UN RELEVAMIENTO OFICIAL SOBRE LOS TERRITORIOS DE LOS QUE SON EXPULSADOS CAMPESINOS E INDIGENAS. Los conflictos por las tierras ajenas.

La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.

"15 mitos y realidades": un libro para pensar la minería.

"15 mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina" es un texto para pensar y debatir sobre una de las economías más polémicas de la región.

En "El Día Mundial Contra La Minería", un libro editado por el Colectivo Voces de Alerta en nuestra país discute, de forma interdisciplinaria, la actividad de la minería en la región.

El Colectivo Voces de Alerta está integrado por científicos, pensadores, artistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, de campesinos y socioambientales, y todos aquellos/as interesados/as por la interrelación entre múltiples saberes y entramados sociales, políticos, culturales.

Surgió de un episodio en el ámbito científico argentino –un investigador dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública– a partir del cual se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que aún queda para la autonomía y libertad científica. En esa ocasión y frente a la respuesta de intereses de cámaras empresariales, corporaciones e incomprensibles desligamientos de las autoridades científicas nacionales, un conjunto de personas de muy diversos mundos sociales, decidió expresar públicamente asumiendo el nombre Voces de Alerta.

"15 mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina" fue elaborado por Horacio Machado, Maristella Svampa, Enrique Viale, Marcelo Giraud, Lucrecia Wagner, Mirta Antonelli, Norma Giarracca y Miguel Teubal. También aparecen aportes de Javier Rodríguez Pardo y Darío Aranda.

"Este libro está pensado como una caja de herramientas y, a la vez, como un instrumento de lucha política. Fue concebido colectivamente al calor de la campaña en favor de la ley de protección de glaciares, sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 2010, en un momento en el cual debíamos responder punto por punto los argumentos falaces y los indicadores económicos, muchas veces mentirosos, esgrimidos por el lobby minero", expresaron desde el Colectivo.

Desde Voces de Alerta, dijeron que cuestionan radicalmente la actual colonización que los grandes poderes económicos producen en las universidades, sistemas científicos y en la educación pública en general. "Estamos convencidos de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad, si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza), que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian", enfatizaron.

El trabajo está dedicado a quienes creen son sus principales destinatarios y los grandes protagonistas de esta lucha: "a todas las asambleas ciudadanas que, en nuestra extensa y rica geografía, y dentro de una situación de clara asimetría de fuerzas, abogan por la defensa del agua, la vida y el futuro de las próximas generaciones".

EE.UU. vendió tarjetas de identidad falsas para 'cazar' a delincuentes.

El Servicio Secreto de EE.UU. logró desmantelar una red internacional de robo de identidades haciéndose pasar durante más de cuatro años por un servicio en línea que vendía documentos de identidad falsos.

Lo hizo a través de un servicio en línea llamado Celtic’s Novelty I.D. Service, que operó más de cuatro años desde su base de Las Vegas. Durante ese tiempo, la tienda en línea se convirtió en el lugar ideal para ladrones de tarjetas de identidad.

El servicio gozaba de buena reputación y destacaba por su efectividad y la alta calidad de los documentos que elaboraba. Además, contó con al menos 110 clientes diferentes, envió al menos 125 licencias de conducir falsas, decenas de tarjetas de identificación de empleados de la compañía estadounidense de telecomunicaciones AT&T y varias tarjetas para acreditar a votantes de la localidad de Carson City, en el estado de Nevada.

Según un artículo que detalla el plan del Servicio Secreto publicado en la revista 'Wired', gracias a esta operación, el Gobierno acusará a 55 personas en 10 países por su implicación en la red de fabricación de tarjetas falsas.

De acuerdo con el portal, se trata del mayor proceso judicial por robos de identidad en la historia de EE.UU. Sin embargo, el artículo destaca también que decenas de documentos de identidad falsos elaborados y vendidos por el Gobierno estadounidense todavía circulan.

En algunos casos, antes de proceder al pedido, los delincuentes robaban datos de tarjetas de crédito en Internet para hacerlos coincidir con la información de las tarjetas de identificación falsas.

