martes, 23 de julio de 2013

La gobernadora de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para democratizar la Justicia provincial.

Fabiana Ríos presentó ante el Consejo Económico y Social de la provincia (CEyS) un proyecto para modificar el sistema de selección y remoción de jueces y agregarle la participación de consejeros populares, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

La iniciativa de la gobernadora Fabiana Ríos establece que en la etapa de entrevistas a candidatos a jueces provinciales, el Consejo de la Magistratura deberá designar dos vecinos que no sean abogados, para que intervengan en la evaluación de los postulantes en las mismas condiciones que los demás consejeros.

El proyecto fue enviado al CEyS como paso previo a su remisión a la Legislatura provincial, donde debería tratarse como una modificación a la ley provincial 8 de funcionamiento de la Magistratura provincial.

La selección de jueces en Tierra del Fuego se realiza hasta ahora a través de un órgano integrado por siete miembros, de los cuales dos son legisladores provinciales, uno es ministro del Poder Ejecutivo, uno es el Fiscal de Estado, uno es el presidente del Superior Tribunal y dos son abogados de la matrícula.

Distintas organizaciones que integran el CEyS plantearon, incluso, la realización de una enmienda constitucional para modificar la integración del Consejo de la Magistratura e incorporar consejeros populares.
“Desde hace 12 años que organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y partidos políticos fueguinos impulsan modificaciones al sistema de selección de magistrados y la discusión les es negada en forma sistemática. Es hora de hacernos cargo de este debate”, sostuvo la gobernadora aludiendo también al contexto de democratización de la Justicia que impulsa el Gobierno Nacional.

Por su parte el director ejecutivo de la ONG Participación Ciudadana de Ushuaia, Guillermo Worman, reclamó a los actores políticos y operadores judiciales de la provincia “permitir una reforma que contemple un mayor equilibrio de poderes, transparencia y democracia en el método de selección y participación de ciudadanos comunes en ese proceso”.

Worman citó como ejemplo de funcionamiento al Consejo de la Magistratura de Chubut, “un organismo vigente desde 1994 donde participan cinco consejeros populares sobre un total de catorce miembros y en donde cada sector está representado sin que prevalezca uno sobre el otro”.

El proyecto de ley de la administración Ríos también contempla otros reclamos históricos en materia de elección de jueces provinciales, como la realización de concursos púbicos con jurados académicos, la publicidad irrestricta de las sesiones del organismo, el voto fundado de sus miembros cuando toman decisiones y un examen psicofísico para los candidatos.

Si bien el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego fue el primero en funcionar en el país, ya que la Constitución fueguina lo incorporó en 1991, su funcionamiento derivó en escándalo como el ocurrido el 6 de agosto de 2003, cuando la postulante a jueza penal Sandra Pesclevi fue seleccionada por el organismo pero no pudo jurar en el cargo, porque en ese momento estaba presa, acusada en un caso de corrupción en Buenos Aires, según confirmaron a Télam fuentes de la Justicia fueguina.

EE.UU. contra China: ¿Quién ganará la batalla geopolítica por el océano Índico?.


Un nuevo eje de la geopolítica mundial parece emerger en el horizonte: el océano Índico. Esa región vive hoy una gran batalla por las luchas de influencia entre China y EE.UU., algo que podría tener sus consecuencias en el futuro de todo el planeta.

Según el profundo análisis del tema realizado por el experto en geopolítica Alexandr Kuznetsov y publicado en el portal ruso Odnako, China ya está dispuesta a desafiar la hegemonía de EE.UU. en el océano global y, en particular, en la zona más cercana al país asiático, algo que sin duda alguna preocupa a Washington. Por ejemplo, los diplomáticos estadounidenses no suelen disimular que una nueva doctrina sobre la región Asia-Pacífico proclamada por Barack Obama en noviembre de 2011 tiene como objetivo reducir el 'peso geopolítico' de China. Según Washington, el principal contrapeso al país en la zona es Japón, aliado estratégico de los norteamericanos en Asia, vinculado con el Pentágono con numerosos acuerdos en la materia de defensa. A continuación, les presentamos los países donde ese juego de 'tira y afloja' se establece más claramente. 

