Hace unos días, se conoció la noticia que el gobierno de Chaco modificó por decreto la Ley de Biocidas (que regula el uso de agrotóxicos), eliminó límites mínimos y dejó abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua.
Fue un año después que se promulgara la ley, que en ese momento se sancionó sin el veto al artículo 27 solicitado por asociaciones ambientalistas, que fijaba una distancia menor entre fumigaciones y poblaciones rurales.
"Ahora, con la modificación de la Ley de Biocidas, directamente no hay ningún tipo de regulación a las fumigaciones, ni siquiera a los productos de bandera roja, que son los más tóxicos", dijo a APN María del Carmen Seveso, médica integrante de la Red de Salud Ramón Carrillo. Según Seveso, en el Chaco hay cerca de 12 fumigaciones anuales con los peores cócteles de tóxicos, organoclorados, fosforados, fungicidas y otros.
Seveso dijo que los agrotóxicos se usan en todo el país y no sólo en Chaco, mientras que están prohibidos en todo el mundo. "Es un paquete biotecnológico, que incluye las semillas transgénicas, un modelo que se extiende a 23 millones de héctareas sembradas en el país. Las semillas son dañinas, después la alimentación hace estragos. Es algo que nos sobrepasa, pero cuando creamos una ley que se propone cuidar un poco más la vida de la gente, es indignante, es como si viviéramos en dos mundos diferentes: por un lado, los que tenemos derechos y por otro, los que no", afirmó.
Hay empresas que tienen grandes silos y usan sulfuro de aluminio, que es uno de los productos más tóxicos. "Los silos están dentro de las poblaciones -señaló la médica- o cerca de los barrios. No hay seguridad. Esa gente no respira, después se enferman y mueren por enfermedades causadas por eso".
De acuerdo a lo escrito por Darío Aranda en Página/12, el gobierno de Chaco creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua en diciembre de 2009 con el objetivo de que se estudien las denuncias por los efectos del uso masivo de agroquímicos en campos transgénicos (soja y maíz, entre otros) y arroceras. Seis meses después, la comisión oficial presentó su primer informe, el que señaló que (en zonas con amplio uso de agrotóxicos) los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década.
Fue un elemento más en el que las organizaciones sociales se apoyaron para exigir extender las limitaciones a las fumigaciones. Pedían la prohibición total de las fumigaciones áreas (como sucede en diversos países de Europa) y 2000 metros para las terrestres. Luego de meses de debates y audiencias, la Legislatura de Chaco aprobó en julio de 2012 la Ley de Biocidas (7032). Prohibió la aplicación aérea de agroquímicos a una distancia inferior a 1500 metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y reservorios de agua. Y para las pulverizaciones terrestres se fijó un límite de 500 metros e incluyó, a último momento, un artículo que dejaba la posibilidad de reducir estas distancias.
En noviembre de 2012, el gobernador Jorge Capitanich reglamentó la ley, y estableció la posibilidad de que las fumigaciones terrestres sean a 200 metros (60 por ciento menos que la ley aprobada) y las aéreas de 1050 metros (30 por ciento menos). Arreciaron las críticas de ONG, campesinos y organizaciones socioambientales.
Nueve meses después, el 2 de agosto pasado, el gobernador firmó el decreto 1567. A diferencia de la reglamentación anterior, no menciona ningún límite para fumigar. “En la reglamentación anterior había un mínimo para la reducción que era del 60 por ciento para las terrestres y del 30 por ciento para las aéreas. En la nueva se excluye justamente este párrafo, es decir que deja que se reduzcan distancias a ningún límite mínimo”, denunció la Red de Salud Popular Ramón Carillo, que hace más de una década denuncia el avance del modelo agropecuario y sus consecuencias en la salud.
"La nuestra es una posición frente a la vida de las personas -dijo Seveso, contando el trabajo de la Red de Salud Ramón Carrillo- y pensando en el futuro de nuestras generaciones que están siendo afectadas por la devastación del territorio o las malformaciones genéticas. Esto es una emergencia, nosotros trabajamos sin descanso, estamos muy comprometidos. Nos cuesta introducir el tema en la sociedad, es algo de lo que no se habla. El gobierno siempre cambia algo para que nada cambie y favorece a los poderosos. Son empresarios que compran terrenos, hacen escuelas para legitimarse y tienen sus campos pegados a las aulas. Y encima dicen que van a fumigar cuando no haya clases, cuando sabemos que estos productos tiene poder residual de meses o de años".
"¿Qué pensamos hacer?", se preguntó la médica. "Problablemente se haga algo a nivel judicial. No se cumple ninguna ley, ni nacional, ni provincial y hasta se violan los artículos de nuestra constitución. Hay una Ley General del Ambiente cuyos principios son transgredidos y esto es absolutamente grave, porque esa ley trasciende los planos nacionales y provinciales. Estamos analizando presentar algún tipo de recurso para frenar esta barbaridad", concluyó.
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