martes, 27 de agosto de 2013

Occidente dice a la oposición siria que espere un ataque en los próximos días.

Las potencias occidentales han dicho a la oposición siria que espere un ataque en los próximos días, según Reuters.


Las potencias occidentales dijeron a la oposición siria que el ataque contra las fuerzas del presidente Bashar al Assad es cuestión de días, según las fuentes que asistieron a una reunión entre los enviados occidentales y la Coalición Nacional de Siria en Estambul, citadas por Reuters.

"La oposición informó en términos claros que las medidas para prevenir un mayor uso de las armas químicas por parte del régimen de Al Assad podrían llegar tan pronto como en los próximos días, y que deberían prepararse para las conversaciones de paz en Ginebra", dijo a Reuters una fuente que estuvo en la reunión el lunes.

A su vez, según la agencia Reuters, la oposición siria ha entregado a la OTAN una lista de objetivos en Siria que considera que deben ser eliminados.

Según la agencia, en la reunión, que se celebró en un céntrico hotel de Estambul, participaron miembros de la Coalición Nacional de Siria, incluido su presidente, Ahmad Jarba, y representantes de once sedes de 'Los Amigos de Siria', entre ellos el enviado de EE.UU.

A su vez, una fuente en la Coalición Nacional Siria descartó que se estuviera llevando a cabo una discusión de planes de ataque contra el país árabe con los aliados occidentales.

El desarrollo de la situación en Siria después del presunto ataque con armas químicas del 21 de agosto será el tema principal de una reunión de urgencia de la OTAN que puede celebrarse el 29 de agosto en Bruselas. Así lo informa la agencia Itar-Tass, citando fuentes diplomáticas.


La OTAN todavía no ha realizado comentarios sobre esta información.

Chaco: vía libre para fumigar sin límites.

María del Carmen Seveso, médica que integra la Red de Salud Ramón Carrillo, aseguró a APN que los pueblos de Chaco quedarán absolutamente desprotegidos tras la modificación de la Ley de Biocidas por parte del gobierno provincial.


Hace unos días, se conoció la noticia que el gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. 

Fue un año después que se promulgara la ley, que en ese momento se sancionó sin el veto al artículo 27 solicitado por asociaciones ambientalistas, que fijaba una distancia menor entre fumigaciones y poblaciones rurales.

"Ahora, con la modificación de la Ley de Biocidas, directamente no hay ningún tipo de regulación a las fumigaciones, ni siquiera a los productos de bandera roja, que son los más tóxicos", dijo a APN María del Carmen Seveso, médica integrante de la Red de Salud Ramón Carrillo. Según Seveso, en el Chaco hay cerca de 12 fumigaciones anuales con los peores cócteles de tóxicos, organoclorados, fosforados, fungicidas y otros.

Seveso dijo que los agrotóxicos se usan en todo el país y no sólo en Chaco, mientras que están prohibidos en todo el mundo. "Es un paquete biotecnológico, que incluye las semillas transgénicas, un modelo que se extiende a 23 millones de héctareas sembradas en el país. Las semillas son dañinas, después la alimentación hace estragos. Es algo que nos sobrepasa, pero cuando creamos una ley que se propone cuidar un poco más la vida de la gente, es indignante, es como si viviéramos en dos mundos diferentes: por un lado, los que tenemos derechos y por otro, los que no", afirmó.

Hay empresas que tienen grandes silos y usan sulfuro de aluminio, que es uno de los productos más tóxicos. "Los silos están dentro de las poblaciones -señaló la médica- o cerca de los barrios. No hay seguridad. Esa gente no respira, después se enferman y mueren por enfermedades causadas por eso".

De acuerdo a lo escrito por Darío Aranda en Página/12, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua en diciembre de 2009 con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.

Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones áreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de 2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.

En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.

Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.