Birmania

Después de que en 1988 una junta militar tomara el poder en Birmania, Occidente impuso sanciones severas al país, por lo que las autoridades birmanas empezaron a estrechar sus lazos con China. La asociación estratégica entre los dos países salvó la economía birmana del colapso pero le hizo dependiente de su vecino del norte, mientras que el flujo de inmigración ilegal masiva de chinos invadió el país.

Pekín, por su parte, aprovechó la situación para promover la construcción de la gran central hidroeléctrica en Mitszune pese a las protestas de los propios birmanos, así como para modernizar el puerto de Sittwe en el océano Índico, que tiene una importancia estratégica para los chinos, ya que tres cuartas partes de las importaciones de petróleo de China pasan por el estrecho de Malaca.

Sin embargo, después de las elecciones parlamentarias y presidenciales en 2010, los militares lograron mantener el poder en la nación, pero se comprometieron a normalizar las relaciones con Occidente. En diciembre de 2011, la entonces secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, visitó la ciudad birmana de Yangon, y en noviembre de 2012 se produjo una visita oficial a Birmania del presidente Barack Obama. Como resultado del estrechamiento de la cooperación entre las dos partes, el pasado mes de abril la Unión Europea decidió levantar las sanciones económicas y en mayo, la administración de Obama tomó la misma decisión.

Todos esos acontecimientos no fueron recibidos de manera positiva por Pekín que, por su parte, respondió anunciando abiertamente el suministro de armamento al Ejército Unido de la guerrilla birmana Wa, lo que agravó aún más los problemas del Gobierno de Birmania con varias minorías étnicas que viven en el norte y noreste del país.

Japón, por su parte, tampoco parece perder su tiempo en lo referente a este país: durante unas recientes conversaciones, Tokio canceló a Birmania una deuda de 1.700 millones de dólares. Los japoneses también se comprometieron a invertir 500 millones de dólares para desarrollar las infraestructuras del país. Si sigue aumentando la tensión, la lucha por la influencia en Birmania puede tener consecuencias impredecibles.

Sri Lanka

En una serie de puertos de importancia estratégica en el océano Índico en los que los chinos buscan fortalecer su influencia, figura entre otros Hambantota, ubicado en la isla de Sri Lanka. Pekín cree que tomando el control de este puerto, serán capaces de obtener un punto crucial para la navegación marina y el transporte.

EE.UU. y el Reino Unido, a su vez, mantenían una buena relación con Colombo desde mediados de los años ochenta, y a principios del nuevo siglo apoyaron al Gobierno e incluso le proporcionaron ayuda económica. Pese a ello, después de que en 2009 las autoridades de esta nación llevaran a cabo operaciones militares con el fin de combatir a una organización separatista terrorista, se vio un enfriamiento considerable en la actitud de Occidente hacia Sri Lanka.

Tras el comienzo de las hostilidades en la isla, Occidente se negó a asignar al país el siguiente tramo de un préstamo del FMI por un monto de 1.900 millones de dólares. Al final el Gobierno no tuvo más remedio que empezar a 'moverse' en dirección a China. Durante una reciente visita a Pekín, por ejemplo, el presidente de la nación insular, Mahinda Rajapaksa, recibió de sus colegas chinos un préstamo de 2.200 millones de dólares.

Tokio tampoco cede sus posiciones en el país isleño. En una de sus recientes visitas a la nación, el primer ministro nipón, Shinzo Abe, dijo que Sri Lanka "ha tenido un papel importante para garantizar la seguridad marítima en los océanos Índico y Pacífico" y firmó un acuerdo que permite a los buques de guerra japoneses entrar en puertos del país. A cambio, los japoneses tienen previsto invertir en la economía de Sri Lanka unos 410 millones de dólares. 

Pakistán 

Los chinos no prestan menos atención a Pakistán, aprovechándose de ciertas diferencias surgidas entre Islamabad y Washington, que aparecieron a causa de la campaña estadounidense en Afganistán. No obstante, el volumen del comercio pakistaní con China todavía no es muy considerable y cede el primer lugar a EE.UU., la UE y sus vecinos más cercanos.

Sin embargo, China sigue sus intentos de promover su influencia sobre la nación. El abastecimiento de dos terceras partes de las armas del Ejército pakistaní proviene de los suministros de Pekín. Asimismo, China busca ganar influencia en el puerto de Gwadar en Pakistán, considerado clave para la Marina del gigante asiático.

