530. En el escenario que ayer terminaron de montar, Moyano volverá a dar un encendido discurso contra el gobierno, mezclando reclamos puntuales de la agenda gremial con críticas a la gestión kirchnerista. Más allá del poder de fuego de Camioneros –fuentes del gremio aseguraron que para la convocatoria esperan no menos de 40 mil personas– hasta ayer era una incógnita la adhesión de otras organizaciones a la medida de fuerza. A diferencia de lo que sucedió en otras convocatorias lanzadas por Moyano, en esta oportunidad no hubo apoyos explícitos ni para la protesta ni para desagraviar la investigación que tiene en la mira al clan Moyano.
Según pudo saber este diario, no estarán la CTA disidente que comanda Pablo Micheli ni los gremios que responden a la CGT Azul y Blanca que lidera el gastronómico Luis Barrionuevo. "No vamos a estar participando activamente aunque compartimos el reclamo", concluyó Dante Camaño, referente de los gastronómicos y cuñado de Barrionuevo. Así las cosas, la convocatoria alcanzará únicamente al reducido grupo de gremios que se mantiene al lado de Moyano, entre ellos Julio Piumato (Judiciales), la UATRE de Gerónimo Venegas o los petroleros privados de Guillermo Pereyra. "Los que respondemos a la CGT Azopardo vamos a ir todos", señaló Abel Frutos, del gremio de Panaderos.

Un proyecto de ley de los trabajadores y para los trabajadores.

Desde la fundación de la CTA se viene insistiendo en que el modelo sindical argentino es un engendro que impide la organización de los trabajadores y posibilita la injerencia del Estado en los sindicatos. Se entendió, desde siempre que una ley no puede impedir la construcción colectiva, por ende en nombre de los derechos de los trabajadores se fue avanzando al punto que hoy por hoy, nadie discute la libertad y democracia sindical.


Pensamos que el “modelo” organizativo lo construyen los trabajadores, desde sus propios sentidos; se organizan “en defensa propia”.

La ley sindical es un impedimento para la defensa de derechos que se ganan en la calle, en la fábrica, en la oficina. Estar pendiente del reconocimiento del Estado es una falsa necesidad impuesta por la ley que distrae la energía colectiva.

Mientras tanto en estos 20 años hubo una riqueza cuantitativa y cualitativa de la conflictividad que con el tiempo, fue fusionando las experiencias territoriales de los ’90 con formas tradicionales de resistencia en los lugares de trabajo.

Hubo una encuesta oficial en el 2005 que patetizaba una realidad: solo el 14,5% de los establecimientos tenían representación de los trabajadores en los lugares de trabajo.

Esta alarma confirmo que la crisis de representación sindical era mucho más aguda de lo que veníamos denunciando.- Avanzábamos también internacionalmente. Desde 1998 la CTA viene denunciando ante la OIT la incompatibilidad de la ley argentina con el convenio 87 de libertad sindical.

Luego ese mismo trabajo que hicimos ante los organismos de control de la OIT tuvo sus frutos en los fundamentos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia: ATE 1 en el 2008, Rossi, en el 2009 y ATE 2, en el 2013.

La convocatoria de Víctor De Gennaro para comenzar a elaborar un proyecto de ley tenia que ser integral. No es suficiente, ampliar las garantías sin modificar el sistema de representación.

Hoy existen dos sistemas coexistentes. Uno formal, el del sindicato con personería gremial y otro de hecho, que nace desde los trabajadores que lo cuestionan e intentan una representación genuina que refleje la voluntad de los colectivos.

Esto se ve reflejado en los conflictos. Desde el Observatorio de Derecho Social de la CTA hemos investigado que en el 2012 el 28% de los conflictos encuestados no tenían representación de un sindicato con personería gremial.

El eje principal del proyecto es el abandono definitivo del sistema de “unicidad promocionada por ley” que concedió el monopolio de de la representación al sindicato con personería gremial, otorgándole un conjunto de “privilegios” que convertían a los sindicatos simplemente inscriptos en “sindicatos no sindicatos”.

El proyecto se aleja del sistema de personería gremial y entiende que todos los sindicatos son iguales ante la ley, por ende, desde su fundación tienen derechos plenos, con la sola obligación del registro especial. Solo al efecto de la negociación colectiva y para el supuesto de falta de acuerdo de las entidades para la representación paritaria se instituye un sistema de “sindicato más representativo” para aquel que tiene mas afiliados en el ámbito personal y territorial de la “unidad de negociación” El derecho de los trabajadores a la libertad sindical constitutiva se garantizan creando un Registro de Entidades Sindicales, en concordancia con la Constitución Nacional y el Convenio 87. Para el supuesto de que existan observaciones es la Justicia y no el poder político, quién debe resolverlos.

Todos los conflictos (inter o intra) sindicales o de trabajadores por su representación, deben dirimirse por un órgano independiente. Es por ello que el proyecto establece que debe intervenir la Justicia del Trabajo y no el Ministerio que no hecho otra cosa que orientar su jurisdicción a intereses del partido gobernante.

Los estatutos deben ser una norma de los trabajadores que lo debatan libre y voluntariamente. No puede manipularse extorsivamente para adecuarlos a un modelo de gobernabilidad impuesto por el Estado. El proyecto se orienta a que el Ministerio deje de ser el encargado de disciplinar y convertir la autonomía de los trabajadores en dependencia del poder político.