Adquirir las tarjetas resultaba muy sencillo. Bastaba que el cliente enviara el nombre que deseaba que apareciese en la tarjeta, el estado en la que se emplearía, la fecha de nacimiento, una fotografía y los datos de altura y peso. El pago se llevaba a cabo por Western Union. Después, Celtic’s Novelty I.D. Service fabricaba la tarjeta en su planta y la enviaba por correo postal. El precio por documento era de 300 dólares, con descuentos por volúmenes mayores y con la posibilidad de adquirir también copias de seguridad.

Docentes de educación especial: Ademys denuncia persecución gremial.

Ademys denunció que el ministro Esteban Bullrich no reconoce a los delegados docentes de educación especial y los de la Gerencia de currrícula dependiente del Ministerio de Educación. Se trata de compañeros electos en el marco de la representación sindical de Ademys. De esta manera el Gobierno de la Ciudad desconoce la legislación vigente que atribuye a las organizaciones con inscripción gremial, la aptitud para representar al conjunto de los trabajadores que así lo deseen.

El macrismo sustenta la censura en la ley 23551 que le otorga el monopolio de la representación sindical a los sindicatos con personería gremial, privilegio otorgado por el propio Estado (patronal). Esta ley ha sido observada en diversos fallos, en lo atinente a este punto, por la propia corte suprema por su carácter inconstitucional, ya que el mismo atenta contra la libertad y la democracia sindical

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su convenio nº 87 expresa el reconocimiento de todas las organizaciones sindicales tratando de garantizar la mayor libertad sindical posible. A su vez le recomienda a los estados nacionales que no intervengan en la libre organización de los trabajadores. Este convenio fue refrendado por las leyes argentinas, por lo cual debe ser acatado en el ámbito local.

La supuesta ideología liberal del macrismo, con esta persecución sindical, se muestra como es realmente, conservadora y reaccionaria. Para perseguir a Ademys el gobierno de la ciudad se basa en una norma legal que ha sido funcional a los intereses de la más rancia burocracia sindical.

Ademys denuncia este avasallamiento a la democracia sindical y llama a todos los sindicatos docentes y no docentes, fuerzas políticas democráticas y progresistas, organizaciones territoriales, de la ciudad y el país, como a las centrales sindicales a repudiar esta persecución contra una organización democrática y pluralista de los docentes de la ciudad.

ACTA/CTA

El gobierno postergó el debate por el ascenso de César Milani.

Por instrucciones de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se ha dispuesto dejar sin efecto el tratamiento de los pliegos de los jefes militares de las distintas armas, hasta el momento de tratar la totalidad de los ascensos de las fuerzas armadas”, señala el comunicado emitido ayer por el bloque del Frente para la Victoria, minutos después de las 19.

Fue el cierre de una jornada en el que pliego del jefe del Ejército, César Milani, recibió, durante su debate en la Comisión de Acuerdos del Senado, un rechazó del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que modificó drásticamente la relación de fuerzas de cara al debate en el recinto.

Así las cosas, los pliegos de los jefes de la armada, que deberían ser tratados hoy, serán puestos a consideración entre noviembre, junto con los habituales ascensos que se otorgan a fin de cada año. El escenario será otro. La campaña electoral habrá quedado atrás y el Poder Judicial tendrá más datos para aportar.

El comunicado explica que la decisión "se toma en virtud de la más que evidente desnaturalización del procedimiento, con clara intención electoralista y en la necesidad de preservar a las Fuerzas Armadas de convertirse en objeto de disputa electoral".

Con el correr de la mañana, lo que parecía ser un trámite sencillo para el oficialismo se convirtió en una misión casi imposible. En primer término, por obra de un informe del CELS, que llegó a manos de Marcelo Guinle, presidente de la Comisión, minutos antes de comenzar la reunión en la que se pondrían en debate los ascensos militares otorgados a los tres jefes de las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado Mayor Conjunto. Conocido el informe que aconseja el rechazo del ascenso de Milani, el bloque oficialista, rápido de reflejos, decidió proponer un cuarto intermedio para estudiar los "nuevos elementos". Una decisión que fue modificada a lo largo de la tarde y al ritmo de las comunicaciones que tanto el presidente del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto, como Guinle tuvieron con la presidenta de la Nación.