"La nuestra es una posición frente a la vida de las personas -dijo Seveso, contando el trabajo de la Red de Salud Ramón Carrillo- y pensando en el futuro de nuestras generaciones que están siendo afectadas por la devastación del territorio o las malformaciones genéticas. Esto es una emergencia, nosotros trabajamos sin descanso, estamos muy comprometidos. Nos cuesta introducir el tema en la sociedad, es algo de lo que no se habla. El gobierno siempre cambia algo para que nada cambie y favorece a los poderosos. Son empresarios que compran terrenos, hacen escuelas para legitimarse y tienen sus campos pegados a las aulas. Y encima dicen que van a fumigar cuando no haya clases, cuando sabemos que estos productos tiene poder residual de meses o de años".

"¿Qué pensamos hacer?", se preguntó la médica. "Problablemente se haga algo a nivel judicial. No se cumple ninguna ley, ni nacional, ni provincial y hasta se violan los artículos de nuestra constitución. Hay una Ley General del Ambiente cuyos principios son transgredidos y esto es absolutamente grave, porque esa ley trasciende los planos nacionales y provinciales. Estamos analizando presentar algún tipo de recurso para frenar esta barbaridad", concluyó.

APN

Renunció el canciller de Brasil en medio de la crisis con Bolivia.

La presidenta Dilma Rousseff aceptó la renuncia de su canciller, Antonio Patriota, y designó en su lugar al hasta ahora representante ante las Naciones Unidas, Luiz Alberto Figueiredo, informó la agencia noticiosa estatal ABR.


La salida de Patriota, quien será reemplazado por el hasta ahora representante ante las Naciones Unidas, Luiz Alberto Figueiredo, se conoció a última hora de esta tarde, luego de que el ahora exfuncionario se reuniera durante cerca de 50 minutos con Rousseff, informó la agencia noticiosa estatal ABR.

La decisión tuvo lugar al cabo de una jornada en la que el gobierno de Bolivia reiterara el pedido de explicaciones a Brasil, lo acusara de haber violado convenios internacionales e informara que estudiaba solicitar la extradición de Pinto.

Paralelamente, el encargado de negocios de la embajada brasileña en La Paz, Eduardo Saboia, llamado a Brasilia a dar explicaciones sobre el caso, admitió en declaraciones públicas su responsabilidad en el traslado de Pinto.

“Estamos analizando todo lo que se refiere a la normativa internacional y nacional para ver cuáles son las opciones” para reclamar la extradición de Pinto, dijo el procurador general interino de Bolivia, Roberto Ramírez, citado por ABR.

Por su parte, el canciller boliviano, David Choquehuanca, afirmó que Brasil violó convenios internacionales y que sus autoridades tenían conocimiento de que Pinto “no es un perseguido político”.

“No puede ser que al amparo de la inmunidad diplomática se transgredan normas nacionales y normas internacionales; así se podría llevar droga y traficar armamentos o tráfico de personas; es grave lo que ha pasado”, declaró Choquehuanca esta mañana y explicó que su gobierno presentará una nota diplomática en la que exigirá explicaciones oficiales.

El canciller boliviano, citado por el diario paceño La Razón y las agencias ABI, DPA, EFE y Prensa Latina, sostuvo que “el señor Pinto tiene en su contra procesos penales por delitos comunes de corrupción, no es un perseguido político”, y agregó que eso “es de conocimiento de las autoridades de Brasil”.

Por ese motivo, señaló que Brasil violó el Convenio de Caracas de 1954 (sobre asilo territorial) al otorgar el asilo a Pinto, pese a que en Bolivia tiene procesos y una sentencia judicial por delitos comunes.

Pinto salió el sábado de la embajada de Brasilia en La Paz, donde permanecía desde mayo de 2012 y recibió un mes después el asilo político de Brasil, cuando era embajador Marcel Biato, quien en junio de este año debió abandonar el cargo, pero su reemplazante, ya designado, Raymundo Santos Rocha Magno, aún no asumió porque falta su ratificación por el Senado.

