Los funcionarios gubernamentales definen como lockout el paro de la UTA. El ente regulador multó a 130 compañías por incumplimiento del servicio y falta de atención a los usuarios en las ventanillas. Randazzo y Tomada acusaron al sindicato UTA de complicidad con las patronales para reclamar subsidios.

El conflicto por la falta de acuerdo salarial en el transporte automotor de larga distancia, que actualmente ingresa a la quinta jornada de paro, derivó ayer en un duro cuestionamiento del gobierno nacional a las empresas, a las que acusó de "complicidad" con el sindicalismo para "volver al sistema de subsidios", luego de que la cartera laboral determinara un incremento del 23% para los trabajadores del sector.
En consonancia con esas críticas, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) emitió ayer sanciones a 130 empresas, totalizando un total de 228 infracciones entre incumplimientos del servicio y la falta de atención a los usuarios en las boleterías. Asimismo, el organismo –que depende del Ministerio del Interior y Transporte que conduce Florencio Randazzo– habilitó un canal para recibir denuncias por parte de pasajeros afectados, con el objetivo de que puedan acceder a la devolución del pasaje. Una vez notificadas, las compañías que no den respuestas recibirán una multa de $ 7500 por desobediencia, y de $ 1500 por no devolver el pasaje.
La permanencia de la huelga que comenzó el jueves, y que en promedio afecta a entre 80 mil y 100 mil pasajeros por día, profundizó el distanciamiento entre el gobierno y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), organización sindical que milita en las filas de la CGT que conduce Antonio Caló. Y es que desde el oficialismo interpretan que, tras la resolución emitida el sábado por el Ministerio de Trabajo que establece un incremento del 23% para los cerca de 22 mil choferes de larga distancia, no existen motivos para el paro, y que detrás del reclamo salarial se esconde la connivencia para presionar e impulsar una "revisión" del sistema de subsidios dirigidos al sector.
"¿A qué se debe este paro ahora, si la UTA ya tiene el aumento?", se preguntó ayer el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, quien expresó que "lo único que parece es que la UTA hace un doble juego, es decir, un paro sostenido en un lockout empresario". Según Tomada, "está claro que la UTA está de acuerdo con el sector empresario y que existe una presión patronal y sindical para volver al sistema de subsidios".
Para el funcionario, el escenario creado por la huelga permite que los empresarios se escuden en el paro y no otorguen el incremento de salarios, y así puedan "presionar al gobierno" para que vuelva a los subsidios.
En la misma línea se expresó el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien a través de declaraciones al canal C5N aseguró que la continuidad del paro se debe a la "complicidad" entre las empresas del sector y el sindicato. "La pregunta es por qué la UTA sigue de paro cuando ya le dieron lo reclamado; no quiero pensar que existe complicidad entre empresarios y sindicalistas, que pretenden tomar de rehenes a miles de pasajeros y sus familias para volver a las políticas de subsidios", señaló Randazzo. "El conflicto no se entiende, salvo que los dirigentes sindicales pasen a ser empresariales", agregó el funcionario, quien dijo que podrían retirarle el permiso a las empresas se niegan a brindar el servicio.
Como contrapartida, los empresarios argumentan que el incremento del 23% dispuesto por el Poder Ejecutivo equivale a una suba de $ 60 millones por mes en lo que a costos laborales se refiere ($ 240 millones al año), y que el sector no se encuentra en condiciones de absorberlos básicamente por dos razones: si trasladan los mayores costos a las tarifas se achica la brecha con el transporte aéreo y aumenta la merma registrada en los ingresos como consecuencia de la disminución de pasajeros durante el año pasado.
"Nosotros no negamos el reclamo salarial como tal, ni nos parece injusto, lo que afirmamos es que la situación del sector lo torna imposible", explicó a Tiempo Argentino Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Empresarios del Transporte de Larga Distancia (CELADI). "No tenemos los ingresos para pagarlo, y si sale de la tarifa perdemos usuarios lo que lleva a una crisis mayor. Competimos contra el transporte aéreo que al día de hoy –por una política que nosotros no cuestionamos pero que nos afecta directamente– recibe $ 4000 millones al año en subsidios, lo que hace que los boletos de avión se acerquen al ómnibus", se quejó Gaona.
Desde la UTA compartieron ayer el criterio de los empresarios, una situación curiosa si se tiene en cuenta que por lo general los representantes del capital y el trabajo suelen tener posiciones encontradas a la hora de negociar salarios. En diálogo con este diario, Roberto Fernández, titular de la UTA, precisó que la resolución de Trabajo no garantiza el efectivo pago del aumento salarial ante la falta de conformidad por parte de los empresarios. "A simple vista, yo le puedo asegurar que los empresarios tienen sus razones: las tarifas de Aerolíneas Argentinas son más baratas que el transporte terrestre. Yo puedo asegurar que la carga bajó. Al no haber pasajeros los empresarios dicen que no pueden aumentar las tarifas primero porque el gobierno no lo permite, y segundo porque si las aumentan Aerolíneas Argentinas las vende más baratas", indicó Fernández. El dirigente, integrante de la mesa chica de la CGT, rechazó ayer las críticas vertidas desde el oficialismo y reclamó una mayor injerencia del Estado para solucionar el conflicto. "Los empresarios dicen que no pueden pagar los salarios, que las empresas están quebradas, yo lo único que pido es que la Secretaría de Transporte verifique si los empresarios ganan o pierden", agregó. La UTA es uno de los sindicatos que viene manifestando la necesidad de mantener un tono más crítico con respecto a la relación de la CGT con el Poder Ejecutivo, no sólo en relación a la falta de respuestas en cuestiones relativas a la agenda sindical (obras sociales, Impuesto a las Ganancias, asignaciones familiares) sino también por temas estrictamente sectoriales.
De hecho, semanas atrás el gremio ya había decretado una huelga para el servicio de corta y media distancia ante la falta de acuerdo salarial en esa rama, medida de fuerza que fue desactivada por la conciliación obligatoria primero y la firma del convenio salarial después. "Tengo diferencias, pero no estoy en contra del gobierno, quiero dejarlo bien en claro", concluyó el titular de la UTA.
En enero pasado, el gobierno nacional eliminó la tarifa diferencial que pagaban por el gasoil las empresas de larga distancia, que pasaron a abonar el precio de mercado, medida que le permitió un ahorro de $ 40 millones. No obstante, en un plano más general los subsidios económicos destinados al transporte le siguen en importancia a aquellos correspondientes al sector energético. Durante el primer trimestre de 2013, el transporte demandó partidas por $ 5848 millones, monto equivalente al del mismo período del año precedente, según un reciente informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). Los principales destinos son el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, gastos de explotación e inversión a favor de concesionarios del transporte del área metropolitana, gastos corrientes de Aerolíneas Argentinas y el ferrocarril General Belgrano. «