El engaño, la tergiversación y re significación de palabras, sumado a la desinformación son parte de las estrategias de comunicación de uno de los mayores “pagadores de pauta” en los medios provinciales y nacionales. Cruzada a la que se le suman las cámaras empresariales del G-6 y la CGT bajo el slogan del trabajo y el desarrollo.
Tras la represión en la entrada de la planta y la firme resistencia de las organizaciones presentes en el bloqueo, Monsanto refuerza su estrategia de enfrentamiento y desconoce su responsabilidad al persistir con la construcción de la planta, aun sin el debido informe ambiental ni licencia social. La fuerte inversión en medios de comunicación con solicitadas, se refuerza con la presencia de empresarios y funcionarios que, como voceros de la multinacional, titulan portadas.
Trabajadores vs vecinos/as
Una de las primeras acciones fue la llegada del gremio de la Uocra para comenzar con la guerra de relatos. “Derecho al trabajo” versus “derecho al ambiente” son dos formas falsas de enfrentar un conflicto donde se compromete la vida y salud de las poblaciones. Esta acción se refuerza en el discurso que califica al bloqueo como una afrenta a los puestos de trabajo desviando así el centro de atención de las denuncias que pesan sobre Monsanto, de los informes interdisciplinarios en la localidad de Malvinas –que ya fue declarada en emergencia sanitaria- y del debate que ya viene dando por las consecuencias en el fallo por las fumigaciones en barrio Ituzaingo anexo como en el que se desarrolló en la audiencia pública en Río Cuarto.
En otra de las argumentaciones de enfrentamiento, las propias figuras públicas de la localidad refuerzan cierto localismo al expresar que no se trata de los “Malvinenses” sino de grupos de izquierda o políticos, desconociendo que la radicación de Monsanto en Malvinas no es solo un problema local sino regional y que allí en el acampe están médicos, agrónomos, biólogos, además de las organizaciones y asambleas que vienen alertando sobre lo que implicaría la intromisión de la gigantesca planta de acondicionamiento de semilla transgénica de maíz Intacta.
Del “diálogo”
Llamar al dialogo es parte de otra maniobra distractiva del intendente Arzani quien descalifica los informes previos, las denuncias planteadas y la demanda de los mecanismos de participación ciudadana como la audiencia pública y al consulta popular. Medida por demás abierta en un panorama del miedo a las represalias de los vecinos de Malvinas y ante la evidencia de contaminación que no puede restringirse a la opinión de pobladores.
Estas formas de confundir “diálogo” con “participación” para revolver problemáticas que afectan a la salud pública se enmarañan también con las promesas de trabajo que carecen de fundamento, debido a que los puestos de trabajo son a partir de contratación terciarizada y son escasos para los Malvinenses debido a la especialización que la tarea requiere. Asimismo, ya existen testimonios de trabajadores de la planta modelo de Rojas sobre las implicancias de trabajar allí, no solo en cuanto a precarizados y trabajadores golondrinas, en esta primera etapa, sino por las condiciones y riesgos de trabajo.
Los otros socios de Monsanto, por su parte, salieron con el cuchillo en la boca a defender la propiedad privada, el orden republicano y la rentabilidad de las inversiones como forma de volver al verso de lo “confiable”. Las Cámaras empresariales enviaron un comunicado que reprodujeron centralmente diarios, canales y radios donde “un marco institucional republicano sólido, la seguridad jurídica, la previsibilidad y el pleno respeto a la actividad privada son condiciones indispensables para aprovechar las oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo con equidad”. En relación al bloqueo a la planta de Monsanto, el organismo destacó que “bregamos por generar un clima de aliento a la actividad privada, evitando la confrontación que afecta seriamente a la actividad productiva, así como la percepción de una Argentina confiable”.
Trabajadores vs vecinos/as
Una de las primeras acciones fue la llegada del gremio de la Uocra para comenzar con la guerra de relatos. “Derecho al trabajo” versus “derecho al ambiente” son dos formas falsas de enfrentar un conflicto donde se compromete la vida y salud de las poblaciones. Esta acción se refuerza en el discurso que califica al bloqueo como una afrenta a los puestos de trabajo desviando así el centro de atención de las denuncias que pesan sobre Monsanto, de los informes interdisciplinarios en la localidad de Malvinas –que ya fue declarada en emergencia sanitaria- y del debate que ya viene dando por las consecuencias en el fallo por las fumigaciones en barrio Ituzaingo anexo como en el que se desarrolló en la audiencia pública en Río Cuarto.
En otra de las argumentaciones de enfrentamiento, las propias figuras públicas de la localidad refuerzan cierto localismo al expresar que no se trata de los “Malvinenses” sino de grupos de izquierda o políticos, desconociendo que la radicación de Monsanto en Malvinas no es solo un problema local sino regional y que allí en el acampe están médicos, agrónomos, biólogos, además de las organizaciones y asambleas que vienen alertando sobre lo que implicaría la intromisión de la gigantesca planta de acondicionamiento de semilla transgénica de maíz Intacta.
Del “diálogo”
Llamar al dialogo es parte de otra maniobra distractiva del intendente Arzani quien descalifica los informes previos, las denuncias planteadas y la demanda de los mecanismos de participación ciudadana como la audiencia pública y al consulta popular. Medida por demás abierta en un panorama del miedo a las represalias de los vecinos de Malvinas y ante la evidencia de contaminación que no puede restringirse a la opinión de pobladores.
Estas formas de confundir “diálogo” con “participación” para revolver problemáticas que afectan a la salud pública se enmarañan también con las promesas de trabajo que carecen de fundamento, debido a que los puestos de trabajo son a partir de contratación terciarizada y son escasos para los Malvinenses debido a la especialización que la tarea requiere. Asimismo, ya existen testimonios de trabajadores de la planta modelo de Rojas sobre las implicancias de trabajar allí, no solo en cuanto a precarizados y trabajadores golondrinas, en esta primera etapa, sino por las condiciones y riesgos de trabajo.