Saboia, a cargo de la representación diplomática en La Paz, confirmó hoy que fue el responsable de organizar la salida a Brasil del senador Pinto, a quien definió como “un perseguido político, así como lo fue la presidenta (de Brasil) Dilma (Rousseff)”.

“Yo elegí la vida, yo elegí proteger a una persona, a un perseguido político, como lo fue la presidenta Dilma”, afirmó el diplomático, al aludir al encarcelamiento y a las torturas que enfrentó la actual mandataria en la década de los `70, cuando integraba una organización clandestina de oposición a la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985.

Según afirmó hoy el portal brasileño UOL, la fuga de Pinto fue organizada “en rebeldía con la cancillería”, en una “operación secreta” que involucró, además de a Saboia, a dos fusileros navales, cinco agentes de la policía federal (que recién se sumaron en territorio brasileño) y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el oficialista Ricardo Ferraço.

Según la comentarista política Eliane Cantenhede, del diario Folha de Sao Paulo, la fuga de Pinto deja “en el peor de los mundos” al jefe de la diplomacia brasileña: “O el canciller Antonio Patriota no tiene control sobre los diplomáticos o la operación fue autorizada y la investigación y la amenaza de sanciones son sólo una puesta en escena”, sostuvo.

La Plata: prohíben a los hospitales militares antender a los imputados por delitos de lesa humanidad.

La Unidad Fiscal de La Plata pidió al juez federal Humberto Blanco que rechace el amparo y el pedido de inconstitucionalidad contra la resolución 85/13 del Ministerio de Defensa, que prohíbe la atención en hospitales de la fuerzas armadas de procesados y condenados que hayan tenido estado militar.

El dictamen de los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández se produjo a raíz del pedido de la defensora oficial de varios procesados por delitos de lesa humanidad tras la medida adoptada por el ministerio tras la fuga de Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central, el pasado 25 de julio.

El pedido de inconstitucionalidad lo tramitó la defensora oficial María Inés Spinetta, representante del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; del ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró; del ex jefe de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller; y del ex oficial de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez.

Los fiscales consideraron que el mencionado decreto "no vulnera derechos de los imputados", dado que cuentan con diferentes alternativas de atención médica, garantizadas no sólo por su obra social sino también por la atención que puede brindar el Servicio Penitenciario Federal, además de otros centros asistenciales a los que podrían ser derivados.

Spinetta había sostenido que sus defendidos, afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se veían afectados "por la prohibición de atención profesional, internación y cobertura médica en los sitios que revisten el carácter de prestadores por ley".

Los representantes del Ministerio Público Fiscal recordaron que de la normativa de creación de esa obra social, puesta en marcha este año con la unificación de los servicios de cobertura médica de las tres fuerzas armadas, "no surge que sólo sean los hospitales militares quienes operen con la referida obra social".

EE.UU. alcanzará el límite de endeudamiento dentro de un mes y medio.

EE.UU. alcanzará su límite de endeudamiento a mediados de octubre, y probablemente no sea capaz de financiar todos los gastos del presupuesto federal, advirtió el Departamento del Tesoro de EE.UU.


"El Congreso debe actuar lo más pronto posible para proteger la solvencia de los Estados Unidos, dijo el secretario del Tesoro, Jack Lew, en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
Advirtió asimismo que la inactividad puede causar un "daño irreparable" a la economía del país

El Gobierno y los economistas estimaban que los Estados Unidos alcanzarían el límite de la deuda de 16,69 billones de dólares en el otoño boreal, pero mediados de octubre es una fecha más temprana de lo que algunos esperaban.

Esto significa que el Congreso está preparando una nueva 'batalla', donde se decidirá si se debe elevar el límite de endeudamiento del Estado.

Lew dijo que una vez alcanzado el límite se podrían efectuar solo los gastos en 80 partidas mensuales, que incluyen los salarios militares y los pagos de la seguridad social.

El secretario del Tesoro anunció que es imposible determinar exactamente cuándo la oficina se quedará sin fondos si no se llega a un acuerdo, pero la situación puede conducir rápidamente a una grave escasez de recursos.