Al contrario de lo que el mismo organismo planteó por escrito diez días atrás y de lo que había informado en ocasión de los anteriores ascensos de Milani, el CELS advirtió: "Hemos podido reunir información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad." El organismo dijo haber tomado conocimiento de "un sumario por deserción instruido contra el soldado Alberto Ledo –que se encuentra desaparecido– en la provincia de Tucumán" y cuyo "oficial instructor fue el entonces Subteniente Milani".

El CELS también apuntó que "en el acta del testimonio brindado el 21 de agosto de 1984 por Ramón Alfredo Olivera ante la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, denuncia que Milani participó en un ‘allanamiento’ que derivó en la detención de su padre, quien fue torturado en el Batallón de Ingenieros 141" y aseguró que "Milani estuvo presente y lo 'hostilizó' durante un interrogatorio judicial en el que el testigo intentaba infructuosamente denunciar que había sido torturado".

Poco tiempo pasó desde que los senadores tuvieran el informe en sus manos hasta que algunos de los habituales aliados del oficialismo hicieran pública la decisión de no acompañar el ascenso de Milani. Además, la Comisión recibió la ampliación del informe de la Unidad de Coordinación de causas de lesa humanidad, notificando que la situación de Milani se había modificado. La Unidad había sostenido que los militares propuestos para ser ascendidos no se encontraban procesados en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. La situación cambió a partir de la denuncia realizada el pasado viernes por Ramón Olivera ante la fiscalía federal de La Rioja.

Por su parte, la oposición –que reclamó por la mañana la presencia de Milani en el Congreso– pidió el "pase inmediato a disponibilidad" del jefe del Ejército.

Leonardo Boff: “Creo que el Papa hará un llamado a los políticos para que eviten la corrupción”.

Crítico como pocos con el Vaticano y los dos últimos Papas, que lo obligaron a colgar el hábito tras varios castigos, el teólogo y ex sacerdote brasileño Leonardo Boff celebra la llegada hoy a Brasil del Papa Francisco, a quien considera un exponente de la Teología de la liberación, que él mismo fundó. Desde su retiro en Petrópolis se dedica a promover los derechos humanos y a plantear una nueva relación entre el hombre y la ecología. Es además un agudo observador de los cambios en la Iglesia “tras el riguroso invierno” de Benedicto XVI, explica en una entrevista con Clarín. Boff, jesuita como Francisco, celebra también las protestas callejeras en Brasil que amenazan la visita papal, porque han agitado una democracia corrupta y “de baja intensidad” crítica.

¿Cómo valora estos primeros cuatro meses de gobierno de Francisco al frente de la Iglesia?

El Papa ha creado una atmósfera de alivio, de esperanza y de optimismo en la Iglesia. Y lo hace por su persona sencilla, despojada de todo poder, sensible a los pobres y crítico con el sistema financiero que martiriza a países enteros. Estamos saliendo de un riguroso invierno eclesial rumbo a una primavera esperanzadora.


Hay quien piensa que es un Papa bueno para dar títulos pero que le faltan acciones concretas.

El Papa tiene que tomar consciencia de la situación de grave crisis de la Iglesia. El solo no conseguiría reformar la curia, que tiene más de mil años de existencia y sabe crear resistencias, demorar proyectos y crear anti poderes. Por eso se rodeó de 8 cardenales que van a presidir colegialmente a la Iglesia junto con el Papa y empezar la reforma. Pero ya manifestó su intervención del Banco del Vaticano (IOR) mandando a la cárcel a uno de sus altos funcionarios que traía 20 millones de euros en una avioneta desde Suiza.

¿Podrá el Papa cambiar las viejas estructuras?

Posiblemente la forma más efectiva de la reforma es descentralizar la curia. ¿Por qué el dicasterio (ministerio) de las misiones tiene que estar en Roma? Puede tranquilamente estar en Asia, el de los derechos humanos en América Latina, el diálogo de las culturas en Africa, el del Ecumenismo en Ginebra 

¿Cree que el Papa será receptivo al movimiento de indignados de Brasil y las protestas en las calles?