De acuerdo con las conclusiones a las que llegó Alexandr Kuznetsov en su investigación, actualmente Washington está revisando sus planes de crear una especie de 'OTAN asiática' en la que participarán la India y Japón, con posibles vínculos con Australia, Filipinas y Vietnam. La creación de la organización debe basarse en las disputas territoriales de Japón, Filipinas y Vietnam con China y los temores de todos estos Estados ante el crecimiento del poder económico y militar de Pekín. No obstante, el escenario de esta batalla todavía no está muy claro, pero, al parecer, solo el tiempo mostrará quién saldrá ganador de este juego geopolítico global.

Los usuarios de teléfonos móviles poco pueden hacer ante un "hacker".


El experto alemán en criptografía Karsten Nohl, que descubrió una falla de seguridad en alrededor de 750 millones de tarjetas SIM, dijo a RT que los usuarios de teléfonos móviles tienen poco que hacer contra los 'hackers'.

"Las tarjetas SIM eran la última pieza tecnológica ampliamente utilizada a la que nadie había podido acceder todavía", señaló el investigador de seguridad alemán, quien recientemente reveló que su equipo detectó un error que permitiría a los 'hackers' acceder de forma remota a datos personales y autorizar pagos ilegales en cuestión de minutos.

Nohl, de 31 años, intentó durante tres años penetrar en los sistemas de cifrado de las SIM hasta que halló la forma de hacerlo. El error descubierto por el experto en criptografía permitiría a ciberdelincuentes o espías vigilar al usuario, al estilo de la NSA y el programa PRISM, y copiar de la SIM todos los datos personales, grabar llamadas o redirigirlas, enviar mensajes de texto e incluso efectuar fraudes de pago.

"Lo peor que pude prever es que delincuentes adquieran suficiente información como para 'hackear' unos cuantos millones de tarjetas", dijo Nohl. "La principal amenaza a corto plazo […] es el fraude", agregó.

El destacado 'hacker ético' aclaró que, además de cometer fraudes, los 'hackers' podrían espiar a los usuarios de teléfonos móviles, dado que las tarjetas SIM cifran todas las comunicaciones de voz y los datos contenidos en los celulares.

"Todo esto puede interceptarlo y decodificarlo un equipo de espionaje bien equipado", subrayó Nohl, quien también afirmó que resulta preocupante que los usuarios no puedan saber si intrusos han accedido a su tarjeta SIM.

"La mejor opción actualmente es esperar a que la red implemente contramedidas antes de que el ataque se produzca. En caso de que hayan interceptado su red, solicite una nueva tarjeta SIM", explicó Nohl en RT.

El experto en seguridad precisó que el fallo descubierto no afecta a todas las SIM, sino solo a las que utilizan sistemas de cifrado antiguos basados en el estándar DES (Digital Encryption Standard), lo que afectaría a nada menos que 750 millones de usuarios de todo el mundo.

Mientras, las principales compañías telefónicas han afirmado que están trabajando para solucionar el problema. Por el momento se desconoce si algún 'hacker' ha aprovechado el fallo para perpetrar algún acto delictivo.

Río de Janeiro: la argentina es la delegación extranjera más grande de la Jornada Mundial de la Juventud.


Durante una conferencia de prensa realizada hoy, la encargada de la logística de la Jornada, Shaine Machado, señaló que luego de los locales, los argentinos conforman la principal delegación en la ciudad carioca.

Según informó, la Jornada tiene actualmente 350 mil inscriptos oficiales, y Argentina aporta a ese número con 23 mil personas, a los que se deben sumar aquellos que llegan a Río de Janeiro por fuera de la delegación oficial.

Además, se explicó que los peregrinos llegan desde 175 países de todo el mundo, siendo en su mayoría mujeres, que alcanzan al 56 por ciento de los inscriptos.

Después de la delegación argentina, siguen la de Estados Unidos con más de 10 mil inscriptos y Chile con más de 9 mil.

Concluye la etapa de alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en Reconquista.

El alto cuerpo está integrado por José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Otmar Paulucci, quienes ya escucharon los alegatos del Ministerio Público Fiscal, de la querella unificada y de los defensores de tres de los siete imputados, y ahora recibe de la defensa de los ex policías.

