La Justicia rechazó el rol de "querellante" del gobierno porteño en la causa en la que se investigan el violento desalojo del Taller Protegido número 19, dependiente del Hospital Borda, ocurrido el pasado 26 de abril, en el que resultaron heridos médicos, pacientes, legisladores, periodistas y policías metropolitanos.
La Cámara del Crimen desestimó el planteo del titular de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D'Albora, quien había pedido que el gobierno porteño fuera "tenido por parte querellante".
El fallo señala que los hechos ocurrieron "en circunstancias en que personal de la Policía Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en dicho predio la 'Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental', un grupo de personas reaccionó físicamente contra los uniformados".
En su fallo, los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas, sostienen que "con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales".
Ello derivó en dos causas en las que "resultan imputados miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios del gobierno de la Ciudad, tales como el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, en orden a los delitos de daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona".
Si bien el juez de instrucción Jorge Adolfo López resolvió tramitar las causas por separado, la Cámara consideró "la evidente relación entre los legajos pues las conductas a dilucidar se ubican en un mismo contexto. Es innegable que todas confluyen en el suceso que tuvo lugar el pasado 26 de abril".
La Cámara del Crimen desestimó el planteo del titular de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D'Albora, quien había pedido que el gobierno porteño fuera "tenido por parte querellante".
El fallo señala que los hechos ocurrieron "en circunstancias en que personal de la Policía Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en dicho predio la 'Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental', un grupo de personas reaccionó físicamente contra los uniformados".
En su fallo, los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas, sostienen que "con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales".
Ello derivó en dos causas en las que "resultan imputados miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios del gobierno de la Ciudad, tales como el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, en orden a los delitos de daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona".
Si bien el juez de instrucción Jorge Adolfo López resolvió tramitar las causas por separado, la Cámara consideró "la evidente relación entre los legajos pues las conductas a dilucidar se ubican en un mismo contexto. Es innegable que todas confluyen en el suceso que tuvo lugar el pasado 26 de abril".
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