El Papa ya lo dijo: los políticos tienen que escuchar la voz que viene de las calles; los jóvenes tienen una causa buena y justa conforme al Evangelio. Creo que el Papa hará un llamado a los políticos para que sean transparentes, eviten la corrupción y favorezcan la participación del pueblo. Pedirá a los jóvenes que utilicen su energía no solo para rescatar la credibilidad de la Iglesia, sino también para mejorar y transformar la sociedad.

¿Cómo valora las protestas de la juventud brasileña?

Es una expresión de saturación de la política convencional, llena de corrupción y alejada del pueblo. Los avances sociales de los gobiernos de Lula y Dilma fueron naturalizados. Es decir, ya son conquistas tranquilas. Pero el pueblo quiere más: más derechos, salud, educación, transporte de calidad. En el fondo quieren refundar la democracia que, debido a las desigualdades, es una democracia de baja intensidad.

¿Qué queda de la teología de la liberación? Es el Papa Francisco un exponente tolerable de la Teología de la liberación?

Mientras haya pobreza, que significa opresión, habrá siempre quienes levantarán la bandera de la liberación desde el Evangelio y desde la práctica de Jesús. El papa Francisco, hasta ahora, ha asumido las tesis principales de la Teología de la Liberación. El pertenecía a la vertiente argentina de la Teología de Liberación que es la Teología de la Cultura Popular o la Teología del Pueblo, como su principal protagonista, Juan Carlos Sacanone, confesó, porque Bergoglio fue alumno de él.

Usted ha vinculado la ecología y la ética como respuestas a un mundo moderno. ¿Es compatible Brasil con ambos temas?

Yo pertenezco al grupo que redactó la Carta de la Tierra bajo la dirección de Gorbachov y otros. Para mi es uno de los documentos más importantes del principio del siglo XXI. Veo la necesidad de cambiar de paradigma de civilización porque esta que tenemos con su voracidad de acumulación y de consumo está destruyendo las bases que sustentan la vida en la Tierra. Hemos tocado fondo. El sistema mundial capitalista no puede autorreproducirse porque la naturaleza ya no lo permite. Si continuamos en esta dirección vamos el encuentro de una catástrofe socio-ambiental de graves consecuencias. El objetivo es tener una relación diferente con la Tierra, respetar sus límites y tener una producción que respete los ritmos de la naturaleza, un consumo solidario y de una sobriedad compartida.

¿Cómo define el momento de Brasil frente al catolicismo?

Brasil sigue siendo la nación más católica del mundo. Pero bajó del 83% a 67% debido la penetración de las iglesias evangélicas. Pero nuestro catolicismo no es de naturaleza doctrinal sino cultural. El pueblo brasileño es muy sincrético y puede tener muchas pertenencias religiosas: se siente católico, pero frecuenta las celebraciones evangélicas, va al centro de los cultos afrobrasileños, visita un centro espiritista. La presuposición es que todos tienen algo de bueno y que al caminar hacia a Dios se pude sumar muchas cosas.

Y está además el auge del movimiento evangélico.

En gran parte el auge del movimiento evangélico se debe al fracaso institucional de la Iglesia Católica.

Entrevista a Raúl Dobrusin y Alfredo Marcote, Diputados de Neuquén por la UP. El acuerdo Chevron-YPF y el debate en Neuquén.

Luego del anuncio por parte del ejecutivo nacional del Decreto 929 acerca de las concesiones a las empresas petroleras que inviertan en el petróleo no-convencional, queda sólo superar la aprobación del proyecto en la legislatura provincial de Neuquén. Para presentar una versión de la dinámica política local, ACTA se comunicó con los diputados provinciales de Unidad Popular, Raúl Dobrusin y Alfredo Marcote.

-¿Cuál fue la repercusión del Decreto 929 firmado por el gobierno nacional luego del acuerdo con Chevrón?