Los otros socios de Monsanto, por su parte, salieron con el cuchillo en la boca a defender la propiedad privada, el orden republicano y la rentabilidad de las inversiones como forma de volver al verso de lo “confiable”. Las Cámaras empresariales enviaron un comunicado que reprodujeron centralmente diarios, canales y radios donde “un marco institucional republicano sólido, la seguridad jurídica, la previsibilidad y el pleno respeto a la actividad privada son condiciones indispensables para aprovechar las oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo con equidad”. En relación al bloqueo a la planta de Monsanto, el organismo destacó que “bregamos por generar un clima de aliento a la actividad privada, evitando la confrontación que afecta seriamente a la actividad productiva, así como la percepción de una Argentina confiable”.
Los apuntadores
El repudio que días atrás realizó la Universidad Nacional de Rio Cuarto sobre las declaraciones de Monsanto como “disvaliosas” e “inexactas” señalan parte de la estrategia comunicacional de la corporación multinacional en su construcción de los relatos “inocuos” y resignificando bajo una estética “bio” los antecedentes de enfermedad y muerte que se vienen documentando. Además de los juicios por publicidad engañosa que ha enfrentado en la India, Francia y Nueva York. Inclusive, hace menos de un año, en agosto, un Tribunal Brasileño condenó a la empresa por esta causa donde la multinacional deberá pagar al Estado brasileño 250.000 dólares de indemnización y difundir información sobre los efectos negativos de los herbicidas que se usan para producir soja con modificaciones genéticas.
La relación de Monsanto dentro de algunas dependencias de las universidades como agronomía, con el Inta, con la Cámara Empresarial de Córdoba y con el reparto de pauta a los diferentes medios de comunicación es su forma de “infiltración”. Francisco Do Pico, de Asuntos Gubernamentales de Monsanto, en la entrevista que realizamos para Ecos expresó sin tapujos: “Nos hicimos socios recientemente con la Unión Industrial de Córdoba y la Fundación Mediterránea. También hemos tenido reuniones con el Grupo de los Seis”. Sobre el final, confesó que las relaciones con los organismos y cámaras locales se potenciaba también con organismos del Estado: “Con el Ministerio de Agricultura por el tema de las legislaciones, agroquímicos, para semillas, biotecnología. Todos los eventos biotecnológicos, todas las semillas que vendemos están reguladas por el gobierno nacional. Hay dos organismos del Estado que son la Comisión Nacional de Biotecnología y Senasa, que controlan y ese contacto pasa por otra área de la empresa. La relación es casi diaria pero no es mi área sino la de regulación.”
La relación obscena de vínculos entre empresarios y Estado se enmarca en un modelo extractivista que necesita de la construcción de ciertos relatos sobre el desarrollo, el progreso y el trabajo para poder tener aquella “licencia” social que les garantice la rentabilidad del negocio. La intromisión llega hasta el ámbito de los laboratorios donde los pedidos y otorgamientos de los permisos ambientales dependen del criterio y las variables que los funcionarios de ambiente mantengan. Y en la Córdoba del desmonte y el fuego tenemos sobradas muestras de desconfianza sobre esa cartera.
El repudio que días atrás realizó la Universidad Nacional de Rio Cuarto sobre las declaraciones de Monsanto como “disvaliosas” e “inexactas” señalan parte de la estrategia comunicacional de la corporación multinacional en su construcción de los relatos “inocuos” y resignificando bajo una estética “bio” los antecedentes de enfermedad y muerte que se vienen documentando. Además de los juicios por publicidad engañosa que ha enfrentado en la India, Francia y Nueva York. Inclusive, hace menos de un año, en agosto, un Tribunal Brasileño condenó a la empresa por esta causa donde la multinacional deberá pagar al Estado brasileño 250.000 dólares de indemnización y difundir información sobre los efectos negativos de los herbicidas que se usan para producir soja con modificaciones genéticas.
La relación de Monsanto dentro de algunas dependencias de las universidades como agronomía, con el Inta, con la Cámara Empresarial de Córdoba y con el reparto de pauta a los diferentes medios de comunicación es su forma de “infiltración”. Francisco Do Pico, de Asuntos Gubernamentales de Monsanto, en la entrevista que realizamos para Ecos expresó sin tapujos: “Nos hicimos socios recientemente con la Unión Industrial de Córdoba y la Fundación Mediterránea. También hemos tenido reuniones con el Grupo de los Seis”. Sobre el final, confesó que las relaciones con los organismos y cámaras locales se potenciaba también con organismos del Estado: “Con el Ministerio de Agricultura por el tema de las legislaciones, agroquímicos, para semillas, biotecnología. Todos los eventos biotecnológicos, todas las semillas que vendemos están reguladas por el gobierno nacional. Hay dos organismos del Estado que son la Comisión Nacional de Biotecnología y Senasa, que controlan y ese contacto pasa por otra área de la empresa. La relación es casi diaria pero no es mi área sino la de regulación.”
La relación obscena de vínculos entre empresarios y Estado se enmarca en un modelo extractivista que necesita de la construcción de ciertos relatos sobre el desarrollo, el progreso y el trabajo para poder tener aquella “licencia” social que les garantice la rentabilidad del negocio. La intromisión llega hasta el ámbito de los laboratorios donde los pedidos y otorgamientos de los permisos ambientales dependen del criterio y las variables que los funcionarios de ambiente mantengan. Y en la Córdoba del desmonte y el fuego tenemos sobradas muestras de desconfianza sobre esa cartera.
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