"En efecto, tal situación podría socavar los mercados financieros y dar lugar a perturbaciones importantes en nuestra economía", indicó.

Los republicanos siguen insistiendo en hacer recortes del gasto a cambio de elevar el techo de la deuda.

En 2011 la incapacidad de alcanzar consenso en las negociaciones costó a EE.UU. la pérdida de la máxima calificación de la agencia S&P.


"Pascua Lama, minería transfronteriza, crisis, y resistencia de los pueblos". Por Ramón Gómez Mederos.

La importancia de un promisorio freno al proyecto Pascua Lama del lado chileno, y la consideración de un posible cierre en plena etapa de construcción de su infraestructura logística y edilicia, pone de manifiesto las contradicciones y fundamentalmente las falacias, con que se han construido en el imaginario social, las benevolencias del modelo minero depredador, inscripto en una política hegemónica global, que destina a nuestras naciones a ser proveedoras de commodities y materias primas.


Es una política homologada por el consenso de Washington (Item:Elimination of the barriers to the foreign direct investments) y los intereses de los países desarrollados como Europa, Japón y EEUU, pero además, una política de influencia y cooptación, por parte de las naciones emergentes más influyentes (Brasil, China y Rusia), en cuanto a aprovechar las ventajas jurídicas y económicas que brindan nuestros países. Es decir, estamos en el medio, indefensos, ante el avance sin límites de los intereses de las naciones más poderosas sobre nuestros territorios.

El conflicto y la posterior retirada de la minera Vale de la provincia de Mendoza, dueña en Malargüe, de Potasio Rio Colorado, con una inversión inicial de 6000 millones de dólares, justificado en una suerte de argumentación menciona: “que en el contexto macroeconómico actual los fundamentos económicos del proyecto no están alineados con el compromiso de Vale”, muestra como esta poderosa minera de Brasil, además miembro del Mercosur, influye en la economía de Argentina. Recordemos que Vale tiene también en la provincia de San Juan, junto a Golden Arrows, el Proyecto de minería metalífera, Mogote, hoy en plena etapa de exploración.

La justificación reciente que expuso Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan, con respecto al conflicto con Vale dice que, “La situación de Vale en Mendoza le pega al país, es una realidad. Los costos internos argentinos siguen creciendo respecto al dólar y eso choca. Chocó en Vale y en el tiempo chocará a Veladero y a los demás por el peso que significa producir”. De estos dichos se desprende, que las mineras deberían tener aún más beneficios de los que hasta ahora tienen, con la ley de inversiones mineras 24196.

La resolución de la corte de Copiapó, del vecino país de Chile, que ha hecho posible paralizar Pascua Lama, fue por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental desde 2009 en adelante, por daño al ecosistema glaciar en el que se encuentra el emprendimiento minero. La transnacional Barrick Gold, símbolo mundial de innumerables daños ambientales, e inclusive acusada de violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo, por las poblaciones, la prestigiosa Amnistía Internacional y por Corp Watch; aduce, a pesar de haber prometido cumplir todas las exigencias ambientales de la legislación de ambos países (Argentina y Chile) y de utilizar tecnología de punta para no producir daño al ecosistema, ya en el año 2006 los glaciares Toro 1,Toro 2 y Esperanza, habían reducido su superficie en un promedio del 70% , gracias a la intervención de la compañía.
La matriz energética

Barrick Gold llegó al punto de proponer, en un supuesto pan de manejo, el traslado de un glaciar colindante, llamado “Guanaco”, utilizando palas mecánicas. La autoridad ambiental regional en Chile descartó la propuesta mediante una resolución del 15 de Febrero de 2006. Aun así Barrick Gold, después de “acatar” la resolución, presentó abiertamente la construcción del botadero Nevada Norte, en un sector que cubría enteramente un glaciar de roca.