Después de conocida la firma del Decreto se debatió por los medios locales y el gobernador Sapag dijo que va a elevar a la legislatura el decreto. Sin embargo no sabemos si se discutirá sólo el permiso de la concesión o también los términos del contrato, los que deben ser aprobados por los 2/3 de los diputados. En la actualidad el partido provincial, el MPN, no tiene los dos tercios, pero con los votos del kirchnerismo y negociaciones con Libres del Sur más diputados de la UCR parece poder llegar a lograr los votos necesarios.

Desde que se empezó a saber de la existencia de un posible convenio entre Cheveron e YPF para la explotación de algún área de Vaca Muerta en Neuquén se empezó a discutir la no participación como socio de YPF (la provincia posee el 10% de las acciones) ya que la ley nacional 26197 (llamada ley corta) dice “Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios...” es decir que eramos los convidado de piedra de las decisiones sobre nuestras riquezas. El gobierno aducía que nada se iba a hacer sin el consentimiento provincial, pero la realidad es que se hizo todo sin informar y además se agregó el decreto 929/13 que termina con todas las decisiones locales poniendo en la “Comision de Planificación y Coordinación estratégica” (dirigida por Kiciloff y De Vido)” las decisiones de inversiones y el control, siendo esto totalmente ilegal.

-Además de la falta de participación de la provincia, ¿qué otros inconvenientes acarrea este decreto?

Está la cuestión de las tierras de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. El terreno donde está asentado la nueva concesión es de la comunidad “Lof Campo Maripe” que no es reconocida por la provincia porque nunca empezó a realizar el censo de los pueblos originarios que debían por ley con lo cual tratan de evitar la consulta a la comunidad mapuce negando la preexistencia de los pueblos, aduciendo que los terrenos son fiscales con lo cual las comunidades no se verán afectadas. Esto es un problema gravísimo por los efectos de la contaminación en esas comunidades.

El otro elemento problemático es el medio ambiente. Hace poco tiempo se modificó la Ley de Medio Ambiente Provincial y se eliminó la consulta popular por temas de medio ambiente. Esto no es producto de ninguna coincidencia, estaban ya hace meses armando el marco jurídico para poder ejecutar el proceso de fractura hidráulica, fracking, como método de extracción sin inconvenientes legales.

-Ustedes mencionaban que el decreto es violatorio de la Constitución Provincial, ¿por qué?

La Constitución Provincial en sus artículos 96º y 97º claramente indica que no puede otorgarse ninguna concesión para la explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gasesos a una empresa privada, ya que el manejo de los recursos debe quedar en manos del Estado. En este convenio se le está entregando a Chevron un recorte de 396 hectáreas, la llamada Área Mosconi, por 12 o 18 meses, luego de los cuales Chevron podrá quedarse hasta el 2048. Es regresar al paradigma de los 90’ con concesiones interminables y beneficios inmensos para un grupo de multinacionales.

-¿Cuáles son los pasos a seguir?

La estrategia nuestra consta de dos pasos. Por un lados vamos a plantear la inconstitucionalidad del acuerdo desde el Bloque Unidad Popular. Por otra parte estamos acompañando a la confederación mapuche en sus actividades (se ocuparon por algunas horas dos torres de petróleo no convencional en Loma de la Lata y acompañamos a la confederación a pedir una reunión con YPF para discutir el saqueo) y estamos convocando a reunirnos a todas las organizaciones sociales y políticas que definimos el “no al fracking”, es decir no al saqueo y la destrucción del medio ambiente (bienes comunes) y no a la reprivatización de YPF .

En Neuquén no son novedad los problemas con la explotación del petróleo y sabemos de las consecuencias que tienen las empresas transnacionales. Con Repsol tuvimos conocidos episodios problemáticos, donde la empresa dejó sin pagar innumerables juicios por contaminación en tierras neuquinas (el gobierno nunca lo condicionó e YPF por continuidad se deberá hacer cargo) y pidió las prórrogas de los yacimientos que disponía, certificó reservas, informó recursos y con esto valorizaba las acciones de la empresa. Además, como ya es de público conocimiento, no realizó las inversiones necesarias exploración y explotación, sólo remitiendo ganancias al exterior.

ACTA/CTA