La Unidad Fiscal de La Plata pidió al juez federal Humberto Blanco que rechace el amparo y el pedido de inconstitucionalidad contra la resolución 85/13 del Ministerio de Defensa, que prohíbe la atención en hospitales de la fuerzas armadas de procesados y condenados que hayan tenido estado militar.
El dictamen de los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández se produjo a raíz del pedido de la defensora oficial de varios procesados por delitos de lesa humanidad tras la medida adoptada por el ministerio tras la fuga de Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central, el pasado 25 de julio.
El pedido de inconstitucionalidad lo tramitó la defensora oficial María Inés Spinetta, representante del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; del ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró; del ex jefe de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller; y del ex oficial de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez.
Los fiscales consideraron que el mencionado decreto "no vulnera derechos de los imputados", dado que cuentan con diferentes alternativas de atención médica, garantizadas no sólo por su obra social sino también por la atención que puede brindar el Servicio Penitenciario Federal, además de otros centros asistenciales a los que podrían ser derivados.
Spinetta había sostenido que sus defendidos, afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se veían afectados "por la prohibición de atención profesional, internación y cobertura médica en los sitios que revisten el carácter de prestadores por ley".
Los representantes del Ministerio Público Fiscal recordaron que de la normativa de creación de esa obra social, puesta en marcha este año con la unificación de los servicios de cobertura médica de las tres fuerzas armadas, "no surge que sólo sean los hospitales militares quienes operen con la referida obra social".
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