Pascua Lama, al igual que otros megaproyectos, re fundamenta y coteja una modificación de la matriz energética nacional, que incide directamente en la población; para tener una idea de la magnitud del consumo energético de estos, tres ejemplos importantes: Bajo La Alumbrera (de la inglesa Xtrata Cooper ) en la provincia de Catamarca, consume 1583GwH/a, es decir el 80% del consumo de Tucumán; en el caso de Pascua Lama ( Barrick Gold), el consumo estipulado es de 930 GwH/a, el 85% de consumo de la provincia de Salta, y Potasio Rio Colorado, el 83% de lo que genera Atucha I 1848 GwH/a. Es decir que la economía nacional transita un camino totalmente condicionado a este nuevo esquema energético, he impacta directamente sobre el transporte público, sobre el de carga y la economía en general. Para generar energía en la República Argentina, el porcentaje de las fuentes primarias es del 43,63 % para el Gas, el 40,20 % en el caso del petróleo y el 6,04 % de la hidráulica, como las tres formas más importantes.

En la oferta energética de Argentina, las fuentes primarias se ocupan para generar energía térmica, energía hidráulica y energía nuclear respectivamente. Lo que se deduce de aquí, es que la relación entre lo que se genera de energía para el consumo normal en la actualidad, y lo que será necesario a partir del tremendo consumo de estos proyectos, es que, no hay tantas posibilidades de generar más de lo que hasta ahora se genera, debido a que pasamos de ser exportadores de recursos energéticos para generar esta, a ser importadores, con lo cual, o es para estos grandes consumidores o para la población en general.

Esta modificación, en términos sustanciales, cuantitativos y cualitativos, en el cual Pascua Lama es un punto más del modelo en general, incide sobre todos los rubros de la economía y el consumo ciudadano, incidencia que se desprende de una política de priorización del modelo capitalista primario y extractivo. La argumentación de una forma combinada, primaria y a la vez industrial de sustitución de importaciones, es desenmascarada por la crisis energética evidente, la cual se hace cada vez más aguda.

El proyecto Pascua Lama y su freno reciente, pone en cuestión el marco estratégico en el cual éste se enmarca, el extractivismo no sólo como modalidad de acumulación capitalista en términos económicos, sino también como una estructura que modifica y re categoriza los sistemas fronterizos, es decir, la desaparición exacta y objetiva de las fronteras nacionales, en donde estas mega-estructuras se asientan, “la fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales”.
Extractivismo y soberanía nacional

Estas fragmentaciones territoriales, son además el producto directo de una estrategia a nivel mundial, no solamente del esquema del mercado global en sí mismo, sino de una forma de dominación territorial del capitalismo monopólico generalizado a escala planetaria; si bien la minería transfronteriza evidencia una transformación de la frontera del estado nación tradicional, esta solo tiene características tácticas, si se lo mira solo como un hecho en sí mismo, (es decir, solo como una iniciativa económica de una empresa transnacional). Lo que en realidad está en juego, es la distribución territorial y la enajenación de la nación en sí , a partir de la categorización del territorio, como centro de interés específico, en cuanto a su riqueza en recursos naturales (bienes comunes), por parte de “Los estados hegemónicos más fuertes, que van alimentando cada vez más su poderío en este juego de reparto del mundo, y a su vez, consolidando una nueva institucionalidad supranacional, dominada por los estados fuertes”.

Pascua Lama, en la frontera argentina–chilena, Majaz - Río Blanco y Ecua corrientes en la frontera Ecuatoriana–Peruana, El Mutún, exponente orográfico ubicado en una zona biogeográfica amazónica del Pantanal, en la frontera boliviano-brasileño, dan cuenta en simultaneo, de la importancia estratégica del modelo minero transfronterizo a nivel suramericano, y la intensiva presencia de las transnacionales mineras en el continente.

Para la Argentina y Chile, el tratado minero establece un ámbito de aplicación específico, entre los paralelos 23, 49 y en un sector del paralelo 51, cuya superficie es de aproximadamente 550.000 Km2.

