Una investigación de los legajos militares permitió identificar a unos mil represores que no estaban registrados como tales, de los cuales 201 ya están siendo investigados por la Justicia. Muchos fueron descubiertos por reclamos internos que ellos mismos o sus viudas hicieron.Un minucioso trabajo de investigación sobre los documentos archivados por las Fuerzas Armadas durante la dictadura, realizado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, permitió identificar, entre otros, a cien represores en Mar del Plata y a otros 101 que pasaron por la ESMA
En los últimos años se localizaron en los archivos de las Fuerzas Armadas condecoraciones por “actos de servicio” a quienes participaron de la represión ilegal. Y así pudieron ser identificados numerosos represores. Menos sabido es que muchos nombres también aparecieron al evaluar reclamos “administrativos” de militares por haber padecido traumas psiquiátricos, o pedidos de sus viudas que quieren cobrar un plus porque entienden que sus maridos sufrieron enfermedades letales o traumáticas provocadas por esos “actos de servicio”. La Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa viene haciendo desde 2010 un trabajo clave en la recuperación de esos archivos. Tres equipos relevaron y analizaron documentos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además de permitir identificaciones puntuales, el cruce de documentos generó durante el último año uno de los avances más importantes: se pudo reconstruir organigramas completos de diversas dependencias militares que actuaron en la represión, se hallaron nombres de quienes compusieron los grupos de tareas y se determinaron modos operativos de cada fuerza. Hasta ahora, la identificación dependía principalmente de la memoria de los sobrevivientes. Con la investigación, en Mar del Plata, los fiscales ya pudieron determinar 100 represores nuevos. Y Defensa envió al juzgado de Sergio Torres un listado con unos 900 nuevos nombres de la ESMA, de los cuales el fiscal Eduardo Taiano pidió las indagatorias de 101. De ellos, cinco ya están detenidos.
La Dirección de Derechos Humanos del ministerio está a cargo de Stella Segado. El trabajo de exploración de archivos tuvo una primera etapa en 2010, que culminó un año más tarde con el envío de una serie de documentos al Poder Judicial. Desde entonces, el equipo hace otro recorrido: un cruce de documentos que logró producir información que no surge de los archivos tomados individualmente.
La inteligencia de Campo de Mayo
Uno de los trabajos de reconstrucción más productivo de los últimos meses fue sobre la estructura de Inteligencia de Campo de Mayo y específicamente el SOE: Sección Operaciones Especiales (léase patota) integrada a Inteligencia. En Campo de Mayo funcionó el Comando de Institutos Militares, una estructura no de combate sino educativa. En mayo de 1976, la Orden Parcial 405-76 pone en funciones ese lugar como “Zona 4”. En este tomó cuerpo una estructura de Inteligencia ad hoc, que por la falta de personal de combate debió nutrirse de personal de las distintas Escuelas (Comunicaciones, Artillería, entre otras). El personal actuaba en “comisión” durante dos meses o de forma permanente. Esa estructura fue el corazón de Inteligencia, integró a la SOE, estuvo comandada, entre otros, por el capitán Martín “El Toro” Rodríguez y más tarde por el capitán Eduardo Francisco Stigliano.
Cuando el equipo de defensa empezó a investigar, poco y nada se sabía de eso. Los libros de actas estaban destruidos y quemados, todos excepto los de 1983. Pero fue a partir del reclamo por una herida en combate de Stigliano que empezaron a reconstruir la estructura.
El 17 de septiembre de 1979 fueron asesinados en Munro y en una emboscada dos integrantes de la conducción nacional de Montoneros: Armando Croatto y Horacio Mendizábal. Habían vuelto al país en el marco de la primera Contraofensiva. Cayeron en una cita cantada. La patota llevó a la “cita” a Jesús María Luján, el “Gallego Willy”, que ya estaba secuestrado, y cuando los vio, salió del auto, les gritó que era una cita cantada y se armó un tiroteo. Stigliano estaba ahí y terminó herido.
Luego vendría el reclamo interno de un plus por las heridas. Según los documentos, un superior (Carlos Carpani Costa) refrendó el pedido y recordó por escrito que por aquel operativo Stigliano había recibido una felicitación de Cristino Nicolaides por “la derrota definitiva a la subversión”.
Con estos datos el equipo buscó otros. Por un lado, se buscó información en otros organismos sobre la felicitación a otros agentes. Ubicaron a un integrante del Servicio Penitenciario que participó del operativo. Y por otra vía, gracias a esos datos, la querella encabezada por Pablo Llonto pidió el allanamiento de la casa de Stigliano en Entre Ríos. Allí encontraron recortes de diarios de la época y de la caída de Mendizábal y Croatto y una carta de un gendarme que participó y agradecía al capitán por “nuestros días de gloria”. Con estos datos, se entendió que en la patota había integrantes de otras fuerzas.
Stigliano tenía a cargo personal que estaba “comisionado” desde las Escuelas del Instituto. “Cuando empezamos a trabajar en otras unidades notamos a otras personas también comisionadas”, dice una fuente de la investigación. “Entonces nos dimos cuenta de que la lógica que en un momento pensamos como exclusiva de una época, para un determinado período, en realidad fue estructural: abarcó todo el período del terrorismo de Estado para abastecer el área de Inteligencia del Comando de Institutos Militares”.