El tribunal juzga la actuación de Danilo Sambuelli, Jorge Alberto Benítez (ambos militares retirados de la Fuerza Aérea), y los ex policías Carlos Nickisch, Arnaldo Neumann, Horacio Machuca, Rubén Molina y Eduardo Luque.

En la causa se juzga a los siete acusados por "privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados", pero Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca también son acusados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente que cumplió 17 años mientras estaba detenida ilegalmente.

El juicio es conocido como Causa 050 y mediante decenas de testimonios sacó a la luz el accionar represivo e ilegal desarrollado en la III Brigada Aérea de Reconquista, que según coincidieron la querella y los fiscales, fue epicentro del terrorismo de Estado en el norte de la provincia de Santa Fe.

En audiencias anteriores la Fiscalía solicitó que se condene a Sambuelli a la pena de 25 años de prisión, a Benítez y Nickisch a 20 años, a Neumann a 15 años, a Machuca a 12 años, y a Luque a 8 años, todas de cumplimiento efectivo.

En tanto, la querella a cargo de Lucila Puyol e Iván Bordón había solicitado la pena de 20 años de prisión para Sambuelli, 19 años para Benitez, 15 años para Nickisch y 11 años para Horacio Omar Machuca y Arnaldo Máximo Neumann.

En tanto, las defensas de Benítez, Sambuelli y Carlos Nickisch solicitaron la absolución de sus clientes.

Hoy son escuchadas las defensas de los ex policías Luque, Machuca, Molina y Neumann, quienes también solicitarán la absolución de sus clientes, para luego dar paso a la etapa de réplicas, para finalmente conocerse la sentencia a mediados de agosto.

¿Cómo se puede amasar una fortuna virtual a base de bitcoines?.


Una británica explica en su blog cómo comprando bitcoines y otras monedas virtuales por valor de poco menos de 150 dólares, llegó a crear una empresa de intercambio de estas divisas valorada en 384.000 dólares.

La británica Kate Craig-Wood describe en su blog cómo hace aproximadamente un año compró 30 bitcoines por valor de unos 4,60 dólares cada uno. Nueve meses después, vio como el precio de sus monedas virtuales subía de manera espectacular, de su valor inicial (poco menos de 150 dólares) hasta más de 3.000 dólares.

Ante este hecho, Craig-Wood comenzó una búsqueda en Internet sobre las divisas virtuales existentes, hallando monedas como los litecoines, 'hermanos' de los bitcoines. Con ambas comenzó a comerciar en los mercados de divisas, doblando sus ingresos rápidamente. Como desconfiaba de si dicho valor sería real o no, convirtió a bitcoines todos los fondos acumulados, los transfirió a su cuenta en libras y los retiró, obteniendo todo el dinero que en principio valían.

Así, comprando y vendiendo monedas virtuales, Craig decidió montar su propia "empresa virtual planificada" para el intercambio de acciones en bitcoines y litecoines. La empresa se llama CipherMine y se basa en la construcción de programas 'mineros' que usan tarjetas gráficas para acelerar el proceso de 'minado de bitcoines'.

El proceso de generar bitcoines es conocido como 'minar', un término que remite a la minería de metales preciosos. La minería de bitcoines es el proceso por el cual se generan los 'bloques' (o transacciones que se han llevado a cabo en bitcoines) de una 'cadena' (lista pública de estas transacciones) cuyo propósito es el de verificar la legitimidad de las últimas operaciones de este tipo realizadas. El agregar un nuevo bloque a la cadena es un proceso difícil que requiere un gran poder de cómputo, y a esa labor se dedica fundamentalmente la empresa virtual de Craig.

Las acciones en litecoines y bitcoines de CipherMine salieron a bolsa hace unos días y se agotaron en cuestión de horas. La capitalización bursátil de CipherMine se sitúa actualmente en unos 150.000 litecoines o, lo que es lo mismo, en alrededor de 384.000 dólares.

UN RELEVAMIENTO OFICIAL SOBRE LOS TERRITORIOS DE LOS QUE SON EXPULSADOS CAMPESINOS E INDIGENAS. Los conflictos por las tierras ajenas.

La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.

En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.

Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.

El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.

De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).

El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.

El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.

El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.

El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.

José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.

“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.

El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.

Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.