El Tratado de Integración y Complementación Minera, suscripto en la provincia de San Juan, República Argentina, y Antofagasta, Chile, el 29 de Diciembre de 1997, y promulgado el 24 de marzo del año 2000, bajo la ley 25243, sienta las bases jurídicas por el que se hace posible el proyecto Pascua Lama y las demás iniciativas de minería transfronteriza. Este acuerdo binacional constituye, entre tantas cosas, la entrega de los recursos hídricos compartidos para uso a discreción por las transnacionales mineras, donde existan proyectos mutuos o no.

Este es el caso específico, sacado a la luz por el diario El Tribuno, de Salta en el año 2008, un plan que prevé bombear a la puna chilena, 6000 litros de agua por segundo desde pozos subterráneos que ya empezaron a construirse en el 2007, en las zonas de la Quebrada del Agua, Laguna Socompa, el Salar de Llullaillaco y el Salar del Río Grande, a muy pocos kilómetros de la línea cordillerana que separa Salta de Antofagasta; los 6000 litros de aguas serían bombeados desde dos acueductos que nacerán en Socompa y Sico, hacia Antofagasta, con destino a las minas La Escondida y Chuquicamata de la australiana BHP Billiton. La construcción del acueducto hasta La Escondida desde Socompa, costaría 203 millones de dólares, y la línea a Chuquicamata desde Sico, 224 millones de dólares. Las empresas asociadas al proyecto cobrarían 1,5 dólares el metro cúbico durante 20 años, lo cual les redituaría 5700 millones de dólares.

Es cada vez más claro, el esquema de dominación y las nuevas funcionalidades a que han sido destinados los estados dependientes, en donde estos van “convirtiéndose en estructuras de administración de los intereses globales de los actores mencionados del bloque imperial y perdiendo cada vez más su función como representantes de sus comunidades políticas”.

De igual manera, el cierre promisorio del proyecto binacional Pascua Lama, nos da cuenta del poder que tienen los pueblos a la hora de las grandes decisiones, y de como la organización de la resistencia al sistema en general y sus versiones de acumulación, va teniendo sus frutos, que aunque pequeños, de gran incidencia en la estructuración del bloque hegemónico regional.
Ubicación geográfica

Pascua Lama se define como un proyecto “binacional”, orientado a la extracción de oro y minerales a cielo abierto en el norte cordillerano de Argentina y Chile. Teniendo en cuenta que solamente en oro, Pascua Lama producirá 17 millones de onzas, se extraerá oro, plata y cobre por el método a cielo abierto -con uso de cianuro de sodio- para obtener metal doré (oro y plata) y un concentrado de cobre.

En territorio argentino, el proyecto binacional Pascua Lama se ubica a 300 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan. La zona donde se asienta este proyecto es llamada Valle del Cura, específicamente en la cabecera de la cuenca del río Turbio, tributario del río de Las Taguas. Por el lado chileno está localizado en la cabecera de la cuenca del Río del Estrecho, en la comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama. Las localidades afectadas más próximas en territorio chileno, son Chollay, por el río del Tránsito; y El Corral, por el río San Félix, ubicadas a 35 Km y 55 Km de distancia respectivamente.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 96, correspondiente al mes de julio de 2013Ramón Gómez Mederos es Secretario Adjunto de la CTA San Juan. Integrante del Espacio por el Agua de San Juan.

Deuda Eterna: Cristina presenta un proyecto de ley para reabrir el canje de deuda. Enviará hoy al Congreso la iniciativa, que mantiene las mismas condiciones de pago para el 7% de los acreedores que no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010. Habrá una oferta para que los tenedores de bonos cobren en el país.



La Presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que enviará un proyecto de ley al Congreso para reabrir por tercera vez el canje de deuda pública, una medida que ya había tomado Néstor Kirchner en 2005 y ella misma en 2010. Fue luego de la reiterada negativa del Gobierno a hacer una nueva oferta a los bonistas, y a través de un mensaje grabado y emitido a través de la Cadena Nacional.