Un argumento que siempre usaron los gobiernos y el sindicalismo empresario para defender el “modelo” fue que éste estaba basado en la democracia interna y que el Estado debía garantizar la unicidad para defender a la organización sindical de las asimetrías con el poder patronal.

Con el tiempo los trabajadores experimentaron exactamente lo contrario. La intervención del Ministerio de Trabajo en los procesos electorales favorecen a los “amigos” de los patrones o de los gobiernos, en desmedro de la autonomía, de la pluralidad y la democracia sindical.

Por eso tratamos en el proyecto que quien intervenga en los procesos electorales sea la justicia una vez agotada la autoorganización de los estatutos sociales.

En definitiva… somos conocedores que las luchas de los trabajadores se dirimen en todos los espacios. Están dadas las condiciones de que un proyecto de ley, ayude a aumentar la conciencia colectiva y permita, como lo expresan nuestros cantos en la calle, que todos los trabajadores cualquiera sea su condición, empleado, desempleado, precarizado, tercerizado, no registrado, domiciliario, autónomo o que trabajen en cualquier otra forma de dependencia económica, pueda organizarse sin injerencia ni de los gobierno ni de los patrones.


Vecinos bloquean el acceso a la planta de Monsanto en Córdoba.

Habitantes de Malvinas Argentinas, localidad ubicada a 15 kilómetros de la capital cordobesa, mantenían bloqueado el ingreso a la planta de acondicionamiento y embolsado de semillas de maíz que la empresa proyecta construir.


"El acampe, que se mantiene desde el miércoles pasado, en las inmediaciones de la planta, sigue y el objetivo es mantenerlo por mucho tiempo. Hemos cortado los dos accesos (al predio) y no vamos a dejar que ingresen los camiones", aseguró a la prensa esta tarde Ester Quiste, una de las manifestantes.

Quiste llamó "a toda la sociedad a acompañar esta medida de fuerza, a solidarizarse con esta lucha, en contra de la multinacional y a favor de la soberanía alimentaria y de la vida".

“Entendemos que mañana, lunes, la situación se puede complicar si llega una orden de desalojo por parte de algún fiscal, pero nosotros no nos vamos a mover de acá", advirtió la manifestante.

La medida fue dispuesta para oponerse a la radicación de la empresa en la localidad, pese a que a mediados de año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ratificó que la compañía puede seguir con la construcción de la obra civil, aunque no con la puesta en funcionamiento (faz operativa) de la planta.

La puesta en funcionamiento definitiva de la planta, según el TSJ, dependerá de los estudios de impacto ambiental que deberán efectuarse para cumplir con las normas vigentes en la provincia y en el país.

La planta, de características similares a la que la compañía tiene en la localidad de Rojas (Provincia de Buenos Aires), se construirá en un predio de 27 hectáreas, ubicado sobre la Ruta Provincial A 188.

La obra cuenta con la prefactibilidad dispuesta por la Municipalidad de Malvinas Argentinas y, debido a su magnitud, su desarrollo está previsto en cuatro etapas.

El Aviso de Proyecto, ya autorizado por el gobierno cordobés, corresponde a la primera etapa y la empresa deberá cumplir con el mismo trámite cada vez que avance con la etapa siguiente, en el marco de un proyecto global que supondrá una inversión de 1.600 millones de pesos.

De acuerdo con la empresa, la obra, que estará inaugurada en diciembre, supondrá la creación de 400 nuevos puestos de trabajo y llegará a triplicarse en época de campaña de maíz.

Ciudadanos de EE.UU. solicitan que Obama ceda su Premio Nobel de la Paz a Putin.

Casi 3.000 ciudadanos estadounidenses se han sumado a la petición que propone obligar a Barack Obama a entregar su Premio Nobel de la Paz a Vladímir Putin. Si se consiguen las firmas suficientes, la Casa Blanca tendrá que tomar la propuesta en serio.


La petición, iniciada el 11 de septiembre en la página web del Gobierno de EE.UU., recuerda que "Obama hizo un compromiso sincero para iniciar una guerra con Siria, con la participación de nuestras fuerzas armadas en un conflicto no deseado, y hacerlo sin el apoyo de su pueblo". 

Por lo tanto, apuntan los impulsores de la propuesta, "debe entregar el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido en 2009 a un hombre de paz, el presidente de Rusia, Vladímir Putin".

"Como el señor Putin permitió a EE.UU. evitar una acción militar no deseada e injustificada, él nos ha llevado al 'borde' de la paz", añade el texto.

Por el momento, 2.736 estadounidenses han firmado la petición. Para que el Gobierno considere la propuesta, es necesario que la firmen 100.000 personas hasta el 11 de octubre, es decir, faltan 97.264 firmas.

Hay que destacar que no es la primera vez que cuestionan el derecho de Obama a poseer el prestigioso premio debido a su actuación frente al conflicto sirio. Así, el premio nobel de Física y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia, Zhorés Alfiórov, considera que sería justo que los laureados con el Premio Nobel de la Paz iniciasen un proceso para privar a Barack Obama de este galardón.

También el presidente ruso, Vladímir Putin, ha instado a Obama "como premio nobel de la Paz" a que "antes de emplear la fuerza en Siria piense en las futuras víctimas" que dejaría la ofensiva extranjera en el país árabe.

La posibilidad de que los ciudadanos inicien y firmen peticiones dirigidas 'online' a la Casa Blanca fue creada hace poco tiempo para darles "una nueva manera de crear o sumarse a peticiones solicitando al Gobierno que tome medidas sobre varios asuntos".