–¿Por qué rotaban cada dos meses?
–Por un lado, reglamentariamente existe en Inteligencia una táctica la rotación de personal. Por otro, puede ser que haya sido para que todos se mancharan las manos, como sucedió en ESMA. Pero también acá está jugando la falta de estructura dentro del propio Comando. Porque, por ejemplo, existieron SOE dentro de otros cuerpos del Ejército que también dependieron de Inteligencia pero tuvieron una estructura fija. Lo que parece pasar en este caso es que se van abasteciendo sobre la marcha.
Los “reclamos” de Stigliano aportaron en realidad muchos otros datos. Su caso es uno de los más importantes para pensar responsabilidades en Campo de Mayo: dio cuenta de los vuelos de la muerte y de un dato que permite abrir otras investigaciones. Según describe en otro reclamo, todos los directores de las Escuelas eran obligados a participar de los fusilamientos. Indicó que se fusiló a 63 integrantes de la Contraofensiva delante de los directores de todas las Escuelas. El número coincide con los registros de quienes investigan. Esto permite entender, por ejemplo, que participaron otros represores que tuvieron a cargo direcciones de Escuelas en Campo de Mayo como Oscar Corrado, director de la Escuela de Comunicaciones, que acaba de ser condenado.
Devolvé la bolsa
Otra fuente de información para reconstruir los roles son los retiros y los pedidos para que los retiros sean encuadrados en categorías que permitan cobrar un plus de dinero en sueldos y pensiones por “actos de servicio”. En muchos casos, es importante la descripción que dan los médicos o quienes intervinieron en las “actuaciones” por el nivel de información que arrojan. Pero lo más sorprendente es que la Armada sigue pagando pensiones a las viudas luego de reconocer una serie de enfermedades padecidas por algún represor finado, encuadradas como “actos de servicio” del período 1976-1983. Es el caso, por ejemplo, de Gustavo Lynch Jones, acusado de participar en los vuelos de la muerte en la ESMA, hermano de Ricardo Lynch Jones, alias “Panceta”, juzgado por primera vez en juicio oral en este momento. Gustavo Lynch Jones murió en 1989, pero después de su muerte las actuaciones que inició su esposa siguieron adelante. Ella quería que le cambiaran el encuadre de retiro para cobrar una pensión más alta y finalmente la Armada le reconoció que el 90 por ciento de las afecciones tuvieron relación con “actos de servicio”.
El 2 de octubre de 1987 la esposa envió una nota al director de personal de la Armada por la cual se reabrieron las actuaciones. La mujer, Haydeé de la Serna Lynch, dijo allí que su marido “expuso su vida en la lucha contra la subversión para salvar a la patria del flagelo que la amenazaba y que eso fue causa” de sus afecciones. Más adelante, agregó que “en el año ‘81 su esposo soñaba con sucesos de la ESMA, lloraba y pedía por un sacerdote”. Finalmente, el médico Rogelio José Martínez Pizarro (Tommy), juzgado en este juicio también, admitió que atendió al “causante” cuando revistaba en la ESMA entre el ’77 y ’78: “Considero conveniente agregar que en ese período y en ese destino se efectuaban tareas durante las 24 horas, en condiciones muy particulares, y que era frecuente que después de determinadas operaciones tuviera que asistir médicamente a parte del personal interviniente, generalmente al no permanente, por distintas manifestaciones clínicas ocasionadas por un fuerte shock de stress emocional y que se evidenciaba desde alteraciones digestivas, respiratorias y/o cardiovasculares, hasta crisis de llanto, histeria y/o cuadros depresivos, todos transitorios y que se informaban verbalmente en cada oportunidad”.
En la foja 184 dio testimonio otro médico, el capitán de fragata Carmelo Spatocco, muerto y denunciado por los sobrevivientes como uno de los que inyectaba a quienes iban a ser trasladados. En su momento, dijo sobre este asunto: “Lo vi trabajar en el grupo de tareas en esa época, por el tipo de funciones que realizábamos se puede aseverar que vivía bajo estados de ansiedad, tensión y stress”.
Otro caso es el de Enrique Carlos Yon, uno de los asesinos de Rodolfo Walsh. El 30 de enero de 1987, en plena democracia, la Armada inició un expediente llamado “Fallecimiento por infarto agudo del miocardio, determinar si guarda relación con los actos de servicio”. En la introducción, el entonces vicealmirante Rodolfo Orlando Tettamanti da cuenta de una serie de “problemas” que influyeron en la afección de Yon y entre otros menciona las causas judiciales en su contra. “En su opinión indudablemente existen causas de importancia definitoria: a) su larga participación en la lucha contra la subversión; b) la acumulación de tensiones derivadas de su situación judicial en relación con las causas que se le seguían, las que se acumulaban en forma ostensible desde hacía unos tres años junto con las agresiones, injustas acusaciones, insultos, otros ataques, denostaciones, injurias y ofensas, inferidos por distintos medios de prensa y organizaciones de derechos humanos.” Todos estos sucesos “tenían repercusiones” en su ámbito familiar y sus amistades “ante quienes el capitán Yon permanentemente debía revertir su imagen deteriorada y su prestigio menoscabado”.