La nueva reestructuración de deuda llegará además acompañada de una propuesta para quienes posean títulos ya canjeados en las dos ocasiones anteriores, que reúnen el 93% de los papeles que podían entrar en esa operación. Cristina anunció que a ellos se les ofrecerá cambiar sus bonos emitidos bajo legislación extranjera -la mayoría de los cuales se rigen por la jurisdicción de Nueva York- por otros pagaderos en la Caja de Valores de Buenos Aires bajo legislación local.

Luego de haber insistido en numerosas ocasiones sobre que quien no entró al canje no cobraría nada, la primera de las medidas busca ser un gesto para tratar de influir sobre la Suprema Corte de Estados Unidos, que desde hace dos meses analiza si toma en sus manos el juicio que hicieron un grupo de fondos buitre en Nueva York y que tuvo en primera y segunda instancia un resultado desfavorable para las pretensiones argentinas. Según afirmó Cristina en su mensaje, esos litigantes -encabezados por NML Capital y Aurelius Capital- representan el 0,45 por ciento de la deuda nacional.

La pretensión de mostrar a los magistrados estadounidenses la disposición argentina a pagar quedó en evidencia en el discurso presidencial. Luego de un largo y detallado recorrido por la historia de los pagos y las reestructuraciones ocurridas luego del default declarado en diciembre de 2001 por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, Cristina anunció tres decisiones. La primera de ellas, dijo, fue“pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de los Estados Unidos”. La segunda fue enviar al Parlamento el proyecto para reabrir el canje de deuda dejando sin efecto la “Ley Cerrojo” de 2010, que impedía nuevas reestructuraciones. Con esa decisión, buscó mostrar a la justicia norteamericana ladisposición del país a pagar a esos bonistas, dado que el “Cerrojo” fue criticado en los fallos sobre el tema en los EE. UU..

Pero ese gesto de acercamiento a la Corte podría quedar neutralizado por la tercera medida anunciada, la de proponer a todos los bonistas que cambien sus papeles emitidos bajo jurisdicción extranjera por otros suscriptos según leyes argentinas y pagaderos en Buenos Aires. Es que esto implica vaciar la discusión jurídica en los EE. UU.: el efecto buscado es, precisamente, evadir el alcance de los tribunales de ese país, que no puedan afectar más al pago de los bonos argentinos.

En su exposición, cargada de cifras, la Presidenta aseguró que desde 2003, el Estado abonó US$ 173.733 millones a diferentes acreedores.

Diferentes organismos públicos nacionales recibieron 41.044 millones de ese monto, 81.487 millones fueron para tenedores de bonos privados de la Argentina y el extranjero y 51.201 millones volvieron a manos de los organismos internacionales de crédito.


Esas precisiones le sirvieron a la Presidenta para argumentar que la Argentina es un “pagador serial” y no “un deudor recalcitrante”, como figura en el fallo que emitió el viernes la Corte de Apelaciones de Nueva York. Esa decisión del tribunal de segunda instancia ratificó el dictamen que había tomado el juez Thomas Griessa, quien ordenó al Estado pagar los 1.550 millones que reclaman los fondos buitre en esa demanda. Cumplir con la decisión de Griesa reafirmada por la segunda instancia neoyorkina implicaría el riesgo de juicios por 43.000 millones de dólares, según calculó el Gobierno argentino.

Hasta ayer, la Corte Suprema estadounidense no había dicho si tomará o no el caso argentino. Esa decisión podría demorarse hasta por seis meses, un período durante el cual, según dictaminó el fallo del viernes, la Argentina no estará obligada a pagar.

Sin embargo, si la Corte Suprema decide no escuchar las invocaciones a lo sobrenatural de la Presidenta y no tratar el caso, quedará firme el fallo que obliga a pagar el 100% sin ninguna quita, como pretenden los fondos buitre. Las medidas de ayer buscan amortiguar el impacto de esa puja ante los tribunales de EE.UU.