Fue el cierre de una jornada en el que pliego del jefe del Ejército, César Milani, recibió, durante su debate en la Comisión de Acuerdos del Senado, un rechazó del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que modificó drásticamente la relación de fuerzas de cara al debate en el recinto.
Así las cosas, los pliegos de los jefes de la armada, que deberían ser tratados hoy, serán puestos a consideración entre noviembre, junto con los habituales ascensos que se otorgan a fin de cada año. El escenario será otro. La campaña electoral habrá quedado atrás y el Poder Judicial tendrá más datos para aportar.
El comunicado explica que la decisión "se toma en virtud de la más que evidente desnaturalización del procedimiento, con clara intención electoralista y en la necesidad de preservar a las Fuerzas Armadas de convertirse en objeto de disputa electoral".
Con el correr de la mañana, lo que parecía ser un trámite sencillo para el oficialismo se convirtió en una misión casi imposible. En primer término, por obra de un informe del CELS, que llegó a manos de Marcelo Guinle, presidente de la Comisión, minutos antes de comenzar la reunión en la que se pondrían en debate los ascensos militares otorgados a los tres jefes de las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado Mayor Conjunto. Conocido el informe que aconseja el rechazo del ascenso de Milani, el bloque oficialista, rápido de reflejos, decidió proponer un cuarto intermedio para estudiar los "nuevos elementos". Una decisión que fue modificada a lo largo de la tarde y al ritmo de las comunicaciones que tanto el presidente del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto, como Guinle tuvieron con la presidenta de la Nación.
Al contrario de lo que el mismo organismo planteó por escrito diez días atrás y de lo que había informado en ocasión de los anteriores ascensos de Milani, el CELS advirtió: "Hemos podido reunir información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad." El organismo dijo haber tomado conocimiento de "un sumario por deserción instruido contra el soldado Alberto Ledo –que se encuentra desaparecido– en la provincia de Tucumán" y cuyo "oficial instructor fue el entonces Subteniente Milani".
El CELS también apuntó que "en el acta del testimonio brindado el 21 de agosto de 1984 por Ramón Alfredo Olivera ante la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, denuncia que Milani participó en un ‘allanamiento’ que derivó en la detención de su padre, quien fue torturado en el Batallón de Ingenieros 141" y aseguró que "Milani estuvo presente y lo 'hostilizó' durante un interrogatorio judicial en el que el testigo intentaba infructuosamente denunciar que había sido torturado".
Poco tiempo pasó desde que los senadores tuvieran el informe en sus manos hasta que algunos de los habituales aliados del oficialismo hicieran pública la decisión de no acompañar el ascenso de Milani. Además, la Comisión recibió la ampliación del informe de la Unidad de Coordinación de causas de lesa humanidad, notificando que la situación de Milani se había modificado. La Unidad había sostenido que los militares propuestos para ser ascendidos no se encontraban procesados en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. La situación cambió a partir de la denuncia realizada el pasado viernes por Ramón Olivera ante la fiscalía federal de La Rioja.
Por su parte, la oposición –que reclamó por la mañana la presencia de Milani en el Congreso– pidió el "pase inmediato a disponibilidad" del jefe del Ejército.
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